Lo que parecía un invierno normal cambió radicalmente en octubre con la tormenta E-12, que si bien impactó directamente en Guatemala, permaneció sobre nuestro territorio del 11 al 19 de este mes, ocasionando 32 fallecidos, más de 50 mil evacuados, puentes colapsados, deslizamientos de tierra, ríos desbordados, inundaciones en el 85% (2,000 km²) de la costa del océano pacífico y un millón de personas afectadas. Para bien del país, la respuesta a la emergencia ha sido satisfactoria, por lo que las pérdidas humanas —no así el sufrimiento de los damnificados de siempre— fueron bajas. Se estima que cerca de 20 mil viviendas fueron anegadas por las inundaciones, lo que implica que igual número de familias tendrá dificultades para volver a la “normalidad”.

Una forma útil de mesurar la tormenta E-12 es acudir a los datos registrados en la estación meteorológica de la UCA. Al 19 de octubre, en la estación se registraba una lluvia acumulada mensual de 522 mm, una lluvia anual acumulada de 1,859 mm y 452 mm de la lluvia ocasionada por la tormenta E-12. Las características de este fenómeno meteorológico son similares a las de la tormenta Agatha, que en mayo de 2010, en 16 horas, registró una lluvia de 216.85 mm. Es importante recordar que en mayo y junio de 2010 el país fue impactado por las tormentas Agatha y Alex, respectivamente, que sumaron un acumulado de lluvias de 752 mm. En la figura se muestra el registro de lluvias del presente mes y las lluvias específicas registradas en los días 11, 12, 15 y 16 de octubre, que fueron los más severos durante la tormenta E-12.

La historia de desastres en el país es abundante. Antes del desastre ocasionado por el huracán Ida en noviembre de 2009 (principalmente en el valle del Jiboa, donde fallecieron 200 personas), el país fue impactado por una sequía que dejó pérdidas estimadas en casi 30 millones de dólares y activó la ayuda del Programa Mundial de Alimentos. Luego, en enero de 2010, entró un frente frío que ocasionó daños menores. En marzo y abril de ese año, se desató una epidemia de dengue clásico y hemorrágico que dejó más de 1,700 casos. A ese historial se sumó la tormenta E-12, cuyos daños económicos estarán arriba de los 500 millones de dólares. Es de recalcar que los desastres de origen hidrometeorológico y los debidos a la contaminación ambiental han sido los más graves en la última década. Por ejemplo, la epidemia de dengue de 2003 dejó un saldo de 315 fallecidos y más de 50,000 personas afectadas.

Las implicaciones económicas de los desastres en el país han sido analizadas con anterioridad por el PNUD. Así, ya en el año 2000 (y sin contabilizar los daños ocasionados por los terremotos de 2001), se estimaba que El Salvador tenía un promedio de $139 millones de pérdidas anuales por grandes desastres, lo que hace suponer que a la fecha esta cifra rondará los $200 millones. También para el año 2000 se estimaba que el índice de déficit por desastre (IDD) es de aproximadamente 3; es decir, de darse el mayor desastre en el país, este excedería en tres veces la capacidad económica del Gobierno para hacerle frente. Y por capacidad económica se entiende lo que el Gobierno podría conseguir en financiamiento a la hora de un desastre, a través de pagos de seguros, reservas de fondos disponibles para atender desastres, créditos externos e internos, entre otros. Sin duda, por el estado actual de las finanzas públicas del país, dados los limitados ingresos tributarios y el nivel de endeudamiento, el IDD es mucho mayor que el calculado en 2000.

Pese a las dificultades económicas y un nivel de endeudamiento que supera el 50% del PIB, el Gobierno logró en 2010 negociar un crédito de contingencia de $50 millones con el Banco Mundial para atender los desastres. Según informó el presidente Mauricio Funes recientemente, la mitad ($25 millones) de este dinero ya está disponible para iniciar la reconstrucción. A esto hay que agregar el limitado fondo de $4 millones (conocido como FOPROMID) que para atender desastres se establece anualmente en el Presupuesto del país. Dada la magnitud del desastre, se quedan muy cortos los recursos nacionales disponibles para hacerle frente. Por ello el Gobierno ha decretado estado de calamidad: le permitirá solicitar ayuda internacional.

En términos generales, el Ejecutivo ha realizado un trabajo acertado y ha cumplido con los compromisos internacionales adquiridos hace cinco años en el Marco de Acción de Hyogo, principalmente en lo que respecta a mejorar los sistemas de alerta temprana y la preparación y respuesta ante emergencias. Sin embargo, tiene problemas para abordar los factores subyacentes al riesgo: la planificación adecuada del desarrollo urbano y rural, la reducción de la vulnerabilidad de la población y la recuperación de ecosistemas en deterioro. En la gestión de riesgos de desastre, el Gobierno no solo actúa de manera lenta, sino sin visión de largo plazo. Muestra de ello es el atraso en la promulgación de leyes importantes tales como la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que entró en funcionamiento hasta 2005, y la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que si bien fue aprobada en julio de 2011, entrará en vigencia hasta el 30 de julio de 2012.

Uno de los retos fundamentales del país es qué hacer en los próximos años en el tema de gestión de riesgos de desastre. Para ello, el Gobierno dispone de al menos tres vías de acción: cumplir con las recomendaciones del Marco de Acción de Hyogo; cumplir las recomendaciones del Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo a desastre 2011, de Naciones Unidas (conocido como GAR); y darle vida a la recién aprobada (junio de 2010) Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres . Esta establece en detalle los siguientes ejes de trabajo: para el desarrollo económico sostenible, reducción del riesgo de desastres de la inversión; desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad; ambiente y cambio climático; gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza; y gestión de los desastres y recuperación. De igual forma, el GAR establece tres elementos claves: asumir la responsabilidad del riesgo; integrar la gestión del riesgo de desastre en los instrumentos y mecanismos de desarrollo existentes; y construir capacidades relativas a la gobernanza del riesgo. Sobre esto último, el GAR le sugiere a los Gobiernos que eleven a rango de ministerios a las instituciones a cargo de la gestión de riesgos de desastre, de tal forma que se asegure la coherencia y sostenibilidad de las políticas públicas en este tema a largo plazo. Al respecto, el Gobierno salvadoreño dio un pequeño avance en esta dirección con la creación de la Secretaría de Vulnerabilidad.

