Lo que parecía un invierno normal cambió radicalmente en octubre con la tormenta E-12, que si bien impactó directamente en Guatemala, permaneció sobre nuestro territorio del 11 al 19 de este mes, ocasionando 32 fallecidos, más de 50 mil evacuados, puentes colapsados, deslizamientos de tierra, ríos desbordados, inundaciones en el 85% (2,000 km²) de la costa del océano pacífico y un millón de personas afectadas. Para bien del país, la respuesta a la emergencia ha sido satisfactoria, por lo que las pérdidas humanas —no así el sufrimiento de los damnificados de siempre— fueron bajas. Se estima que cerca de 20 mil viviendas fueron anegadas por las inundaciones, lo que implica que igual número de familias tendrá dificultades para volver a la “normalidad”.

Una forma útil de mesurar la tormenta E-12 es acudir a los datos registrados en la estación meteorológica de la UCA. Al 19 de octubre, en la estación se registraba una lluvia acumulada mensual de 522 mm, una lluvia anual acumulada de 1,859 mm y 452 mm de la lluvia ocasionada por la tormenta E-12. Las características de este fenómeno meteorológico son similares a las de la tormenta Agatha, que en mayo de 2010, en 16 horas, registró una lluvia de 216.85 mm. Es importante recordar que en mayo y junio de 2010 el país fue impactado por las tormentas Agatha y Alex, respectivamente, que sumaron un acumulado de lluvias de 752 mm. En la figura se muestra el registro de lluvias del presente mes y las lluvias específicas registradas en los días 11, 12, 15 y 16 de octubre, que fueron los más severos durante la tormenta E-12.

La historia de desastres en el país es abundante. Antes del desastre ocasionado por el huracán Ida en noviembre de 2009 (principalmente en el valle del Jiboa, donde fallecieron 200 personas), el país fue impactado por una sequía que dejó pérdidas estimadas en casi 30 millones de dólares y activó la ayuda del Programa Mundial de Alimentos. Luego, en enero de 2010, entró un frente frío que ocasionó daños menores. En marzo y abril de ese año, se desató una epidemia de dengue clásico y hemorrágico que dejó más de 1,700 casos. A ese historial se sumó la tormenta E-12, cuyos daños económicos estarán arriba de los 500 millones de dólares. Es de recalcar que los desastres de origen hidrometeorológico y los debidos a la contaminación ambiental han sido los más graves en la última década. Por ejemplo, la epidemia de dengue de 2003 dejó un saldo de 315 fallecidos y más de 50,000 personas afectadas.

Las implicaciones económicas de los desastres en el país han sido analizadas con anterioridad por el PNUD. Así, ya en el año 2000 (y sin contabilizar los daños ocasionados por los terremotos de 2001), se estimaba que El Salvador tenía un promedio de $139 millones de pérdidas anuales por grandes desastres, lo que hace suponer que a la fecha esta cifra rondará los $200 millones. También para el año 2000 se estimaba que el índice de déficit por desastre (IDD) es de aproximadamente 3; es decir, de darse el mayor desastre en el país, este excedería en tres veces la capacidad económica del Gobierno para hacerle frente. Y por capacidad económica se entiende lo que el Gobierno podría conseguir en financiamiento a la hora de un desastre, a través de pagos de seguros, reservas de fondos disponibles para atender desastres, créditos externos e internos, entre otros. Sin duda, por el estado actual de las finanzas públicas del país, dados los limitados ingresos tributarios y el nivel de endeudamiento, el IDD es mucho mayor que el calculado en 2000.

Pese a las dificultades económicas y un nivel de endeudamiento que supera el 50% del PIB, el Gobierno logró en 2010 negociar un crédito de contingencia de $50 millones con el Banco Mundial para atender los desastres. Según informó el presidente Mauricio Funes recientemente, la mitad ($25 millones) de este dinero ya está disponible para iniciar la reconstrucción. A esto hay que agregar el limitado fondo de $4 millones (conocido como FOPROMID) que para atender desastres se establece anualmente en el Presupuesto del país. Dada la magnitud del desastre, se quedan muy cortos los recursos nacionales disponibles para hacerle frente. Por ello el Gobierno ha decretado estado de calamidad: le permitirá solicitar ayuda internacional.

En términos generales, el Ejecutivo ha realizado un trabajo acertado y ha cumplido con los compromisos internacionales adquiridos hace cinco años en el Marco de Acción de Hyogo, principalmente en lo que respecta a mejorar los sistemas de alerta temprana y la preparación y respuesta ante emergencias. Sin embargo, tiene problemas para abordar los factores subyacentes al riesgo: la planificación adecuada del desarrollo urbano y rural, la reducción de la vulnerabilidad de la población y la recuperación de ecosistemas en deterioro. En la gestión de riesgos de desastre, el Gobierno no solo actúa de manera lenta, sino sin visión de largo plazo. Muestra de ello es el atraso en la promulgación de leyes importantes tales como la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que entró en funcionamiento hasta 2005, y la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que si bien fue aprobada en julio de 2011, entrará en vigencia hasta el 30 de julio de 2012.

