Después de un año de gestión del Presidente Mauricio Funes se presenta al país el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 que contiene la visión, las apuestas, las prioridades y las metas del Gobierno para dicho periodo. Además, como algo novedoso, se incluye en dicho Plan las políticas públicas estratégicas y la cuantificación e identificación de los programas y proyectos que se realizaran para lograr los objetivos y metas trazadas, así como un apartado especial para el sistema de seguimiento y evaluación del Plan. Según palabras del Presidente Funes, el Plan “es una herramienta para edificar el cambio y una pieza clave para generar confianza y seguridad… la planificación busca garantizar la equidad y la universalidad de las políticas ambos pilares básicos de la democracia…  concibo este Plan como una herramienta más para construir la unidad nacional”. Por su parte, Alex Segovia –secretario técnico de la presidencia- establece que el Plan “rescata y reivindica la planificación estratégica como un instrumento central para la búsqueda del desarrollo y como una herramienta de enorme utilidad para construir políticas públicas del estado” y, luego expresa que “uno de los principales legados que espera dejarle al país la presente administración pública es el desmantelamiento del sistema de privilegios conformado históricamente a partir del control del aparato gubernamental”. Se presentan estos comentarios por dos razones: la primera para dejar claro que no existen planes neutrales sino que tras de ellos existe una base política e ideológica que los sustenta y, segundo, que desde los enfoques teóricos de la Ciencia Política, pareciera que el actual Gobierno cambia de un enfoque centrado en la sociedad a un enfoque centrado en el estado.

De acuerdo a Roth (2006), en las teorías centradas en la sociedad, es el estado junto a individuos y grupos de interés quienes determinan y deciden las políticas públicas a desarrollar por las instituciones del estado, que en el caso del pasado gobierno de Arena -de tipo neoliberal- pareciera que la corriente del public choice tuvo gran influencia. Según Roth (2006:29) “esta corriente se dedicará a mostrar que las burocracias públicas y los mecanismos de representación política son los responsables del crecimiento de los presupuestos públicos y que la solución consiste en volver al estado mínimo”. Los procesos de privatización emprendidos por Arena en los pasados 20 años, que seguían las recomendaciones del  Consenso de Washington, reafirman este proceso de minimización del estado, ejemplo de ello fue la eliminación del Ministerio de Planificación (MIPLAN) en las primeras administraciones  del partido Arena. Por el contrario, en el apartado [49] del Plan se establece que “En esta visión estratégica el Estado tiene un rol fundamental que desempeñar, como elemento cohesionador de la sociedad, como promotor del desarrollo integral y como defensor y dinamizador de la democracia. Por estas razones, en el Plan Quinquenal de Desarrollo al Estado se le asigna un papel central, compatible con las atribuciones determinadas por la Constitución de la república”. De acuerdo a Roth, en las teorías centradas en el Estado, “El Estado funciona como un selector de las demandas y un proveedor de servicios… Son los individuos y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan de manera esencial las elecciones en materia de políticas públicas”. Los enfoques decisionistas entran dentro de esta teoría y de hecho algo de esto se comprueba en el apartado [229] que tiene que ver con la inversión pública en programas y proyectos prioritarios en el que se establece que “… se procedió a realizar un ejercicio de priorización, en el que participó de forma directa el presidente Mauricio Funes, quien tomó la decisión final sobre cuáles serían los programas y proyectos que se incluirían en el presente Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Los enfoques modernos de gestión pública indican que la primera condición de efectividad en la implementación de un plan o política pública es que exista una teoría solida, que de acuerdo a Roth (2006: 115) se define como “…disponer de una teoría sólida, significa que es preciso tener una teoría del cambio social que establezca con firmeza la causalidad entre el instrumento utilizado y los efectos deseados. Toda política pública [o plan] está sustentada en una hipótesis teórica de cambio social construida generalmente bajo la forma de si tal cosa, entonces ocurrirá esto”. Este enfoque teórico de causalidad se utiliza en el Plan para definir la visión estratégica a mediano y largo plazo que se establece en el apartado [47]: “La visión estratégica del Plan Quinquenal de Desarrollo descansa en la premisa siguiente: sin la construcción de un nuevo modelo económico y social y sin el funcionamiento pleno de la democracia es imposible avanzar hacia una sociedad próspera, libre, pacífica, justa y solidaria. Por ello este plan está estructurado alrededor de dos objetivos estratégicos: a) sentar las bases para instaurar un nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo integral, que sea a la vez sustentable e inclusivo y b) profundizar y consolidar la democracia. Desde esta perspectiva, el aporte histórico que legará al país el Gobierno encabezado por el presidente Mauricio Funes es de carácter fundacional”.

La estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo se muestra en la figura 1 y sus componentes se describen en detalle en el apartado [7] del documento del Plan. Algo importante de destacar aquí es que el Gobierno acepta de manera completa la definición de las áreas prioritarias del quinquenio formuladas por el Consejo Económico y Social (ver Tabla 1 en anexo) y el Plan asume en su apartado [52] los instrumentos de intervención del Estado que se citan con frecuencia en los textos de políticas públicas, por ejemplo los citados por Roth (2006:44-46): instrumentos prescriptivos, instrumentos incentivos, instrumentos de organización y procedimiento, instrumentos materiales e instrumentos de delegación a socios. Estos instrumentos se recogen en el Plan en el apartado [52] de la siguiente manera: “Para incidir de forma positiva en las áreas prioritarias se ha concebido una novedosa estrategia de intervención integral que considera tanto la creación de una nueva institucionalidad para promover el desarrollo como el rediseño y la modernización de la ya existente. Además incluye el despliegue de nuevos instrumentos e incentivos económicos y la ejecución de políticas públicas estratégicas de carácter macroeconómico y de naturaleza sectorial. La acción conjunta de estos instrumentos permitirá intervenir de manera simultánea en dos o más áreas prioritarias, lo que será factor clave para conseguir los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Para la elaboración del Plan, la secretaría técnica de la presidencia tuvo el apoyo del Consejo Económico Social que aglutina el grupo de actores claves de este Plan al menos en la elaboración de las propuestas estratégicas, dejando a la burocracia del Estado la definición de los programas y proyectos a ejecutar. Este consejo está integrado por 24 representantes de las cámaras empresariales y 24 delegados del movimiento social. Éstos a su vez son asesorados por 10 representantes de la academia y son coordinados por el secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia. En el apartado [123] se hace referencia a los actores claves del Plan: “Con el propósito de garantizar la continuidad y la sostenibilidad de las políticas macroeconómicas y sectoriales estratégicas, el gobierno de la república pretende que estas se conviertan en políticas de estado, es decir, que cuenten con el apoyo de los principales actores económicos, sociales y políticos. Por esta razón en los próximos meses se harán consultas en el seno del Consejo Económico y Social y de otros espacios de diálogo sectoriales sobre estas políticas, de tal manera que su alcance, contenido y estrategia de ejecución sean el resultado de acuerdos amplios”. Sin embargo, a la hora de definir los programas y proyectos (toma de decisión, de acuerdo al ciclo de políticas de Jones) a realizar en el quinquenio fue la burocracia estatal la que tomó el rol clave en este proceso, tal como se detalla en el apartado [229] del Plan: “Uno de los ejercicios más complejos y meticulosos que se realizaron durante el proceso de elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo fue la identificación de todos los programas y proyectos relacionados directamente con las apuestas estratégicas, las áreas prioritarias, los objetivos y las metas del plan. Tal proceso supuso, por una parte, la revisión de cada uno de los proyectos que las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo habían presentado al Ministerio de Hacienda para su consideración en el presupuesto nacional”. Así las cosas, los lineamientos estratégicos se consultan y discuten con el Consejo Económico y Social y las acciones concretas (programas y proyectos) se discuten en la burocracia estatal. Para legitimar este proceso y para hacerlos vinculantes en el apartado [234] se expresa: “Es importante subrayar que los programas y proyectos prioritarios están estrechamente vinculados con las apuestas estratégicas de largo plazo, las prioridades del quinquenio y especialmente con los instrumentos que se han diseñado para alcanzar los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo”.

Dos elementos claves y novedosos de este Plan es que por primera vez, en la historia reciente del país, se definen claramente los programas y proyectos que serán financiados en el quinquenio (que tienen que ver con la fase de implementación del ciclo de Jones) y se define el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del Plan (que se ubica en la fase de evaluación del ciclo de políticas de Jones). En cuanto al financiamiento, según se presenta en el apartado [231]: “los programas y proyectos prioritarios del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 se han agrupado en cinco grandes áreas estratégicas, a saber: a) equidad, inclusión social y reducción de la pobreza; b) reactivación económica; c) desarrollo sostenible; d) seguridad ciudadana y e) dimensiones especiales del desarrollo. El costo total de los programas y proyectos asciende a 4864 millones de dólares, de los que el 44%, es decir, 2100 millones de dólares, corresponden al área de equidad, inclusión social y pobreza, que constituye la primera prioridad del gobierno de la república”. El Plan detalla cada programa y sus proyectos con los montos a invertir, de igual manera se indican los fondos disponibles y la brecha de fondos para los cuales hay que hacer las gestiones de búsqueda de financiamiento. En el apartado [230] se indican las ventajas que tiene para la ejecución del Plan llegar a ese nivel de detalle de los programas y proyectos: “a) permite concretarlo y darle viabilidad puesto que las políticas, los programas y los proyectos que lo conforman tienen un respaldo financiero y por tanto existe la certeza de que tales actividades se realizarán; b) garantiza el conocimiento de la magnitud de la brecha de financiamiento en aquellos casos en los que exista y esto permite planificar la identificación y gestión de recursos para financiarla; c) asegura la consistencia con el escenario macroeconómico definido por el Gobierno y el marco fiscal de mediano plazo acordado con el Fondo Monetario Internacional; d) identifica los programas y proyectos prioritarios y los vincula a la planificación financiera y temporal de su ejecución, con lo que dota al gobierno de la república y a los distintos sectores que componen la sociedad salvadoreña de un poderoso instrumento de seguimiento, evaluación y de rendición de cuentas”.

