Cuando firmó los Acuerdos de Paz en 1992, el FMLN aceptó explícitamente incorporarse al régimen político vigente y con ello le dio legitimidad a la democracia en la que vivimos. Algunos de sus afiliados o militantes entendieron rápidamente a qué tipo de democracia se incorporaban, es decir, aquella en donde el “juego de la democracia” (como le llaman las élites) consiste, por ejemplo, en aprobar tratados de libre comercio y leyes de gran trascendencia (como la de integración monetaria) de madrugada, sin discusión y recurriendo a negociaciones poco transparentes. Poco a poco, por desencanto o por no entrar en sintonía con este juego, algunos afiliados terminaron abandonando la partida; otros hacen hasta lo imposible por alcanzar más poder y mantenerse jugando.

Me refiero al FMLN porque es el partido que ingresó al sistema político en aquellos años. Los otros (PDC, PCN y Arena) tienen una larga historia de arreglos bajo la alfombra. Ahora, con el decreto 743, buscan que los ciudadanos no se enteren de lo que ahí esconden. Pero siempre algo sale a la luz pública. Como ejemplo, vale traer a cuenta la razón por la cual el presidente del Coena le pidió a los diputados de su partido que votaran por el decreto: “Teníamos información de que la Sala de lo Constitucional declararía inconstitucional la ley de amnistía”. Ante esto, la pregunta obvia: ¿cómo alguien que no ha sido elegido para un cargo de representación puede decidir y ordenar qué deben hacer los diputados de su partido? A la base de la frustración que ha generado el decreto 743 en la población está el hecho de que las élites políticas (los diputados) siguen sus propios intereses y no los de aquellos a los que dicen representar (sus electores).

Por otra parte, la insistencia de los partidos en mantener las listas cerradas y bloqueadas se defiende con la excusa de que el cambio debilitará la “institucionalidad” de los mismos. Institucionalidad que en la práctica no es más que la obediencia ciega del conjunto de diputados de un partido a las decisiones políticas de sus amos. Las listas cerradas y bloqueadas son las que permiten a las dirigencias partidarias mantener la disciplina: si los diputados desobedecen, simplemente los retiran de los primeros puestos de la lista en la siguiente elección.

Por eso es que las élites no quieren cambiar el sistema electoral y prefieren inmovilizar a la Sala de lo Constitucional. En el fondo, el problema es de democracia representativa. Gaetano Mosca lo explica de manera clara: “La idea de la representación popular como transferencia libre y espontánea de la soberanía de los electores (la colectividad) a un cierto número de personas elegidas (una minoría) se basa sobre la premisa absurda de que la minoría puede estar atada a la voluntad colectiva por lazos inquebrantables. En realidad, en cuanto termina la elección también termina el poder de la masa de electores sobre el delegado”. Los sentimientos de frustración que han aflorado en estos días solo amainarán cuando el país transite hacia una democracia más participativa.

La poca credibilidad de los ciudadanos en los partidos políticos (solo el 39.1 % confía en ellos, según datos del estudio Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010) indica un agotamiento del sistema de partidos. El activismo político de la ciudadanía en repudio al decreto 743 podría seguir en aumento si las élites siguen enfrascadas en no trasladar un poco de poder a la gente. Hasta ahora, a los partidos les ha favorecido que los movimientos sociales del país no trabajan de manera cohesionada y que la participación ciudadana en protestas públicas sea francamente minoritaria (apenas un 4.3%). En este rubro, solo Guyana y Jamaica están por debajo de El Salvador; Argentina tiene el nivel más alto de participación en protestas públicas (el 15.4%). Ojalá que en los próximos años los movimientos sociales se coaliguen para ejercer mayor influencia sobre el sistema político; de lo contrario, las élites seguirán reinando a su antojo. El hecho de que Arena se retracte de haber aprobado el decreto es una señal de lo que puede lograr el movimiento social, aunque por hoy trabaje de manera descoordinada.

