En el primer indicador se consideran dos temas de importancia: la corrupción y la transparencia. La medición de ambos se realiza a través de diecinueve preguntas (agrupadas en tres resultados), dos de las cuales se muestran a continuación como ejemplo de lo que mide Freedom House: “¿Cuál era el último puntaje de este país en el índice de percepción de la corrupción según Transparencia Internacional?” y “¿El proceso de elaboración del Presupuesto está sujeto a una revisión legislativa significativa y al escrutinio público?”.

En el tema de la corrupción, Transparencia Internacional ubica a El Salvador en una pésima posición para el año 2009: en un ranking de 180 países, nuestro país ocupa el puesto 84, con un valor de 3.4 en una escala de 0 a 10 (donde el 0 se asigna a un país percibido como altamente corrupto y 10, a un país con bajos niveles de corrupción). Un vistazo rápido a estos datos es suficiente para concluir que los niveles de corrupción en el país son altos y que su erradicación debería ser alta prioridad.

En lo que respecta al Presupuesto, el quid de la cuestión es la rendición de cuentas, una dimensión muy propia de cualquier democracia, pero que en el país ha sido empañada, entre otros, con el manejo de la llamada “partida secreta”. Una sentencia reciente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eliminó esta mala práctica de realizar transferencias de fondos del Presupuesto —de los ministerios hacia la Presidencia de la República— sin el aval del poder legislativo. Sin duda, una sentencia que recoge una demanda recurrente de la sociedad, pero que el presidente Funes no respaldó aduciendo que estaría sometido al chantaje de los partidos políticos cada vez que necesite reasignar fondos para atender demandas sociales no presupuestadas. Según el Ministro de Hacienda, en lo que va del año se han realizado 160 transferencias entre carteras —sin aval legislativo—, que suman 92 millones de dólares. Una cantidad excesiva que indica, cuando menos, una deficiente ejecución presupuestaria por parte del Gobierno.

La sentencia de la Sala y su aplicación podrían ayudar al Gobierno a mejorar en los indicadores internacionales que miden Freedom House y Transparencia Internacional. Pero es ingenuo pensar que con esta sentencia la corrupción desaparecerá. El combate del flagelo requiere de otros ajustes, como la modificación de la ley LACAP —ya en estudio por parte de la Asamblea Legislativa—, la despolitización de la Corte de Cuentas y, quizá lo más urgente, el fin de la cultura que lleva a algunos funcionarios a utilizar el dinero de los salvadoreños como propio. Algo que el italiano Norberto Bobbio llama la “privatización de lo público”: “el que dispone de recursos públicos, tanto si es un diputado, un administrador local o un funcionario estatal, los utiliza como recursos privados a favor de tal o cual ciudadano, el cual, a su vez, ofrece su propio voto o su propia preferencia a cambio de cualquier favor, o bien de cualquier ventaja económica o de cualquier otro beneficio, que el hombre político o el administrador o el funcionario sustraen al uso público”.

Para el caso del segundo indicador, “el Estado de derecho”, Freedom House realiza entre varias preguntas la siguiente: “¿El Ejecutivo, Legislativo y otras autoridades gubernamentales aceptan las decisiones judiciales, y estas decisiones se hacen cumplir con eficacia?”. Aquí no queda más que esperar a que las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional sean acatadas a la mayor brevedad posible. Al Legislativo le compete dar cumplimiento a la sentencia sobre las candidaturas independientes y el sistema de votación para elegir diputados; y al Ejecutivo, la referida a la partida secreta. Sin duda, es esta una gran prueba para el incipiente Estado de derecho del país y para el compromiso de combatir en serio la corrupción.

Después de un año de gestión del Presidente Mauricio Funes se presenta al país el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 que contiene la visión, las apuestas, las prioridades y las metas del Gobierno para dicho periodo. Además, como algo novedoso, se incluye en dicho Plan las políticas públicas estratégicas y la cuantificación e identificación de los programas y proyectos que se realizaran para lograr los objetivos y metas trazadas, así como un apartado especial para el sistema de seguimiento y evaluación del Plan. Según palabras del Presidente Funes, el Plan “es una herramienta para edificar el cambio y una pieza clave para generar confianza y seguridad… la planificación busca garantizar la equidad y la universalidad de las políticas ambos pilares básicos de la democracia…  concibo este Plan como una herramienta más para construir la unidad nacional”. Por su parte, Alex Segovia –secretario técnico de la presidencia- establece que el Plan “rescata y reivindica la planificación estratégica como un instrumento central para la búsqueda del desarrollo y como una herramienta de enorme utilidad para construir políticas públicas del estado” y, luego expresa que “uno de los principales legados que espera dejarle al país la presente administración pública es el desmantelamiento del sistema de privilegios conformado históricamente a partir del control del aparato gubernamental”. Se presentan estos comentarios por dos razones: la primera para dejar claro que no existen planes neutrales sino que tras de ellos existe una base política e ideológica que los sustenta y, segundo, que desde los enfoques teóricos de la Ciencia Política, pareciera que el actual Gobierno cambia de un enfoque centrado en la sociedad a un enfoque centrado en el estado.