Uno de los retos fundamentales del país es qué hacer en los próximos años en el tema de gestión de riesgos de desastre. Para ello, el Gobierno dispone de al menos tres vías de acción: cumplir con las recomendaciones del Marco de Acción de Hyogo; cumplir las recomendaciones del Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo a desastre 2011, de Naciones Unidas (conocido como GAR); y darle vida a la recién aprobada (junio de 2010) Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres . Esta establece en detalle los siguientes ejes de trabajo: para el desarrollo económico sostenible, reducción del riesgo de desastres de la inversión; desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad; ambiente y cambio climático; gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza; y gestión de los desastres y recuperación. De igual forma, el GAR establece tres elementos claves: asumir la responsabilidad del riesgo; integrar la gestión del riesgo de desastre en los instrumentos y mecanismos de desarrollo existentes; y construir capacidades relativas a la gobernanza del riesgo. Sobre esto último, el GAR le sugiere a los Gobiernos que eleven a rango de ministerios a las instituciones a cargo de la gestión de riesgos de desastre, de tal forma que se asegure la coherencia y sostenibilidad de las políticas públicas en este tema a largo plazo. Al respecto, el Gobierno salvadoreño dio un pequeño avance en esta dirección con la creación de la Secretaría de Vulnerabilidad.

Como se puede apreciar, el qué hacer ya está bastante definido. Ahora es momento de definir cómo proceder, y esto requiere de un sistema político que —desde el compromiso con el bien común— llegue ágilmente a acuerdos fiscales que permitan aumentar el gasto social, y así hacer más resiliente a la población frente a los desastres.

Sin embargo, el Centro nace con una agenda de investigación demasiado amplia: hará estudios sobre ciencias económicas, democracia, migración, antropología, historia, conflictos y movimientos sociales, jóvenes y sociedad, estudios culturales y manifestaciones artísticas en El Salvador, y estudios de género. Cada una de estas áreas tiene un pequeño desglose que amplía aún más sus contenidos. De entrada, es una propuesta de agenda muy ambiciosa que requerirá de un personal investigador numeroso para hacerle frente.

Dado que de las agendas de investigación se derivan los requerimientos de personal, laboratorios y recursos financieros, así como los programas, proyectos y actividad científica a desarrollar, lo primero que habría que hacer es, entonces, acortar la agenda a no más de dos áreas. Mejor poco, pero bueno y de calidad.

Por otra parte, la ubicación del Centro dentro del organigrama del Viceministerio de Ciencia y Tecnología es interesante, pero extraña. Interesante porque es la primera vez que un centro de esta naturaleza se ubica dentro de la estructura formal del Gobierno (en infraestructura); extraño porque el Viceministerio se convierte ahora en un ente ejecutor de investigaciones, ya no de soporte y dirección de la investigación como es lo normal. Usualmente, las investigaciones son realizadas por individuos o personas (que pueden ser inventores o usuarios que diseñan soluciones para sus propias necesidades), universidades (a través de sus laboratorios), organizaciones sin fines de lucro (fundaciones, ONG, etc.), laboratorios o centros de investigación nacionales (como Centa y Cendepesca, entre otros) y empresas.

Además, las investigaciones pueden realizarse a través de grupos conformados por varias de las entidades enumeradas antes; grupos cuyo vínculo es un interés científico y tecnológico común, y que dan lugar a los llamados clusters. Por lo general, los centros o laboratorios de investigación nacionales se ubican en universidades, en donde, junto con otras entidades de investigación, se crean parques de ciencia o de innovación. Todo ello con la idea de formar cadenas de ciencia donde unos producen conocimiento, otros lo usan y otros proveen insumos de soporte a la investigación. Una dinámica que genera nuevas entidades de investigación por el proceso conocido como spin off. Tener al CENICSH desvinculado de ese proceso podría crear élites que muy pronto podrían divorciarse de los problemas reales del país. Lo ideal sería que el Centro poco a poco se insertara en un parque de ciencia y que luego adquiriera identidad propia.

En general, los centros tienden a crear grupos intelectuales que trabajan más en función de sus intereses personales que por los de la nación. Esto podría acentuarse aún más en nuestro país debido al limitado número de investigadores, y podría dar pie al desmantelamiento de otras entidades de investigación. Hay que estar conscientes de esta situación. Lo ideal hubiese sido que, en paralelo a la creación del CENICSH, se fortaleciera a las entidades de investigación que ya existen y producen conocimiento. Debilitarlas a costa de la creación del Centro sería un grave error.

El país, desde hace décadas, camina al revés. Esto se evidencia cuando se revisan anualmente los indicadores de desarrollo humano; en estos días, también las cifras de muertos diarios debidos a la delincuencia, el número de niños recién nacidos abandonados anualmente y los muertos por HIN1 y el dengue confirman esta tesis.