Finalmente, para entender el comportamiento de las élites puede ayudarnos una frase de Maquiavelo en El príncipe: “En general, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, y, si es propio a todos ver, tocar solo está al alcance de un corto número de privilegiados”. Aplicando este texto a la actual coyuntura política, el decreto 743 —por lo que vemos— es un duro golpe a la democracia, pero solo Funes y los partidos políticos (sin exclusión alguna) tienen acceso a —podrán “tocar”— lo que han negociado bajo la alfombra. Ya es hora de que el movimiento social tome conciencia y pase de espectador a actor; es decir, que en lugar de solo “ver” se anime a “tocar”.

El sistema electoral ha sido sacudido en menos de un año por sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La primera tiene que ver con las formas de las candidaturas y con el procedimiento de votación. Y la más reciente se refiere a la inconstitucionalidad del decreto 586, que dejó sin efecto la cancelación del PCN y PDC como partidos políticos al no alcanzar estos el mínimo de 3% de los votos válidos en las elecciones de 2004. Obviamente, estas sentencias tienen impacto en la configuración del sistema de partidos del país; y como toda acción genera una reacción, es comprensible que los partidos políticos —sin excepción— se resistan a perder sus privilegios y las cuotas de poder que han acumulado.

Reforma electoral, en manos del FMLN

Los Acuerdos de Paz permitieron que el país transitara hacia una democracia electoral, en la que la oposición política, liderada por el FMLN, por primera vez y después de muchas décadas de lucha social, política y militar, tuvo opción real de llegar al Gobierno a través de la competencia en las urnas. Esta incipiente democracia electoral se concretó con la alternancia en el poder, ocurrida en marzo de 2009, cuando el candidato del FMLN ganó las elecciones presidenciales.

En sus 20 años de gobierno, Arena no mostró interés en profundizar la democracia —ni siquiera en lo más básico, que compete al sistema electoral—; más bien profundizó el discurso anticomunista, martilló en la idea de que solo los empresarios tienen capacidad de gobernar y usó el miedo como estrategia electoral y política. Todo esto para mantenerse en el poder y proteger un “sistema de libertades” lleno de irregularidades: los casos de corrupción en los hospitales y en la carretera Diego de Holguín componen una pequeña muestra de ello.

Con la llegada del FMLN al Gobierno, y además como primera fuerza política en la Asamblea Legislativa, se esperaba que se emprendiera el proceso de reforma electoral, principalmente en lo referido a las relaciones entre el elector y los candidatos a diputados, y la relación de estos últimos con sus partidos. Sin embargo, esto no ha sido parte esencial de la agenda política del FMLN, a pesar de que ha sido una demanda recurrente de amplios sectores de la población, los mismo que le permitieron —con sus votos—llegar al poder.

El estudio Cultura de la democracia en El Salvador, 2010 indica que el 39.1% de los salvadoreños tiene confianza en los partidos políticos y que solo el 32.3% se siente representado por ellos. Estos datos deberían de preocuparle al FMLN, ya que ahora son parte interesada en darle estabilidad al sistema político.

La sentencia 61-2009 (del 29 de julio de 2011) de la Sala de lo Constitucional puso en manos del FMLN y del resto de partidos la gran oportunidad de avanzar en dos temas: las formas de las candidaturas y el procedimiento de votación. Sin embargo, el FMLN y GANA produjeron un decreto legislativo en el que modificaban el procedimiento de votación, pero manteniendo en última instancia el control partidario sobre la elección de los diputados. Con toda razón, el presidente Funes vetó el decreto, lo que lanzó al FMLN a formular argumentos sin sentido, como que el Presidente y sus asesores no entendieron el decreto. Al parecer, el FMLN no comprende que la gente quiere transparencia y que su voto sea directo al candidato de su preferencia, no para la lista poco conocida de los partidos políticos.

El FMLN tiene tiempo para reflexionar y proponer un nuevo decreto que haga avanzar el sistema electoral y fortalezca al sistema de partidos. En el caso particular de las boletas y el procedimiento de votación, su propuesta debería apuntar hacia un tipo de lista cerrada y no bloqueada, en la que el elector vote por el candidato de su preferencia y, además, tenga la libertad de alterar el orden de la lista propuesta por el partido. En este tipo de lista, hay tres opciones: el voto preferencial, el voto múltiple limitado y el voto múltiple.

