Las correcciones del Presidente

La función del corrector ortográfico automático de los procesadores de texto ha encontrado su equivalente en el funcionamiento del Gobierno, especialmente en relación al trabajo que realiza el presidente Funes. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprueban decretos a la ligera, como fue la eliminación total del cargo básico a la telefonía fija, y luego actúa el Presidente corrigiendo. Igual sucedió con las tarifas de agua y, a principios de la gestión presidencial, con la elección de funcionarios que deberían haberse elegido en la Asamblea, y no en Casa Presidencial (como finalmente sucedió).

Si los diferentes poderes del Estado y las diversas instituciones del Ejecutivo no hacen bien su trabajo o lo hacen a medias pensando en que un “corrector” (en este caso, el Presidente) les arreglará sus problemas, lo mejor es que no cobren por sus cargos o que renuncien. Con sus ligerezas, terminarán consumiendo el tiempo del Presidente y lo desgastarán a tal punto que llegará al final de su mandato sin haber cumplido el rol para el que fue elegido y muy alejado de sus metas y proyectos.

El país tiene escasos recursos económicos; no puede darse el lujo de estar sometido a este tipo de desgastes. El caso del nuevo plan se seguridad es un problema similar. La consulta del plan con los diferentes sectores debería haber sido encabezada por el Ministro de Seguridad y su equipo, y no por el Presidente. El hecho de que Mauricio Funes se involucrara tiene al menos dos lecturas. La primera: el Presidente, aprovechando su buena imagen, quiere transmitir a la población la sensación de que su Gobierno está preocupado por el tema de seguridad, y lidera el proceso de consulta para lograr consensos y apoyos al plan. La otra: con esta forma de proceder, el Presidente está dejando en segundo plano al resto de ejecutivos encargados de este tema.

Algunos optimistas entienden estos eventos como “metidas de pata” que luego el Presidente corrige en un ejercicio democrático nuevo, que no se había visto en otras administraciones. Para otros, es una clara evidencia de la falta de comunicación a diferentes niveles del Estado y una irresponsabilidad de los funcionarios por no hacer bien su trabajo. Sea de una manera u otra, la población sigue sufriendo los problemas del desempleo, la inseguridad, la violencia social y la emigración, entre otros.

El Estado tiene que funcionar como un sistema en el que existen roles bien definidos y flujos de información de entrada y salida controlados. En este sistema de gobierno, todos se esfuerzan para optimizar sus procesos de tal forma que las acciones sean congruentes con el desarrollo del país o, al menos, con el plan de gobierno propuesto. Hasta ahora, lo que se observa es un ir y venir de propuestas que, además de inefectivas, consumen recursos que no se pueden desperdiciar. Ya es hora de afinar el sistema para mostrar resultados en beneficio de la población. Dejar que el Presidente tenga la última palabra en todo puede ser un peligro para la frágil democracia de este país.