De acuerdo a Roth (2006), en las teorías centradas en la sociedad, es el estado junto a individuos y grupos de interés quienes determinan y deciden las políticas públicas a desarrollar por las instituciones del estado, que en el caso del pasado gobierno de Arena -de tipo neoliberal- pareciera que la corriente del public choice tuvo gran influencia. Según Roth (2006:29) “esta corriente se dedicará a mostrar que las burocracias públicas y los mecanismos de representación política son los responsables del crecimiento de los presupuestos públicos y que la solución consiste en volver al estado mínimo”. Los procesos de privatización emprendidos por Arena en los pasados 20 años, que seguían las recomendaciones del  Consenso de Washington, reafirman este proceso de minimización del estado, ejemplo de ello fue la eliminación del Ministerio de Planificación (MIPLAN) en las primeras administraciones  del partido Arena. Por el contrario, en el apartado [49] del Plan se establece que “En esta visión estratégica el Estado tiene un rol fundamental que desempeñar, como elemento cohesionador de la sociedad, como promotor del desarrollo integral y como defensor y dinamizador de la democracia. Por estas razones, en el Plan Quinquenal de Desarrollo al Estado se le asigna un papel central, compatible con las atribuciones determinadas por la Constitución de la república”. De acuerdo a Roth, en las teorías centradas en el Estado, “El Estado funciona como un selector de las demandas y un proveedor de servicios… Son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de políticas públicas”. Los enfoques decisionistas entran dentro de esta teoría y de hecho algo de esto se comprueba en el apartado [229] que tiene que ver con la inversión pública en programas y proyectos prioritarios en el que se establece que “… se procedió a realizar un ejercicio de priorización, en el que participó de forma directa el presidente Mauricio Funes, quien tomó la decisión final sobre cuáles serían los programas y proyectos que se incluirían en el presente Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Los enfoques modernos de gestión pública indican que la primera condición de efectividad en la implementación de un plan o política pública es que exista una teoría solida, que de acuerdo a Roth (2006: 115) se define como “…disponer de una teoría sólida, significa que es preciso tener una teoría del cambio social que establezca con firmeza la causalidad entre el instrumento utilizado y los efectos deseados. Toda política pública [o plan] está sustentada en una hipótesis teórica de cambio social construida generalmente bajo la forma de si tal cosa, entonces ocurrirá esto”. Este enfoque teórico de causalidad se utiliza en el Plan para definir la visión estratégica a mediano y largo plazo que se establece en el apartado [47]: “La visión estratégica del Plan Quinquenal de Desarrollo descansa en la premisa siguiente: sin la construcción de un nuevo modelo económico y social y sin el funcionamiento pleno de la democracia es imposible avanzar hacia una sociedad próspera, libre, pacífica, justa y solidaria. Por ello este plan está estructurado alrededor de dos objetivos estratégicos: a) sentar las bases para instaurar un nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo integral, que sea a la vez sustentable e inclusivo y b) profundizar y consolidar la democracia. Desde esta perspectiva, el aporte histórico que legará al país el Gobierno encabezado por el presidente Mauricio Funes es de carácter fundacional”.

La estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo se muestra en la figura 1 y sus componentes se describen en detalle en el apartado [7] del documento del Plan. Algo importante de destacar aquí es que el Gobierno acepta de manera completa la definición de las áreas prioritarias del quinquenio formuladas por el Consejo Económico y Social (ver Tabla 1 en anexo) y el Plan asume en su apartado [52] los instrumentos de intervención del Estado que se citan con frecuencia en los textos de políticas públicas, por ejemplo los citados por Roth (2006:44-46): instrumentos prescriptivos, instrumentos incentivos, instrumentos de organización y procedimiento, instrumentos materiales e instrumentos de delegación a socios. Estos instrumentos se recogen en el Plan en el apartado [52] de la siguiente manera: “Para incidir de forma positiva en las áreas prioritarias se ha concebido una novedosa estrategia de intervención integral que considera tanto la creación de una nueva institucionalidad para promover el desarrollo como el rediseño y la modernización de la ya existente. Además incluye el despliegue de nuevos instrumentos e incentivos económicos y la ejecución de políticas públicas estratégicas de carácter macroeconómico y de naturaleza sectorial. La acción conjunta de estos instrumentos permitirá intervenir de manera simultánea en dos o más áreas prioritarias, lo que será factor clave para conseguir los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Para la elaboración del Plan, la secretaría técnica de la presidencia tuvo el apoyo del Consejo Económico Social que aglutina el grupo de actores claves de este Plan al menos en la elaboración de las propuestas estratégicas, dejando a la burocracia del Estado la definición de los programas y proyectos a ejecutar. Este consejo está integrado por 24 representantes de las cámaras empresariales y 24 delegados del movimiento social. Éstos a su vez son asesorados por 10 representantes de la academia y son coordinados por el secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia. En el apartado [123] se hace referencia a los actores claves del Plan: “Con el propósito de garantizar la continuidad y la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas y sectoriales estratégicas, el gobierno de la república pretende que estas se conviertan en políticas de estado, es decir, que cuenten con el apoyo de los principales actores económicos, sociales y políticos. Por esta razón en los próximos meses se harán consultas en el seno del Consejo Económico y Social y de otros espacios de diálogo sectoriales sobre estas políticas, de tal manera que su alcance, contenido y estrategia de ejecución sean el resultado de acuerdos amplios”. Sin embargo, a la hora de definir los programas y proyectos (toma de decisión, de acuerdo al ciclo de políticas de Jones) a realizar en el quinquenio fue la burocracia estatal la que tomó el rol clave en este proceso, tal como se detalla en el apartado [229] del Plan: “Uno de los ejercicios más complejos y meticulosos que se realizaron durante el proceso de elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo fue la identificación de todos los programas y proyectos relacionados directamente con las apuestas estratégicas, las áreas prioritarias, los objetivos y las metas del plan. Tal proceso supuso, por una parte, la revisión de cada uno de los proyectos que las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo habían presentado al Ministerio de Hacienda para su consideración en el presupuesto nacional”. Así las cosas, los lineamientos estratégicos se consultan y discuten con el Consejo Económico y Social y las acciones concretas (programas y proyectos) se discuten en la burocracia estatal. Para legitimar este proceso y para hacerlos vinculantes en el apartado [234] se expresa: “Es importante subrayar que los programas y proyectos prioritarios están estrechamente vinculados con las apuestas estratégicas de largo plazo, las prioridades del quinquenio y especialmente con los instrumentos que se han diseñado para alcanzar los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Dos elementos claves y novedosos de este Plan es que por primera vez, en la historia reciente del país, se definen claramente los programas y proyectos que serán financiados en el quinquenio (que tienen que ver con la fase de implementación del ciclo de Jones) y se define el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del Plan (que se ubica en la fase de evaluación del ciclo de políticas de Jones). En cuanto al financiamiento, según se presenta en el apartado [231]: “los programas y proyectos prioritarios del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 se han agrupado en cinco grandes áreas estratégicas, a saber: a) equidad, inclusión social y reducción de la pobreza; b) reactivación económica; c) desarrollo sostenible; d) seguridad ciudadana y e) dimensiones especiales del desarrollo. El costo total de los programas y proyectos asciende a 4864 millones de dólares, de los que el 44%, es decir, 2100 millones de dólares, corresponden al área de equidad, inclusión social y pobreza, que constituye la primera prioridad del gobierno de la república”. El Plan detalla cada programa y sus proyectos con los montos a invertir, de igual manera se indican los fondos disponibles y la brecha de fondos para los cuales hay que hacer las gestiones de búsqueda de financiamiento. En el apartado [230] se indican las ventajas que tiene para la ejecución del Plan llegar a ese nivel de detalle de los programas y proyectos: “a) permite concretarlo y darle viabilidad puesto que las políticas, los programas y los proyectos que lo conforman tienen un respaldo financiero y por tanto existe la certeza de que tales actividades se realizarán; b) garantiza el conocimiento de la magnitud de la brecha de financiamiento en aquellos casos en los que exista y esto permite planificar la identificación y gestión de recursos para financiarla; c) asegura la consistencia con el escenario macroeconómico definido por el Gobierno y el marco fiscal de mediano plazo acordado con el Fondo Monetario Internacional; d) identifica los programas y proyectos prioritarios y los vincula a la planificación financiera y temporal de su ejecución, con lo que dota al gobierno de la república y a los distintos sectores que componen la sociedad salvadoreña de un poderoso instrumento de seguimiento, evaluación y de rendición de cuentas”.