Como se puede apreciar, el qué hacer ya está bastante definido. Ahora es momento de definir cómo proceder, y esto requiere de un sistema político que —desde el compromiso con el bien común— llegue ágilmente a acuerdos fiscales que permitan aumentar el gasto social, y así hacer más resiliente a la población frente a los desastres.

Cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia, estas gremiales recibían $800 por bus y $400 por microbús; y en la primera negociación el subsidio se redujo a $500 y $250, respectivamente. Ahora estamos de cerca de llegar a las cantidades de partida, ya que recibirán $750 por bus y $375 por microbús. ¿Y qué reciben a cambio los usuarios del transporte público con esta negociación? Por de pronto, promesas por parte de los empresarios y la constitución de una agenda para seguir las negociaciones con el Gobierno en la que se tratarán el combate a la competencia ilegal, la tarjeta prepago, la renovación de la flota y la fijación de una nueva banda de precios. En otras palabras, continuará el mal servicio de transporte público para la población a cambio de aumentar las ganancias de los empresarios de este sector.

En otros países, en la base de los subsidios hay una estrategia de desarrollo económico para la industria que se desea impulsar; una estrategia que a mediano plazo vuelve innecesarios los subsidios o los modifica. Por ejemplo, en un país europeo se subsidia la instalación de generadores fotovoltaicos en las viviendas para que inyecten energía a la red de distribución de energía. Con esto, las familias disminuyen su consumo de energía por fuentes convencionales y, además, reducen su pago mensual por consumo de electricidad. Más aún, la necesidad de instalación de generadores fotovoltaicos desarrolla toda una cadena de industrias que se dedican, por ejemplo, a fabricar los componentes, instalar y dar mantenimiento a los sistemas, y exportar las innovaciones tecnológicas producidas en el proceso. Todo esto dinamiza la economía en diversos sectores, ya que se genera una cadena de negocios que permite obtener más recursos por la vía de la recaudación de impuestos.

En nuestro país, nada de lo anterior sucede. El subsidio al transporte debería de manejarse —siguiendo el ejemplo del país europeo— como un bono dedicado en exclusiva para la mejora del servicio que se brinda a los usuarios. Es decir, el dinero siempre se le otorgaría a los empresarios, pero únicamente para el reemplazo de sus unidades o para mantenerlas en óptimas condiciones. De esta forma, se dinamizaría a empresas dedicados al mantenimiento y reparación de buses; surgirían otras de repuestos; y, quizá, incluso se crearían compañías ensambladoras de buses y microbuses. Esta estrategia aseguraría que el subsidio se dedique a su fin último: garantizar un servicio de calidad a los usuarios. Por ahora, el dinero de los subsidios va a las cuentas personales de los empresarios, quienes lo gastan sin ninguna orientación de desarrollo económico para el país.

Las injusticias cometidas contra los maestros vienen de décadas. En los años setenta, los maestros ganaban 250 colones al mes y sufrían retrasos en sus pagos por varios meses, lo que les obligaba a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas. ANDES 21 de Junio recogió y canalizó esas injusticias para fortalecer su asociación y exigir, a través de huelgas, mejores condiciones sociales y económicas para los maestros. Esas justas demandas fueron reprimidas en los ochenta con torturas, asesinatos y destierros. A esto hay que agregar la eliminación de las escuelas normales, cuyas instalaciones fueron convertidas en cuarteles militares (como lo fue la residencia del batallón contrainsurgente Atlacatl).

De manera errónea, los gobiernos de esa época trasladaron la responsabilidad de formar maestros a los centros de educación superior —que no eran especialistas en el tema—, lo que inició un deterioro acelerado en la calidad del proceso —y representó un negocio próspero para las universidades de garaje—. Y así llegamos a las últimas dos décadas, en las cuales se habló de reforma educativa y de “mejora de la calidad”, y se creó un falso optimismo mediático sobre las bondades de los cambios en la educación; un optimismo que cubrió, ocultó y profundizó las demandas sociales de los maestros. Décadas en las que incluso se crearon nuevos mecanismos de explotación a los profesores, como el programa Educo, en donde los formadores hacían de todo (educar, cocinar, administrar, etc.) sin seguridad laboral. En ese contexto, muy poco se reconoció el aporte de los maestros, quienes, por ejemplo, ampliaron la cobertura educativa aceptando trasladarse hacia lugares del país de muy difícil acceso.

Ahora, el Vicepresidente, Ministro ad honorem del Mined y también maestro se encuentra en una mesa de negociación para resolver el tema de salarios y otras demandas sociales de su gremio. Pero a diferencia de los años setenta, Sánchez Cerén no solo tiene que negociar con ANDES 21 de Junio, sino con el Comité Pro Retiro Digno, el Sindicato de Maestros de Educo, Bases Magisteriales, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación de El Salvador, y el Consejo de Directores de Institutos Nacionales de El Salvador. Más de cuatro décadas de injusticias contra los maestros se cristalizan ahora en un grupo de sindicatos y asociaciones que dificulta alcanzar acuerdos por la diversidad de intereses presentes en la mesa de negociación.

