Después de un año de gestión del Presidente Mauricio Funes se presenta al país el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 que contiene la visión, las apuestas, las prioridades y las metas del Gobierno para dicho periodo. Además, como algo novedoso, se incluye en dicho Plan las políticas públicas estratégicas y la cuantificación e identificación de los programas y proyectos que se realizaran para lograr los objetivos y metas trazadas, así como un apartado especial para el sistema de seguimiento y evaluación del Plan. Según palabras del Presidente Funes, el Plan “es una herramienta para edificar el cambio y una pieza clave para generar confianza y seguridad… la planificación busca garantizar la equidad y la universalidad de las políticas ambos pilares básicos de la democracia…  concibo este Plan como una herramienta más para construir la unidad nacional”. Por su parte, Alex Segovia –secretario técnico de la presidencia- establece que el Plan “rescata y reivindica la planificación estratégica como un instrumento central para la búsqueda del desarrollo y como una herramienta de enorme utilidad para construir políticas públicas del estado” y, luego expresa que “uno de los principales legados que espera dejarle al país la presente administración pública es el desmantelamiento del sistema de privilegios conformado históricamente a partir del control del aparato gubernamental”. Se presentan estos comentarios por dos razones: la primera para dejar claro que no existen planes neutrales sino que tras de ellos existe una base política e ideológica que los sustenta y, segundo, que desde los enfoques teóricos de la Ciencia Política, pareciera que el actual Gobierno cambia de un enfoque centrado en la sociedad a un enfoque centrado en el estado.

De acuerdo a Roth (2006), en las teorías centradas en la sociedad, es el estado junto a individuos y grupos de interés quienes determinan y deciden las políticas públicas a desarrollar por las instituciones del estado, que en el caso del pasado gobierno de Arena -de tipo neoliberal- pareciera que la corriente del public choice tuvo gran influencia. Según Roth (2006:29) “esta corriente se dedicará a mostrar que las burocracias públicas y los mecanismos de representación política son los responsables del crecimiento de los presupuestos públicos y que la solución consiste en volver al estado mínimo”. Los procesos de privatización emprendidos por Arena en los pasados 20 años, que seguían las recomendaciones del  Consenso de Washington, reafirman este proceso de minimización del estado, ejemplo de ello fue la eliminación del Ministerio de Planificación (MIPLAN) en las primeras administraciones  del partido Arena. Por el contrario, en el apartado [49] del Plan se establece que “En esta visión estratégica el Estado tiene un rol fundamental que desempeñar, como elemento cohesionador de la sociedad, como promotor del desarrollo integral y como defensor y dinamizador de la democracia. Por estas razones, en el Plan Quinquenal de Desarrollo al Estado se le asigna un papel central, compatible con las atribuciones determinadas por la Constitución de la república”. De acuerdo a Roth, en las teorías centradas en el Estado, “El Estado funciona como un selector de las demandas y un proveedor de servicios… Son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de políticas públicas”. Los enfoques decisionistas entran dentro de esta teoría y de hecho algo de esto se comprueba en el apartado [229] que tiene que ver con la inversión pública en programas y proyectos prioritarios en el que se establece que “… se procedió a realizar un ejercicio de priorización, en el que participó de forma directa el presidente Mauricio Funes, quien tomó la decisión final sobre cuáles serían los programas y proyectos que se incluirían en el presente Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Los enfoques modernos de gestión pública indican que la primera condición de efectividad en la implementación de un plan o política pública es que exista una teoría solida, que de acuerdo a Roth (2006: 115) se define como “…disponer de una teoría sólida, significa que es preciso tener una teoría del cambio social que establezca con firmeza la causalidad entre el instrumento utilizado y los efectos deseados. Toda política pública [o plan] está sustentada en una hipótesis teórica de cambio social construida generalmente bajo la forma de si tal cosa, entonces ocurrirá esto”. Este enfoque teórico de causalidad se utiliza en el Plan para definir la visión estratégica a mediano y largo plazo que se establece en el apartado [47]: “La visión estratégica del Plan Quinquenal de Desarrollo descansa en la premisa siguiente: sin la construcción de un nuevo modelo económico y social y sin el funcionamiento pleno de la democracia es imposible avanzar hacia una sociedad próspera, libre, pacífica, justa y solidaria. Por ello este plan está estructurado alrededor de dos objetivos estratégicos: a) sentar las bases para instaurar un nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo integral, que sea a la vez sustentable e inclusivo y b) profundizar y consolidar la democracia. Desde esta perspectiva, el aporte histórico que legará al país el Gobierno encabezado por el presidente Mauricio Funes es de carácter fundacional”.

La estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo se muestra en la figura 1 y sus componentes se describen en detalle en el apartado [7] del documento del Plan. Algo importante de destacar aquí es que el Gobierno acepta de manera completa la definición de las áreas prioritarias del quinquenio formuladas por el Consejo Económico y Social (ver Tabla 1 en anexo) y el Plan asume en su apartado [52] los instrumentos de intervención del Estado que se citan con frecuencia en los textos de políticas públicas, por ejemplo los citados por Roth (2006:44-46): instrumentos prescriptivos, instrumentos incentivos, instrumentos de organización y procedimiento, instrumentos materiales e instrumentos de delegación a socios. Estos instrumentos se recogen en el Plan en el apartado [52] de la siguiente manera: “Para incidir de forma positiva en las áreas prioritarias se ha concebido una novedosa estrategia de intervención integral que considera tanto la creación de una nueva institucionalidad para promover el desarrollo como el rediseño y la modernización de la ya existente. Además incluye el despliegue de nuevos instrumentos e incentivos económicos y la ejecución de políticas públicas estratégicas de carácter macroeconómico y de naturaleza sectorial. La acción conjunta de estos instrumentos permitirá intervenir de manera simultánea en dos o más áreas prioritarias, lo que será factor clave para conseguir los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Para la elaboración del Plan, la secretaría técnica de la presidencia tuvo el apoyo del Consejo Económico Social que aglutina el grupo de actores claves de este Plan al menos en la elaboración de las propuestas estratégicas, dejando a la burocracia del Estado la definición de los programas y proyectos a ejecutar. Este consejo está integrado por 24 representantes de las cámaras empresariales y 24 delegados del movimiento social. Éstos a su vez son asesorados por 10 representantes de la academia y son coordinados por el secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia. En el apartado [123] se hace referencia a los actores claves del Plan: “Con el propósito de garantizar la continuidad y la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas y sectoriales estratégicas, el gobierno de la república pretende que estas se conviertan en políticas de estado, es decir, que cuenten con el apoyo de los principales actores económicos, sociales y políticos. Por esta razón en los próximos meses se harán consultas en el seno del Consejo Económico y Social y de otros espacios de diálogo sectoriales sobre estas políticas, de tal manera que su alcance, contenido y estrategia de ejecución sean el resultado de acuerdos amplios”. Sin embargo, a la hora de definir los programas y proyectos (toma de decisión, de acuerdo al ciclo de políticas de Jones) a realizar en el quinquenio fue la burocracia estatal la que tomó el rol clave en este proceso, tal como se detalla en el apartado [229] del Plan: “Uno de los ejercicios más complejos y meticulosos que se realizaron durante el proceso de elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo fue la identificación de todos los programas y proyectos relacionados directamente con las apuestas estratégicas, las áreas prioritarias, los objetivos y las metas del plan. Tal proceso supuso, por una parte, la revisión de cada uno de los proyectos que las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo habían presentado al Ministerio de Hacienda para su consideración en el presupuesto nacional”. Así las cosas, los lineamientos estratégicos se consultan y discuten con el Consejo Económico y Social y las acciones concretas (programas y proyectos) se discuten en la burocracia estatal. Para legitimar este proceso y para hacerlos vinculantes en el apartado [234] se expresa: “Es importante subrayar que los programas y proyectos prioritarios están estrechamente vinculados con las apuestas estratégicas de largo plazo, las prioridades del quinquenio y especialmente con los instrumentos que se han diseñado para alcanzar los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Dos elementos claves y novedosos de este Plan es que por primera vez, en la historia reciente del país, se definen claramente los programas y proyectos que serán financiados en el quinquenio (que tienen que ver con la fase de implementación del ciclo de Jones) y se define el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del Plan (que se ubica en la fase de evaluación del ciclo de políticas de Jones). En cuanto al financiamiento, según se presenta en el apartado [231]: “los programas y proyectos prioritarios del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 se han agrupado en cinco grandes áreas estratégicas, a saber: a) equidad, inclusión social y reducción de la pobreza; b) reactivación económica; c) desarrollo sostenible; d) seguridad ciudadana y e) dimensiones especiales del desarrollo. El costo total de los programas y proyectos asciende a 4864 millones de dólares, de los que el 44%, es decir, 2100 millones de dólares, corresponden al área de equidad, inclusión social y pobreza, que constituye la primera prioridad del gobierno de la república”. El Plan detalla cada programa y sus proyectos con los montos a invertir, de igual manera se indican los fondos disponibles y la brecha de fondos para los cuales hay que hacer las gestiones de búsqueda de financiamiento. En el apartado [230] se indican las ventajas que tiene para la ejecución del Plan llegar a ese nivel de detalle de los programas y proyectos: “a) permite concretarlo y darle viabilidad puesto que las políticas, los programas y los proyectos que lo conforman tienen un respaldo financiero y por tanto existe la certeza de que tales actividades se realizarán; b) garantiza el conocimiento de la magnitud de la brecha de financiamiento en aquellos casos en los que exista y esto permite planificar la identificación y gestión de recursos para financiarla; c) asegura la consistencia con el escenario macroeconómico definido por el Gobierno y el marco fiscal de mediano plazo acordado con el Fondo Monetario Internacional; d) identifica los programas y proyectos prioritarios y los vincula a la planificación financiera y temporal de su ejecución, con lo que dota al gobierno de la república y a los distintos sectores que componen la sociedad salvadoreña de un poderoso instrumento de seguimiento, evaluación y de rendición de cuentas”.

Figura 1. Estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 (Fuente: elaboración propia).

El segundo elemento novedoso lo constituye el sistema de evaluación que se define en el Plan. En el apartado [235] se define lo que se pretende al implementar el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del plan “Dicho sistema parte de las siguientes premisas básicas: a) que la coordinación interinstitucional es una condición indispensable para implementar de manera eficiente el Plan Quinquenal de Desarrollo; b) que la participación ciudadana es fundamental en todas las fases del proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas y c) que la rendición de cuentas del Gobierno es un aspecto fundamental de la gestión pública”. Y con la idea de transparencia y de rendición de cuentas el Plan asigna al Consejo Económico y Social un rol activo en el proceso de evaluación que se presenta en el apartado [237] de la siguiente manera: “Con el propósito de garantizar transparencia y de impulsar el proceso de rendición de cuentas, el gobierno nacional solicitará al Consejo Económico y Social que efectúe también su propio seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo, de forma que pueda informar al país y formular recomendaciones que aseguren su efectiva implementación. El Gobierno proporcionará la información que el Consejo Económico y Social requiera para cumplir esta tarea”. Ahora considerando los tipos de evaluación teóricos propuestos por Roth (2006: 142-150), se deja al Consejo Económico Social la evaluación de tipo concomitante continua que consiste en acompañar la puesta en marcha del Plan y su objetivo principal, en palabras de Roth, consiste en “controlar el buen desarrollo de los procedimientos previstos y, por otra, permitir la detección de problemas para poder realizar los ajustes necesarios a tiempo. Se trata de realizar un seguimiento o monitoreo a las actividades de implementación de un programa –insumos, cronograma, realizaciones, resultados, etc-”. La evaluación ex – ante llamada también a priori, de factibilidad o prospectiva fue realizada por la burocracia estatal y un grupo de expertos. Quedando pendiente la evaluación ex – post que se realizaría al final del quinquenio.

A manera de conclusión se puede determinar que el ejercicio de planificación realizado por el Gobierno es novedoso y de calidad. Se han considerado los fundamentos de las ciencias económicas y políticas adecuados. Es un documento sencillo, organizado por apartados numerados lo que facilita su estudio y los procesos de seguimiento y control que puede realizar cualquier ciudadano del país.

Bibliografía

Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. San Salvador: Gobierno de El Salvador, 2010.

Roth Deubel, André-Noel. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora, 2006.

Sidney, Mara. “Policy Formulation: Design and Tools”. En Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, ed. Frank Fisher, Gerald Miller y Mara Sidney, 79-87. New York: CRC Press, 2007.

Anexo

Tabla 1. Principales apuestas del Plan Quinquenal de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia en base a información del Plan Quinquenal de Desarrollo.

Publicado el 6 de julio de 2010 en la UCA:

La estación lluviosa del país ha iniciado de manera inusual y causando dos desastres en los meses de mayo y junio: el primero debido a la tormenta Agatha (originada en el Pacífico) y el segundo, a una tormenta asociada al huracán Alex (originado en el Atlántico). En la estación meteorológica de la UCA se registran a la fecha 853.7 mm, de los cuales 751.66 mm corresponden a los meses mencionados. Estos datos permiten estimar que durante el año se superará el promedio anual de lluvias de 1,800 mm, ya que en poco más de setenta días ha llovido el 47.43% de lo esperado en todo el año, y faltan las lluvias de los meses de julio y septiembre, que históricamente han sido las más intensas en una estación lluviosa normal.