Figura 1. Estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 (Fuente: elaboración propia).

El segundo elemento novedoso lo constituye el sistema de evaluación que se define en el Plan. En el apartado [235] se define lo que se pretende al implementar el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del plan “Dicho sistema parte de las siguientes premisas básicas: a) que la coordinación interinstitucional es una condición indispensable para implementar de manera eficiente el Plan Quinquenal de Desarrollo; b) que la participación ciudadana es fundamental en todas las fases del proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas y c) que la rendición de cuentas del Gobierno es un aspecto fundamental de la gestión pública”. Y con la idea de transparencia y de rendición de cuentas el Plan asigna al Consejo Económico y Social un rol activo en el proceso de evaluación que se presenta en el apartado [237] de la siguiente manera: “Con el propósito de garantizar transparencia y de impulsar el proceso de rendición de cuentas, el gobierno nacional solicitará al Consejo Económico y Social que efectúe también su propio seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo, de forma que pueda informar al país y formular recomendaciones que aseguren su efectiva implementación. El Gobierno proporcionará la información que el Consejo Económico y Social requiera para cumplir esta tarea”. Ahora considerando los tipos de evaluación teóricos propuestos por Roth (2006: 142-150), se deja al Consejo Económico Social la evaluación de tipo concomitante continua que consiste en acompañar la puesta en marcha del Plan y su objetivo principal, en palabras de Roth, consiste en “controlar el buen desarrollo de los procedimientos previstos y, por otra, permitir la detección de problemas para poder realizar los ajustes necesarios a tiempo. Se trata de realizar un seguimiento o monitoreo a las actividades de implementación de un programa –insumos, cronograma, realizaciones, resultados, etc-”. La evaluación ex – ante llamada también a priori, de factibilidad o prospectiva fue realizada por la burocracia estatal y un grupo de expertos. Quedando pendiente la evaluación ex – post que se realizaría al final del quinquenio.

A manera de conclusión se puede determinar que el ejercicio de planificación realizado por el Gobierno es novedoso y de calidad. Se han considerado los fundamentos de las ciencias económicas y políticas adecuados. Es un documento sencillo, organizado por apartados numerados lo que facilita su estudio y los procesos de seguimiento y control que puede realizar cualquier ciudadano del país.

Bibliografía

Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. San Salvador: Gobierno de El Salvador, 2010.

Roth Deubel, André-Noel. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora, 2006.

Sidney, Mara. “Policy Formulation: Design and Tools”. En Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, ed. Frank Fisher, Gerald Miller y Mara Sidney, 79-87. New York: CRC Press, 2007.

Anexo

Tabla 1. Principales apuestas del Plan Quinquenal de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia en base a información del Plan Quinquenal de Desarrollo.