A los temas de la delincuencia y la economía, problemas que agobian a toda la población, no se les encuentra solución en el país. En esencia, son problemas multicausa y multiefectos, es decir, de naturaleza compleja. El principal obstáculo para resolverlos ha sido que los Gobiernos no los han estudiado como requieren. En ciencias e ingeniería, a los problemas de naturaleza compleja se les trata con algoritmos de prueba y error, algoritmos estocásticos, algoritmos genéticos, por mencionar algunos. Aquí, en el país, se trabaja de espalda a las ciencias; algo que debe empezar a cambiar lo antes posible.

La forma en que los Gobiernos han abordado el problema de la delincuencia se ilustra mejor con el ejemplo de la fiesta de piñata. Siempre se ha querido pegarle a la piñata —a la solución de los problemas— con los ojos vendados, mareados, engañados por gritos de “arriba” y “abajo”, con el palo inadecuado y con la cuerda de la piñata movida al antojo de fuerzas ocultas. De esta forma, pasarán todos los invitados a la fiesta (llámense presidentes de la República de cualquier estilo y partido político) queriendo reventar la piñata sin éxito. De seguro, se comerán los dulces y el pastel, pero la piñata seguirá intacta o medio desfigurada. Ante la desesperación e impotencia que siente la población por la forma en la que se maneja la fiesta en nuestro país, se recurre a la manera más simple de consuelo: los problemas no se resuelven por “falta de voluntad política”. Disculpen, pero ya cansa escuchar esta frase.

Los problemas se resuelven cambiando las reglas de la fiesta de la piñata. Esto implica conocer, identificar y dar respuestas a las siguientes preguntas. (1) ¿Cuáles son la fuerzas ocultas que halan la cuerda?, es decir, ¿dónde están las causas del problema: en el narcotráfico, en el sistema capitalista, en la corrupción del sistema de justicia…? (2) ¿Se está usando el palo adecuado?, ¿los instrumentos, herramientas y políticas son los adecuados para resolver el problema? (3) ¿Será mejor quitarle la venda al niño y no marearlo antes de que le pegue a la piñata? Esto implica un buen liderazgo, un funcionario que vea lo que los otros no y que pueda leer e interpretar los datos correctamente. Hasta el momento, no hay claridad si la “meritocracia” dará los resultados esperados. (4) ¿Será necesario conocer bien la piñata? Aquí es necesario un buen diagnóstico del problema y tener cuidado de que su dimensionamiento sea el adecuado. Y (5) ¿quiénes son los adecuados para gritar “arriba” y “abajo”? El conjunto de asesores es clave, y saber escuchar a todos los sectores implicados (afectados o beneficiarios) en el problema es de prioridad. En la fiesta, los que gritan “arriba” y “abajo” casi siempre mienten; el funcionario debe tener capacidad para discernir entre lo falso y lo verdadero. Como es evidente para el lector, hasta aquí no ha sido necesario meterle números ni algoritmos a la solución, simplemente se han usado el sentido común y el principio básico de la ciencia: la observación.

Se analiza ahora un ejemplo en donde se utilizan dos aspectos que indica la ciencia: proceder de lo simple a lo complejo y utilizar la prueba-y-error para conocer el fenómeno en estudio. El problema es el de los delitos y asesinatos con armas de fuego (la piñata); parece claro que los que halan la cuerda son los empresarios que se dedican a la venta de armas, las empresas de seguridad que se lucran de la inseguridad ciudadana y los delincuentes de todos los tipos, por mencionar algunos. Un buen diagnóstico podría indicar una lista más larga de fuerzas ocultas. Hasta ahora, el palo que se ha usado como solución es el de la represión (Mano Dura y luego la Súper Mano Dura); incluso algunos quisieran revivir a la Guardia Nacional.

Esto indica poca visión. Y el resultado de esta mala estrategia es que las víctimas de la violencia se han incrementado y que las cárceles están llenas de delincuentes. Ahora salen con el gran hallazgo de que desde la cárcel se siguen ordenando extorsiones y asesinatos. La solución planteada hasta la fecha es bloquear las señales de celulares en las prisiones, construir más de estas, endurecer las leyes y sacar el Ejército a las calles. Los que gritan “arriba” y “abajo” siguen insistiendo en que prohibir la portación de armas favorece al delincuente (aquí destaca El Diario de Hoy) y que es necesario endurecer la represión. La prevención no está en su lenguaje, ya que ven la enfermedad y no la causa. Si un ejemplo ayuda a entender lo de la prevención, este es el de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Lo ideal no es que estos crezcan, sino que la sociedad no tenga necesidad de ellos para afrontar el problema del alcoholismo. Esto último requiere enfocarnos en la prevención y no en la curación.