En el caso del voto preferencial, el elector vota por el diputado de su preferencia, lo que se entiende también como voto único por el partido. En este caso, el orden de la lista de candidatos se altera por la preferencia del elector y esto influye en la distribución de escaños. En el segundo procedimiento, el del voto múltiple limitado, el elector puede votar por un número estipulado de diputados de la lista (se sugiere tres, ya que corresponde al tamaño mínimo de las circunscripciones del país). Y finalmente, en el caso del voto múltiple, el elector puede votar por todos los candidatos de la lista que quiera y que considera son los que deben representarlo en el partido político de su preferencia.

La preocupación del FMLN de que no se vote por bandera puede resolverse fácilmente diseñando la papeleta de votación de modo que aparezca la bandera del partido a la par de la foto y el nombre del candidato a diputado. Además, la lista cerrada y no bloqueada la decide siempre la élite del partido, lo que lo obliga a buscar sus mejores apuestas. En este sentido, en ningún momento la sentencia de la Sala de lo Constitucional atenta contra el sistema de partidos; simplemente abre la posibilidad de una mejor rendición de cuentas por parte de los partidos a sus electores. El FMLN, por ser la primera fuerza política del país, tiene entonces en sus manos la posibilidad de avanzar en la democracia y de devolverle un poco de poder al electorado.

PCN y PDC, cancelados

Una vez se publique la sentencia sobre la inconstitucionalidad del decreto 586 en el Diario Oficial, al Tribunal Supremo Electoral no le quedará más que proceder a la cancelación del PDC y el PCN. Al respecto, es importante aclarar que en todos los sistemas electorales del mundo existen barreras legales tanto para la inscripción como para la cancelación de los partidos (EL Salvador no es la excepción). En algunos países de más tradición democrática que el nuestro, incluso se imponen barreras al número de votos que debe obtener un partido político para que participe en el reparto de escaños del Congreso o Asamblea. En otros países, como Uruguay, los partidos pueden estar inscritos en el sistema electoral, pero si no participan en las elecciones internas partidarias —que se realizan simultáneamente en todos los partidos—, quedan fuera de las siguientes elecciones.

¿Cuál es el problema entonces con la cancelación del PDC y el PCN? Además, “si al PCN nadie lo detiene” —como decía el eslogan de una de sus campañas electorales—, no le costará cumplir con los requisitos para su reinscripción. El PCN y el PDC surgieron y se consolidaron como partidos políticos a través de fracturas de la sociedad o cleavages —de hace 50 años— que quizá ya no existen en la actualidad. El bajo nivel de apoyo electoral de estos partidos es un indicador de que han perdido poco a poco sus anclajes sociales y que, por más discursos políticos novedosos que pretendan formular, sus ciclos de vida han concluido. Esto no debería de causar tanto alboroto en nuestra sociedad, ya que así es la vida política partidaria: los partidos desaparecen cuando las élites partidarias se desvinculan de sus bases.

De ello dan fe los antecedentes históricos del país. En las elecciones de 1972 participaron los partidos FUDI, PPS, PCN (en aquel entonces, ya con 10 años en el poder) y la UNO (una coalición de los partidos PDC, MNR y UDN). 22 años después, para las elecciones de 1994, el sistema de partidos estaba fragmentado y compuesto por PDC, PCN, Arena, FMLN, MAC, MU, MSN, Líder y Punto. Para 2004, el sistema de partidos se había reducido a Arena, FMLN, PDC, PCN y CDU. Luego de los resultados electorales de ese año, el CDU fue cancelado, pero no así el PCN y el PDC, que se salvaron de la cancelación por el decreto recientemente declarado inconstitucional.

Como puede observarse, la transformación política partidaria del país se mueve a un bipartidismo polarizado, con el FMLN como partido hegemónico de izquierda y partidos de derecha (GANA, Arena, PDC y PCN) que tenderán a formar coaliciones en el futuro para poder llegar nuevamente al poder. Es decir, el país tenderá a una lucha partidaria (o competencia electoral) similar a la del año 1972, solo que ahora con coaliciones de partidos de derecha. Así las cosas, solo nos queda esperar que los partidos políticos asuman con madurez las sentencias de la CSJ y que se avance al menos en la democracia electoral.