En este punto es oportuno mencionar que hasta junio de 2009 estaba prohibida la existencia de sindicatos en el sector público de país; fue hasta julio de ese año que, por presiones de la OIT, se avaló la creación del primer sindicato en el sector público: el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hasta la fecha, los sindicatos han proliferado en el sector público. Y como era de esperarse en un país que tiene los índices más altos de polarización política izquierda-derecha en Latinoamérica, la lucha política-partidaria se ha trasladado a las organizaciones sindicales.

La mesa de negociación en el Mined está instalada; solo queda esperar sus resultados. Ojalá que el Vicepresidente sea sensible a la injusticia de la que han sido víctimas los maestros por tanto tiempo; en contraparte, de los sindicatos y las asociaciones de maestros se espera que dejen de lado sus afiliaciones o simpatías partidarias y busquen acuerdos para mejorar las precarias condiciones del gremio. Ojalá no suceda como en la alcaldía de San Salvador, en la que la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales apoya plenamente la reelección de Norman Quijano para el año 2012 y, por su parte, el alcalde busca impulsar becas estudiantiles para los hijos del sindicato con destacado rendimiento académico.

Hasta antes de la sentencia de la Sala, el mecanismo de elección era a través de listas cerradas y bloqueadas, por el cual el elector marcaba la bandera del partido sin conocer la lista y el orden de los diputados por los que estaba decidiendo. Con el mecanismo de listas abiertas y desbloqueadas (el caso ideal), los electores podrían seleccionar a los diputados directamente —incluso de diferentes partidos—. Actualmente, los partidos están por proponer listas abiertas y bloqueadas, es decir, solo se podrá elegir diputados dentro de una lista cerrada propuesta por un partido político. Con este mecanismo y con algunos acuerdos —aún desconocidos— entre los partidos, se privilegiará el orden de los candidatos en las listas, regresando así al mecanismo de elección utilizado en elecciones pasadas.

Por otra parte, Funes decidió sancionar la propuesta de las candidaturas no partidarias formulada por Arena y el FMLN; una propuesta que prácticamente imposibilita nuevas formas de participación política. Esto ya lo había anunciado el Presidente en agosto de 2010, cuando mencionó que con la sentencia de la Corte se abría la posibilidad de que el narcotráfico penetrara el sistema político, como que ello no hubiese estado siempre presente al no existir una ley de partidos que haga transparente la financiación de los mismos.

En el caso del sistema económico, Funes no ha intentado hacer cambios en el modelo económico neoliberal del país; se ha conformado con un tímido ajuste fiscal, algunas focalizaciones a los subsidios, la eliminación del drawback a las exportaciones y el anuncio de potenciar asociaciones empresariales público-privadas, entre otros. Por su parte, el FMLN sigue hablando de que es necesario crear un modelo alternativo —cierta especie de “socialismo”— que no elimina a la empresa privada, que se ajusta a la Constitución de la República y que el “pueblo” definirá en algún momento (según calendario griego, quizá).

En resumen, lo que propone el Secretario General del FMLN, en una entrevista reciente a un medio impreso, es una mezcla de todo, totalmente ambigua y dirigida a todo público, muy al estilo de los partidos tradicionales que buscan los votos de los electores para seguir en sus cargos, y por ende, en el poder. A juzgar por las declaraciones de su Secretario General, el Frente no tiene idea clara sobre un modelo económico alternativo para el país.

Así las cosas, el presidente Funes no intentará cambiar al sistema político. Lo más seguro es que la propuesta que preparan los partidos para la elección de los diputados sea aprobada sin observaciones por el mandatario. Si esto se da, las posibilidades de transformaciones y avances en la democracia se cierran para este período presidencial, con lo que se acaba la esperanza y muere el cambio.

Si el Gobierno decide en octubre subsidiar únicamente a los consumidores abajo de 100 Kwh —como ha sido la norma—, es inminente el aumento para el resto y, en una situación económica complicada como la actual, esta medida tendría un impacto político y económico adverso. Por otra parte, hasta ahora no se conoce el documento de política energética que ha estado trabajando el Consejo Nacional de Energía, pero se espera que este organismo haya revisado el mercado eléctrico y su impacto en las tarifas de la energía, que es al final de cuentas lo que mantiene complicado al Gobierno en este sector. También, y no menos importante, se espera que en la política energética se hayan incluido incentivos al ahorro y a la eficiencia energética de viviendas y empresas.

Por nuestra condición de país importador de petróleo, no nos queda otra alternativa que aumentar la generación hidroeléctrica, la geotérmica y la proveniente de fuentes alternativas de energía (por ejemplo, la solar y eólica), y entrar en un programa serio de ahorro y eficiencia energéticos. Por ejemplo, una buena estrategia al respecto sería subsidiar el reemplazo de las bombillas ineficientes en los hogares. El hecho de que no se haya privatizado la generación de energía de CEL —como era el plan de Arena y sus empresarios cercanos— posibilita que la situación de los subsidios no sea tan complicada en el sector energético, ya que gran parte de ellos se cubren con los ingresos de la CEL. O al menos el Gobierno dispone de recursos de la CEL para hacer inversiones en este sector clave para la economía.

En esencia, el Gobierno tiene problemas financieros para afrontar los subsidios porque sus ingresos provienen de pocas fuentes: la recolección de impuestos que pagan la población y las empresas, lo que recibe el país en concepto de remesas y lo préstamos con bancos internacionales (BID, Banco Mundial y otros). Dado que las principales empresas estatales fueron privatizadas por Arena —con lo que el Estado dejó de percibir importantes ingresos—, el actual Gobierno tiene complicadas sus finanzas. Ante ello, la solución más inmediata es recurrir a un nuevo pacto fiscal.