Figura 1. Estructura del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 (Fuente: elaboración propia).

El segundo elemento novedoso lo constituye el sistema de evaluación que se define en el Plan. En el apartado [235] se define lo que se pretende al implementar el sistema de coordinación, seguimiento y evaluación del plan “Dicho sistema parte de las siguientes premisas básicas: a) que la coordinación interinstitucional es una condición indispensable para implementar de manera eficiente el Plan Quinquenal de Desarrollo; b) que la participación ciudadana es fundamental en todas las fases del proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas y c) que la rendición de cuentas del Gobierno es un aspecto fundamental de la gestión pública”. Y con la idea de transparencia y de rendición de cuentas el Plan asigna al Consejo Económico y Social un rol activo en el proceso de evaluación que se presenta en el apartado [237] de la siguiente manera: “Con el propósito de garantizar transparencia y de impulsar el proceso de rendición de cuentas, el gobierno nacional solicitará al Consejo Económico y Social que efectúe también su propio seguimiento y evaluación del Plan Quinquenal de Desarrollo, de forma que pueda informar al país y formular recomendaciones que aseguren su efectiva implementación. El Gobierno proporcionará la información que el Consejo Económico y Social requiera para cumplir esta tarea”. Ahora considerando los tipos de evaluación teóricos propuestos por Roth (2006: 142-150), se deja al Consejo Económico Social la evaluación de tipo concomitante continua que consiste en acompañar la puesta en marcha del Plan y su objetivo principal, en palabras de Roth, consiste en “controlar el buen desarrollo de los procedimientos previstos y, por otra, permitir la detección de problemas para poder realizar los ajustes necesarios a tiempo. Se trata de realizar un seguimiento o monitoreo a las actividades de implementación de un programa –insumos, cronograma, realizaciones, resultados, etc-”. La evaluación ex – ante llamada también a priori, de factibilidad o prospectiva fue realizada por la burocracia estatal y un grupo de expertos. Quedando pendiente la evaluación ex – post que se realizaría al final del quinquenio.

A manera de conclusión se puede determinar que el ejercicio de planificación realizado por el Gobierno es novedoso y de calidad. Se han considerado los fundamentos de las ciencias económicas y políticas adecuados. Es un documento sencillo, organizado por apartados numerados lo que facilita su estudio y los procesos de seguimiento y control que puede realizar cualquier ciudadano del país.

Bibliografía

Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. San Salvador: Gobierno de El Salvador, 2010.

Roth Deubel, André-Noel. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora, 2006.

Sidney, Mara. “Policy Formulation: Design and Tools”. En Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, ed. Frank Fisher, Gerald Miller y Mara Sidney, 79-87. New York: CRC Press, 2007.

Anexo

Tabla 1. Principales apuestas del Plan Quinquenal de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia en base a información del Plan Quinquenal de Desarrollo.

Publicado el 6 de julio de 2010 en la UCA:

La estación lluviosa del país ha iniciado de manera inusual y causando dos desastres en los meses de mayo y junio: el primero debido a la tormenta Agatha (originada en el Pacífico) y el segundo, a una tormenta asociada al huracán Alex (originado en el Atlántico). En la estación meteorológica de la UCA se registran a la fecha 853.7 mm, de los cuales 751.66 mm corresponden a los meses mencionados. Estos datos permiten estimar que durante el año se superará el promedio anual de lluvias de 1,800 mm, ya que en poco más de setenta días ha llovido el 47.43% de lo esperado en todo el año, y faltan las lluvias de los meses de julio y septiembre, que históricamente han sido las más intensas en una estación lluviosa normal.

Desde el año anterior, el clima ha estado dando sorpresas. La tormenta asociada al huracán Ida se originó en el océano Pacífico y produjo un evento extremo de lluvias concentrado en el volcán de San Vicente (450 mm en tres días de lluvia, de los cuales 355 mm ocurrieron en 5 horas) que causó 199 fallecidos, 76 desaparecidos y pérdidas materiales estimadas en 314.8 millones de dólares. Normalmente, al inicio de la estación lluviosa se originan tormentas y huracanes del Pacífico, los cuales casi siempre ocurren en la costa de México; sin embargo, este año la tormenta Agatha ingresó directamente en Guatemala, afectando indirectamente a El Salvador. La temporada de huracanes del Atlántico inicia en septiembre y termina en noviembre, pero este año apareció Alex en junio, que originó una tormenta desde el Pacífico que provocó el segundo desastre hidrometeorológico en el país en lo que va del año. Este último fenómeno es similar al ocasionado por Ida en 2009.

