Publicado el 6 de julio de 2010 en la UCA:

La estación lluviosa del país ha iniciado de manera inusual y causando dos desastres en los meses de mayo y junio: el primero debido a la tormenta Agatha (originada en el Pacífico) y el segundo, a una tormenta asociada al huracán Alex (originado en el Atlántico). En la estación meteorológica de la UCA se registran a la fecha 853.7 mm, de los cuales 751.66 mm corresponden a los meses mencionados. Estos datos permiten estimar que durante el año se superará el promedio anual de lluvias de 1,800 mm, ya que en poco más de setenta días ha llovido el 47.43% de lo esperado en todo el año, y faltan las lluvias de los meses de julio y septiembre, que históricamente han sido las más intensas en una estación lluviosa normal.

Desde el año anterior, el clima ha estado dando sorpresas. La tormenta asociada al huracán Ida se originó en el océano Pacífico y produjo un evento extremo de lluvias concentrado en el volcán de San Vicente (450 mm en tres días de lluvia, de los cuales 355 mm ocurrieron en 5 horas) que causó 199 fallecidos, 76 desaparecidos y pérdidas materiales estimadas en 314.8 millones de dólares. Normalmente, al inicio de la estación lluviosa se originan tormentas y huracanes del Pacífico, los cuales casi siempre ocurren en la costa de México; sin embargo, este año la tormenta Agatha ingresó directamente en Guatemala, afectando indirectamente a El Salvador. La temporada de huracanes del Atlántico inicia en septiembre y termina en noviembre, pero este año apareció Alex en junio, que originó una tormenta desde el Pacífico que provocó el segundo desastre hidrometeorológico en el país en lo que va del año. Este último fenómeno es similar al ocasionado por Ida en 2009.

A partir de los datos de la estación meteorológica de la UCA (ver tabla), se observa que los eventos extremos de corta duración son los que más daños están ocasionando al país. Este tipo de eventos no solo son difíciles de predecir, sino que requieren de tiempos rápidos de respuesta del sistema de protección civil, algo que solo es posible lograrlo con mucha coordinación y preparación ante desastres en toda la jerarquía del sistema. En este sentido, ha sido acertada la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de adquirir radares meteorológicos que permitan monitorear y predecir eventos extremos; algo que ayudará a caracterizar de mejor manera la amenaza. Sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo pasa por la reducción de la vulnerabilidad física y socioeconómica, de forma que aumente la resiliencia de la población y del país. Esto es difícil de lograr a corto y mediano plazo, porque obviamente implica cambiar el modelo de desarrollo económico.

Al realizar un análisis del comportamiento del país ante eventos extremos (como el ocurrido en la Málaga y las tormentas Ida y Alex), se ve claramente que la fragilidad ambiental es alta debido a que no ha existido una planificación territorial basada en el manejo de cuencas hidrográficas. Y ello pese a que está establecido en la Ley de Medio Ambiente, artículo 14: “Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: […] (b)Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales, y en especial la vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad base para la planeación del territorio”. Tal como queda en evidencia con cada tormenta que ocurre en el país, en las cuencas los niveles de infiltración de agua son mínimos debido a la alta deforestación y a los cambios en el uso del suelo, de tal forma que en poco tiempo la red de drenaje natural y artificial (en el caso de las ciudades) recoge enormes cantidades de agua que hacen colapsar puentes, muros y viviendas. Además, dado que gran parte de la población vive en las riberas de ríos y quebradas, en pocas horas se necesita evacuar y albergar a miles de personas.

