En ambos casos, podrá existir por parte de los presidentes el interés genuino de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus pueblos; sin embargo, el método ha sido inadecuado y ha afectado la salud de las instituciones y de la población. Violar el principio básico de no sobrecargar a las estructuras conduce al colapso, como ocurre cuando una persona excede su capacidad de trabajo. No es prudente someter a la población a cambios excesivos en corto plazo con el fin de corregir problemas acumulados por más de 50 años. Esto aplica al caso salvadoreño: sería ilógico tratar de resolver la desigualdad de la pobreza y la exclusión en cinco años de Gobierno del FMLN. Si se tratara de realizar esto, se tendría que pasar por sobrecargar las estructuras (instituciones públicas y privadas, partidos políticos, sociedad civil organizada, medios de comunicación, empresarios, trabajadores, etc.), y al final caeríamos en el estrés político que derivaría en el colapso.

Algo de esto ha pasado en Honduras. Antes que todo, debo establecer que estoy en desacuerdo con el golpe de Estado y creo que el presidente Zelaya debe regresar a su cargo lo antes posible. Sin embargo, este es un ejemplo sencillo de sobrecarga de estructuras: poner a la población a definir grandes temas en un paquete eleccionario sembró el estrés político que terminó rompiendo la pita por la vía más fácil, pero a su vez la más dolorosa: el golpe de Estado. Sin duda, una tragedia para la nación hermana y un retroceso para los pocos avances democráticos que se habían construido a la fecha en ese país y en la región centroamericana.

La izquierda salvadoreña tiene ahora la oportunidad de hacer un buen gobierno, y todos tenemos la esperanza de que las condiciones socioeconómicas mejorarán principalmente para los más pobres. Hasta ahora, el plan global anticrisis y el nombramiento del gabinete económico crea esperanza de que las cosas se moverán en la dirección correcta. A solo un mes de estar en el poder el nuevo Gobierno, no podemos juzgar a priori lo que sucederá en el futuro, pero el caso de Honduras debe llevarnos a reflexionar que los pasos hay que darlos pequeños y en la dirección correcta, y sin cometer errores, como recalcó el presidente Funes en su discurso de toma de posesión. No hay que olvidar que nuestro país ideológicamente está más polarizado que Honduras, y que sobrecargarlo con cambios bruscos nos llevaría al caos. En este sentido, las señales del nuevo Gobierno han sido las de generar confianza en todos los sectores de la población.

Ojalá que la crisis política de Honduras se resuelva lo antes posible y que la región centroamericana transite por la paz y tranquilidad que siempre hemos soñado.

La deuda social acumulada por más de veinte años también se hace evidente por todos lados: faltan medicinas en los hospitales, una gran cantidad de personas viviendo en condiciones de riesgo a desastres, lisiados de guerra exigiendo deudas del Estado que vienen desde 1993, la inseguridad ciudadana traducida en niveles de violencia nunca vistos (13 muertos diarios), un alto déficit de vivienda, deterioro ambiental, la productividad agrícola por los suelos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población, la atención en salud de los maestros en estado precario, el problema de las maras y su “rentas”, las deudas a los proveedores de las instituciones del Estado, los subsidios insostenibles, etc.

Todo indica que la barranca en la que está el país es más profunda de lo esperado o imaginado, y que sacar el buey de la barranca, como dice la canción popular, no será fácil. A esto hay que agregar que el entorno económico mundial no es favorable, que la economía nacional está en recesión y que el partido de oposición y sus aliados incondicionales, los grandes medios de comunicación, están “vigilantes” de los errores que pueda cometer el nuevo Gobierno. Todo esto para continuar con la vieja estrategia que les permitió estar veinte años en el poder: la lucha anticomunista, la defensa del “sistema de libertades” y la falsa creencia de que sólo los empresarios son capaces de gobernar.

El Gobierno tiene poco tiempo como para discutir cosas que no están bajo su control total. Primero debe actuar sobre los problemas en los que puede tomar acciones que favorezcan de inmediato a los más pobres o a los excluidos del desarrollo. Siguiendo esta lógica, los empresarios ya están demasiado grandecitos como para esperar a que se les atienda. Durante la campaña electoral pidieron —y aún en estos días siguen pidiendo— “señales”; no ha sido suficiente lo que el Gobierno les ha expresado en relación a temas que les preocupan: la dolarización se mantiene, se garantiza el respeto a la propiedad privada, no se tocan las reservas internacionales y el fondo de pensiones, etc. Si lo que esperan escuchar es que el “sistema de libertades se mantiene”, no han entendido que la población votó por un cambio en el rumbo del país. Y, más aún, no quieren aceptar que es precisamente el “sistema de libertades” lo que tiene la deuda social actual y las desigualdades bien marcadas entre pobres y ricos.

Quizá lo más lógico es que los empresarios, en lugar de estar pidiendo “señales”, digan qué “señales” quieren ver y escuchar. Hasta ahora, una de sus “señales” ha sido el despido de empleados como primera medida para enfrentar las crisis del “sistema de libertades”, es decir, sus ganancias no se tocan. Y la pregunta es entonces: ¿en dónde está la responsabilidad social empresarial? Ojalá que la cúpula empresarial se una al esfuerzo de sacar al país adelante y no se deje contaminar, como ha sido hasta ahora, por la ideología de Arena, que tanto daño ha hecho este país en los pasados 20 años.