Para prevenir los delitos y asesinatos por armas de fuego se debería usar la prueba-y-error con las siguientes medidas. (1) Prohibir la portación de armas de inmediato (si se quiere, para un plazo de seis meses) y ver los resultados después del primer semestre. Si los datos mejoran, se sigue con la medida; si no, se cambia (de eso trata el método de prueba-y-error). La verificación de esta medida debe ser permanente (y no como la prueba de alcohol en la sangre, que se realiza solo en vacaciones y luego los borrachos siguen causando accidentes fatales); se debe realizar en todos los lugares y debe ser aplicable a todos los ciudadanos por igual. (2) Limitar el consumo de bebidas alcohólicas por persona en todos los establecimientos: es claro que alcohol y armas son complementos perfectos para ejercer violencia. (3) Limitar la venta de armas por precio (subirle impuestos), por poder destructivo y por edad. (4) Controlar el uso de las armas en manos de los agentes de seguridad privados y públicos, incluyendo los de uso de la Fuerza Armada. (5) Empezar a sustituir la seguridad privada de colonias y establecimientos comerciales por la seguridad pública. (6) Acompañar todas estas medidas con una campaña publicitaria adecuada. (7) Destruir inmediatamente armas capturadas a la delincuencia común y organizada. Y (8) ajustar las leyes que sean necesarias para aplicar estas medidas en el corto plazo.

Luego se aplica la regla de Descartes de ir de lo simple a lo complejo. En esta fase se prioriza; el Gobierno debe actuar sobre lo que tiene control directo y tomar el liderazgo en impulsar decisiones que tienen que ver con los otros poderes del Estado.

Lo expuesto hasta aquí es simplemente sentido común; los expertos deberían afinar las ideas. En ciencias e ingeniería, ninguna solución se descarta desde el inicio; por el contrario, aunque las ideas parezcan tontas, se trata de mejorarlas y de volverlas factibles. A veces, después de un camino recorrido, se retoman ideas viejas que en un inicio fueron descartadas porque el estado de la tecnología limitaba su implementación.

Existen muchas definiciones de plan de ordenamiento territorial. Dos que considero importantes son las siguientes. En primer lugar, “ordenar el territorio es asegurar el desarrollo equilibrado del conjunto de regiones que lo componen”. Para ellos se necesitan cuatro elementos: una estructura de autoridad, la delimitación del territorio en circunscripciones, redes de comunicación para unir los diferentes puntos del territorio y un sistema de ayuda al desarrollo económico y social para equiparar-igualar o compensar los desequilibrios del desarrollo regional. En segundo lugar, un plan de ordenamiento territorial es el proceso técnico-político por el cual, mediante un conjunto de acciones y decisiones concertadas y técnicas, se concretan en el espacio territorial los objetivos, políticas y estrategias de los planes de desarrollo económico, social y ambiental, buscando como resultado la racionalidad en la ocupación y uso del territorio y sus recursos. En el territorio se disponen ordenadamente la infraestructura física, los asentamientos poblacionales y las actividades económicas con base en los recursos naturales y las vocaciones regionales, en términos de compatibilidad ambiental y de seguridad física. (Esta última tomada del Foro Ciudades para la Vida, de Perú).

Ambas definiciones aportan elementos claves para tener un plan de ordenamiento territorial exitoso: concertación entre actores que ocupan el territorio; estructura de autoridad que dirige el plan; caracterización del territorio en regiones homogéneas para identificar desequilibrios y acciones concretas (sociales y económicas) a desarrollar en las diferentes regiones; plan de financiamiento que rompe con los desequilibrios y procura una región con igualdad; y una red de conectividad (vial, telecomunicaciones, Internet, etc.) que permite desplazarse a todos los actores para tener acceso a servicios como salud, educación, alimentación, trabajo digno, información, entre otros.

La Ley de Medio Ambiente del país establece la cuenca hidrográfica como circunscripción adecuada para analizar el territorio. En el Artículo 14, literal b, se establece lo siguiente: “Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: […] (b) Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales y en especial, la vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica, la unidad base para la planeación del territorio”.

Tomar la cuenca hidrográfica como unidad de planificación plantea un reto para el país. Las cuencas no coinciden con las divisiones administrativas de los 262 municipios, lo que hace necesario que los planes de ordenamiento territorial deban realizarse a escala de microregiones. De hecho, el instrumento de la asociación entre municipios es el que puede otorgarles una mejor representación política y mayores posibilidades de éxito en la gestión de la cooperación nacional e internacional para impulsar sus planes de ordenamiento territorial.

En una clase en la UCA sobre este tema, a funcionarios de municipalidades se les realizaron varias preguntas. Estas y sus respectivas respuestas se presentan a continuación:

¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? (1) Es una delimitación geográfica en donde se distribuyen ordenadamente las diferentes actividades económicas, sociales, culturales dentro de un marco de afinidad con los recursos naturales y el medio ambiente que nos brinde una seguridad física. (2) Es el ordenamiento de acciones sociales, económicas y humanas dentro de un área geográfica para la preservación de los recursos ambientales. (3) Es un conjunto de programas que establecen proyectos de una adecuada distribución de los bienes que buscan el desarrollo sostenible y sustentable en un terreno adecuado.

¿Por qué no funcionan la mayoría de los planes de ordenamiento territorial desarrollados en el país? (1) No hay ordenanzas municipales que los respalden; las autoridades archivan los planes; no logramos visualizar la importancia del plan; desconocimiento de los mismos. (2) Por aspectos políticos, sociales, intereses personales, económicos y falta de aplicación de las leyes existentes. (3) Desconocimiento, falta de seguimiento, no son conocidos por la población y falta de consensos. (4) Falta de educación y conciencia ambiental de la población, y falta de políticas al momento de poner en marcha el plan.