Algo es claro: estos grupos de presión o gremiales empresariales rara vez expresan de manera explícita sus intereses. Por ello, es útil examinar su sistema de creencias a partir de lo que hablan y opinan sus ejecutivos o de lo que publican las gremiales. Veamos dos ejemplos. Para el caso de la política fiscal, un ejecutivo de la ANEP expresaba en la prensa escrita que la solución de los problemas del país pasa por una reforma fiscal integral —reconocerlo es ya un avance—, para la cual es necesario “hablar de eficiencia, de bajar el gasto corriente del Estado, de no seguir creciendo en la burocracia […], de ampliar la base tributaria, de ver cómo se llevan más ingresos al Estado… pero un pacto fiscal no puede ser solo aumentar tributos a un sector de la población” (esto último en alusión a la gremial empresarial que representa).

Por otra parte, en la página web de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se lee, en relación a la propuesta del presidente Funes de aumentar salarios en la administración pública, lo siguiente: “Esta medida incrementará a los salvadoreños el costo de mantener, con sus impuestos, una burocracia más pesada y menos eficiente. Adicionalmente, es importante reflexionar que el incremento de salarios a los empleados públicos y el aumento de la burocracia estatal jamás se han traducido en mejores servicios de educación, salud y seguridad para los salvadoreños, y que en todo caso, habría que demandar del gobierno garantías de mejoras sustanciales en los servicios que provee a la población”.

Los dos textos anteriores nos muestran parte del núcleo duro del sistema de creencias de estas gremiales empresariales sobre la burocracia, a la cual consideran como deficiente, pesada (por su tamaño) e incapaz de mejorar los servicios públicos (en educación, salud y seguridad) aunque se mejoren los salarios. La ciencia política indica que los actores políticos (las gremiales empresariales son uno de ellos) siempre tratarán de trasladar su sistema de creencias a los objetivos y acciones de las políticas públicas en las que intervienen, y para ello utilizarán todos los recursos que estén a su alcance. Difícilmente estos actores negociarán el núcleo fuerte de sus creencias, aun cuando los datos empíricos les demuestren que están equivocados. Más bien filtrarán la información de tal forma que solo aceptarán aquella que refuerza sus creencias. Reconociendo esta realidad política, conviene presentar información sobre el estado de la burocracia del país y su rol en la implementación de las políticas sociales.

La publicación del BID “La política de las políticas” dice que el tamaño de la burocracia del sector público en El Salvador es de las más pequeñas de Latinoamérica (un poco más del 2% de la población); un dato que contradice las creencias de las gremiales. Además, revela que nuestro índice de desarrollo del servicio civil (que incluye eficiencia, mérito y capacidad de la burocracia) es de 0.11 en una escala de 0 a 1: el segundo valor más bajo de los países de la región. Este pobre desarrollo del servicio civil del país ha sido el resultado de las administraciones pasadas, principalmente de los 20 años en que el partido Arena estuvo al frente del Ejecutivo. En la publicación también se construye un índice de calidad de las políticas públicas, en el cual, curiosamente, El Salvador tiene una clasificación alta junto a países como Costa Rica, Uruguay, México, Colombia y Brasil. Entre las variables que más inciden (están más correlacionadas) con este índice de calidad se encuentran la independencia del poder judicial, el índice de capacidad del Congreso y, en tercer lugar en orden de incidencia, el desarrollo del servicio civil (o burocracia). Esto nos permite concluir que en lugar de reducir la burocracia y de asumir que es ineficiente —como promulga el canon mental de las gremiales empresariales—, un Gobierno responsable debe apostarle a mejorar su servicio civil, ya que al final de cuentas es una pieza clave para la implementación exitosa de las políticas públicas.