Recientemente, el Banco Mundial, la Cepal y otros organismos nacionales e internacionales, a solicitud del Gobierno salvadoreño, presentaron el estudio “El Salvador: Damage, Loss, and Needs assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the los pressure system associated with tropical storm Ida”. En éste se propone al país la creación de un marco estratégico para el manejo del riesgo compuesto de 5 pilares: identificación y manejo del riesgo; mitigación; fortalecimiento de la preparación ante emergencias; fortalecimiento institucional; y financiamiento. Implementar este marco le costaría al país 34.4 millones de dólares entre 2009 y 2018. Por otra parte, sólo para la recuperación, reconstrucción y reducción de riesgos debido a Ida el país requiere de 343.97 millones de dólares. En el documento se establece que la máxima pérdida probable en el país debido a eventos catastróficos para un período de retorno de 50 años es de 1.771 billones de dólares, y se estima que desde 1972 el país ha sufrido un aproximado de 6,500 muertes por desastres y pérdidas económicas que superan los 16 billones de dólares. De estas cifras, los desastres de naturaleza climática han producido el 62% de las muertes y entre el 87% y 95% de los impactos económicos reportados.

Así las cosas, la gestión de riesgos de desastres debe convertirse en una política pública del país; de lo contrario, El Salvador será inviable en el corto plazo. En los foros internacionales sobre riesgos, y a raíz de los terremotos en Haití y Chile, se ha cuestionado la definición de desarrollo sostenible adoptada por los países en la Declaración de Río de 1992, que lo entiende como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Ahora se propone que un país será sostenible, además, en la medida en que pueda enfrentar los eventos máximos o catastróficos.Esta reformulación un tanto pesimista está cobrando fuerza dado los efectos impredecibles del cambio climático en los próximos años. Enorme tarea, pues, la que tiene el país en este tema; tarea que requiere de grandes cantidades de recursos económicos que no tenemos disponibles.

El alcalde y la gobernadora iniciaron procesos de “limpieza” que desbordan sus capacidades para lograr resolver sus problemas de manera sostenible; sin embargo, sus actuaciones podrían brindarles réditos políticos como la reelección en sus cargos o la aceleración de procesos políticos ya en marcha. En el caso del alcalde, me refiero al desalojo de vendedores ambulantes del centro de San Salvador iniciado el 16 de junio; y en el caso de la gobernadora, se trata de la ley antiinmigrante SB 1070, que entrará en vigencia en el estado de Arizona, Estados Unidos, el próximo 29 de julio.

El alcalde, en respuesta a los disturbios realizados por los vendedores informales ante los desalojos, expresó: “No nos amilanan este tipo de hechos violentos, ya sabemos que detrás del comercio informal se esconden grupos que siembran el terror y que delinquen permanentemente y que han hecho de esta actuación inescrupulosa su forma de vida”. Por su parte la gobernadora, en reacción a las protestas y demandas de inconstitucionalidad de su ley, dijo recientemente: “Creo que hoy, bajo las circunstancias que enfrentamos, la mayoría de intrusos que entran al estado de Arizona lo hacen bajo la dirección y el control de los carteles de la droga, y que ingresan drogas… Tenemos información contundente de que vienen como personas ilegales que desean trabajar. Entonces [los narcotraficantes] los abordan y se convierten en sujetos del cartel de drogas”. ¿Existen similitudes entre las declaraciones de estos dos funcionarios? El lector podrá sacar sus propias conclusiones.

Lo que es claro es que ambos justifican sus acciones desde el accionar de fuerzas oscuras: las pandillas y el crimen organizado, en el caso del alcalde; y los carteles de la droga, en el caso de la gobernadora, ignorando así la necesidad de sobrevivir del vendedor informal o del inmigrante ilegal que ha tenido que abandonar su familia para buscar un puesto de trabajo. El factor común de sus actuaciones es que el problema que enfrentan excede sus capacidades y requiere de instancias superiores para su solución. El Gobierno salvadoreño, a través del Fisdl, había asignado unos fondos para iniciar procesos de ordenamiento en centros históricos (incluido el de San Salvador), pero Norman Quijano se adelantó al proceso. De igual manera lo hizo la gobernadora en Estados Unidos, pues el presidente Obama ya había iniciado el proceso de una ley para frenar y controlar la inmigración. Esto hace evidente que en el fondo son intereses políticos personales los que han movido las iniciativas de ambos.