A partir de los datos de la estación meteorológica de la UCA (ver tabla), se observa que los eventos extremos de corta duración son los que más daños están ocasionando al país. Este tipo de eventos no solo son difíciles de predecir, sino que requieren de tiempos rápidos de respuesta del sistema de protección civil, algo que solo es posible lograrlo con mucha coordinación y preparación ante desastres en toda la jerarquía del sistema. En este sentido, ha sido acertada la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de adquirir radares meteorológicos que permitan monitorear y predecir eventos extremos; algo que ayudará a caracterizar de mejor manera la amenaza. Sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo pasa por la reducción de la vulnerabilidad física y socioeconómica, de forma que aumente la resiliencia de la población y del país. Esto es difícil de lograr a corto y mediano plazo, porque obviamente implica cambiar el modelo de desarrollo económico.

Al realizar un análisis del comportamiento del país ante eventos extremos (como el ocurrido en la Málaga y las tormentas Ida y Alex), se ve claramente que la fragilidad ambiental es alta debido a que no ha existido una planificación territorial basada en el manejo de cuencas hidrográficas. Y ello pese a que está establecido en la Ley de Medio Ambiente, artículo 14: “Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: […] (b)Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales, y en especial la vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad base para la planeación del territorio”. Tal como queda en evidencia con cada tormenta que ocurre en el país, en las cuencas los niveles de infiltración de agua son mínimos debido a la alta deforestación y a los cambios en el uso del suelo, de tal forma que en poco tiempo la red de drenaje natural y artificial (en el caso de las ciudades) recoge enormes cantidades de agua que hacen colapsar puentes, muros y viviendas. Además, dado que gran parte de la población vive en las riberas de ríos y quebradas, en pocas horas se necesita evacuar y albergar a miles de personas.

Recientemente, el Banco Mundial, la Cepal y otros organismos nacionales e internacionales, a solicitud del Gobierno salvadoreño, presentaron el estudio “El Salvador: Damage, Loss, and Needs assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the los pressure system associated with tropical storm Ida”. En éste se propone al país la creación de un marco estratégico para el manejo del riesgo compuesto de 5 pilares: identificación y manejo del riesgo; mitigación; fortalecimiento de la preparación ante emergencias; fortalecimiento institucional; y financiamiento. Implementar este marco le costaría al país 34.4 millones de dólares entre 2009 y 2018. Por otra parte, sólo para la recuperación, reconstrucción y reducción de riesgos debido a Ida el país requiere de 343.97 millones de dólares. En el documento se establece que la máxima pérdida probable en el país debido a eventos catastróficos para un período de retorno de 50 años es de 1.771 billones de dólares, y se estima que desde 1972 el país ha sufrido un aproximado de 6,500 muertes por desastres y pérdidas económicas que superan los 16 billones de dólares. De estas cifras, los desastres de naturaleza climática han producido el 62% de las muertes y entre el 87% y 95% de los impactos económicos reportados.

Así las cosas, la gestión de riesgos de desastres debe convertirse en una política pública del país; de lo contrario, El Salvador será inviable en el corto plazo. En los foros internacionales sobre riesgos, y a raíz de los terremotos en Haití y Chile, se ha cuestionado la definición de desarrollo sostenible adoptada por los países en la Declaración de Río de 1992, que lo entiende como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Ahora se propone que un país será sostenible, además, en la medida en que pueda enfrentar los eventos máximos o catastróficos.Esta reformulación un tanto pesimista está cobrando fuerza dado los efectos impredecibles del cambio climático en los próximos años. Enorme tarea, pues, la que tiene el país en este tema; tarea que requiere de grandes cantidades de recursos económicos que no tenemos disponibles.

El alcalde y la gobernadora iniciaron procesos de “limpieza” que desbordan sus capacidades para lograr resolver sus problemas de manera sostenible; sin embargo, sus actuaciones podrían brindarles réditos políticos como la reelección en sus cargos o la aceleración de procesos políticos ya en marcha. En el caso del alcalde, me refiero al desalojo de vendedores ambulantes del centro de San Salvador iniciado el 16 de junio; y en el caso de la gobernadora, se trata de la ley antiinmigrante SB 1070, que entrará en vigencia en el estado de Arizona, Estados Unidos, el próximo 29 de julio.