¿Qué aspectos son los más importantes para desarrollar e implementar un plan de ordenamiento territorial (1) Participación ciudadana informada. (2) Definir claramente los objetivos sobre lo que se quiere hacer con el territorio a corto, mediano y largo plazo. (3) Un plan de ordenamiento territorial integral que busque el desarrollo sostenible. (4) La organización de la población. (5) Voluntad política y conciencia social.

Para concluir, es importante decir que el concepto de “ordenar el territorio”, en el sentido de disponer adecuadamente los asentamientos humanos, las actividades socioeconómicas y otras, debe trascender a uno más amplio: “romper desequilibrios”. Romperlos a fin de convertir el territorio que habitamos en un proyecto integral que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial. Ello permitirá elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia y ciudadano que viven en el territorio. Al revisar las respuestas dadas por los funcionarios municipales se concluye que el tema de los planes de ordenamiento territorial ya ha sido estudiado lo suficiente. Lo que ahora se espera del nuevo Gobierno es voluntad política para impulsar estos instrumentos de planificación territorial.

Para ello se realizó un cuestionario con varias preguntas que fue contestado por 59 estudiantes de la clase de Métodos Numéricos y Programación en un día cualquiera. La caracterización socio-demográfica de los 59 estudiantes se resume a continuación: el 67.8 % eran hombres y el 32.2% mujeres, el 23.3% se encontraba en las edades de 18 a 20 años y el 50.8 % entre 21 y 23 años, el 52.5% se considera de clase media y el 33.9 % de clase media baja, y en relación a la carrera que estudian: 6.8% (eléctrica), 37.3%(industrial), 33.9% (química), 5.1% (mecánica) y 16.9%(civil). A esto se agrega que el 98.3% de los estudiantes respondieron que le preocupan los temas y problemas ambientales del país.

Es obvio, que no podemos hacer inferencias más allá de lo que nos permiten los pocos datos relevados. Más bien el interés de este artículo es el de presentar una metodología sencilla e incentivar la realización de estudios sobre la “Percepción social”  en diferentes campos, en este caso el tema ambiental. Los aspectos bajo estudio fueron: factores importantes en la vida de este grupo de estudiantes, factores ambientales de mayor preocupación, valoración de la situación ambiental del país, comportamiento ambiental, participación en temas y proyectos ambientales y, finalmente, el ser humano frente al medio ambiente.

A nivel de tecnología se utilizó el software Minitab para el análisis estadístico de los datos (estadística descriptiva). Después de usar este software para este pequeño estudio se concluye que Minitab es una herramienta amigable, de bajo costo y suficiente para realizar cualquier estudio científico. Como ejemplo de la metodología para el análisis de los aspectos bajo estudio se presentan dos de ellos, un enfoque similar se siguió para el resto de aspectos:

• Para los factores ambientales de mayor preocupación de los estudiantes se realizó la pregunta ¿Por cuál de los siguientes factores usted siente mayor interés y preocupación? Y se les pidió que marcaran solo uno de siete factores. Los resultados son los siguientes: Los dos factores que más les preocupan a los estudiantes son la calidad de vida y la disponibilidad de los recursos que consumen y, los factores que menos les preocupan son los efectos de la contaminación en la salud humana, la sostenibilidad económica del país a largo plazo y los desastres que podrían ocurrir debidos a sismos, inundaciones, deslizamientos de tierra y otros. Se observó que en el caso de las mujeres el factor que más destacaron fue el 4 (Disponibilidad de los recursos que consume) y en el  caso de los hombres marcaron todos los factores pero destacaron el 2 (Calidad de vida), y el 3 (Mantenimiento de los ecosistemas naturales (plantas, animales, etc)).
• Valoración de la situación ambiental del país. Se obtuvo a través de la pregunta: Pensando 3 años atrás, ¿Cómo valora la situación ambiental presentada? (1: está peor; 2: está igual; 3: ha mejorado). La única situación ambiental que los estudiantes piensan que está igual o ha mejorado es la preparación ante desastres, el resto de las situaciones ambientales (Protección y conservación de animales y plantas en peligro de extinción,  manejo de desechos sólidos, calidad del agua, calidad del aire,  limpieza de playas, riberas de ríos y lagos y  reducción de consumo de agua y electricidad) están igual o han empeorado. Es evidente que se percibe que la calidad de aire ha empeorado así como también la reducción de consumo de agua y electricidad y la limpieza de playas, riberas de ríos y quebradas.