En el caso del alcalde, es evidente que finalizará su gestión sin haber cumplido sus promesas de campaña más ambiciosas (el metrobús y las bóvedas sobre el río Acelhuate). Entonces, tiene que recurrir a la política del maquillaje: el ornato de parques, la remodelación del monumento al Salvador del Mundo y el desalojo de vendedores informales. El caso de la gobernadora es más profundo y complicado. Según establece Ramonet en El despertar de las tribus, “la Historia nos enseña que cuando una grave crisis económica coincide con el desencadenamiento de pasiones nacionalistas, cabe esperar las peores desgracias”. Algo de esto puede estar sucediendo en Arizona con la ley SB 1070, la cual penaliza ser inmigrante ilegal en un país que está en crisis económica debido al mal manejo del sector financiero.

Buena parte de los medios de comunicación locales están ahora en campaña a favor del alcalde, porque saben que la mediatización del problema terminará contribuyendo al buen desempeño electoral de la derecha en 2012. Incluso en uno de los editoriales de los medios escritos se hace una comparación de mal gusto para justificar la actuación del alcalde: “Una de las doce labores de Hércules, el héroe de la mitología griega, consistió en limpiar los establos del Rey Audías, anegados de porquería. Hércules desvió las aguas de dos ríos al establo y ¡misión cumplida!”. Qué pena que tanta “intelectualidad” se use de esta manera. También preocupan las opiniones del presidente Funes en las que deja traslucir lo que entiende por ordenamiento territorial: “Si el plan del alcalde busca justamente crear un mejor ambiente para el funcionamiento de los centros de salud, reordenar a San Salvador para contar con una ciudad más ordenada, pero garantizando al mismo tiempo la rentabilidad de los negocios de estos microempresarios, bienvenido el plan”.

Una definición sencilla y muy ilustrativa de ordenamiento territorial es la siguiente: “Ordenar el territorio es asegurar el desarrollo equilibrado del conjunto de regiones que lo componen”; en otras palabras, ordenar implica romper con los desequilibrios que existen en el territorio. Desequilibrios que tienen diversas manifestaciones: económicas (entre los que han logrado un establecimiento formal para vender sus mercancías y lo que tienen hacerlo en las calles para ganarse la vida), sociales (entre los que han logrado adquirir una vivienda digna y los que tienen que vivir a las orillas de ríos y quebradas en champas) y de movilidad (entre los que se desplazan en sus vehículos privados y los que tienen que usar el deplorable servicio público de transporte), entre otras. En resumen, el ordenamiento del centro histórico solo será posible cuando se rompan los mayores desequilibrios que tiene el país: la desigualdad en los ingresos entre pobres y ricos, y la exclusión social. Esto implica que cualquier esfuerzo de planificación del territorio debe ir acompañado por un sistema de ayudas al desarrollo económico y social, para así compensar las desigualdades de desarrollo de sus habitantes. No solo se trata, pues, de tener una ciudad limpia y segura a costa del desalojo.

http://www.emdat.be/result-country-profile

El día de ayer, la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres aprobó un poco más de un millón de dólares (de $3 millones que necesita el Ministerio de Salud) para atender la emergencia ocasionada por la epidemia de dengue clásico y hemorrágico que, según la prensa escrita, con los 200 nuevos pacientes registrados el día de ayer, suma ya 1,737 casos (41 de tipo hemorrágico) en 2010. Los fondos asignados se tomaron del FOPROMID (de $4 millones), que maneja el Ministerio de Hacienda.

Al respecto de este rebrote de dengue, hay que hacer notar dos aspectos. En primer lugar, el Sistema Nacional de Protección Civil empieza a actuar como especifica la ley: se ha activado cuando todavía no tenemos muertes por dengue. Esto es algo positivo para la institucionalidad del país. Tal como específica la ley de protección civil, una de las funciones de la Comisión es la de “dictar oportunamente las medidas apropiadas en situaciones desastrosas y de emergencia nacional, para salvaguardar la vida y los bienes de las personas directamente afectadas”. Y esto es lo que se ha realizado en esta ocasión.