Para llegar a dicho pacto, el Gobierno tendrá que negociar con algunos grupos empresariales hostiles, cuyos líderes han declarado que el país no tiene rumbo, que no hay confianza, que hay que mantenerse vigilantes, que el país es casa en llamas, que no ven la fábrica de empleos, entre otras. Grupos empresariales que no trabajan en función del país, sino en base a sus propios intereses y agendas políticas. Grupos que viven de recoger, por la vía del consumo, los más de 3 mil millones provenientes de las remesas y de la inversión pública que realiza el Gobierno. Grupos que hacen muy pocos esfuerzos por reinvertir sus ganancias para el desarrollo del país y que a la vez presionan por despojar al Gobierno de los pocos activos que le generan ingresos (puertos y aeropuertos, por ejemplo) y pujan por el incremento de la inversión pública. Este comportamiento de buena parte del sector empresarial no es nuevo —aunque sí sus justificaciones—: durante décadas, El Salvador ha tenido menos inversión privada y extranjera directa que el resto de países de Centroamérica, así como uno de los crecimientos económicos más bajos de la región.

Dado que el sector empresarial difícilmente cambiará de actitud en los próximos años, el Gobierno debe ser más creativo y abrirse a la posibilidad de captar ingresos más allá del pacto fiscal. Esto implica, por ejemplo, fortalecer al Estado a través de la creación, a corto y mediano plazo, de empresas públicas o mixtas en áreas claves de la economía. Una de ellas podría iniciarse a través de la participación directa del gobierno central en Alba Petróleos, hasta ahora una iniciativa de un conglomerado de municipalidades del FMLN. Otras empresas podrían crearse en el sector agrícola, un sector de mucho riesgo y en el que pocos empresarios están dispuestos a invertir. En lugar de subsidiar paquetes agrícolas a campesinos dispersos, debería promoverse la creación de cooperativas agrícolas campesinas en conjunto con el Estado. Esto no sólo daría robustez y estabilidad al sector agrícola, sino que haría que en el país se avanzara hacia la seguridad alimentaria de la población y la conformación de una clase empresarial más solidaria.

Finalmente, en lo que respecta a los subsidios al gas propano y al transporte, el panorama es brumoso. En el caso del primero, aún no es claro si el mecanismo de subsidio cambiará este año. En todo caso, se espera que la focalización ahorre al país 70 millones de dólares anuales. Según publicaciones periodísticas, el subsidio se aplicaría a través de la facturación eléctrica de hogares con consumo menor a 100 Kwh. En el caso de las familias que no están conectados a la red eléctrica (unas 50 mil), sería el Fisdl el encargado de aplicar la medida.

En el caso del subsidio al transporte, a un año de haberse establecido el monto de 500 dólares por unidad al mes, no hay propuestas novedosas sobre la cuestión por parte del Viceministerio. Esto hace suponer que en diciembre se prorrogará este subsidio de manera automática por un período de meses aún indeterminado. Es decir, el problema del transporte público seguirá extendiéndose y profundizándose. Quizás sea hora ya de considerar como solución la constitución de empresas mixtas (Estado + capital privado) que brinden el servicio con la calidad, eficiencia y seguridad que reclaman los salvadoreños.

Después de un año de gestión del Presidente Mauricio Funes se presenta al país el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 que contiene la visión, las apuestas, las prioridades y las metas del Gobierno para dicho periodo. Además, como algo novedoso, se incluye en dicho Plan las políticas públicas estratégicas y la cuantificación e identificación de los programas y proyectos que se realizaran para lograr los objetivos y metas trazadas, así como un apartado especial para el sistema de seguimiento y evaluación del Plan. Según palabras del Presidente Funes, el Plan “es una herramienta para edificar el cambio y una pieza clave para generar confianza y seguridad… la planificación busca garantizar la equidad y la universalidad de las políticas ambos pilares básicos de la democracia…  concibo este Plan como una herramienta más para construir la unidad nacional”. Por su parte, Alex Segovia –secretario técnico de la presidencia- establece que el Plan “rescata y reivindica la planificación estratégica como un instrumento central para la búsqueda del desarrollo y como una herramienta de enorme utilidad para construir políticas públicas del estado” y, luego expresa que “uno de los principales legados que espera dejarle al país la presente administración pública es el desmantelamiento del sistema de privilegios conformado históricamente a partir del control del aparato gubernamental”. Se presentan estos comentarios por dos razones: la primera para dejar claro que no existen planes neutrales sino que tras de ellos existe una base política e ideológica que los sustenta y, segundo, que desde los enfoques teóricos de la Ciencia Política, pareciera que el actual Gobierno cambia de un enfoque centrado en la sociedad a un enfoque centrado en el estado.