Después de aplicar la metodología anterior a cada uno de los factores bajo estudio, se presentan los principales hallazgos de percepción social en el tema ambiental:

1. Los factores más importantes en la vida de este grupo de estudiantes son la familia, el estudio y la religión y les preocupa menos la Política.
2. Los factores que más preocupan a los estudiantes son la calidad de vida y la disponibilidad de los recursos que consumen (agua, alimentos, energía, etc.).
3. La valoración de la situación ambiental es que está igual o peor que hace tres años. Hacen evidente que la calidad del aire ha empeorado y el único aspecto que perciben que ha mejorado es la preparación ante desastres. Aquí es de utilidad destacar que los desastres debidos a sismos, inundaciones, deslizamientos de tierra es el factor que menos les preocupa a este grupo de estudiantes junto con los efectos de la contaminación ambiental en la salud humana.
4. En la actitud hacia el medio ambiente no existe cultura de reciclaje ni de selección de productos amigables con el medio ambiente. Aunque si existe un interés por la reducción de consumo de agua y energía.
5. Los estudiantes manifiestan que se informan sobre temas ambientales y discuten sobre los mismos; sin embargo, no participan en proyectos ambientales y de desarrollo de sus comunidades en estos temas.
6. Los estudiantes muestran tener un alto grado de conciencia ambiental y reconocen la gravedad de los problemas ambientales.

Es difícil abordar la problemática ambiental del país en este corto espacio; sin embargo, dado que en este estudio de percepción sobresalió el deterioro en la calidad del aire percibido por el 86% de los estudiantes en los últimos tres años, se considera este aspecto con mayor detalle. La mala calidad del aire tiene un alto impacto en la salud de la población. Al menos esto es lo que evidencia el Consolidado Nacional del Reporte Epidemiológico Diario correspondiente al periodo del 30 de Diciembre de 2007 al 03 de Enero de 2009 publicado en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la Unidad Nacional de Epidemiología. Un resumen se presenta en la siguiente tabla con las cuatro enfermedades que registran el mayor número de consultas diarias, de las cuales tres presentan alguna correlación con la calidad del aire:

En relación con problema de la calidad de aire, el MARN, a través del programa de descontaminación de áreas críticas desarrolló en el año 2003 una propuesta de Política Nacional de Calidad de Aire en cuyo diagnóstico se establece: “(a) los contaminantes más problemáticos son el Dióxido de Nitrógeno, las partículas PM10, y las Partículas Totales Suspendidas; (b) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha reportado en los últimos años incrementos importantes en los casos de infecciones respiratorias, sin embargo no existen estudios específicos que evalúen esta información directamente en correlación a la calidad del aire; (c) En cuanto a las fuentes emisoras, se estima que el parque vehicular es el  responsable de cerca de un 70% del total de las emisiones contaminantes;  (d) Sobre las emisiones industriales, no se conoce con exactitud su aporte a la contaminación atmosférica existente ya que no se cuenta con un inventario de las emisiones de las fuentes fijas ni con información sobre su distribución geográfica”. En relación a este último aspecto, la UCA realiza desde hace 5 años un monitoreo de fuentes fijas de contaminantes a nivel industrial. Es importante destacar que un problema percibido por los estudiantes (deterioro en la calidad de aire) ya está siendo considerado por las autoridades competentes del país MARN y MSPAS y, ya se tienen propuestas de políticas para atender este problema. Aun cuando se ha tocado únicamente el tema de la calidad de aire, este pequeño estudio de percepción social en el tema ambiental nos permite visualizar otros campos identificados en los hallazgos principales que se pueden investigar en el futuro, tales como, el hecho de que no existe una cultura de reciclaje ni de selección de productos amigables con el medio ambiente o que la participación de la juventud en temas ambientales es limitada. Si estos estudios de percepción social se realizaran a escala nacional y de manera continúa las políticas y programas nacionales tendrían mayor impacto.

A manera de conclusión se establece que los estudios de “percepción social” son una herramienta esencial para el establecimiento de políticas públicas y para la toma de decisiones. Además, constituyen una herramienta de participación ciudadana fundamental para la construcción de la democracia en el país. La Fundación Nacional de los Estados Unidos (NSF) realiza un estudio de percepción social titulado “Science and Technology: Public Attitudes and Understanding”, los detalles los puede consultar el lector en el sitio http://www.nsf.gov/statistics/seind08/c7/c7h.htm. Otro estudio similar se encuentra en el sitio http://www.rcuk.ac.uk/sis/pas.htm.

Mientras esto ocurre en el país, en  los países desarrollados y otros en transición (países emergentes) la batalla en Educación se centra en alcanzar la universalidad en los estudios de la educación superior; es decir, que la totalidad de jóvenes de la población, en edad de estar en el sistema de educación superior (edades de 17 a 25 años) efectivamente se encuentren estudiando en este nivel. Al calcular este indicador en el país, el resultado es que aproximadamente solo 8 de cada 100 jóvenes en las edades indicadas se encuentran en el sistema de educación superior, quizá con los datos del nuevo censo el indicador puede mejorar y lleguemos a unos 10 por cada 100. En todo caso, este dato nos debe hacer pensar que si la apuesta es a tener un país más productivo poco podemos lograr con una juventud que no alcanza a llegar al sistema de educación superior y, por consiguiente, a adquirir destrezas que le permitan su incorporación efectiva a la fuerza laboral del país, que en un entorno globalizado y más competitivo se vuelve más excluyente.