El segundo aspecto tiene que ver con la fecha inusual en que ocurre este brote de dengue: se ha dado ahora, en febrero y marzo (estación seca), y no en el mes de junio, como ha sido en años anteriores. En el fondo, el problema del dengue se debe a la insalubridad y a la contaminación ambiental de agua, suelo y aire en el que vive la sociedad salvadoreña; algo que ya no preocupa, sino que más bien empieza a ser aceptado como normal por la población.

Hasta antes de los años noventa, los desastres eran principalmente ocasionados por fenómenos de origen natural (sismos, tormentas y deslizamientos); sin embargo, las epidemias que tienen a su base el problema de contaminación ambiental aparecen con severidad en junio de 1991, cuando en el país se registraron 155 muertes ocasionadas por cólera, rotavirus, diarrea, dengue, bronconeumonía y gripe, entre otras. Estas enfermedades se han vuelto cada vez más comunes y reincidentes en las últimas dos décadas. El problema de contaminación ambiental se evidenció con más fuerza con la epidemia de dengue clásico y hemorrágico de 2003, durante la cual el país sufrió 315 muertes y 50,000 personas afectadas.

La contaminación de las aguas superficiales debido a descargas de aguas negras e industriales está ya fuera de control; en muy poco tiempo el problema afectará a las aguas subterráneas. Si en este momento el agua ya no tiene la calidad necesaria para que vivan peces en ella, en pocos años las aguas subterráneas ya no serán potables para el ser humano.

Esto implica que la contaminación ambiental podría pasar a ser una de las causas de la emigración de los salvadoreños. Igual sucede con los desechos sólidos: su manejo representa una carga financiera insostenible para las municipalidades; en el corto plazo, se terminará optando por arrojar la basura a cielo abierto, como era antes la costumbre. Por otra parte, la contaminación del aire es más que evidente cuando se consultan las estadísticas del Ministerio de Salud, las cuales registran más de un millón de consultas médicas al año por enfermedades respiratorias. Y, solo para completar, no hay que olvidar la contaminación debida a plomo (caso Record), a toxafeno y a otras sustancias; casos de contaminación que con mucha probabilidad aparecerán con mayor frecuencia en los próximos años.

Así las cosas, es necesario que el Gobierno tome en serio la contaminación ambiental. Un primer paso sería que el manejo de los desechos sólidos sea asumido como prioridad nacional, y no dejárselo a las municipalidades. Ya es hora de pensar en un par de empresas públicas o mixtas (como MIDES) que manejen los desechos sólidos del país. De lo contrario, el problema de contaminación podría desbordarse, como lo está en estos momentos la violencia social.

Deslizamiento en calle al puerto de la Libertad, 8 de Nov 2009

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional”.

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.

LLuvia en Quezaltepeque y Guazapa vista desde el volcán de San salvador

El 18 de diciembre de 2009 concluyó la reunión de 192 países en Copenhague para encontrar un consenso sobre una estrategia internacional para combatir el cambio climático global. Los resultados obtenidos han tenido diversas lecturas e interpretaciones. La que más se impone es la que se sintetiza en la opinión del diplomático de Sudán Lumumba Di-Aping, negociador líder del G-77 (que incluye a países emergentes como China, India y Brasil). Di-Aping concluyó que “Copenhague fue un desastre para los países en desarrollo”. El grupo de países del G-77 es responsable del 42% de las emisiones totales, concentra el 19% de la producción mundial y al 76% de la población del planeta. Los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero son China y Estados Unidos. El primero produce el 21% de las emisiones, concentra el 6% de la producción mundial y el 20% de la población; mientras que el segundo produce el 20% de las emisiones, concentra el 30% de la producción y el 5% de la población mundial.