Los estudios del servicio civil del país muestran que se ha experimentado avances en la organización del trabajo (descripción de puestos y definición de perfiles). Sin embargo, una de las principales dificultades es que no se han establecido escalas y políticas salariales claras que permitan un mejor desarrollo de la burocracia. De hecho, la compresión vertical de salarios (razón entre el promedio de la escala salarial más alta sobre la más baja) fue de 19.45 (3,194.02/164.23, en dólares), mientras que en Chile fue de 18.78 (4,666.18/248.25) para el año 2008. El presidente Funes, al tomar la decisión sobre el incremento salarial para los empleados públicos, da un primer paso para poner orden en el desarrollo del servicio civil. Es claro que una asignación mayor de recursos financieros no se traduce directamente en una burocracia eficiente, pero sí establece condiciones más favorables para que se logre.

En cuanto al impacto de la burocracia sobre las políticas sociales, conviene revisar algunos hallazgos de Hugh Heclo, presentes en su libro Modern social politics in Britain and Sweeden. Heclo estudió las políticas sociales (de desempleo, pensiones, jubilación y salarios, entre otras) de Gran Bretaña y Suecia para un periodo de 200 años. Una de sus conclusiones fue que los partidos políticos, los grupos de presión y las elecciones tuvieron un efecto casi despreciable en la mejora de las políticas sociales de estos países cuando se les compara con la influencia ejercida por la administración pública o el servicio civil. Heclo lo expresa así: “Aun cuando los partidos y los grupos de interés jugaron ocasionalmente un rol importante, fueron los servicios civiles los que proporcionaron los análisis y revisiones más constantes sobre la mayoría de acciones del gobierno. Los partidos y los grupos de interés típicamente requieren de estímulos dramáticos, como puede ser el incremento súbito de desempleados, para despertar su interés, a diferencia de la atención brindada por la administración que permaneció fuerte durante esta fluctuación del desempleo”.

Ahora bien, si el plan quinquenal de desarrollo del presidente Funes enfatiza la implementación de políticas sociales, es totalmente legítimo y lógico que se mejoren los salarios de los empleados públicos y se disminuya la diferencia entre los más altos y los más bajos (compresión vertical de los salarios). No hay que olvidar, además, que algunas instituciones del Estado no han tenido aumentos salariales en más de ocho años y que, por tanto, es desproporcionado exigirles eficiencia cuando sus ingresos no les alcanzan para tener una vida digna. Les parezca o no a las gremiales empresariales, la burocracia pública —porque también hay burocracia privada— es fundamental para el éxito de las políticas sociales. No atender su situación —en este caso, salarial— implica posponer un problema que podría agudizarse en los próximos años, como ha sucedido con muchas demandas sociales que no fueron atendidas oportunamente por los Gobiernos anteriores y que ahora aparecen de manera recurrente en el país.

Todas estas medidas se anunciaron y realizaron siempre con la falacia de que las empresas extranjeras estaban a la vuelta de la esquina, esperando para invertir en el país. Para completar la historia hay que agregar la construcción del puerto de La Unión a través de un préstamo (un proyecto que desde su inicio fue un fracaso); la construcción de infraestructura para la red de Megatecs cuando existían grandes necesidades en otros sectores de la educación del país; y la congelación de los salarios bajo la excusa de que al aumentarlos las empresas quebrarían o la inversión extranjera se alejaría. Como es de conocimiento general, en Centroamérica, El Salvador ha sido el país con menor inversión extranjera directa en los últimos años.

Arena agotó todas sus medidas, o más bien aplicó a cabalidad las recetas y programas que le sugirieron los organismos internacionales, ya que nunca tuvieron creación propia. Conforme transcurrió el tiempo, endeudaron al país. Al final, pese a darle “un sentido humano” a sus políticas, terminaron derrotados en las elecciones de marzo de 2009. Las consecuencias desastrosas en la economía ya son conocidas. Y luego de la derrota, Arena se derrumbó en menos de seis meses.

Ahora, Arena sigue sin saber cómo hacer oposición política y mantiene el discurso de que el país no tiene rumbo, que solo ellos tienen la capacidad para gobernar y que el comunismo nos acecha arropado en el socialismo del siglo XXI. Pero, en esencia, ¿qué propone Arena para recuperar la economía del país que sea diferente a lo que hizo en 20 años? Ante tanta insistencia, quizás ellos mismos se creen que el país transitaba por el rumbo correcto. Si este fuera el caso, la gran amenaza no sería el socialismo del siglo XXI, sino el retorno de los que ya fracasaron en el manejo de la economía.