El alcalde y la gobernadora iniciaron procesos de “limpieza” que desbordan sus capacidades para lograr resolver sus problemas de manera sostenible; sin embargo, sus actuaciones podrían brindarles réditos políticos como la reelección en sus cargos o la aceleración de procesos políticos ya en marcha. En el caso del alcalde, me refiero al desalojo de vendedores ambulantes del centro de San Salvador iniciado el 16 de junio; y en el caso de la gobernadora, se trata de la ley antiinmigrante SB 1070, que entrará en vigencia en el estado de Arizona, Estados Unidos, el próximo 29 de julio.

El alcalde, en respuesta a los disturbios realizados por los vendedores informales ante los desalojos, expresó: “No nos amilanan este tipo de hechos violentos, ya sabemos que detrás del comercio informal se esconden grupos que siembran el terror y que delinquen permanentemente y que han hecho de esta actuación inescrupulosa su forma de vida”. Por su parte la gobernadora, en reacción a las protestas y demandas de inconstitucionalidad de su ley, dijo recientemente: “Creo que hoy, bajo las circunstancias que enfrentamos, la mayoría de intrusos que entran al estado de Arizona lo hacen bajo la dirección y el control de los carteles de la droga, y que ingresan drogas… Tenemos información contundente de que vienen como personas ilegales que desean trabajar. Entonces [los narcotraficantes] los abordan y se convierten en sujetos del cartel de drogas”. ¿Existen similitudes entre las declaraciones de estos dos funcionarios? El lector podrá sacar sus propias conclusiones.

Lo que es claro es que ambos justifican sus acciones desde el accionar de fuerzas oscuras: las pandillas y el crimen organizado, en el caso del alcalde; y los carteles de la droga, en el caso de la gobernadora, ignorando así la necesidad de sobrevivir del vendedor informal o del inmigrante ilegal que ha tenido que abandonar su familia para buscar un puesto de trabajo. El factor común de sus actuaciones es que el problema que enfrentan excede sus capacidades y requiere de instancias superiores para su solución. El Gobierno salvadoreño, a través del Fisdl, había asignado unos fondos para iniciar procesos de ordenamiento en centros históricos (incluido el de San Salvador), pero Norman Quijano se adelantó al proceso. De igual manera lo hizo la gobernadora en Estados Unidos, pues el presidente Obama ya había iniciado el proceso de una ley para frenar y controlar la inmigración. Esto hace evidente que en el fondo son intereses políticos personales los que han movido las iniciativas de ambos.

En el caso del alcalde, es evidente que finalizará su gestión sin haber cumplido sus promesas de campaña más ambiciosas (el metrobús y las bóvedas sobre el río Acelhuate). Entonces, tiene que recurrir a la política del maquillaje: el ornato de parques, la remodelación del monumento al Salvador del Mundo y el desalojo de vendedores informales. El caso de la gobernadora es más profundo y complicado. Según establece Ramonet en El despertar de las tribus, “la Historia nos enseña que cuando una grave crisis económica coincide con el desencadenamiento de pasiones nacionalistas, cabe esperar las peores desgracias”. Algo de esto puede estar sucediendo en Arizona con la ley SB 1070, la cual penaliza ser inmigrante ilegal en un país que está en crisis económica debido al mal manejo del sector financiero.

Buena parte de los medios de comunicación locales están ahora en campaña a favor del alcalde, porque saben que la mediatización del problema terminará contribuyendo al buen desempeño electoral de la derecha en 2012. Incluso en uno de los editoriales de los medios escritos se hace una comparación de mal gusto para justificar la actuación del alcalde: “Una de las doce labores de Hércules, el héroe de la mitología griega, consistió en limpiar los establos del Rey Audías, anegados de porquería. Hércules desvió las aguas de dos ríos al establo y ¡misión cumplida!”. Qué pena que tanta “intelectualidad” se use de esta manera. También preocupan las opiniones del presidente Funes en las que deja traslucir lo que entiende por ordenamiento territorial: “Si el plan del alcalde busca justamente crear un mejor ambiente para el funcionamiento de los centros de salud, reordenar a San Salvador para contar con una ciudad más ordenada, pero garantizando al mismo tiempo la rentabilidad de los negocios de estos microempresarios, bienvenido el plan”.

Una definición sencilla y muy ilustrativa de ordenamiento territorial es la siguiente: “Ordenar el territorio es asegurar el desarrollo equilibrado del conjunto de regiones que lo componen”; en otras palabras, ordenar implica romper con los desequilibrios que existen en el territorio. Desequilibrios que tienen diversas manifestaciones: económicas (entre los que han logrado un establecimiento formal para vender sus mercancías y lo que tienen hacerlo en las calles para ganarse la vida), sociales (entre los que han logrado adquirir una vivienda digna y los que tienen que vivir a las orillas de ríos y quebradas en champas) y de movilidad (entre los que se desplazan en sus vehículos privados y los que tienen que usar el deplorable servicio público de transporte), entre otras. En resumen, el ordenamiento del centro histórico solo será posible cuando se rompan los mayores desequilibrios que tiene el país: la desigualdad en los ingresos entre pobres y ricos, y la exclusión social. Esto implica que cualquier esfuerzo de planificación del territorio debe ir acompañado por un sistema de ayudas al desarrollo económico y social, para así compensar las desigualdades de desarrollo de sus habitantes. No solo se trata, pues, de tener una ciudad limpia y segura a costa del desalojo.