Así los datos, los resultados de Copenhague y los que se producirán en noviembre de 2010 en México dependerán de los acuerdos bilaterales que se alcancen durante el presente año entre China y los EE.UU. en tres aspectos claves: objetivos de emisiones de todos los países clave, mecanismos de verificación y financiación. El punto no superado en Copenhague es la resistencia de China para que sus emisiones sean monitoreadas y verificadas por otros países u organismos internacionales. Pero ¿cuáles son las posiciones de ambos países? Aquí se presentan algunas de ellas.

China promete reducir la intensidad de dióxido de carbono (emisiones por unidad de actividad económica) entre 40% y 45% para el año 2020. EL país asiático reportaría sus emisiones como parte de un plan internacional sin permitir verificación de mediciones desde afuera, pues considera los mecanismos de monitoreo y verificación externa como una violación a su soberanía.

Además, reduciría la razón de crecimiento de sus emisiones voluntariamente a la luz de sus propias circunstancias, sin poner condiciones de objetivos o vincular su proceso a los objetivos de reducción de otros países, y siempre y cuando no afecte a su economía; China se compromete a alcanzar o exceder sus propias metas.

Por su parte, Estados Unidos rechaza el argumento de que tiene una deuda con las naciones en desarrollo debido a que por muchas décadas, con sus emisiones, ha contribuido al calentamiento global. Su principal negociador, Todd Stern, dijo en Copenhague: “Por más de 200 años, desde la revolución industrial, la gente estuvo felizmente ignorante del hecho de que las emisiones causaban un efecto de invernadero. Es un fenómeno relativamente reciente”. Luego agregó, que EE. UU. estaba preparado para unirse a otros países industrializados para cortar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero y para ayudar a los países más pobres y más vulnerables a manejar el crecimiento de los mares, las sequías, hambrunas y otros fenómenos que se espera empeoren a medida que el planeta se caliente.

La secretaria de estado, Hillary Clinton, declaró que los EE. UU. contribuirían con $100 billones al año en financiamientos a largo plazo para ayudar a las naciones pobres a adaptarse al cambio climático. En la cumbre, agregó dos condiciones para el otorgamiento de estos fondos: la primera, que las 192 naciones alcanzaran un acuerdo político comprensivo que tuviera efecto inmediato y, la segunda, que todas las naciones deben estar de acuerdo en alguna forma de verificación (transparencia) para asegurar que están cumpliendo sus promesas ambientales.

Stern también objetó la reiterada propuesta de los países emergentes (China, India y Brasil) de que los EE. UU. y otros países emisores industrializados financien a estas economías, particularmente a China, para que se muevan al uso de tecnologías limpias en energía. Stern declaró que, dado que “China tiene $2 trillones en reservas”, no “podría ser el primer candidato a recibir fondos públicos”. Al respecto de este problema, la Agencia Internacional de Energía calcula que, en el período 2005-2030, el 75% del crecimiento de la demanda de energía del mundo provendrá de los países en desarrollo.

El fracaso en Copenhague ya había sido anticipado por el Primer Ministro de Dinamarca en una reunión preparatoria en Singapore, el 15 de noviembre de 2009. En dicha cita se propuso limitar los objetivos de la reunión de Copenhague a un modesto acuerdo que estableciera un llamado a la reducción de emisiones y una estrategia de ayuda para que las naciones en desarrollo se adapten al cambio climático. Esto les daría más tiempo a los negociadores para buscar un acuerdo global vinculante en el 2010, que estableciera metas fijas de emisiones y una definición clara de las cantidades en dólares de ayuda para las naciones pobres.

Al final de cuentas, ya sea que se logre o no un acuerdo justo para los países pobres en el tema de cambio climático, lo que queda claro es que los países ricos tienen los recursos y la tecnología para aislarse de climas peligrosos, mientras que las naciones en desarrollo, como El Salvador, que han contribuido muy poco al problema, son las más expuestos a sufrir los efectos adversos.