Recientemente se han publicado dos informes que pueden ayudarnos a entender  el estado de la Educación Superior en el país: “Educación superior en cifras: El Salvador 1997-2006” presentado en noviembre del 2007 por el MINED y “Estadísticas sobre Actividades Científicas y Tecnológicas. El Salvador 2007. Sector de Educación Superior” presentado por CONACYT en Diciembre de 2008. Según estos informes, la población estudiantil del sector de educación superior para el año 2007 fue de 132,246, distribuida de la siguiente manera: 121,814 en Universidades, 1,814 en institutos especializados y 8,614 en institutos tecnológicos. Y  para el año 2006, la composición de este sector era de 26 universidades (1 pública y 25 privadas), 5 institutos especializados (1 público y 4 privados) y 8 institutos tecnológicos.

En total, 39 instituciones de educación superior, que al ser distribuidas en sedes regionales en los distintos departamentos del país se tienen 40 sedes universitarias, 5 sedes de institutos especializados y 14 sedes de institutos tecnológicos (esto para el 2006). Al comparar estos últimos datos con los de 1998, se observa que las sedes de educación superior han disminuido en 13 (9  sedes universitarias y 4 en institutos tecnológicos). Esta disminución de sedes y, pese al aumento anual en el  número de bachilleres en la década de 1997 a 2006, ocasionó que los estudiantes del sector privado disminuyan en 4,287 estudiantes; mientras que los estudiantes del sector público crecieron en 13,652 estudiantes. Estas tendencias se muestran en el siguiente gráfico.

Los datos muestran que el sector de educación superior está casi saturado; es decir, ya no tiene capacidad de absorber más estudiantes y, que el crecimiento en el número de bachilleres está siendo absorbido principalmente por el sector de educación superior público, que tiene serias dificultades de presupuesto para operar.

No existen datos que nos indiquen la capacidad máxima en número de estudiantes que podrían absorber las instituciones de educación superior, pero ahora con la política nacional de bachillerato gratis de seguro el número de bachilleres graduados se incrementará y, aunque los estudiantes tengan capacidad de pago, muchos se quedaran fuera del sistema porque éste ya está funcionando casi a su capacidad máxima.  Los informes indican que de alrededor de 60,000 bachilleres graduados anualmente, aproximadamente 24000 logran ingresar al sector de educación superior, es decir, un 40%. ¿Qué hacen los estudiantes que no ingresan al sistema? Es una de las preguntas más preocupantes. Por un lado, solo 10 de cada 100 en edad de estudiar logran estar en el sector, y por el otro, un aproximado de 36,000 estudiantes anualmente se queda fuera del sistema.

En el informe de CONACYT se estima que el costo anual promedio por estudiante en el país  en el sector de educación superior es de  $1,255.52 dólares (el MINED lo estima en  $1,385). Además, el gasto anual por estudiante es $250 dólares más caro en el sector educativo público que en el privado ($1,191.00 dólares en el privado y $1,356.00 dólares en el público). Si el estado quisiera duplicar el ingreso (por ejemplo, llevarlo a 48,000 estudiantes) de los estudiantes al sistema de educación superior tendría que incrementar su presupuesto anual a este sector en aproximadamente 30 millones y, en las condiciones actuales, no existe la infraestructura universitaria para albergar esta demanda de estudiantes. Para el año 2006, el presupuesto ejecutado por el sector público y privado fue de 167 millones de dólares, de los cuales el 58%  proviene de ingresos de las familias de los estudiantes, 29.5% del subsidio del gobierno y 12.5% de ventas de servicios. Es decir, la familia salvadoreña ya aporta alrededor de 97 millones al año en la educación superior de sus hijos. Sin incluir aquí los aportes indirectos que realizan vía pagos de impuestos y renta al estado que luego se canalizan como subsidios a las instituciones públicas.

Al ver estos datos es bastante claro que el estado debe aumentar sustancialmente el presupuesto al sector público e incluso al sector privado, de no hacerlo estaría dejando a un grupo importante de la población sin posibilidades de insertarse a las demandas del mundo laboral del país. La familia salvadoreña ya está poniendo su cuota, ahora el turno es del estado e incluso de la empresa, si esta última asumiera su responsabilidad social con los más necesitados. Si efectivamente nos interesa la juventud aquí hay una oportunidad de trabajo.

Algunos de los principales postulados de la ciencia los estableció Descartes hace muchos años y los presento a continuación: (a) No aceptar nada que no constituya un conocimiento claramente verificable; (b) Dividir el problema, bajo estudio, en partes y; (c) Proceder de lo sencillo a lo más complejo. ¡Qué interesante sería que la sociedad en su conjunto aplicara estos postulados para analizar su situación económica y social, sus instituciones, los medios de comunicación, la situación ambiental y energética, los subsidios y las políticas de su gobierno!. En este sentido, creo que una persona con formación temprana en ciencia y tecnología está en mejores condiciones de ser un buen ciudadano, que aquel que no la tuvo.