El alcalde, en respuesta a los disturbios realizados por los vendedores informales ante los desalojos, expresó: “No nos amilanan este tipo de hechos violentos, ya sabemos que detrás del comercio informal se esconden grupos que siembran el terror y que delinquen permanentemente y que han hecho de esta actuación inescrupulosa su forma de vida”. Por su parte la gobernadora, en reacción a las protestas y demandas de inconstitucionalidad de su ley, dijo recientemente: “Creo que hoy, bajo las circunstancias que enfrentamos, la mayoría de intrusos que entran al estado de Arizona lo hacen bajo la dirección y el control de los carteles de la droga, y que ingresan drogas… Tenemos información contundente de que vienen como personas ilegales que desean trabajar. Entonces [los narcotraficantes] los abordan y se convierten en sujetos del cartel de drogas”. ¿Existen similitudes entre las declaraciones de estos dos funcionarios? El lector podrá sacar sus propias conclusiones.

Lo que es claro es que ambos justifican sus acciones desde el accionar de fuerzas oscuras: las pandillas y el crimen organizado, en el caso del alcalde; y los carteles de la droga, en el caso de la gobernadora, ignorando así la necesidad de sobrevivir del vendedor informal o del inmigrante ilegal que ha tenido que abandonar su familia para buscar un puesto de trabajo. El factor común de sus actuaciones es que el problema que enfrentan excede sus capacidades y requiere de instancias superiores para su solución. El Gobierno salvadoreño, a través del Fisdl, había asignado unos fondos para iniciar procesos de ordenamiento en centros históricos (incluido el de San Salvador), pero Norman Quijano se adelantó al proceso. De igual manera lo hizo la gobernadora en Estados Unidos, pues el presidente Obama ya había iniciado el proceso de una ley para frenar y controlar la inmigración. Esto hace evidente que en el fondo son intereses políticos personales los que han movido las iniciativas de ambos.

En el caso del alcalde, es evidente que finalizará su gestión sin haber cumplido sus promesas de campaña más ambiciosas (el metrobús y las bóvedas sobre el río Acelhuate). Entonces, tiene que recurrir a la política del maquillaje: el ornato de parques, la remodelación del monumento al Salvador del Mundo y el desalojo de vendedores informales. El caso de la gobernadora es más profundo y complicado. Según establece Ramonet en El despertar de las tribus, “la Historia nos enseña que cuando una grave crisis económica coincide con el desencadenamiento de pasiones nacionalistas, cabe esperar las peores desgracias”. Algo de esto puede estar sucediendo en Arizona con la ley SB 1070, la cual penaliza ser inmigrante ilegal en un país que está en crisis económica debido al mal manejo del sector financiero.

Buena parte de los medios de comunicación locales están ahora en campaña a favor del alcalde, porque saben que la mediatización del problema terminará contribuyendo al buen desempeño electoral de la derecha en 2012. Incluso en uno de los editoriales de los medios escritos se hace una comparación de mal gusto para justificar la actuación del alcalde: “Una de las doce labores de Hércules, el héroe de la mitología griega, consistió en limpiar los establos del Rey Audías, anegados de porquería. Hércules desvió las aguas de dos ríos al establo y ¡misión cumplida!”. Qué pena que tanta “intelectualidad” se use de esta manera. También preocupan las opiniones del presidente Funes en las que deja traslucir lo que entiende por ordenamiento territorial: “Si el plan del alcalde busca justamente crear un mejor ambiente para el funcionamiento de los centros de salud, reordenar a San Salvador para contar con una ciudad más ordenada, pero garantizando al mismo tiempo la rentabilidad de los negocios de estos microempresarios, bienvenido el plan”.

Una definición sencilla y muy ilustrativa de ordenamiento territorial es la siguiente: “Ordenar el territorio es asegurar el desarrollo equilibrado del conjunto de regiones que lo componen”; en otras palabras, ordenar implica romper con los desequilibrios que existen en el territorio. Desequilibrios que tienen diversas manifestaciones: económicas (entre los que han logrado un establecimiento formal para vender sus mercancías y lo que tienen hacerlo en las calles para ganarse la vida), sociales (entre los que han logrado adquirir una vivienda digna y los que tienen que vivir a las orillas de ríos y quebradas en champas) y de movilidad (entre los que se desplazan en sus vehículos privados y los que tienen que usar el deplorable servicio público de transporte), entre otras. En resumen, el ordenamiento del centro histórico solo será posible cuando se rompan los mayores desequilibrios que tiene el país: la desigualdad en los ingresos entre pobres y ricos, y la exclusión social. Esto implica que cualquier esfuerzo de planificación del territorio debe ir acompañado por un sistema de ayudas al desarrollo económico y social, para así compensar las desigualdades de desarrollo de sus habitantes. No solo se trata, pues, de tener una ciudad limpia y segura a costa del desalojo.

Sobre el comportamiento político es difícil opinar porque se desconoce las entrañas de cada partido político y, además,  se analiza muchas veces sobre lo que los medios de comunicación masivos trasladan a la  sociedad y, al ser estos últimos actores interesados sobre el quehacer político, la información que nos llega es sesgada hacia la derecha.  A pesar de estos inconvenientes, es evidente que el presidente Funes ha mantenido con la asamblea legislativa un juego de ping-pong –en los temas de leyes y decretos- en donde se percibe una falta de comunicación del presidente con el partido que lo llevó al poder (el Fmln), vacío que los partidos de derecha aprovechan a lo grande.