La estación lluviosa de este año inició y finalizó con dos eventos trágicos: 31 personas fallecieron en la Colonia Málaga debido a inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Acelhuate y, al cierre de la estación, 2 niños que vivían en el tramo de la carretera al puerto de la Libertad perdieron sus vidas debido a problemas de deslizamientos de tierra que destruyeron sus viviendas. Entre estos dos eventos (de junio a octubre), las lluvias ocasionaron diversos problemas: cárcavas en muchas urbanizaciones, inundaciones en Garita Palmera, el bajo Lempa, Chilanguera, El Borbollón, la Laguna de El Espino y otros lugares del país, deslizamientos de tierra principalmente en carreteras, pérdidas de infraestructura como puentes y viviendas colapsadas, pérdidas de cosechas principalmente en granos básicos y en el parque cafetero, para mencionar algunos ejemplos.

A pesar de todos los daños ocasionados, muy poco se reflexiona en el país sobre las causas de estas tragedias y lo más probable es que el próximo año se volverán a repetir quizá con mayor severidad. Por todos es conocido que la vulnerabilidad ambiental, social y económica va en aumento y que los efectos del cambio climático global están cada vez  más presentes en nuestra región. ¿Cómo reducir los desastres? Y ¿Qué modelo de desarrollo debemos adoptar como país? Son dos preguntas esenciales que se abordan en este artículo. Una de las dificultades de la comunidad científica para analizar el impacto de los fenómenos naturales (terremotos, ciclones tropicales, inundaciones, etc) y de origen antrópico (principalmente debidos a la contaminación) ha sido la de ponerse de acuerdo con definiciones básicas como las de Amenaza, Riesgo, Vulnerabilidad y Desastres. Las Naciones Unidas a través de la UNDROP (“Office of the United Nations Disaster Relief Co-Ordinator”) y la UNESCO proponen las siguientes definiciones para el idioma inglés:

• Amenaza Natural (H), significa la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino dentro de un período de tiempo y área  dada. La Amenaza es función de la frecuencia con que ocurre el evento y de su severidad o magnitud.
• Vulnerabilidad (V), significa el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en riesgo que resulta de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud dada.
• Elementos en riesgo (E), lo constituyen la población, propiedades (viviendas), actividades económicas, servicios públicos (suministro de agua potable, electricidad, combustibles y otros) que se encuentran en riesgo en un área dada.
• Riesgo total (R), significa el número esperado de pérdidas de vida, personas heridas, daños a la propiedad e interrupción de la actividad económica debido a un fenómeno natural en particular. Por su parte el “Centre for Research on the Epidemiology of Disasters” (CRED) define un desastre como “una situación o evento que sobrepasa la capacidad local, que necesita de asistencia externa nacional o internacional, es un evento que no se puede predecir, que se presenta de manera súbita y que causa gran daño, destrucción y sufrimiento humano”.

Todas estas variables se relacionan por el modelo  R = (E x H) x V que se explica de la siguiente manera: Si el riesgo (R) lo medimos como el número de personas fallecidas, E es la población que vive en un área expuesta a la amenaza (H) y V es la vulnerabilidad que depende del contexto social, político y económico de la población expuesta, entonces R = (E x H) x V = (Exposición Física) x Vulnerabilidad. De esta última ecuación se deduce que para reducir el riesgo, dado que es un producto de términos, podemos actuar en dos direcciones: 1) reducir la exposición física conocida como Prevención y, 2) reducir la Vulnerabilidad conocida como Mitigación. De aquí surgen las llamadas obras de prevención y mitigación de desastres.

Las Amenazas (H) debidas a fenómenos naturales (terremotos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones, tormentas, etc.) no las podemos reducir, por lo que la prevención se enfoca en conocer lo mejor posible estos fenómenos y en reducir la población expuesta a la amenaza, de ahí la importancia de la capacitación a la población en estos temas y la preparación ante desastres. La reducción de vulnerabilidad o mitigación usualmente atiende la vulnerabilidad física y consiste de medidas como la construcción de viviendas sismorresistentes, muros de contención para evitar deslizamientos, obras de mitigación para evitar inundaciones (control de torrentes, gabiones, disipadores de energía, acequias de infiltración, reforestación), etc.