Desde el año anterior, el clima ha estado dando sorpresas. La tormenta asociada al huracán Ida se originó en el océano Pacífico y produjo un evento extremo de lluvias concentrado en el volcán de San Vicente (450 mm en tres días de lluvia, de los cuales 355 mm ocurrieron en 5 horas) que causó 199 fallecidos, 76 desaparecidos y pérdidas materiales estimadas en 314.8 millones de dólares. Normalmente, al inicio de la estación lluviosa se originan tormentas y huracanes del Pacífico, los cuales casi siempre ocurren en la costa de México; sin embargo, este año la tormenta Agatha ingresó directamente en Guatemala, afectando indirectamente a El Salvador. La temporada de huracanes del Atlántico inicia en septiembre y termina en noviembre, pero este año apareció Alex en junio, que originó una tormenta desde el Pacífico que provocó el segundo desastre hidrometeorológico en el país en lo que va del año. Este último fenómeno es similar al ocasionado por Ida en 2009.

A partir de los datos de la estación meteorológica de la UCA (ver tabla), se observa que los eventos extremos de corta duración son los que más daños están ocasionando al país. Este tipo de eventos no solo son difíciles de predecir, sino que requieren de tiempos rápidos de respuesta del sistema de protección civil, algo que solo es posible lograrlo con mucha coordinación y preparación ante desastres en toda la jerarquía del sistema. En este sentido, ha sido acertada la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de adquirir radares meteorológicos que permitan monitorear y predecir eventos extremos; algo que ayudará a caracterizar de mejor manera la amenaza. Sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo pasa por la reducción de la vulnerabilidad física y socioeconómica, de forma que aumente la resiliencia de la población y del país. Esto es difícil de lograr a corto y mediano plazo, porque obviamente implica cambiar el modelo de desarrollo económico.

Al realizar un análisis del comportamiento del país ante eventos extremos (como el ocurrido en la Málaga y las tormentas Ida y Alex), se ve claramente que la fragilidad ambiental es alta debido a que no ha existido una planificación territorial basada en el manejo de cuencas hidrográficas. Y ello pese a que está establecido en la Ley de Medio Ambiente, artículo 14: “Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: […] (b)Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales, y en especial la vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad base para la planeación del territorio”. Tal como queda en evidencia con cada tormenta que ocurre en el país, en las cuencas los niveles de infiltración de agua son mínimos debido a la alta deforestación y a los cambios en el uso del suelo, de tal forma que en poco tiempo la red de drenaje natural y artificial (en el caso de las ciudades) recoge enormes cantidades de agua que hacen colapsar puentes, muros y viviendas. Además, dado que gran parte de la población vive en las riberas de ríos y quebradas, en pocas horas se necesita evacuar y albergar a miles de personas.

Recientemente, el Banco Mundial, la Cepal y otros organismos nacionales e internacionales, a solicitud del Gobierno salvadoreño, presentaron el estudio “El Salvador: Damage, Loss, and Needs assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the los pressure system associated with tropical storm Ida”. En éste se propone al país la creación de un marco estratégico para el manejo del riesgo compuesto de 5 pilares: identificación y manejo del riesgo; mitigación; fortalecimiento de la preparación ante emergencias; fortalecimiento institucional; y financiamiento. Implementar este marco le costaría al país 34.4 millones de dólares entre 2009 y 2018. Por otra parte, sólo para la recuperación, reconstrucción y reducción de riesgos debido a Ida el país requiere de 343.97 millones de dólares. En el documento se establece que la máxima pérdida probable en el país debido a eventos catastróficos para un período de retorno de 50 años es de 1.771 billones de dólares, y se estima que desde 1972 el país ha sufrido un aproximado de 6,500 muertes por desastres y pérdidas económicas que superan los 16 billones de dólares. De estas cifras, los desastres de naturaleza climática han producido el 62% de las muertes y entre el 87% y 95% de los impactos económicos reportados.

Así las cosas, la gestión de riesgos de desastres debe convertirse en una política pública del país; de lo contrario, El Salvador será inviable en el corto plazo. En los foros internacionales sobre riesgos, y a raíz de los terremotos en Haití y Chile, se ha cuestionado la definición de desarrollo sostenible adoptada por los países en la Declaración de Río de 1992, que lo entiende como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Ahora se propone que un país será sostenible, además, en la medida en que pueda enfrentar los eventos máximos o catastróficos.Esta reformulación un tanto pesimista está cobrando fuerza dado los efectos impredecibles del cambio climático en los próximos años. Enorme tarea, pues, la que tiene el país en este tema; tarea que requiere de grandes cantidades de recursos económicos que no tenemos disponibles.

El alcalde y la gobernadora iniciaron procesos de “limpieza” que desbordan sus capacidades para lograr resolver sus problemas de manera sostenible; sin embargo, sus actuaciones podrían brindarles réditos políticos como la reelección en sus cargos o la aceleración de procesos políticos ya en marcha. En el caso del alcalde, me refiero al desalojo de vendedores ambulantes del centro de San Salvador iniciado el 16 de junio; y en el caso de la gobernadora, se trata de la ley antiinmigrante SB 1070, que entrará en vigencia en el estado de Arizona, Estados Unidos, el próximo 29 de julio.

El alcalde, en respuesta a los disturbios realizados por los vendedores informales ante los desalojos, expresó: “No nos amilanan este tipo de hechos violentos, ya sabemos que detrás del comercio informal se esconden grupos que siembran el terror y que delinquen permanentemente y que han hecho de esta actuación inescrupulosa su forma de vida”. Por su parte la gobernadora, en reacción a las protestas y demandas de inconstitucionalidad de su ley, dijo recientemente: “Creo que hoy, bajo las circunstancias que enfrentamos, la mayoría de intrusos que entran al estado de Arizona lo hacen bajo la dirección y el control de los carteles de la droga, y que ingresan drogas… Tenemos información contundente de que vienen como personas ilegales que desean trabajar. Entonces [los narcotraficantes] los abordan y se convierten en sujetos del cartel de drogas”. ¿Existen similitudes entre las declaraciones de estos dos funcionarios? El lector podrá sacar sus propias conclusiones.

Lo que es claro es que ambos justifican sus acciones desde el accionar de fuerzas oscuras: las pandillas y el crimen organizado, en el caso del alcalde; y los carteles de la droga, en el caso de la gobernadora, ignorando así la necesidad de sobrevivir del vendedor informal o del inmigrante ilegal que ha tenido que abandonar su familia para buscar un puesto de trabajo. El factor común de sus actuaciones es que el problema que enfrentan excede sus capacidades y requiere de instancias superiores para su solución. El Gobierno salvadoreño, a través del Fisdl, había asignado unos fondos para iniciar procesos de ordenamiento en centros históricos (incluido el de San Salvador), pero Norman Quijano se adelantó al proceso. De igual manera lo hizo la gobernadora en Estados Unidos, pues el presidente Obama ya había iniciado el proceso de una ley para frenar y controlar la inmigración. Esto hace evidente que en el fondo son intereses políticos personales los que han movido las iniciativas de ambos.