De acuerdo a Roth (2006), en las teorías centradas en la sociedad, es el estado junto a individuos y grupos de interés quienes determinan y deciden las políticas públicas a desarrollar por las instituciones del estado, que en el caso del pasado gobierno de Arena -de tipo neoliberal- pareciera que la corriente del public choice tuvo gran influencia. Según Roth (2006:29) “esta corriente se dedicará a mostrar que las burocracias públicas y los mecanismos de representación política son los responsables del crecimiento de los presupuestos públicos y que la solución consiste en volver al estado mínimo”. Los procesos de privatización emprendidos por Arena en los pasados 20 años, que seguían las recomendaciones del  Consenso de Washington, reafirman este proceso de minimización del estado, ejemplo de ello fue la eliminación del Ministerio de Planificación (MIPLAN) en las primeras administraciones  del partido Arena. Por el contrario, en el apartado [49] del Plan se establece que “En esta visión estratégica el Estado tiene un rol fundamental que desempeñar, como elemento cohesionador de la sociedad, como promotor del desarrollo integral y como defensor y dinamizador de la democracia. Por estas razones, en el Plan Quinquenal de Desarrollo al Estado se le asigna un papel central, compatible con las atribuciones determinadas por la Constitución de la república”. De acuerdo a Roth, en las teorías centradas en el Estado, “El Estado funciona como un selector de las demandas y un proveedor de servicios… Son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de políticas públicas”. Los enfoques decisionistas entran dentro de esta teoría y de hecho algo de esto se comprueba en el apartado [229] que tiene que ver con la inversión pública en programas y proyectos prioritarios en el que se establece que “… se procedió a realizar un ejercicio de priorización, en el que participó de forma directa el presidente Mauricio Funes, quien tomó la decisión final sobre cuáles serían los programas y proyectos que se incluirían en el presente Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Los enfoques modernos de gestión pública indican que la primera condición de efectividad en la implementación de un plan o política pública es que exista una teoría solida, que de acuerdo a Roth (2006: 115) se define como “…disponer de una teoría sólida, significa que es preciso tener una teoría del cambio social que establezca con firmeza la causalidad entre el instrumento utilizado y los efectos deseados. Toda política pública [o plan] está sustentada en una hipótesis teórica de cambio social construida generalmente bajo la forma de si tal cosa, entonces ocurrirá esto”. Este enfoque teórico de causalidad se utiliza en el Plan para definir la visión estratégica a mediano y largo plazo que se establece en el apartado [47]: “La visión estratégica del Plan Quinquenal de Desarrollo descansa en la premisa siguiente: sin la construcción de un nuevo modelo económico y social y sin el funcionamiento pleno de la democracia es imposible avanzar hacia una sociedad próspera, libre, pacífica, justa y solidaria. Por ello este plan está estructurado alrededor de dos objetivos estratégicos: a) sentar las bases para instaurar un nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo integral, que sea a la vez sustentable e inclusivo y b) profundizar y consolidar la democracia. Desde esta perspectiva, el aporte histórico que legará al país el Gobierno encabezado por el presidente Mauricio Funes es de carácter fundacional”.

La estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo se muestra en la figura 1 y sus componentes se describen en detalle en el apartado [7] del documento del Plan. Algo importante de destacar aquí es que el Gobierno acepta de manera completa la definición de las áreas prioritarias del quinquenio formuladas por el Consejo Económico y Social (ver Tabla 1 en anexo) y el Plan asume en su apartado [52] los instrumentos de intervención del Estado que se citan con frecuencia en los textos de políticas públicas, por ejemplo los citados por Roth (2006:44-46): instrumentos prescriptivos, instrumentos incentivos, instrumentos de organización y procedimiento, instrumentos materiales e instrumentos de delegación a socios. Estos instrumentos se recogen en el Plan en el apartado [52] de la siguiente manera: “Para incidir de forma positiva en las áreas prioritarias se ha concebido una novedosa estrategia de intervención integral que considera tanto la creación de una nueva institucionalidad para promover el desarrollo como el rediseño y la modernización de la ya existente. Además incluye el despliegue de nuevos instrumentos e incentivos económicos y la ejecución de políticas públicas estratégicas de carácter macroeconómico y de naturaleza sectorial. La acción conjunta de estos instrumentos permitirá intervenir de manera simultánea en dos o más áreas prioritarias, lo que será factor clave para conseguir los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Para la elaboración del Plan, la secretaría técnica de la presidencia tuvo el apoyo del Consejo Económico Social que aglutina el grupo de actores claves de este Plan al menos en la elaboración de las propuestas estratégicas, dejando a la burocracia del Estado la definición de los programas y proyectos a ejecutar. Este consejo está integrado por 24 representantes de las cámaras empresariales y 24 delegados del movimiento social. Éstos a su vez son asesorados por 10 representantes de la academia y son coordinados por el secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia. En el apartado [123] se hace referencia a los actores claves del Plan: “Con el propósito de garantizar la continuidad y la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas y sectoriales estratégicas, el gobierno de la república pretende que estas se conviertan en políticas de estado, es decir, que cuenten con el apoyo de los principales actores económicos, sociales y políticos. Por esta razón en los próximos meses se harán consultas en el seno del Consejo Económico y Social y de otros espacios de diálogo sectoriales sobre estas políticas, de tal manera que su alcance, contenido y estrategia de ejecución sean el resultado de acuerdos amplios”. Sin embargo, a la hora de definir los programas y proyectos (toma de decisión, de acuerdo al ciclo de políticas de Jones) a realizar en el quinquenio fue la burocracia estatal la que tomó el rol clave en este proceso, tal como se detalla en el apartado [229] del Plan: “Uno de los ejercicios más complejos y meticulosos que se realizaron durante el proceso de elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo fue la identificación de todos los programas y proyectos relacionados directamente con las apuestas estratégicas, las áreas prioritarias, los objetivos y las metas del plan. Tal proceso supuso, por una parte, la revisión de cada uno de los proyectos que las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo habían presentado al Ministerio de Hacienda para su consideración en el presupuesto nacional”. Así las cosas, los lineamientos estratégicos se consultan y discuten con el Consejo Económico y Social y las acciones concretas (programas y proyectos) se discuten en la burocracia estatal. Para legitimar este proceso y para hacerlos vinculantes en el apartado [234] se expresa: “Es importante subrayar que los programas y proyectos prioritarios están estrechamente vinculados con las apuestas estratégicas de largo plazo, las prioridades del quinquenio y especialmente con los instrumentos que se han diseñado para alcanzar los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Dos elementos claves y novedosos de este Plan es que por primera vez, en la historia reciente del país, se definen claramente los programas y proyectos que serán financiados en el quinquenio (que tienen que ver con la fase de implementación del ciclo de Jones) y se define el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del Plan (que se ubica en la fase de evaluación del ciclo de políticas de Jones). En cuanto al financiamiento, según se presenta en el apartado [231]: “los programas y proyectos prioritarios del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 se han agrupado en cinco grandes áreas estratégicas, a saber: a) equidad, inclusión social y reducción de la pobreza; b) reactivación económica; c) desarrollo sostenible; d) seguridad ciudadana y e) dimensiones especiales del desarrollo. El costo total de los programas y proyectos asciende a 4864 millones de dólares, de los que el 44%, es decir, 2100 millones de dólares, corresponden al área de equidad, inclusión social y pobreza, que constituye la primera prioridad del gobierno de la república”. El Plan detalla cada programa y sus proyectos con los montos a invertir, de igual manera se indican los fondos disponibles y la brecha de fondos para los cuales hay que hacer las gestiones de búsqueda de financiamiento. En el apartado [230] se indican las ventajas que tiene para la ejecución del Plan llegar a ese nivel de detalle de los programas y proyectos: “a) permite concretarlo y darle viabilidad puesto que las políticas, los programas y los proyectos que lo conforman tienen un respaldo financiero y por tanto existe la certeza de que tales actividades se realizarán; b) garantiza el conocimiento de la magnitud de la brecha de financiamiento en aquellos casos en los que exista y esto permite planificar la identificación y gestión de recursos para financiarla; c) asegura la consistencia con el escenario macroeconómico definido por el Gobierno y el marco fiscal de mediano plazo acordado con el Fondo Monetario Internacional; d) identifica los programas y proyectos prioritarios y los vincula a la planificación financiera y temporal de su ejecución, con lo que dota al gobierno de la república y a los distintos sectores que componen la sociedad salvadoreña de un poderoso instrumento de seguimiento, evaluación y de rendición de cuentas”.