Ciertamente, al actual Gobierno le está costando arrancar y tiene dificultades para obtener fondos para ejecutar sus propuestas; pero ha logrado dar confianza a la población, rompió el discurso apocalíptico de la derecha de que el país sería un caos al ganar el FMLN y logró una tímida reforma fiscal, muy adversada por la gran empresa. En nueve meses, el Gobierno tiene todavía el beneficio de la duda por lo no que ha hecho y debe cumplir.

A pesar de la crisis financiera del país, agudizada por la internacional; a pesar de arrancar con una economía en recesión, una elevada y creciente demanda social, y una buena parte de los recursos dedicados a atender los desastres del año anterior (sequía y tormenta Ida), el Gobierno logró completar un plan estratégico quinquenal. Ahora falta su ejecución y evaluación, para lo cual tiene un poco más de cuatro años. El período de aprendizaje para los nuevos funcionarios ya terminó; es tiempo de resultados a favor de las mayorías necesitadas del país. Es hora, pues, de pasar de los discursos a la realidad.

Los ciclos normales que están presentes en la naturaleza han sido tomados por las diferentes ciencias como modelos para sus teorías. Por ejemplo, el ciclo reproductivo de los seres vivos (nacer, crecer, reproducirse y morir) ha sido adoptado como modelo para estudiar el ciclo de los productos de una empresa. Así se habla de la introducción del producto, su crecimiento, madurez y, finalmente, su declinación.

El ciclo de los seres vivos también ha sido usado para modelar fenómenos aún más complejos, como la economía capitalista. Y así se encuentran modelos tales como el de Kondratiev (economista ruso), quien estableció que la economía capitalista tiene un ciclo largo de un promedio de 50 años, en el cual se sucede prosperidad, recesión, depresión y recuperación. En este análisis se habla de un “factor evolutivo”que detona los ciclos, que en el caso de los productos son las invenciones y las innovaciones; las primeras crean nuevos ciclos y las segundas alargan el ciclo de vida de los productos. En el caso del ciclo económico, se mencionan como factores evolutivos las innovaciones, el comportamiento de la inversión, las variaciones en los factores sociales, psicológicos y de la demanda, incluso algunos incluyen a las guerras como factores evolutivos.

Los modelos ayudan a entender los fenómenos y son una excelente herramienta para tomar decisiones. El problema de estos modelos cíclicos es que de tanto mencionarlos tendemos a convertirlos en verdades absolutas, perdiendo objetividad en el análisis. En la actual crisis financiera se asume que, como la economía es cíclica, solo es de esperar el factor evolutivo para que las cosas cambien. Esto explica en parte que las medidas adoptadas por el G-20 en septiembre sean cosméticas y que no les importe el mundo desigual que ha creado y profundizado el sistema capitalista. Según el análisis del G-20, a pesar de las dificultades actuales de la economía global, ésta finalmente despegará en su ciclo de prosperidad, recesión, depresión y recuperación.

Interesante es observar que en este modelo cíclico de la economía no se mencione la mortalidad, como sí sucede con los productos empresariales. Los seguidores del modelo capitalista hablan de recuperación, nunca de que el sistema muera, siguiendo muy en la lógica optimista de algunos empresarios y/o economistas de “hacer de los problemas una oportunidad”.

Pasando al contexto nacional, y en particular a la situación actual de Arena, algunos analistas ven a este partido político como una empresa que siempre fue capaz de innovar en su producto hasta que finalmente entró en declinación. Bajo esta idea, Arena tiene dos caminos: se reinventa (crea un producto distinto) o hace una innovación incremental (pospone su declinación). El tiempo dirá qué sucederá. Al entender el movimiento de los diputados hacia la configuración de una nueva derecha, podría pensarse que fundarán un nuevo partido político (o producto, siguiendo la lógica empresarial) que, junto al PCN y PDC, rompa con la ideología anticomunista de Arena, que ahora se les convierte en un impedimento para conquistar de nuevo el poder en los próximos años.