En el caso del alcalde, es evidente que finalizará su gestión sin haber cumplido sus promesas de campaña más ambiciosas (el metrobús y las bóvedas sobre el río Acelhuate). Entonces, tiene que recurrir a la política del maquillaje: el ornato de parques, la remodelación del monumento al Salvador del Mundo y el desalojo de vendedores informales. El caso de la gobernadora es más profundo y complicado. Según establece Ramonet en El despertar de las tribus, “la Historia nos enseña que cuando una grave crisis económica coincide con el desencadenamiento de pasiones nacionalistas, cabe esperar las peores desgracias”. Algo de esto puede estar sucediendo en Arizona con la ley SB 1070, la cual penaliza ser inmigrante ilegal en un país que está en crisis económica debido al mal manejo del sector financiero.

Buena parte de los medios de comunicación locales están ahora en campaña a favor del alcalde, porque saben que la mediatización del problema terminará contribuyendo al buen desempeño electoral de la derecha en 2012. Incluso en uno de los editoriales de los medios escritos se hace una comparación de mal gusto para justificar la actuación del alcalde: “Una de las doce labores de Hércules, el héroe de la mitología griega, consistió en limpiar los establos del Rey Audías, anegados de porquería. Hércules desvió las aguas de dos ríos al establo y ¡misión cumplida!”. Qué pena que tanta “intelectualidad” se use de esta manera. También preocupan las opiniones del presidente Funes en las que deja traslucir lo que entiende por ordenamiento territorial: “Si el plan del alcalde busca justamente crear un mejor ambiente para el funcionamiento de los centros de salud, reordenar a San Salvador para contar con una ciudad más ordenada, pero garantizando al mismo tiempo la rentabilidad de los negocios de estos microempresarios, bienvenido el plan”.

Una definición sencilla y muy ilustrativa de ordenamiento territorial es la siguiente: “Ordenar el territorio es asegurar el desarrollo equilibrado del conjunto de regiones que lo componen”; en otras palabras, ordenar implica romper con los desequilibrios que existen en el territorio. Desequilibrios que tienen diversas manifestaciones: económicas (entre los que han logrado un establecimiento formal para vender sus mercancías y lo que tienen hacerlo en las calles para ganarse la vida), sociales (entre los que han logrado adquirir una vivienda digna y los que tienen que vivir a las orillas de ríos y quebradas en champas) y de movilidad (entre los que se desplazan en sus vehículos privados y los que tienen que usar el deplorable servicio público de transporte), entre otras. En resumen, el ordenamiento del centro histórico solo será posible cuando se rompan los mayores desequilibrios que tiene el país: la desigualdad en los ingresos entre pobres y ricos, y la exclusión social. Esto implica que cualquier esfuerzo de planificación del territorio debe ir acompañado por un sistema de ayudas al desarrollo económico y social, para así compensar las desigualdades de desarrollo de sus habitantes. No solo se trata, pues, de tener una ciudad limpia y segura a costa del desalojo.

Desde el 4 de marzo, un grupo de jóvenes mantiene cerrada la Universidad de El Salvador exigiendo que se amplíe el cupo para estudiantes de nuevo ingreso. Este problema de admisión ha sido recurrente, pero este año se ha desbordado a tal grado que, según la prensa escrita, el Rector pondría denuncias a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa porque la Policía y la Fiscalía no han actuado como se esperaba; además, de forma paralela, propondrá al Consejo Superior Universitario una reforma al reglamento disciplinario, para que personas que participen en acciones ilegales sean expulsados de inmediato del campus de la Universidad. La situación es complicada ya que este problema (la admisión) no tiene solución inmediata, y, como se explica en seguida, la cuestión más grave ni siquiera se discute en la agenda nacional.

Según el compendio mundial de la Unesco titulado Comparación de las estadísticas en el mundo, el número de estudiantes que optaron por educación terciaria (arriba del bachillerato) se quintuplicó en el planeta durante el período 1970-2007, pasando de 28.6 a 152.5 millones. Esto se realizó a una tasa anual de crecimiento de la matrícula de 4.6%, lo que significa que el número de estudiantes en este nivel educativo se duplica cada 15 años. En Latinoamérica y el Caribe, la tasa anual de crecimiento es del 6.8%, y en El Salvador es del 3.37%. Es decir, la tasa anual de crecimiento del país está por debajo de la mundial y a la mitad de la tasas de crecimiento de los países de Latinoamérica. Se estima que El Salvador duplicará su población estudiantil universitaria en 22 años cuando otros lo harán en 10.

De aquí surgen dos preguntas: ¿este bajo desempeño en la matrícula se debe a que no se tienen estudiantes para el nivel terciario? y ¿será que el sistema de educación superior ya colapsó? Para atender a la primera pregunta, se presentan los datos globales de la educación superior del país obtenidos de la publicación del Conacyt del año 2009, Estadísticas sobre actividades científicas y tecnológicas, El Salvador 2008.

Como se observa en la tabla, los estudiantes que se admite a las universidades cada año rondan los 25,000. Sin embargo, se sabe que cada año se gradúan más de 60,000 nuevos bachilleres. Entonces, la tasa de crecimiento anual de matrícula es baja no porque no existan estudiantes potenciales, sino porque la gran mayoría no aplica a estudios superiores por diversas razones que no se han estudiado. Este es un problema mayor que el que tiene la UES en este momento: ¿qué hacen los más de 35,000 jóvenes que año con año se gradúan de bachilleres y que no ingresan a la universidad?

Este último problema se ha agudizado debido a que el bachillerato ahora es de dos años, los bachilleratos con especialidades están desapareciendo y el sistema educativo no prepara a los jóvenes para que puedan sumarse con éxito a la fuerza laboral del país. Esto se complica cuando la tasa de desempleo es alta y los trabajos formales y decentes son escasos. Así las cosas, es urgente reformar los estudios de secundaria de tal forma que los jóvenes que logran estudiar el bachillerato adquieran algunas habilidades que les permitan ganarse la vida. Y, por supuesto, es necesario elevar la calidad de la educación que se les imparte, de tal forma que los bachilleres que decidan continuar sus estudios tengan los conocimientos suficientes para ser admitidos a la Universidad y tengan una buena orientación vocacional. Estas metas se alcanzan en años; por ello, debe actuarse desde ya.

En relación a la segunda pregunta, es claro que el sistema de educación superior ha colapsado y tiene una escasa capacidad para absorber nuevos estudiantes. El informe del Conacyt, con base en datos del Ministerio de Educación, establece que “en el período (1997-2008) los estudiantes del sector privado han crecido en un 5.94% (de 87,099 a 92,270 estudiantes) mientras que el sector público creció en 62.66% (de 28,492 a 46,345 estudiantes). De tal forma que, en el período, el sector público [la Universidad de El Salvador] pasó de atender el 24.65% al 33.43% de los estudiantes totales”. Esto se muestra en la figura.