Mientras esto ocurre en el país, en  los países desarrollados y otros en transición (países emergentes) la batalla en Educación se centra en alcanzar la universalidad en los estudios de la educación superior; es decir, que la totalidad de jóvenes de la población, en edad de estar en el sistema de educación superior (edades de 17 a 25 años) efectivamente se encuentren estudiando en este nivel. Al calcular este indicador en el país, el resultado es que aproximadamente solo 8 de cada 100 jóvenes en las edades indicadas se encuentran en el sistema de educación superior, quizá con los datos del nuevo censo el indicador puede mejorar y lleguemos a unos 10 por cada 100. En todo caso, este dato nos debe hacer pensar que si la apuesta es a tener un país más productivo poco podemos lograr con una juventud que no alcanza a llegar al sistema de educación superior y, por consiguiente, a adquirir destrezas que le permitan su incorporación efectiva a la fuerza laboral del país, que en un entorno globalizado y más competitivo se vuelve más excluyente.

Recientemente se han publicado dos informes que pueden ayudarnos a entender  el estado de la Educación Superior en el país: “Educación superior en cifras: El Salvador 1997-2006” presentado en noviembre del 2007 por el MINED y “Estadísticas sobre Actividades Científicas y Tecnológicas. El Salvador 2007. Sector de Educación Superior” presentado por CONACYT en Diciembre de 2008. Según estos informes, la población estudiantil del sector de educación superior para el año 2007 fue de 132,246, distribuida de la siguiente manera: 121,814 en Universidades, 1,814 en institutos especializados y 8,614 en institutos tecnológicos. Y  para el año 2006, la composición de este sector era de 26 universidades (1 pública y 25 privadas), 5 institutos especializados (1 público y 4 privados) y 8 institutos tecnológicos.

En total, 39 instituciones de educación superior, que al ser distribuidas en sedes regionales en los distintos departamentos del país se tienen 40 sedes universitarias, 5 sedes de institutos especializados y 14 sedes de institutos tecnológicos (esto para el 2006). Al comparar estos últimos datos con los de 1998, se observa que las sedes de educación superior han disminuido en 13 (9  sedes universitarias y 4 en institutos tecnológicos). Esta disminución de sedes y, pese al aumento anual en el  número de bachilleres en la década de 1997 a 2006, ocasionó que los estudiantes del sector privado disminuyan en 4,287 estudiantes; mientras que los estudiantes del sector público crecieron en 13,652 estudiantes. Estas tendencias se muestran en el siguiente gráfico.

Los datos muestran que el sector de educación superior está casi saturado; es decir, ya no tiene capacidad de absorber más estudiantes y, que el crecimiento en el número de bachilleres está siendo absorbido principalmente por el sector de educación superior público, que tiene serias dificultades de presupuesto para operar.

No existen datos que nos indiquen la capacidad máxima en número de estudiantes que podrían absorber las instituciones de educación superior, pero ahora con la política nacional de bachillerato gratis de seguro el número de bachilleres graduados se incrementará y, aunque los estudiantes tengan capacidad de pago, muchos se quedaran fuera del sistema porque éste ya está funcionando casi a su capacidad máxima.  Los informes indican que de alrededor de 60,000 bachilleres graduados anualmente, aproximadamente 24000 logran ingresar al sector de educación superior, es decir, un 40%. ¿Qué hacen los estudiantes que no ingresan al sistema? Es una de las preguntas más preocupantes. Por un lado, solo 10 de cada 100 en edad de estudiar logran estar en el sector, y por el otro, un aproximado de 36,000 estudiantes anualmente se queda fuera del sistema.

En el informe de CONACYT se estima que el costo anual promedio por estudiante en el país  en el sector de educación superior es de  $1,255.52 dólares (el MINED lo estima en  $1,385). Además, el gasto anual por estudiante es $250 dólares más caro en el sector educativo público que en el privado ($1,191.00 dólares en el privado y $1,356.00 dólares en el público). Si el estado quisiera duplicar el ingreso (por ejemplo, llevarlo a 48,000 estudiantes) de los estudiantes al sistema de educación superior tendría que incrementar su presupuesto anual a este sector en aproximadamente 30 millones y, en las condiciones actuales, no existe la infraestructura universitaria para albergar esta demanda de estudiantes. Para el año 2006, el presupuesto ejecutado por el sector público y privado fue de 167 millones de dólares, de los cuales el 58%  proviene de ingresos de las familias de los estudiantes, 29.5% del subsidio del gobierno y 12.5% de ventas de servicios. Es decir, la familia salvadoreña ya aporta alrededor de 97 millones al año en la educación superior de sus hijos. Sin incluir aquí los aportes indirectos que realizan vía pagos de impuestos y renta al estado que luego se canalizan como subsidios a las instituciones públicas.

Al ver estos datos es bastante claro que el estado debe aumentar sustancialmente el presupuesto al sector público e incluso al sector privado, de no hacerlo estaría dejando a un grupo importante de la población sin posibilidades de insertarse a las demandas del mundo laboral del país. La familia salvadoreña ya está poniendo su cuota, ahora el turno es del estado e incluso de la empresa, si esta última asumiera su responsabilidad social con los más necesitados. Si efectivamente nos interesa la juventud aquí hay una oportunidad de trabajo.