Sobre el comportamiento político es difícil opinar porque se desconoce las entrañas de cada partido político y, además,  se analiza muchas veces sobre lo que los medios de comunicación masivos trasladan a la  sociedad y, al ser estos últimos actores interesados sobre el quehacer político, la información que nos llega es sesgada hacia la derecha.  A pesar de estos inconvenientes, es evidente que el presidente Funes ha mantenido con la asamblea legislativa un juego de ping-pong –en los temas de leyes y decretos- en donde se percibe una falta de comunicación del presidente con el partido que lo llevó al poder (el Fmln), vacío que los partidos de derecha aprovechan a lo grande.

Con el decreto de eliminación de la cuota fija a la telefonía aprobada por la asamblea legislativa, el presidente Funes tuvo una gran oportunidad para negociar con las empresas telefónicas una reducción significativa pero, en lugar de hacerlo, trasladó de nuevo la pelota a la asamblea legislativa y de esta manera se logró una pequeña reducción de un poco más de dos dólares. Al final de cuentas tanto desgaste político entre el presidente y el Fmln para obtener prácticamente nada en beneficio de  las familias del país. En este caso, Funes estuvo en una posición de mucha ventaja (ya se había eliminado la cuota fija) para negociar pero no la aprovechó y se desgastó.

En el caso del RNPN recibió la pelota de parte de la Asamblea en la que se otorgaba poder al Fmln, al menos en proponer al Presidente quiénes podrían dirigir esta institución clave para el sistema electoral y, Funes remata de nuevo la pelota, de tal forma que ahora tiene en sus manos una nueva propuesta de la asamblea que beneficia más a la derecha que a la izquierda. Nuevamente un desgaste político con el Fmln en el que pierden los dos.

Está pasando algo curioso en el acontecer político, para que Arena se desgranara no hubo necesidad de que el frente moviera un dedo y, ahora, que la relación Funes-Fmln se deteriora a pasos grandes no ha sido necesario que  Arena ponga un granito de su arena. Se podrían mencionar más ejemplos que muestran que la comunicación y la estrategia política del Fmln y el Gobierno están fallando.

También es evidente – luego de casi un año de iniciado este Gobierno- que a muchos de sus ministros les falta capacidad de ejecución. Decidir sobre el subsidio al transporte le tocó a este Gobierno al tomar posesión y como no sabían qué hacer, simplemente pospusieron el problema por 18 meses. Únicamente lograron reducir el subsidio por bus de 800 a 500 dólares mensuales y el establecimiento de cajas únicas que se esperaba redujeran el número de accidentes de tránsito (al disminuir la competencia desleal); sin embargo, esto último no ha sucedido y el caos en el transporte sigue. Los empresarios de buses han empezado a presionar desde ya, debido a que saben que en diciembre de 2010 vence el subsidio algo que  obviamente no quieren perder sino aumentar. De seguro, el Gobierno a estas alturas no tiene idea de lo que va hacer en diciembre y los transportistas lograrán obtener nuevamente el subsidio. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo del mal servicio de transporte y, los que consumen combustible para desarrollar sus actividades económicas, seguirán pagando la buena vida que lleva este sector ineficiente, que aprovecha el caos y el chantaje para seguir obteniendo privilegios.

También solo se conocen anuncios sobre el subsidio al gas licuado y, en el caso del subisidio a la energía para el sector residencial, de manera sorpresiva y contra toda lógica, se amplió a los consumidores de 300 Kwh, quienes dejaron de pagar el incremento del 18% por seis meses, pero en octubre se volverán a enfrentar con el problema ahora magnificado dos veces (el incremento del 18% no aplicado y el nuevo que se decida en octubre). A esto hay que agregar que las empresas distribuidoras están pidiendo hacer los ajustes a las tarifas trimestralmente y no cada seis meses como hasta ahora. Todo esto sucede debido a las políticas erróneas de Arena al privatizar la distribución de energía y al debilitar al Gobierno en el tema energético, pero ahora es responsabilidad de este Gobierno de izquierda enfrentarlo de manera inteligente.

Para rematar, el ministro de agricultura renuncia por no saber manejar el subisidio de los paquetes agrícolas –entre otras cosas gruesas que menciona en su carta de renuncia- entonces ¿Qué pasa con este Gobierno?. El mal manejo de los subsidios solo indica falta de capacidad en la formulación y ejecución de políticas públicas que unido a la pésima comunicación entre Gobierno y Fmln solo aumentan las demandas sociales y, por ende, perjudican la gobernabilidad del país. ¿Es eso lo que quieren? Pues sigan midiendo fuerzas de manera tonta.

La reacción de La Prensa Gráfica (LPG) en contra de una jueza por investigar y condenar —proceso todavía en apelación— la publicación del rostro y la identidad del joven acusado de matar a un alumno del Inframen ha sido desproporcionada. LPG ha dedicado tres semanas y decenas de sus páginas a justificar que actuó correctamente y a descartar cualquier posibilidad de haberse extralimitado en su actuación. A esto hay que agregar la movilización de condenas en contra de la actuación de la jueza por parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y otros organismos nacionales; así como la denuncia interpuesta por LPG ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que luego condenó al sistema de justicia salvadoreño por este caso. LPG ha recurrido a todo lo que puede para castigar a la jueza por atentar contra la libre expresión.

El periodista que tomó la secuencia de fotos del asesinato parece que no tuvo tiempo de evaluar lo que sucedía y justificó su actuación diciendo que cumplía con su labor de periodista, algo que suena aceptable. Sin embargo, el cuerpo de editores de LPG sí tuvo el tiempo suficiente para analizar qué y cómo comunicar lo sucedido, y optó por el sensacionalismo, sin importarle los efectos emocionales que esta noticia podría tener en la población ni las repercusiones legales que podría tener su publicación. Ya en la cobertura de otros delitos, como los de prostitución y robo, LPG había respetado la ley juvenil cubriendo los rostros de los implicados y, en algunos casos, usando incluso nombres ficticios en sus narraciones periodísticas, pero en esta ocasión hizo uso de su libertad de expresión.