Con el decreto de eliminación de la cuota fija a la telefonía aprobada por la asamblea legislativa, el presidente Funes tuvo una gran oportunidad para negociar con las empresas telefónicas una reducción significativa pero, en lugar de hacerlo, trasladó de nuevo la pelota a la asamblea legislativa y de esta manera se logró una pequeña reducción de un poco más de dos dólares. Al final de cuentas tanto desgaste político entre el presidente y el Fmln para obtener prácticamente nada en beneficio de  las familias del país. En este caso, Funes estuvo en una posición de mucha ventaja (ya se había eliminado la cuota fija) para negociar pero no la aprovechó y se desgastó.

En el caso del RNPN recibió la pelota de parte de la Asamblea en la que se otorgaba poder al Fmln, al menos en proponer al Presidente quiénes podrían dirigir esta institución clave para el sistema electoral y, Funes remata de nuevo la pelota, de tal forma que ahora tiene en sus manos una nueva propuesta de la asamblea que beneficia más a la derecha que a la izquierda. Nuevamente un desgaste político con el Fmln en el que pierden los dos.

Está pasando algo curioso en el acontecer político, para que Arena se desgranara no hubo necesidad de que el frente moviera un dedo y, ahora, que la relación Funes-Fmln se deteriora a pasos grandes no ha sido necesario que  Arena ponga un granito de su arena. Se podrían mencionar más ejemplos que muestran que la comunicación y la estrategia política del Fmln y el Gobierno están fallando.

También es evidente – luego de casi un año de iniciado este Gobierno- que a muchos de sus ministros les falta capacidad de ejecución. Decidir sobre el subsidio al transporte le tocó a este Gobierno al tomar posesión y como no sabían qué hacer, simplemente pospusieron el problema por 18 meses. Únicamente lograron reducir el subsidio por bus de 800 a 500 dólares mensuales y el establecimiento de cajas únicas que se esperaba redujeran el número de accidentes de tránsito (al disminuir la competencia desleal); sin embargo, esto último no ha sucedido y el caos en el transporte sigue. Los empresarios de buses han empezado a presionar desde ya, debido a que saben que en diciembre de 2010 vence el subsidio algo que  obviamente no quieren perder sino aumentar. De seguro, el Gobierno a estas alturas no tiene idea de lo que va hacer en diciembre y los transportistas lograrán obtener nuevamente el subsidio. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo del mal servicio de transporte y, los que consumen combustible para desarrollar sus actividades económicas, seguirán pagando la buena vida que lleva este sector ineficiente, que aprovecha el caos y el chantaje para seguir obteniendo privilegios.

También solo se conocen anuncios sobre el subsidio al gas licuado y, en el caso del subisidio a la energía para el sector residencial, de manera sorpresiva y contra toda lógica, se amplió a los consumidores de 300 Kwh, quienes dejaron de pagar el incremento del 18% por seis meses, pero en octubre se volverán a enfrentar con el problema ahora magnificado dos veces (el incremento del 18% no aplicado y el nuevo que se decida en octubre). A esto hay que agregar que las empresas distribuidoras están pidiendo hacer los ajustes a las tarifas trimestralmente y no cada seis meses como hasta ahora. Todo esto sucede debido a las políticas erróneas de Arena al privatizar la distribución de energía y al debilitar al Gobierno en el tema energético, pero ahora es responsabilidad de este Gobierno de izquierda enfrentarlo de manera inteligente.

Para rematar, el ministro de agricultura renuncia por no saber manejar el subisidio de los paquetes agrícolas –entre otras cosas gruesas que menciona en su carta de renuncia- entonces ¿Qué pasa con este Gobierno?. El mal manejo de los subsidios solo indica falta de capacidad en la formulación y ejecución de políticas públicas que unido a la pésima comunicación entre Gobierno y Fmln solo aumentan las demandas sociales y, por ende, perjudican la gobernabilidad del país. ¿Es eso lo que quieren? Pues sigan midiendo fuerzas de manera tonta.

Todas estas medidas se anunciaron y realizaron siempre con la falacia de que las empresas extranjeras estaban a la vuelta de la esquina, esperando para invertir en el país. Para completar la historia hay que agregar la construcción del puerto de La Unión a través de un préstamo (un proyecto que desde su inicio fue un fracaso); la construcción de infraestructura para la red de Megatecs cuando existían grandes necesidades en otros sectores de la educación del país; y la congelación de los salarios bajo la excusa de que al aumentarlos las empresas quebrarían o la inversión extranjera se alejaría. Como es de conocimiento general, en Centroamérica, El Salvador ha sido el país con menor inversión extranjera directa en los últimos años.