La ciudadanía y los jóvenes que se han tomado la Universidad deben estar conscientes de que la UES ya no tiene capacidad para absorber la demanda actual y futura de estudiantes. Esto implica que la solución a la problemática actual debe pasar a otra instancia. El Estado será irresponsable si deja sola a la Universidad  en este problema. No es mediante desalojo y golpes que se resolverá este problema. Ahora más que nunca debe prevalecer el diálogo a fin de no aumentar la violencia social que ya existe en el país.

Una idea para resolver la situación es ampliar la cobertura a través de la educación a distancia. En esto, el país debe pensar en alianzas con, por ejemplo, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica o la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España para atender esta demanda mientras la UES desarrolla sus propias capacidades en este tema.

El tiempo pasó sin que el país lograra entrar en el paradigma educativo de 30 estudiantes por aula. Ahora debe acelerar el proceso para hacer suyo, lo antes posible, el paradigma de la educación “24/7”, es decir, clases en línea las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Todas estas medidas se anunciaron y realizaron siempre con la falacia de que las empresas extranjeras estaban a la vuelta de la esquina, esperando para invertir en el país. Para completar la historia hay que agregar la construcción del puerto de La Unión a través de un préstamo (un proyecto que desde su inicio fue un fracaso); la construcción de infraestructura para la red de Megatecs cuando existían grandes necesidades en otros sectores de la educación del país; y la congelación de los salarios bajo la excusa de que al aumentarlos las empresas quebrarían o la inversión extranjera se alejaría. Como es de conocimiento general, en Centroamérica, El Salvador ha sido el país con menor inversión extranjera directa en los últimos años.

Arena agotó todas sus medidas, o más bien aplicó a cabalidad las recetas y programas que le sugirieron los organismos internacionales, ya que nunca tuvieron creación propia. Conforme transcurrió el tiempo, endeudaron al país. Al final, pese a darle “un sentido humano” a sus políticas, terminaron derrotados en las elecciones de marzo de 2009. Las consecuencias desastrosas en la economía ya son conocidas. Y luego de la derrota, Arena se derrumbó en menos de seis meses.

Ahora, Arena sigue sin saber cómo hacer oposición política y mantiene el discurso de que el país no tiene rumbo, que solo ellos tienen la capacidad para gobernar y que el comunismo nos acecha arropado en el socialismo del siglo XXI. Pero, en esencia, ¿qué propone Arena para recuperar la economía del país que sea diferente a lo que hizo en 20 años? Ante tanta insistencia, quizás ellos mismos se creen que el país transitaba por el rumbo correcto. Si este fuera el caso, la gran amenaza no sería el socialismo del siglo XXI, sino el retorno de los que ya fracasaron en el manejo de la economía.

Ciertamente, al actual Gobierno le está costando arrancar y tiene dificultades para obtener fondos para ejecutar sus propuestas; pero ha logrado dar confianza a la población, rompió el discurso apocalíptico de la derecha de que el país sería un caos al ganar el FMLN y logró una tímida reforma fiscal, muy adversada por la gran empresa. En nueve meses, el Gobierno tiene todavía el beneficio de la duda por lo no que ha hecho y debe cumplir.

A pesar de la crisis financiera del país, agudizada por la internacional; a pesar de arrancar con una economía en recesión, una elevada y creciente demanda social, y una buena parte de los recursos dedicados a atender los desastres del año anterior (sequía y tormenta Ida), el Gobierno logró completar un plan estratégico quinquenal. Ahora falta su ejecución y evaluación, para lo cual tiene un poco más de cuatro años. El período de aprendizaje para los nuevos funcionarios ya terminó; es tiempo de resultados a favor de las mayorías necesitadas del país. Es hora, pues, de pasar de los discursos a la realidad.

Deslizamiento en calle al puerto de la Libertad, 8 de Nov 2009

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional”.

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.

Lustra botas en el parque central de la ciudad de Santa Ana

La semana pasada, las fundaciones Fusades y Fundemas, de pensamiento de derecha, trajeron al politólogo Francis Fukuyama a impartir una conferencia, en la cual expresó dos frases que fueron recogidas por la prensa escrita nacional y que es bueno repetirlas. La primera se refiere a la inequidad en el ingreso: “La región, aunque ha avanzado en las reformas económicas, no ha logrado distribuir la riqueza y mantiene una estratificación social, económica y racial heredada de la colonia y que ha beneficiado a las élites oligárquicas”; la segunda, al tema fiscal: “El problema de Latinoamérica es la incapacidad de poner impuestos a las élites”.

En realidad, Fukuyama no dijo algo nuevo; la UCA y otras instituciones del país han repetido esto desde hace décadas. Lo importante de sus declaraciones es que ponen en el centro de la discusión nacional el tema de la inequidad y en cierta medida legitiman la necesidad de profundizar la reforma fiscal iniciada este año por el Gobierno.

Las manifestaciones de la inequidad en El Salvador han producido emigración y pérdida de capital humano, violencia, desintegración familiar, delincuencia, inseguridad nacional, etc. Somos un país en crisis socioeconómica y política permanente; muy diferente al país próspero descrito hace más de un año por un economista, quien decía que, de seguirse con el sistema de libertades y sus logros macroeconómicos, en diez años El Salvador estaría al nivel de desarrollo que tenía España en aquel momento.

Con esta conferencia Fusades lanzó su departamento de estudios políticos. Y en el evento tuvo sentado al Coena en primera línea, quizás con la intención de cumplir con el dicho popular: “Que lo diga Pedro para que lo entienda Juan”. Efectivamente, Arena necesita airearse el pensamiento; sus viejos lastres no lo dejan avanzar. La renovación del partido pasa por cambiar su ideología anticomunista; cambiar o actualizar su propuesta de modelo económico; cambiar su estrategia electoral basada en el miedo; desmontar el aparato de desinformación mantenido con la ayuda de ex guerrilleros —muy buenos para crear historietas—. Arena puede empezar su cambio por cosas fáciles aunque dolorosas, como renunciar a su himno. Con solo eso estaría dando muestras de renovación.

La continuidad de Arena como partido depende indirectamente del comportamiento del Fmln. Mientras este último más insista en el socialismo del siglo XXI o en la incorporación al ALBA, más se fortalecerá Arena. En este sentido, lo más adecuado es que el Fmln se deje conducir por Funes, quien se identifica más con la persona común y corriente, y puede aportar la practicidad política que le falta a algunos miembros del Fmln, que siguen atrapados en sueños de revolución, de lucha antiimperialista, y en un socialismo que no han podido definir con claridad.

Ya la población está cansada de ideologías foráneas, y Funes, a su manera, le está devolviendo un poco de credibilidad a la “clase política”; credibilidad que el Frente debería capitalizar antes que caer en la trampa de la derecha de romper la relación Funes-Fmln. Así las cosas, los esfuerzos del FMLN deberían enfocarse en crear un modelo de desarrollo propio, que se concentre en pocas cosas pero que muestre resultados a corto plazo.