Figura 1. Estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 (Fuente: elaboración propia).

El segundo elemento novedoso lo constituye el sistema de evaluación que se define en el Plan. En el apartado [235] se define lo que se pretende al implementar el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del plan “Dicho sistema parte de las siguientes premisas básicas: a) que la coordinación interinstitucional es una condición indispensable para implementar de manera eficiente el Plan Quinquenal de Desarrollo; b) que la participación ciudadana es fundamental en todas las fases del proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas y c) que la rendición de cuentas del Gobierno es un aspecto fundamental de la gestión pública”. Y con la idea de transparencia y de rendición de cuentas el Plan asigna al Consejo Económico y Social un rol activo en el proceso de evaluación que se presenta en el apartado [237] de la siguiente manera: “Con el propósito de garantizar transparencia y de impulsar el proceso de rendición de cuentas, el gobierno nacional solicitará al Consejo Económico y Social que efectúe también su propio seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo, de forma que pueda informar al país y formular recomendaciones que aseguren su efectiva implementación. El Gobierno proporcionará la información que el Consejo Económico y Social requiera para cumplir esta tarea”. Ahora considerando los tipos de evaluación teóricos propuestos por Roth (2006: 142-150), se deja al Consejo Económico Social la evaluación de tipo concomitante continua que consiste en acompañar la puesta en marcha del Plan y su objetivo principal, en palabras de Roth, consiste en “controlar el buen desarrollo de los procedimientos previstos y, por otra, permitir la detección de problemas para poder realizar los ajustes necesarios a tiempo. Se trata de realizar un seguimiento o monitoreo a las actividades de implementación de un programa –insumos, cronograma, realizaciones, resultados, etc-”. La evaluación ex – ante llamada también a priori, de factibilidad o prospectiva fue realizada por la burocracia estatal y un grupo de expertos. Quedando pendiente la evaluación ex – post que se realizaría al final del quinquenio.

A manera de conclusión se puede determinar que el ejercicio de planificación realizado por el Gobierno es novedoso y de calidad. Se han considerado los fundamentos de las ciencias económicas y políticas adecuados. Es un documento sencillo, organizado por apartados numerados lo que facilita su estudio y los procesos de seguimiento y control que puede realizar cualquier ciudadano del país.

Bibliografía

Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. San Salvador: Gobierno de El Salvador, 2010.

Roth Deubel, André-Noel. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora, 2006.

Sidney, Mara. “Policy Formulation: Design and Tools”. En Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, ed. Frank Fisher, Gerald Miller y Mara Sidney, 79-87. New York: CRC Press, 2007.

Anexo

Tabla 1. Principales apuestas del Plan Quinquenal de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia en base a información del Plan Quinquenal de Desarrollo.

Publicado el 6 de julio de 2010 en la UCA:

La estación lluviosa del país ha iniciado de manera inusual y causando dos desastres en los meses de mayo y junio: el primero debido a la tormenta Agatha (originada en el Pacífico) y el segundo, a una tormenta asociada al huracán Alex (originado en el Atlántico). En la estación meteorológica de la UCA se registran a la fecha 853.7 mm, de los cuales 751.66 mm corresponden a los meses mencionados. Estos datos permiten estimar que durante el año se superará el promedio anual de lluvias de 1,800 mm, ya que en poco más de setenta días ha llovido el 47.43% de lo esperado en todo el año, y faltan las lluvias de los meses de julio y septiembre, que históricamente han sido las más intensas en una estación lluviosa normal.

Desde el año anterior, el clima ha estado dando sorpresas. La tormenta asociada al huracán Ida se originó en el océano Pacífico y produjo un evento extremo de lluvias concentrado en el volcán de San Vicente (450 mm en tres días de lluvia, de los cuales 355 mm ocurrieron en 5 horas) que causó 199 fallecidos, 76 desaparecidos y pérdidas materiales estimadas en 314.8 millones de dólares. Normalmente, al inicio de la estación lluviosa se originan tormentas y huracanes del Pacífico, los cuales casi siempre ocurren en la costa de México; sin embargo, este año la tormenta Agatha ingresó directamente en Guatemala, afectando indirectamente a El Salvador. La temporada de huracanes del Atlántico inicia en septiembre y termina en noviembre, pero este año apareció Alex en junio, que originó una tormenta desde el Pacífico que provocó el segundo desastre hidrometeorológico en el país en lo que va del año. Este último fenómeno es similar al ocasionado por Ida en 2009.