Arena agotó todas sus medidas, o más bien aplicó a cabalidad las recetas y programas que le sugirieron los organismos internacionales, ya que nunca tuvieron creación propia. Conforme transcurrió el tiempo, endeudaron al país. Al final, pese a darle “un sentido humano” a sus políticas, terminaron derrotados en las elecciones de marzo de 2009. Las consecuencias desastrosas en la economía ya son conocidas. Y luego de la derrota, Arena se derrumbó en menos de seis meses.

Ahora, Arena sigue sin saber cómo hacer oposición política y mantiene el discurso de que el país no tiene rumbo, que solo ellos tienen la capacidad para gobernar y que el comunismo nos acecha arropado en el socialismo del siglo XXI. Pero, en esencia, ¿qué propone Arena para recuperar la economía del país que sea diferente a lo que hizo en 20 años? Ante tanta insistencia, quizás ellos mismos se creen que el país transitaba por el rumbo correcto. Si este fuera el caso, la gran amenaza no sería el socialismo del siglo XXI, sino el retorno de los que ya fracasaron en el manejo de la economía.

Ciertamente, al actual Gobierno le está costando arrancar y tiene dificultades para obtener fondos para ejecutar sus propuestas; pero ha logrado dar confianza a la población, rompió el discurso apocalíptico de la derecha de que el país sería un caos al ganar el FMLN y logró una tímida reforma fiscal, muy adversada por la gran empresa. En nueve meses, el Gobierno tiene todavía el beneficio de la duda por lo no que ha hecho y debe cumplir.

A pesar de la crisis financiera del país, agudizada por la internacional; a pesar de arrancar con una economía en recesión, una elevada y creciente demanda social, y una buena parte de los recursos dedicados a atender los desastres del año anterior (sequía y tormenta Ida), el Gobierno logró completar un plan estratégico quinquenal. Ahora falta su ejecución y evaluación, para lo cual tiene un poco más de cuatro años. El período de aprendizaje para los nuevos funcionarios ya terminó; es tiempo de resultados a favor de las mayorías necesitadas del país. Es hora, pues, de pasar de los discursos a la realidad.

Deslizamiento en calle al puerto de la Libertad, 8 de Nov 2009

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional”.

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.

Lustra botas en el parque central de la ciudad de Santa Ana

La semana pasada, las fundaciones Fusades y Fundemas, de pensamiento de derecha, trajeron al politólogo Francis Fukuyama a impartir una conferencia, en la cual expresó dos frases que fueron recogidas por la prensa escrita nacional y que es bueno repetirlas. La primera se refiere a la inequidad en el ingreso: “La región, aunque ha avanzado en las reformas económicas, no ha logrado distribuir la riqueza y mantiene una estratificación social, económica y racial heredada de la colonia y que ha beneficiado a las élites oligárquicas”; la segunda, al tema fiscal: “El problema de Latinoamérica es la incapacidad de poner impuestos a las élites”.

En realidad, Fukuyama no dijo algo nuevo; la UCA y otras instituciones del país han repetido esto desde hace décadas. Lo importante de sus declaraciones es que ponen en el centro de la discusión nacional el tema de la inequidad y en cierta medida legitiman la necesidad de profundizar la reforma fiscal iniciada este año por el Gobierno.

Las manifestaciones de la inequidad en El Salvador han producido emigración y pérdida de capital humano, violencia, desintegración familiar, delincuencia, inseguridad nacional, etc. Somos un país en crisis socioeconómica y política permanente; muy diferente al país próspero descrito hace más de un año por un economista, quien decía que, de seguirse con el sistema de libertades y sus logros macroeconómicos, en diez años El Salvador estaría al nivel de desarrollo que tenía España en aquel momento.

Con esta conferencia Fusades lanzó su departamento de estudios políticos. Y en el evento tuvo sentado al Coena en primera línea, quizás con la intención de cumplir con el dicho popular: “Que lo diga Pedro para que lo entienda Juan”. Efectivamente, Arena necesita airearse el pensamiento; sus viejos lastres no lo dejan avanzar. La renovación del partido pasa por cambiar su ideología anticomunista; cambiar o actualizar su propuesta de modelo económico; cambiar su estrategia electoral basada en el miedo; desmontar el aparato de desinformación mantenido con la ayuda de ex guerrilleros —muy buenos para crear historietas—. Arena puede empezar su cambio por cosas fáciles aunque dolorosas, como renunciar a su himno. Con solo eso estaría dando muestras de renovación.

La continuidad de Arena como partido depende indirectamente del comportamiento del Fmln. Mientras este último más insista en el socialismo del siglo XXI o en la incorporación al ALBA, más se fortalecerá Arena. En este sentido, lo más adecuado es que el Fmln se deje conducir por Funes, quien se identifica más con la persona común y corriente, y puede aportar la practicidad política que le falta a algunos miembros del Fmln, que siguen atrapados en sueños de revolución, de lucha antiimperialista, y en un socialismo que no han podido definir con claridad.