Con la actuación de la jueza podrían ocurrir dos cosas: si se equivocó en el proceso judicial, el Estado de derecho debe actuar para corregir el error; y si está en lo correcto, entonces el Estado de derecho también debe actuar para que LPG enmiende el daño ocasionado, que en este caso implicará una multa insignificante. Pero en lugar de trasladar la discusión a conceptos de censura periodística, LPG debería haber dejado que la institucionalidad y el marco legal del país funcionaran. Su reacción ha sido de tal magnitud que de ahora en adelante quizás muy pocos jueces se atreverán a señalar fallas en las actuaciones de los medios, y mucho menos un ciudadano común y corriente. ¿Es bueno esto para la democracia del país? Definitivamente, no. Se entiende y comprende que la labor periodística es delicada y que requiere de mucha ética para mantener el balance correcto, lo que es inadmisible es que los medios de comunicación se atribuyan el derecho de tener siempre la verdad y la razón.

El proceder histórico de la prensa escrita del país no ha sido ejemplar, y eso lo sabe toda la sociedad. Por ejemplo, en los últimos eventos electorales han sacado lo peor de sus entrañas para sembrar miedo y para defender el “sistema de libertades”. Es ahora el momento de que recuperen su credibilidad, pero actuando de manera profesional y no de forma autoritaria (apelando a castigos públicos que empañan a la libertad de expresión todavía incipiente en este país).

No hay que olvidar que los medios canalizan y expresan intereses de la población (demandas sociales) para que estos sean atendidos por el sistema político. En este sentido, con la cobertura noticiosa del asesinato juvenil, LPG cumplió de cierto modo su misión de lograr que el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia social sea atendido por el Gobierno de manera urgente. De seguro, en el futuro ya vendrán premios periodísticos que legitimen la actuación de La Prensa Gráfica. Pero no hay que perder de vista que los medios también persiguen sus propios intereses, y es evidente que la libertad de expresión les preocupa quizá mucho más que la ola de asesinatos que abate al país. Un flagelo este que el Gobierno y todos los ciudadanos deben atender adecuadamente.

En definitiva, lo que realmente preocupa es que se pase de la defensa de la libertad de expresión a la manipulación, entendida esta como “intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares” (RAE). Ojalá no se esté regresando a ese proceder que tanto daño ha hecho al país en su historia reciente.

Desde el 4 de marzo, un grupo de jóvenes mantiene cerrada la Universidad de El Salvador exigiendo que se amplíe el cupo para estudiantes de nuevo ingreso. Este problema de admisión ha sido recurrente, pero este año se ha desbordado a tal grado que, según la prensa escrita, el Rector pondría denuncias a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa porque la Policía y la Fiscalía no han actuado como se esperaba; además, de forma paralela, propondrá al Consejo Superior Universitario una reforma al reglamento disciplinario, para que personas que participen en acciones ilegales sean expulsados de inmediato del campus de la Universidad. La situación es complicada ya que este problema (la admisión) no tiene solución inmediata, y, como se explica en seguida, la cuestión más grave ni siquiera se discute en la agenda nacional.

Según el compendio mundial de la Unesco titulado Comparación de las estadísticas en el mundo, el número de estudiantes que optaron por educación terciaria (arriba del bachillerato) se quintuplicó en el planeta durante el período 1970-2007, pasando de 28.6 a 152.5 millones. Esto se realizó a una tasa anual de crecimiento de la matrícula de 4.6%, lo que significa que el número de estudiantes en este nivel educativo se duplica cada 15 años. En Latinoamérica y el Caribe, la tasa anual de crecimiento es del 6.8%, y en El Salvador es del 3.37%. Es decir, la tasa anual de crecimiento del país está por debajo de la mundial y a la mitad de la tasas de crecimiento de los países de Latinoamérica. Se estima que El Salvador duplicará su población estudiantil universitaria en 22 años cuando otros lo harán en 10.

De aquí surgen dos preguntas: ¿este bajo desempeño en la matrícula se debe a que no se tienen estudiantes para el nivel terciario? y ¿será que el sistema de educación superior ya colapsó? Para atender a la primera pregunta, se presentan los datos globales de la educación superior del país obtenidos de la publicación del Conacyt del año 2009, Estadísticas sobre actividades científicas y tecnológicas, El Salvador 2008.

Como se observa en la tabla, los estudiantes que se admite a las universidades cada año rondan los 25,000. Sin embargo, se sabe que cada año se gradúan más de 60,000 nuevos bachilleres. Entonces, la tasa de crecimiento anual de matrícula es baja no porque no existan estudiantes potenciales, sino porque la gran mayoría no aplica a estudios superiores por diversas razones que no se han estudiado. Este es un problema mayor que el que tiene la UES en este momento: ¿qué hacen los más de 35,000 jóvenes que año con año se gradúan de bachilleres y que no ingresan a la universidad?

Este último problema se ha agudizado debido a que el bachillerato ahora es de dos años, los bachilleratos con especialidades están desapareciendo y el sistema educativo no prepara a los jóvenes para que puedan sumarse con éxito a la fuerza laboral del país. Esto se complica cuando la tasa de desempleo es alta y los trabajos formales y decentes son escasos. Así las cosas, es urgente reformar los estudios de secundaria de tal forma que los jóvenes que logran estudiar el bachillerato adquieran algunas habilidades que les permitan ganarse la vida. Y, por supuesto, es necesario elevar la calidad de la educación que se les imparte, de tal forma que los bachilleres que decidan continuar sus estudios tengan los conocimientos suficientes para ser admitidos a la Universidad y tengan una buena orientación vocacional. Estas metas se alcanzan en años; por ello, debe actuarse desde ya.