Dos ejemplos de conducción política podrían ayudar en ese sentido; el primero de ellos debido a Lula y el segundo, a Obama. El presidente Lula dijo en una entrevista a CNN que su período presidencial solo tenía cuatro años y que estos eran muy pocos como para perderlos en discusiones ideológicas de geopolítica cuando millones de brasileños viven aún en la pobreza. Por su parte, el presidente Obama dijo que uno de sus objetivos era impedir que las personas que trabajan a tiempo completo vivan en la pobreza.

Aquí hay dos ideas importantes: no caer en la trampa de los debates ideológicos etéreos y tratar de resolver el problema del empleo de manera urgente. Suficientes problemas tiene la población en su vida diaria como para seguir apostándole a una polarización ideológica que es conveniente para la derecha.

Cómo crear empleos es el rompecabezas de todas las economías del planeta impactadas por la actual crisis del sector financiero mundial. Para El Salvador, la falta de empleo ha sido uno de los desafíos permanentes y una de las causas principales del fenómeno de la migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos y otros países. El actual Gobierno habla de crear una “fábrica de empleos”; idea bien intencionada, pero que aún no conocemos en su totalidad. En todo caso, es necesario revisar lo que otros países piensan o han hecho al respecto de la generación de empleos.

China, con una población de alrededor de 1,300 millones, aceleró e incrementó el proceso de inversión extranjera en su país para generar empleo, de tal forma que ahora se ha convertido en el centro de la producción mundial, con impactos graves en su medio ambiente (impactos que aún no han sido dimensionados completamente). También aceleró la construcción de carreteras, edificios, aeropuertos, presas hidroeléctricas, etc., que son actividades intensas en generación de empleos. Hasta ahora, esta estrategia ha resultado exitosa y China se perfila como la primera potencia económica del planeta en las próximas décadas.

Japón siguió una estrategia similar desde hace varias décadas; sin embargo, ahora su economía está en peligro. Según lo detalla el artículo del The New York Times “Rising Debt a Threat to Japanese Economy” (20 de octubre), la deuda pública bruta japonesa ha crecido al doble de su economía de 5 trillones de dólares, y para pagar sólo los intereses de esta deuda Japón tuvo que dedicar un quinto del presupuesto de 2008. Esta experiencia, al trasladarla a nuestro país, significa que el desarrollo de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.) a través de deudas, si bien genera empleos, a la larga puede colapsar la economía si no se reactiva la producción nacional. Las megaobras (como el puerto de La Unión o el publicitado metrobus) crean una falsa percepción de desarrollo y muestran un “progreso” que al final de cuentas puede ser contraproducente.

En los Estados Unidos surgió la propuesta del tax credit para generar empleos (todavía en discusión). Este mecanismo aplica solo a nuevos empleos y consiste en que las empresas dejarían de pagar al Gobierno en el primer año un 15.3% del salario de un nuevo empleado; en el segundo año, sería el 10.2%; y en el tercer año regresaría a la normalidad. En esencia, se trata de un incentivo para que las empresas creen nuevos empleos vía reducción de impuestos. Obviamente, en la propuesta se fija un techo a los salarios que podrían aplicar al tax credit.

Otra de las ideas de los Estados Unidos surge de observar los siguientes datos: en el año 2000, 487,000 nuevas empresas crearon empleos para 3.1 millones de personas, pero estas mismas empresas, en 2005, dieron empleo a 2.4 millones de trabajadores. Entonces ¿cómo se crean empleos de manera sostenida? Simplemente, creando año con año nuevas empresas que compensen la pérdida natural de empleos que se da ya sea por el cierre de compañías o porque algunas de éstas se concentran en unidades de negocios que les son rentables.

La clave está en la creación sostenida de nuevos empleos. Entonces, lo que debe existir en el país son incentivos para la creación de nuevas empresas en sectores en donde el país tenga fortaleza (y no para el consumo, como ha sido hasta ahora). Un ejemplo de esta idea se observa en Alemania, en donde para desarrollar la industria de energía solar se crearon programas de subsidios para que los ciudadanos pudieran adquirir equipos que les permitiera generar electricidad (a partir de la energía solar) desde sus casas. Al hacerlo, no solo se benefició a los ciudadanos (que pagan menos en su factura de consumo eléctrico), sino que surgió toda una industria que ha generado miles de empleos. Aquí hay que apuntar que al reducir las familias su tarifa de consumo eléctrico, disponen de más dinero para consumo, lo que aumenta la actividad económica y genera más empleos. Ello a la vez le permite a Alemania captar más impuestos, que contribuyen a mantener el subsidio. De esta forma se crea un círculo virtuoso.

Otra idea para crear empleos se encuentra en la Política de Ciencia y Tecnología de Venezuela. En ésta se establece que un porcentaje de las ganancias de las empresas (antes de la aplicación de los impuestos) se invierta en la capacitación de sus empleados. Esto no solo vuelve a la empresa más competitiva sino que la vuelve más productiva y rentable, generando de manera indirecta más empleos.

En resumen, se proponen los siguientes mecanismos para generar empleos: (a) atraer más inversión extranjera y nacional sin descuidar la producción nacional; (b) crear incentivos y condiciones para la apertura de nuevas empresas (por ejemplo, con programas fuertes de emprendedurismo y propiciando una cultura de innovación en el país); (c) orientar los subsidios al desarrollo de empresas en sectores claves de la economía y no al consumo; (d) organizar la producción en cadenas productivas (algo que ya se hace en el sector agrícola, pero que se debe extender a otros sectores); (e) usar la capacitación de los empleados como estrategia para aumentar la productividad (lo que de manera indirecta generará más empleos); (f) pensar en producir para la región o, en otras palabras, incrementar los mercados de las empresas; y (g) identificar productos símbolos en municipios que puedan articularse en cadenas productivas para el desarrollo por regiones.

No hay fórmulas mágicas para desencadenar este proceso, pero, a la fecha, no existe una discusión seria en el país entorno a la generación de empleos. Si se le sigue apostando a las megaobras de infraestructura vía endeudamiento para generar empleos y a subsidios orientados al consumo, se seguirá perpetuando la pobreza y la migración. Mientras el problema de desempleo avanza, la fábrica de empleos sigue sin vida.

Los principales acuerdos del G-20 se describen con detalle en un artículo del periódico The New York Times publicado el 26 de septiembre: “Leaders of G-20 Vow to Reshape Global Economy”; y en la transcripción de la conferencia de prensa del Presidente de los Estados Unidos, “Obama´s News Conference at the G-20”.