Si se escoge el análisis desde el modelo optimista del ciclo económico, este partido político está en recesión (no ha tocado fondo que lo lleve a depresión) y —esperan— pronto se recuperará, ¿Cuál será el factor evolutivo de su recuperación? No se sabe. Lo que sí es evidente es que en este partido político no hay innovación, no hay quien siga invirtiendo (sin esperar ganancias) y no existe un factor social o psicológico detonante (aunque lo buscan con la inclusión de Merino y Saca como parte de su problema) que los empuje a salir del hoyo.

Como se estableció al inicio, los modelos sirven para el análisis y para entender el fenómeno, pero no son verdades absolutas; menos aún cuando el sujeto bajo análisis es un partido político lleno de intereses propios y muy alejado de las necesidades de las mayorías de este país.

Es interesante observar que este show mediático surge un mes después de que Arena estuviera en un seminario —dictado por un experto venezolano en análisis político— para aprender a ser partido de oposición. Ridículos el seminario y su objetivo, e ingenuos los que se creen este cuento.

En esta supuesta rebelión se trasluce la relación de Arena con el marketing. Algo que se explica con el ejemplo clásico que aparece en los libros de este campo de estudio: “El circo anuncia que se instalará en un pueblo, pero esto no asegura la asistencia del público a las funciones. Luego, el circo desfila por las principales calles y, de manera planificada, suelta a un león entrenado (que no muerde) para que se lance sobre el alcalde que está de espectador en el parque. Al día siguiente, los medios de comunicación reportan el incidente que acapara la atención del pueblo y, éste trata de seguir informándose de lo que el circo trae de novedoso, logrando de esta forma que muchas personas asistan a la primera y a las siguientes funciones”. Los expertos en marketing le llaman a este tipo de promoción “publicity”; formalmente los libros de texto la definen como “el intento deliberado de manejar la percepción y opinión pública sobre un tema de interés”.

Pues bien, el león (los diputados rebeldes) saltó para supuestamente atacar al ex presidente Cristiani y a su Coena; y el circo (Arena) pasa a los titulares de los grandes medios. El tema ya está instalado ahora en la agenda nacional y en la boca de los ciudadanos. ¿Qué se logra con esto? Algo muy simple: vender la idea (el producto) de que el partido Arena sigue vivo, y luego, después de que la función del circo termine, que el instituto político está más unido que nunca. Es cuestión de días para que los dirigentes de Arena aparezcan dándose abrazos y apretones de mano. Los medios alternativos no deberían caer en la trampa de los portavoces areneros, deberían evitar llenar sus espacios de más publicity sobre el caso.

Arena está en una crisis de la que le será difícil salir, y piensa que el marketing le ayudará. Su base ideológica, sustentada en la lucha contra el comunismo, se cayó en las elecciones de marzo. El miedo que sus portavoces se encargaron de propagar, y que es la base de la polarización actual de la sociedad salvadoreña, les alcanzó para 20 años. Ellos sabían que esto se les acabaría en algún momento; abrazaron el modelo neoliberal de economía basada en el consumismo y en el individualismo, y propagaron la idea de que solo ellos eran capaces de gobernar para perpetuarse en el poder lo más que pudieran. No fue casualidad la serie de entrevistas a grandes empresarios que realizaron los medios de comunicación masivos antes de las elecciones de este año.

La ideología anticomunista quedó bien plantada en los fundadores; los nuevos areneros la cambiaron por el dinero, el poder y la comodidad. No es raro, entonces, que siempre que tienen derrotas electorales recurran a los viejos para fortalecerse. Ahora ya no les da resultado, porque ya no hay dinero que repartir y la “maquinaria electoral ganadora” dejó de funcionar. Recomponer las cosas en Arena tendría que pasar por cambiar de ideología, algo que los viejos no están dispuestos a realizar porque viven de la renta del anticomunismo. Por el lado de los jóvenes, la ideología perdió sentido porque fueron víctimas del mismo modelo neoliberal. Es decir, el mercado y el dinero terminaron definiendo la identidad de los nuevos cuadros, y el compromiso y fidelidad con el partido pasó a una simple negociación de tipo mercantil.