En relación a la segunda pregunta, es claro que el sistema de educación superior ha colapsado y tiene una escasa capacidad para absorber nuevos estudiantes. El informe del Conacyt, con base en datos del Ministerio de Educación, establece que “en el período (1997-2008) los estudiantes del sector privado han crecido en un 5.94% (de 87,099 a 92,270 estudiantes) mientras que el sector público creció en 62.66% (de 28,492 a 46,345 estudiantes). De tal forma que, en el período, el sector público [la Universidad de El Salvador] pasó de atender el 24.65% al 33.43% de los estudiantes totales”. Esto se muestra en la figura.

La ciudadanía y los jóvenes que se han tomado la Universidad deben estar conscientes de que la UES ya no tiene capacidad para absorber la demanda actual y futura de estudiantes. Esto implica que la solución a la problemática actual debe pasar a otra instancia. El Estado será irresponsable si deja sola a la Universidad  en este problema. No es mediante desalojo y golpes que se resolverá este problema. Ahora más que nunca debe prevalecer el diálogo a fin de no aumentar la violencia social que ya existe en el país.

Una idea para resolver la situación es ampliar la cobertura a través de la educación a distancia. En esto, el país debe pensar en alianzas con, por ejemplo, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica o la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España para atender esta demanda mientras la UES desarrolla sus propias capacidades en este tema.

El tiempo pasó sin que el país lograra entrar en el paradigma educativo de 30 estudiantes por aula. Ahora debe acelerar el proceso para hacer suyo, lo antes posible, el paradigma de la educación “24/7”, es decir, clases en línea las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Todas estas medidas se anunciaron y realizaron siempre con la falacia de que las empresas extranjeras estaban a la vuelta de la esquina, esperando para invertir en el país. Para completar la historia hay que agregar la construcción del puerto de La Unión a través de un préstamo (un proyecto que desde su inicio fue un fracaso); la construcción de infraestructura para la red de Megatecs cuando existían grandes necesidades en otros sectores de la educación del país; y la congelación de los salarios bajo la excusa de que al aumentarlos las empresas quebrarían o la inversión extranjera se alejaría. Como es de conocimiento general, en Centroamérica, El Salvador ha sido el país con menor inversión extranjera directa en los últimos años.

Arena agotó todas sus medidas, o más bien aplicó a cabalidad las recetas y programas que le sugirieron los organismos internacionales, ya que nunca tuvieron creación propia. Conforme transcurrió el tiempo, endeudaron al país. Al final, pese a darle “un sentido humano” a sus políticas, terminaron derrotados en las elecciones de marzo de 2009. Las consecuencias desastrosas en la economía ya son conocidas. Y luego de la derrota, Arena se derrumbó en menos de seis meses.

Ahora, Arena sigue sin saber cómo hacer oposición política y mantiene el discurso de que el país no tiene rumbo, que solo ellos tienen la capacidad para gobernar y que el comunismo nos acecha arropado en el socialismo del siglo XXI. Pero, en esencia, ¿qué propone Arena para recuperar la economía del país que sea diferente a lo que hizo en 20 años? Ante tanta insistencia, quizás ellos mismos se creen que el país transitaba por el rumbo correcto. Si este fuera el caso, la gran amenaza no sería el socialismo del siglo XXI, sino el retorno de los que ya fracasaron en el manejo de la economía.

Ciertamente, al actual Gobierno le está costando arrancar y tiene dificultades para obtener fondos para ejecutar sus propuestas; pero ha logrado dar confianza a la población, rompió el discurso apocalíptico de la derecha de que el país sería un caos al ganar el FMLN y logró una tímida reforma fiscal, muy adversada por la gran empresa. En nueve meses, el Gobierno tiene todavía el beneficio de la duda por lo no que ha hecho y debe cumplir.

A pesar de la crisis financiera del país, agudizada por la internacional; a pesar de arrancar con una economía en recesión, una elevada y creciente demanda social, y una buena parte de los recursos dedicados a atender los desastres del año anterior (sequía y tormenta Ida), el Gobierno logró completar un plan estratégico quinquenal. Ahora falta su ejecución y evaluación, para lo cual tiene un poco más de cuatro años. El período de aprendizaje para los nuevos funcionarios ya terminó; es tiempo de resultados a favor de las mayorías necesitadas del país. Es hora, pues, de pasar de los discursos a la realidad.

Si los diferentes poderes del Estado y las diversas instituciones del Ejecutivo no hacen bien su trabajo o lo hacen a medias pensando en que un “corrector” (en este caso, el Presidente) les arreglará sus problemas, lo mejor es que no cobren por sus cargos o que renuncien. Con sus ligerezas, terminarán consumiendo el tiempo del Presidente y lo desgastarán a tal punto que llegará al final de su mandato sin haber cumplido el rol para el que fue elegido y muy alejado de sus metas y proyectos.