En resumen, los principales puntos de acuerdo fueron los siguientes. (1) La discusión y análisis de la economía global, que se habían mantenido dentro del grupo reducido de países industrializados conocido como G-7, se abren ahora al G-20. (2) Reducir el inmenso desbalance entre países orientados por las exportaciones (China, Japón y Alemania) y países orientados al consumo, como EE. UU. (3) Cada país del G-20 estuvo de acuerdo en someter a revisión entre iguales (“peer review”) sus políticas económicas y a ser monitoreados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). (4) EE.UU. se comprometió a incrementar y acelerar sus ahorros, a reducir su déficit comercial y a trabajar en su enorme déficit fiscal; al mismo tiempo se espera que China, Japón y Alemania reduzcan sus exportaciones mediante el incremento de sus consumos e inversiones internas. (5) Subir los niveles de capital en los bancos e instituciones financieras para reducir el riesgo y mantener reservas para amortiguar pérdidas esperadas o inestabilidades provocadas por el mercado de créditos. Este punto generó desacuerdos: Japón argumentó que sus bancos son más conservadores que los de EE. UU.; y Francia y Alemania (que son los que trabajan sus bancos con menores reservas de capital) no quieren utilizar más efectivo como reserva dado que podrían usar ese dinero en desarrollar sus economías.

(6) Aunque todos los miembros del G-20 están de acuerdo en que el reparto de bonos o dividendos a los ejecutivos de los bancos tuvo que ver con el origen de la crisis, no aceptaron la propuesta de Francia de poner topes al reparto en función de las ganancias; EE.UU y Gran Bretaña estimaron que era muy complicado. El acuerdo logrado va más en el sentido de crear incentivos para que se eviten abusos. (7) Todos los países del G-20 se comprometieron a idear políticas que permitan, para finales de 2010, cerrar las instituciones financieras con problemas o que se considere que van a quebrar (“too big to fail”). (8) A China y a los países asiáticos se les asignará mayor voto y peso en el FMI y en el Banco Mundial. (9) En relación a los países en desarrollo, los miembros del G-20 se comprometieron a reducir sus barreras a las exportaciones de productos agrícolas para finales de 2010. Sin embargo, esto se pone en duda, ya que la administración del presidente Obama no muestra interés en establecer nuevos tratados de libre comercio (como sucedía en la época de Bush) y se prevé que implementará más medidas proteccionistas.

Aunque la receta producida por el G-20 es larga, conviene discutir algunos de los acuerdos y comentarlos en relación al contexto salvadoreño. En primer lugar, analizadas en su conjunto, las medidas se dirigen a sacar a flote la economía de EE. UU., el país con el consumo más elevado del planeta (por ejemplo, Europa toda consume sólo un poco más de lo que lo hace Estados Unidos). Segundo, queda en evidencia que una economía basada en servicios (como la estadounidense), reducida en su productividad y orientada al consumo es insostenible. Tercero, los países en desarrollo siguen sin esperanza; siguen siendo entendidos como exportadores agrícolas sin ninguna influencia en la economía global. Y, finalmente, el mensaje enviado por el G-20 es que las ganancias de los banqueros no se tocan.

Veamos ahora el contexto salvadoreño. El Salvador, en los últimos 20 años, ha seguido el modelo neoliberal dedicado a los servicios, a fomentar el consumo de manera desproporcionada, y cuya lógica es que China se dedica a producir y EE. UU., a vender. Este modelo fracasó por varias razones. Al renunciar Estados Unidos a la producción, era de esperarse que el desempleo se incrementara en algún momento. Y si el enfoque estaba en vender y consumir sin considerar el ahorro, las ganancias terminaban en pocas manos. Al haber escases de dinero, se abrió un mercado irracional de créditos (para mantener el ciclo vender-consumir) que fue aprovechado por estafadores financieros que finalmente quebraron la economía norteamericana y arrastraron al mundo a la crisis actual.

Los beneficiados de este consumo excesivo fueron los principales países exportadores hacia Estados Unidos, y que han sido los primeros en salir de la recesión (China y Alemania). Es obvio, entonces, que las medidas acordadas por el G-20 para romper el desbalance entre países exportadores y consumistas buscarán que Japón, Alemania y China desarrollen sus consumos internos y que las inversiones las realicen en sus propios países, mientras Estados Unidos reactiva su producción, incrementa sus ahorros y estabiliza su mercado financiero. ¿Cumplirán China y Alemania esta propuesta? Lo más seguro es que no.

La economía de El Salvador, al adoptar este modelo que privilegia la venta-consumo sin producción (obviamente, con las diferencias en escala), descuidó la producción en general y la agrícola en particular, que era la que producía la mayor cantidad de empleos en el país (lo que explica el incremento de la migración de salvadoreños en los últimos años). Además, nuestra economía se concentró en fomentar el consumo teniendo como base los más de 3 mil millones de dólares anuales provenientes de las remesas. Luego, se tomó la estrategia de convertir al país en un centro de logística, para así continuar en la lógica de vender-consumir y esperar que otros inviertan para generar empleo. Aunque las estafas financieras han sido pocas en número, la banca salvadoreña terminó en manos de bancos internacionales, los cuales, tras el anuncio de la crisis, aumentaron de manera irresponsable sus tasas de interés, lo que terminó de ahogar la economía familiar de los salvadoreños. Si las familias no tienen ahorros sino deudas, es difícil que inviertan en crear pequeñas empresas o se dediquen a la producción de algún producto.

Por otra parte, si no se tiene capacidad productiva, no hay capacidad exportadora. En nuestro caso, para desarrollar la segunda se recurrió al subsidio a las exportaciones, el cual no es sostenible y sólo ha beneficiado a un grupo pequeño de empresas. Al estar configurada la economía del país así, el sector empresarial está mayoritariamente orientado a comprar y vender, sin interés en invertir para producir. Esto explica que buena parte del gran capital salvadoreño se expanda a través de inversiones en hoteles y centros comerciales en Centroamérica. Algo que si bien incrementa las ganancias de la gran empresa, no le trae ningún beneficio al salvadoreño común.

¿Qué falló, entonces, en el modelo económico de los EE. UU. y de El Salvador? La respuesta es simple. Puestos a decidir quién generaba y obtenía más riqueza, los neoliberales apostaron por los vendedores antes que por los productores; y, por lo tanto, adoptaron la regla simple vender-consumir, dejando que otros asumieran el riesgo de producir. Las consecuencias de este modelo son la crisis financiera y la recesión económica. Ojalá los economistas y los tanques de pensamiento hayan aprendido la lección y ahora generen ideas que le den racionalidad al modelo o le den vuelta.

Sin duda, grandes desafíos para un nuevo Gobierno que carece de experiencia en el manejo de la administración pública, pero que ha conformado un gabinete adecuado. Todos estos temas requieren de un trato riguroso; aquí me voy a referir a tres estos problemas.

El subsidio al transporte público.

Los subsidios fueron manejados por los funcionarios de Arena con fines políticos y sin importar si existía dinero para darles sostenibilidad; siempre recurrieron a préstamos o a crear figuras financieras (fideicomisos) para salir con sus caprichos. El subsidio al transporte público es un claro ejemplo de esta mala política y un buen ejemplo para ilustrar que la privatización de los servicios públicos no es siempre la mejor opción, como han querido demostrar los neoliberales.