A partir de los datos de la estación meteorológica de la UCA (ver tabla), se observa que los eventos extremos de corta duración son los que más daños están ocasionando al país. Este tipo de eventos no solo son difíciles de predecir, sino que requieren de tiempos rápidos de respuesta del sistema de protección civil, algo que solo es posible lograrlo con mucha coordinación y preparación ante desastres en toda la jerarquía del sistema. En este sentido, ha sido acertada la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de adquirir radares meteorológicos que permitan monitorear y predecir eventos extremos; algo que ayudará a caracterizar de mejor manera la amenaza. Sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo pasa por la reducción de la vulnerabilidad física y socioeconómica, de forma que aumente la resiliencia de la población y del país. Esto es difícil de lograr a corto y mediano plazo, porque obviamente implica cambiar el modelo de desarrollo económico.

Al realizar un análisis del comportamiento del país ante eventos extremos (como el ocurrido en la Málaga y las tormentas Ida y Alex), se ve claramente que la fragilidad ambiental es alta debido a que no ha existido una planificación territorial basada en el manejo de cuencas hidrográficas. Y ello pese a que está establecido en la Ley de Medio Ambiente, artículo 14: “Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: […] (b)Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales, y en especial la vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad base para la planeación del territorio”. Tal como queda en evidencia con cada tormenta que ocurre en el país, en las cuencas los niveles de infiltración de agua son mínimos debido a la alta deforestación y a los cambios en el uso del suelo, de tal forma que en poco tiempo la red de drenaje natural y artificial (en el caso de las ciudades) recoge enormes cantidades de agua que hacen colapsar puentes, muros y viviendas. Además, dado que gran parte de la población vive en las riberas de ríos y quebradas, en pocas horas se necesita evacuar y albergar a miles de personas.

Recientemente, el Banco Mundial, la Cepal y otros organismos nacionales e internacionales, a solicitud del Gobierno salvadoreño, presentaron el estudio “El Salvador: Damage, Loss, and Needs assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the los pressure system associated with tropical storm Ida”. En éste se propone al país la creación de un marco estratégico para el manejo del riesgo compuesto de 5 pilares: identificación y manejo del riesgo; mitigación; fortalecimiento de la preparación ante emergencias; fortalecimiento institucional; y financiamiento. Implementar este marco le costaría al país 34.4 millones de dólares entre 2009 y 2018. Por otra parte, sólo para la recuperación, reconstrucción y reducción de riesgos debido a Ida el país requiere de 343.97 millones de dólares. En el documento se establece que la máxima pérdida probable en el país debido a eventos catastróficos para un período de retorno de 50 años es de 1.771 billones de dólares, y se estima que desde 1972 el país ha sufrido un aproximado de 6,500 muertes por desastres y pérdidas económicas que superan los 16 billones de dólares. De estas cifras, los desastres de naturaleza climática han producido el 62% de las muertes y entre el 87% y 95% de los impactos económicos reportados.

Así las cosas, la gestión de riesgos de desastres debe convertirse en una política pública del país; de lo contrario, El Salvador será inviable en el corto plazo. En los foros internacionales sobre riesgos, y a raíz de los terremotos en Haití y Chile, se ha cuestionado la definición de desarrollo sostenible adoptada por los países en la Declaración de Río de 1992, que lo entiende como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Ahora se propone que un país será sostenible, además, en la medida en que pueda enfrentar los eventos máximos o catastróficos.Esta reformulación un tanto pesimista está cobrando fuerza dado los efectos impredecibles del cambio climático en los próximos años. Enorme tarea, pues, la que tiene el país en este tema; tarea que requiere de grandes cantidades de recursos económicos que no tenemos disponibles.

Sobre el comportamiento político es difícil opinar porque se desconoce las entrañas de cada partido político y, además,  se analiza muchas veces sobre lo que los medios de comunicación masivos trasladan a la  sociedad y, al ser estos últimos actores interesados sobre el quehacer político, la información que nos llega es sesgada hacia la derecha.  A pesar de estos inconvenientes, es evidente que el presidente Funes ha mantenido con la asamblea legislativa un juego de ping-pong –en los temas de leyes y decretos- en donde se percibe una falta de comunicación del presidente con el partido que lo llevó al poder (el Fmln), vacío que los partidos de derecha aprovechan a lo grande.

Con el decreto de eliminación de la cuota fija a la telefonía aprobada por la asamblea legislativa, el presidente Funes tuvo una gran oportunidad para negociar con las empresas telefónicas una reducción significativa pero, en lugar de hacerlo, trasladó de nuevo la pelota a la asamblea legislativa y de esta manera se logró una pequeña reducción de un poco más de dos dólares. Al final de cuentas tanto desgaste político entre el presidente y el Fmln para obtener prácticamente nada en beneficio de  las familias del país. En este caso, Funes estuvo en una posición de mucha ventaja (ya se había eliminado la cuota fija) para negociar pero no la aprovechó y se desgastó.

En el caso del RNPN recibió la pelota de parte de la Asamblea en la que se otorgaba poder al Fmln, al menos en proponer al Presidente quiénes podrían dirigir esta institución clave para el sistema electoral y, Funes remata de nuevo la pelota, de tal forma que ahora tiene en sus manos una nueva propuesta de la asamblea que beneficia más a la derecha que a la izquierda. Nuevamente un desgaste político con el Fmln en el que pierden los dos.