Regreso ahora al tema de este artículo que trata sobre ¿Cómo impulsar el desarrollo en ciencia y tecnología en el país?. Para ello, introduzco algunos modelos que intentan predecir el comportamiento de la realidad científica y económica, pero como todo modelo es simplemente eso una simplificación de la realidad que puede ayudarnos en la toma de decisiones. El modelo lineal de desarrollo científico establece que a mayor inversión en I+D (Investigación y Desarrollo), es decir, en producción de conocimiento, se tienen mayores productos en publicaciones, número de investigadores y patentes, etc que luego, en un entorno favorable de innovación, este conocimiento facilita la creación de nuevos productos y procesos por parte de las empresas.

Con la globalización y el modelo económico neoliberal ha sido el mercado el que impulsa la innovación y no tanto el conocimiento producido por la I+D. Bajo este concepción es la gestión del conocimiento y no el conocimiento en sí mismo lo más importante. Entonces la empresa se convierte en el motor de la innovación y deja a la Universidad la función de entrenamiento o labor profesionalizante primordialmente y al estado la creación de la infraestructura en transporte, telecomunicaciones y otras. El impacto de las ideas de este modelo en Educación es evidente, el profesor se convierte en facilitador del conocimiento y los programas de estudio de las carreras se organizan por competencias que el mercado exige.

Este modelo conceptual de la innovación y, por ende, del desarrollo científico, se recoge en el Manual de Oslo de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) de los países europeos y fue trasladado por la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT) al contexto Iberoamericano en el Manual de Innovación de Bogotá. Estos manuales son usados por la RICYT principalmente para medir a través de indicadores la innovación en las empresas de un país.  Algunos piensan que la gestión del conocimiento es más importante que el conocimiento en sí mismo; sin embargo, los países desarrollados no han descuidado su inversión en I+D (generación de conocimiento) y se mantienen muy atentos a las demandas del mercado. Ahora con la crisis financiera internacional, estos modelos de innovación están siendo cuestionados principalmente en dos temas: (1) ¿Cuál es el motor de la innovación? y (2) ¿Qué debe impulsar la innovación?. Recalco aquí que se trata de modelos y, como tales, siempre habrá un mejor modelo que represente mejor lo que sucede en la realidad.

En el Manual de Oslo (modelo de Innovación de tipo “push-pull”), la innovación se produce en las empresas por el “empujón” de la ciencia (I+D) y por el “jalón” del mercado, pero es al final de cuentas este último el que dirige la innovación. Este rol privilegiado asignado al Mercado hace que el concepto de innovación se amplíe: ya no solo implica el desarrollo de nuevos productos y procesos sino que una nueva estrategia de mercadeo, la reorganización en un sector de la empresa, la adquisición de nueva maquinaria también se consideran innovaciones.

Ahora, con los efectos del modelo neoliberal en daños al medio ambiente, en el incremento de la pobreza a nivel global, en el cambio climático, en la crisis energética y otros problemas de la sociedad actual surgen nuevos modelos de innovación y ajustes a los existentes. Uno de ellos es el de la triple hélice, que indica que del famoso triángulo de Sabato universidad-empresa-gobierno, el motor de la innovación es la Universidad. Según este modelo, la Universidad se encuentra en un lugar privilegiado debido a que la fuente de ideas que ingresan y salen (principalmente debida a los estudiantes) no se da en la empresa ni en el gobierno y es al final de cuentas las ideas de la gente las que impulsan la innovación. Así que el motor de la innovación es la Universidad y no tanto la empresa. Es de la Universidad de donde surgen nuevas empresas por incubación o empresas de tipo spin-off. Este término, en general, implica la creación de nuevas empresas en el seno de otras empresas u organizaciones (Universidades) públicas o privadas, que actúan como incubadoras.

En este modelo, la innovación es una hélice que se alimenta de las ideas surgidas principalmente en la Universidad las cuales son financiadas por capital de riesgo (“business angels”) y que luego se traducen en empresas de tipo spin-off. La innovación también se produce en el gobierno y en las empresas, pero es la Universidad la fuente principal de nuevas ideas. El mejor ejemplo de este modelo es el desarrollo científico y de innovación del valle de silicio en California.

Ahora bien a este modelo de la triple hélice recientemente se le agrega una nueva hélice, la ciudadanía. En este modelo ajustado, la ciencia “empuja” la innovación y la demanda social y no solo el mercado es la que “jala” la innovación. La demanda social tiene que ver con la mejora del habitat, los servicios básicos (salud, vivienda, energía, educación, etc.) y el desarrollo de una economía social o solidaria. La Universidad empuja la innovación poniendo como objetivo la atención de la demanda social de su entorno, las empresas se convierten en socios estratégicos de la Universidad y los gobiernos locales o centrales constituyen una fuente de financiamiento importante. Los tres vértices del triángulo de Sabato universidad-empresa-gobierno trabajan en conjunto para crear “productos de negocios” que impacten en la mejora de las condiciones de vida de la población de su entorno. ¿Cuál modelo adoptar? Personalmente me inclino por este último.