Al final, el FMLN logró reducir el monto del subsidio, mantener estable el pago de los usuarios de este transporte por 18 meses adicionales e incorporar a los transportistas en un sistema de caja única que ayudará a evitar la competencia desleal. Ahora, el Gobierno tiene 18 meses para preparar una solución definitiva al problema.

¿Era necesario prorrogar el subsidio? Pienso que no. Según los datos de la gremiales de este sector, en promedio, un bus consume 700 galones de diesel al mes, es decir, 23.33 galones al día; con esta cantidad de combustible, la unidad puede realizar al menos 5 viajes diarios en su ruta. Si suponemos —siendo conservadores— que en cada viaje el bus traslada a 100 pasajeros que pagan 20 centavos de dólar, el empresario obtiene un ingreso diario de 100 dólares diarios o 3,000 dólares al mes por cada bus que posee. Así, si gasta 1,820 dólares en combustible (a $2.60 el galón de diesel), paga 400 dólares al motorista y al cobrador, y dedica 200 dólares mensuales al mantenimiento del bus, le queda una ganancia de 580 dólares al mes por unidad. Ahora, si a ese cálculo le agregamos los 500 dólares del subsidio, el empresario obtiene una ganancia mensual de al menos 1,080 dólares por bus. Parece poco, pero cuando pensamos en empresarios que tienen más de 10 unidades, las cosas mejoran en términos financieros.

Ante el caos del sistema de transporte, surgen ideas atractivas pero probablemente inviables, como lo es la propuesta del metrobús del alcalde de San Salvador. El establecimiento de las rutas para el recorrido del metrobús requiere la ampliación de las calles; se calcula que no menos del 50% del ancho de las calles debe destinarse a las rutas. Esto implica que la circulación de vehículos normales se restringe, lo que ocasionaría grandes congestionamientos en la ciudad y, por ende, mayor consumo de combustible y mayor contaminación del aire.

También el sistema de metrobús es caro (especialmente, el pasaje), ya que el costo de mantener la flota de vehículos es alto y cada metrobús sólo puede transportar hasta 160 pasajeros, un número que podría llenarse únicamente en las horas pico. La experiencia de otros países indica que la inversión del reacomodo de las rutas les toca a los gobiernos (locales o nacionales) y que, finalmente, el manejo del sistema de transporte termina en manos de empresas transnacionales.

Además, el caos vehicular de San Salvador volvería lento al sistema de metrobús; lento por los cuellos de botella originados por accidentes de tránsito, manifestaciones, etc. La idea requiere de más estudio. Si el subsidio se hubiera eliminado, el Gobierno tendría la disponibilidad de fondos para analizar mejor esta idea. Por el momento, el sistema de transporte seguirá igual o peor, con un costo de más de 4 millones de dólares mensuales pagados con el impuesto de los 10 centavos de dólar por galón de combustible.

El puerto de La Unión.

Esta es una de las megaobras que mejor hubiese sido no realizarlas: ahora salta la liebre con la necesidad de tener que dragar anualmente el canal de acceso al puerto para que los buques tipo post-panamax puedan ingresar. El dragado representa un costo anual de entre 12 y 20 millones de dólares, según informaciones de La Prensa Gráfica.

Usualmente, los puertos compiten por sus precios para el manejo de carga. ¿Cómo podrá competir este puerto si a su costo normal de operación hay que agregarle el costo del dragado? La apuesta de esta obra era atraer los buques tipo post-panamax que pudieran manejar un número mayor de TEU. De hecho, la ampliación del canal de Panamá —ya en marcha—, a un costo de más de 6,000 millones de dólares, es precisamente por esta misma razón. A esto hay que agregar más dificultades: el flujo de comercio mundial ha disminuido; el buen funcionamiento del puerto de La Unión depende del canal bioceánico en Honduras, ahora detenido por el BID por la crisis del golpe; la carretera longitudinal del norte enfrenta problemas en su construcción; etc.

En esencia, el puerto tiene más interés y beneficios para Honduras que para nosotros, ya que Puerto Cortés incrementará su hinterland y su carga de manejo. Esto implica que cualquier estudio nuevo que se realice sobre el puerto de La Unión debe considerar los beneficios compartidos que se obtendrían con Puerto Cortés.

Solo para recordar la gravedad de esta inversión, realizada con préstamos a un banco japonés y al BCIE: al inicio, la obra costaría 130 millones dólares; finalmente costó 183 millones, y todavía hay que invertir en la grúas. Ahora hay que empezar a pagar los préstamos y los costos del dragado. Este es otro ejemplo de cómo los Gobiernos de Arena crearon falsas expectativas de desarrollo a costa de préstamos que terminarán pagando nuestros bisnietos.

La construcción de la presa El Chaparral.

Cuando existe una política energética y se trabaja en un entorno energético planificado (no dirigido por el mercado), la mejor estrategia es posponer las inversiones requeridas para la construcción de presas hidroeléctricas, es decir, se hacen esfuerzos en el ahorro y en la eficiencia energética. Este no es el caso del país en la actualidad.

Desde el punto de vista energético, no hay discusión: la presa debe construirse, sino tendremos al menos dos problemas en los próximos años: primero, el país no podrá hacer frente al crecimiento actual de la demanda de energía (estimada en un 6% anual), lo que implicará racionamiento de energía y recurrir a la instalación de plantas térmicas para suplir la demanda; y, segundo, y más complicado aún, continuará la dependencia ya alta del petróleo, cuyo precio seguirá en aumento hasta que la economía global se recupere.

Desde el punto de vista de los impactos sociales y ambientales, hay que arreglar lo que se puede a estas alturas del proyecto. Esto implica pagar mejores precios por las tierras a inundar (aun cuando ya se adquirió el 80% de éstas), crear un fondo para el manejo de la cuenca del río Lempa y, si fuese posible, convertir en accionistas de la presa a las familias de las tierras inundadas por un período de años a concertar.

Es aquí oportuno mencionar que el país requiere de una planificación territorial y que la Ley del Medio Ambiente establece a la cuenca hidrográfica como la unidad básica de dicha planificación. La cuenca del Lempa abarca la mitad del territorio nacional y es donde se concentra la mayor cantidad de presas hidroeléctricas del país, lo que implica que su manejo adecuado debe ser prioridad uno. También la cuenca del río de Sonsonate o Sensunapán, aunque no la mencionan los ambientalistas, debe ser prioridad uno, ya que en ella se encuentran 5 pequeñas centrales hidroeléctricas en operación, 1 en construcción y 3 en proyecto de construirse.

Como mencioné al inicio, cada uno de estos temas requiere de un estudio más amplio. Aquí se presentan algunos elementos que pueden ayudar a ampliar la discusión de estos de gran impacto en la vida del país.