El país tiene escasos recursos económicos; no puede darse el lujo de estar sometido a este tipo de desgastes. El caso del nuevo plan se seguridad es un problema similar. La consulta del plan con los diferentes sectores debería haber sido encabezada por el Ministro de Seguridad y su equipo, y no por el Presidente. El hecho de que Mauricio Funes se involucrara tiene al menos dos lecturas. La primera: el Presidente, aprovechando su buena imagen, quiere transmitir a la población la sensación de que su Gobierno está preocupado por el tema de seguridad, y lidera el proceso de consulta para lograr consensos y apoyos al plan. La otra: con esta forma de proceder, el Presidente está dejando en segundo plano al resto de ejecutivos encargados de este tema.

Algunos optimistas entienden estos eventos como “metidas de pata” que luego el Presidente corrige en un ejercicio democrático nuevo, que no se había visto en otras administraciones. Para otros, es una clara evidencia de la falta de comunicación a diferentes niveles del Estado y una irresponsabilidad de los funcionarios por no hacer bien su trabajo. Sea de una manera u otra, la población sigue sufriendo los problemas del desempleo, la inseguridad, la violencia social y la emigración, entre otros.

El Estado tiene que funcionar como un sistema en el que existen roles bien definidos y flujos de información de entrada y salida controlados. En este sistema de gobierno, todos se esfuerzan para optimizar sus procesos de tal forma que las acciones sean congruentes con el desarrollo del país o, al menos, con el plan de gobierno propuesto. Hasta ahora, lo que se observa es un ir y venir de propuestas que, además de inefectivas, consumen recursos que no se pueden desperdiciar. Ya es hora de afinar el sistema para mostrar resultados en beneficio de la población. Dejar que el Presidente tenga la última palabra en todo puede ser un peligro para la frágil democracia de este país.

Deslizamiento en calle al puerto de la Libertad, 8 de Nov 2009

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional”.

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.

Todo indica que el mensaje del presidente Funes de “no cometer errores” es un fracaso en el tema de seguridad. Antes de sacar a la Fuerza Armada a las calles, que hubiese sido el último recurso, debería haber agotado medidas sencillas, que se han indicado en este espacio en ocasiones anteriores y que se repiten nuevamente: (1) prohibir de inmediato la portación de armas; (2) limitar el consumo de bebidas alcohólicas por persona en todos los establecimientos; (3) limitar la venta de armas vía precio (subirles los impuestos), por poder destructivo y por edad; (4) controlar el uso de las armas en manos de los agentes de seguridad privados y públicos, incluyendo las de uso de la Fuerza Armada; (5) empezar a sustituir la seguridad privada de colonias y establecimientos comerciales por la seguridad pública; (6) acompañar todas estas medidas con una campaña publicitaria adecuada; (7) destruir inmediatamente las armas requisadas a la delincuencia común y organizada; y (8) ajustar las leyes que sean necesarias para aplicar estas acciones en el corto plazo.

Estas medidas surgen de un sencillo diagrama de causas y efectos; por ejemplo, si las armas sirven para matar, entonces quitemos las armas. Es claro que de los expertos en seguridad del Gobierno esperamos propuestas mejor desarrolladas y elaboradas que las aquí expresadas. Sin embargo, la sensación que queda en la población a un poco más de siete meses de la toma de posesión de este Gobierno es que no tiene un conocimiento detallado del problema que enfrenta. Si esto es cierto, cada día las medidas que se tomen se convertirán en fracaso y lo de “no cometer errores” se quedará en un discurso bonito.

El matemático ruso Genrich Altschuller, creador de la metodología TRIZ (Theory of the Solution of Inventive Problems) aplicada en innovación tecnológica, decía que “la descripción detallada de un problema es la que conduce a soluciones creativas”. El tiempo necesario para conocer el problema a profundidad parece que ha sido ignorado por el Gobierno; mientras no dé este paso le será difícil encontrar una solución adecuada. Se caerá, entonces, en errores como el de usar a la Fuerza Armada en tareas de seguridad o se caerá en simplezas como la sugerida por un ex director de la PNC, que expresó que no hay que darle vueltas a las cosas ya que el problema son las maras.

La metodología TRIZ se fundamenta en tres pilares fundamentales: (1) definir el problema como un sistema, (2) usar el conocimiento existente y (3) buscar analogías y similitudes con otros problemas similares ya resueltos. El primer pilar es la clave: pasar del problema concreto a su abstracción (visto como un sistema) es lo que facilita llegar a la solución. Pero para ello es necesario utilizar técnicas científicas que permitan describir el problema.

Primero se debe agotar una lista rápida de preguntas: ¿qué es lo que se quiere mejorar?, ¿qué recursos se pueden utilizar?, ¿por qué se presenta el problema?, ¿cuál es la frontera del problema a resolver?, ¿qué criterios se asumirán para buscarle solución al problema?, ¿cuál ha sido el historial de intentos para resolver este problema? Luego, hay que analizar el problema como un sistema, y para ello se construye un diagrama causa-efecto que permite abstraer el problema identificando funciones útiles y dañinas para el sistema. Una vez lograda la abstracción del problema se busca el sistema ideal (un ejercicio mental), lo que permite anticipar y detectar los errores que podrían cometerse en la solución del problema que se escoja. Solo después del conocimiento detallado del problema se pueda pasar a la ejecución de los siguientes dos pilares de la metodología TRIZ.

A estas alturas, ya no es válida la excusa de que el problema es heredado; ahora lo que la sociedad quiere son soluciones concretas. La idea de aplicar la metodología TRIZ a estos problemas cobra legitimidad a partir de la conclusión que formuló Altschuller luego del estudio de 2.5 millones de patentes: “Muchos problemas ya han sido resueltos bajo otros nombres y en otros campos del saber, pero en su esencia son comparables desde el punto de vista de sus contenidos”.