Atender la vulnerabilidad física no es suficiente y los otros factores de vulnerabilidad hay que abordarlos desde el modelo de desarrollo que sigamos como país. Algunos de estos factores de vulnerabilidad adicionales son: falta de acceso a recursos (agua, alimentos, energía, trabajo, etc), desintegración de estructuras sociales, degradación del ambiente e incapacidad para protegerlo, falta de estructuras fuertes tanto nacionales como locales, falta de información y conocimiento, falta de conciencia de la población, limitado acceso a poder político y representación, entre otros. Es decir, la apuesta como país debería de enfocarse hacia la reducción de la vulnerabilidad y esto pasa por adoptar un modelo de desarrollo sostenible como lo proponen la ONU.

El registro de los desastres ocurridos en el país es un buen instrumento para el análisis y toma de decisiones y nos debería orientar sobre qué priorizar. Al menos dos fuentes de información me parecen de mucho interés para compartir con los lectores. La primera es la publicación reciente del MARN/SNET y el PNUD “Recopilación Histórica de los desastres en El Salvador 1900-2005”. La segunda, es la base de datos de desastres a nivel global desarrollada por CRED con apoyo de la Université Catholique de Louvain – Brussels – Belgium. Este centro con apoyo de USAID/OFDA (“Office of Foreign Disaster Assistance”) mantiene la base de datos mundial de desastres EM-DATA (“Emergency Event Database”). Esta base, para el año 2007, tenía 17,151 desastres registrados del mundo desde 1900 a 2007.  La base de datos puede ser consultada en el sitio http://www.emdat.be/ . Para el caso de El Salvador, en la sección de perfil de país aparecen los 10 desastres más importantes del país ordenados por muertos:

Al revisar la historia de desastres del país, los que más daños han causado en número de muertos, daños a la infraestructura y pérdidas económicas son los debidos a la actividad sísmica (terremotos). En el documento “Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development” (PNUD, 2004) se creó un modelo de regresión múltiple logarítmico usando la base de datos de CRED y utilizando 26 factores de vulnerabilidad. El modelo matemático resultante para terremotos determina que el factor de vulnerabilidad que más incide en el número de muertos es el crecimiento urbano que para el país se estima en un 0.07% anual (promedio en un periodo de tres años).

Según este modelo, para El Salvador el número promedio de terremotos por año es de 0.1, el número promedio de muertos al año para este tipo de eventos es de 53.33 y la exposición física promedio al año es de 1,272,919 habitantes. Los desastres por terremotos son a sí mismo los de mayor impacto económico, principalmente por la pérdida de infraestructura (viviendas). Según el  Ministerio de Obras Publicas, durante los terremotos del 2001,  163,866 viviendas (11.68% del numero total de viviendas) colapsaron, y alrededor de 107,787 (7.68%) quedaron seriamente dañadas. En el país la UCA, UES, FUNDASAL y el VMVDU con el apoyo de JICA y el CENAPRED de México ejecutan, desde hace 5 años, el proyecto “Mejoramiento de la Tecnología para la Construcción y Difusión de la Vivienda Popular Sismo-resistente”. Los resultados obtenidos a la fecha se pueden consultar en el sitio www.taishin.org.

Es claro que la tarea por realizar en la reducción a desastres del país es grande, pero no imposible. Los esfuerzos deben ir en dos direcciones: (1) la investigación en ciencias de la tierra (principalmente en amenazas geológicas) y, (2) adoptar un modelo de desarrollo sostenible que trabaje en todos los factores de vulnerabilidad no solo en la vulnerabilidad física. Solamente de esta manera podremos bajar el estimado del PNUD de 103.52 muertos al año en nuestro país debido a terremotos, ciclones tropicales e inundaciones.