Está pasando algo curioso en el acontecer político, para que Arena se desgranara no hubo necesidad de que el frente moviera un dedo y, ahora, que la relación Funes-Fmln se deteriora a pasos grandes no ha sido necesario que  Arena ponga un granito de su arena. Se podrían mencionar más ejemplos que muestran que la comunicación y la estrategia política del Fmln y el Gobierno están fallando.

También es evidente – luego de casi un año de iniciado este Gobierno- que a muchos de sus ministros les falta capacidad de ejecución. Decidir sobre el subsidio al transporte le tocó a este Gobierno al tomar posesión y como no sabían qué hacer, simplemente pospusieron el problema por 18 meses. Únicamente lograron reducir el subsidio por bus de 800 a 500 dólares mensuales y el establecimiento de cajas únicas que se esperaba redujeran el número de accidentes de tránsito (al disminuir la competencia desleal); sin embargo, esto último no ha sucedido y el caos en el transporte sigue. Los empresarios de buses han empezado a presionar desde ya, debido a que saben que en diciembre de 2010 vence el subsidio algo que  obviamente no quieren perder sino aumentar. De seguro, el Gobierno a estas alturas no tiene idea de lo que va hacer en diciembre y los transportistas lograrán obtener nuevamente el subsidio. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo del mal servicio de transporte y, los que consumen combustible para desarrollar sus actividades económicas, seguirán pagando la buena vida que lleva este sector ineficiente, que aprovecha el caos y el chantaje para seguir obteniendo privilegios.

También solo se conocen anuncios sobre el subsidio al gas licuado y, en el caso del subisidio a la energía para el sector residencial, de manera sorpresiva y contra toda lógica, se amplió a los consumidores de 300 Kwh, quienes dejaron de pagar el incremento del 18% por seis meses, pero en octubre se volverán a enfrentar con el problema ahora magnificado dos veces (el incremento del 18% no aplicado y el nuevo que se decida en octubre). A esto hay que agregar que las empresas distribuidoras están pidiendo hacer los ajustes a las tarifas trimestralmente y no cada seis meses como hasta ahora. Todo esto sucede debido a las políticas erróneas de Arena al privatizar la distribución de energía y al debilitar al Gobierno en el tema energético, pero ahora es responsabilidad de este Gobierno de izquierda enfrentarlo de manera inteligente.

Para rematar, el ministro de agricultura renuncia por no saber manejar el subisidio de los paquetes agrícolas –entre otras cosas gruesas que menciona en su carta de renuncia- entonces ¿Qué pasa con este Gobierno?. El mal manejo de los subsidios solo indica falta de capacidad en la formulación y ejecución de políticas públicas que unido a la pésima comunicación entre Gobierno y Fmln solo aumentan las demandas sociales y, por ende, perjudican la gobernabilidad del país. ¿Es eso lo que quieren? Pues sigan midiendo fuerzas de manera tonta.

Todas estas medidas se anunciaron y realizaron siempre con la falacia de que las empresas extranjeras estaban a la vuelta de la esquina, esperando para invertir en el país. Para completar la historia hay que agregar la construcción del puerto de La Unión a través de un préstamo (un proyecto que desde su inicio fue un fracaso); la construcción de infraestructura para la red de Megatecs cuando existían grandes necesidades en otros sectores de la educación del país; y la congelación de los salarios bajo la excusa de que al aumentarlos las empresas quebrarían o la inversión extranjera se alejaría. Como es de conocimiento general, en Centroamérica, El Salvador ha sido el país con menor inversión extranjera directa en los últimos años.

Arena agotó todas sus medidas, o más bien aplicó a cabalidad las recetas y programas que le sugirieron los organismos internacionales, ya que nunca tuvieron creación propia. Conforme transcurrió el tiempo, endeudaron al país. Al final, pese a darle “un sentido humano” a sus políticas, terminaron derrotados en las elecciones de marzo de 2009. Las consecuencias desastrosas en la economía ya son conocidas. Y luego de la derrota, Arena se derrumbó en menos de seis meses.

Ahora, Arena sigue sin saber cómo hacer oposición política y mantiene el discurso de que el país no tiene rumbo, que solo ellos tienen la capacidad para gobernar y que el comunismo nos acecha arropado en el socialismo del siglo XXI. Pero, en esencia, ¿qué propone Arena para recuperar la economía del país que sea diferente a lo que hizo en 20 años? Ante tanta insistencia, quizás ellos mismos se creen que el país transitaba por el rumbo correcto. Si este fuera el caso, la gran amenaza no sería el socialismo del siglo XXI, sino el retorno de los que ya fracasaron en el manejo de la economía.

Ciertamente, al actual Gobierno le está costando arrancar y tiene dificultades para obtener fondos para ejecutar sus propuestas; pero ha logrado dar confianza a la población, rompió el discurso apocalíptico de la derecha de que el país sería un caos al ganar el FMLN y logró una tímida reforma fiscal, muy adversada por la gran empresa. En nueve meses, el Gobierno tiene todavía el beneficio de la duda por lo no que ha hecho y debe cumplir.

A pesar de la crisis financiera del país, agudizada por la internacional; a pesar de arrancar con una economía en recesión, una elevada y creciente demanda social, y una buena parte de los recursos dedicados a atender los desastres del año anterior (sequía y tormenta Ida), el Gobierno logró completar un plan estratégico quinquenal. Ahora falta su ejecución y evaluación, para lo cual tiene un poco más de cuatro años. El período de aprendizaje para los nuevos funcionarios ya terminó; es tiempo de resultados a favor de las mayorías necesitadas del país. Es hora, pues, de pasar de los discursos a la realidad.

Deslizamiento en calle al puerto de la Libertad, 8 de Nov 2009

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional”.

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.