Ya la población está cansada de ideologías foráneas, y Funes, a su manera, le está devolviendo un poco de credibilidad a la “clase política”; credibilidad que el Frente debería capitalizar antes que caer en la trampa de la derecha de romper la relación Funes-Fmln. Así las cosas, los esfuerzos del FMLN deberían enfocarse en crear un modelo de desarrollo propio, que se concentre en pocas cosas pero que muestre resultados a corto plazo.

Dos ejemplos de conducción política podrían ayudar en ese sentido; el primero de ellos debido a Lula y el segundo, a Obama. El presidente Lula dijo en una entrevista a CNN que su período presidencial solo tenía cuatro años y que estos eran muy pocos como para perderlos en discusiones ideológicas de geopolítica cuando millones de brasileños viven aún en la pobreza. Por su parte, el presidente Obama dijo que uno de sus objetivos era impedir que las personas que trabajan a tiempo completo vivan en la pobreza.

Aquí hay dos ideas importantes: no caer en la trampa de los debates ideológicos etéreos y tratar de resolver el problema del empleo de manera urgente. Suficientes problemas tiene la población en su vida diaria como para seguir apostándole a una polarización ideológica que es conveniente para la derecha.

Los principales acuerdos del G-20 se describen con detalle en un artículo del periódico The New York Times publicado el 26 de septiembre: “Leaders of G-20 Vow to Reshape Global Economy”; y en la transcripción de la conferencia de prensa del Presidente de los Estados Unidos, “Obama´s News Conference at the G-20”.

En resumen, los principales puntos de acuerdo fueron los siguientes. (1) La discusión y análisis de la economía global, que se habían mantenido dentro del grupo reducido de países industrializados conocido como G-7, se abren ahora al G-20. (2) Reducir el inmenso desbalance entre países orientados por las exportaciones (China, Japón y Alemania) y países orientados al consumo, como EE. UU. (3) Cada país del G-20 estuvo de acuerdo en someter a revisión entre iguales (“peer review”) sus políticas económicas y a ser monitoreados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). (4) EE.UU. se comprometió a incrementar y acelerar sus ahorros, a reducir su déficit comercial y a trabajar en su enorme déficit fiscal; al mismo tiempo se espera que China, Japón y Alemania reduzcan sus exportaciones mediante el incremento de sus consumos e inversiones internas. (5) Subir los niveles de capital en los bancos e instituciones financieras para reducir el riesgo y mantener reservas para amortiguar pérdidas esperadas o inestabilidades provocadas por el mercado de créditos. Este punto generó desacuerdos: Japón argumentó que sus bancos son más conservadores que los de EE. UU.; y Francia y Alemania (que son los que trabajan sus bancos con menores reservas de capital) no quieren utilizar más efectivo como reserva dado que podrían usar ese dinero en desarrollar sus economías.

(6) Aunque todos los miembros del G-20 están de acuerdo en que el reparto de bonos o dividendos a los ejecutivos de los bancos tuvo que ver con el origen de la crisis, no aceptaron la propuesta de Francia de poner topes al reparto en función de las ganancias; EE.UU y Gran Bretaña estimaron que era muy complicado. El acuerdo logrado va más en el sentido de crear incentivos para que se eviten abusos. (7) Todos los países del G-20 se comprometieron a idear políticas que permitan, para finales de 2010, cerrar las instituciones financieras con problemas o que se considere que van a quebrar (“too big to fail”). (8) A China y a los países asiáticos se les asignará mayor voto y peso en el FMI y en el Banco Mundial. (9) En relación a los países en desarrollo, los miembros del G-20 se comprometieron a reducir sus barreras a las exportaciones de productos agrícolas para finales de 2010. Sin embargo, esto se pone en duda, ya que la administración del presidente Obama no muestra interés en establecer nuevos tratados de libre comercio (como sucedía en la época de Bush) y se prevé que implementará más medidas proteccionistas.

Aunque la receta producida por el G-20 es larga, conviene discutir algunos de los acuerdos y comentarlos en relación al contexto salvadoreño. En primer lugar, analizadas en su conjunto, las medidas se dirigen a sacar a flote la economía de EE. UU., el país con el consumo más elevado del planeta (por ejemplo, Europa toda consume sólo un poco más de lo que lo hace Estados Unidos). Segundo, queda en evidencia que una economía basada en servicios (como la estadounidense), reducida en su productividad y orientada al consumo es insostenible. Tercero, los países en desarrollo siguen sin esperanza; siguen siendo entendidos como exportadores agrícolas sin ninguna influencia en la economía global. Y, finalmente, el mensaje enviado por el G-20 es que las ganancias de los banqueros no se tocan.

Veamos ahora el contexto salvadoreño. El Salvador, en los últimos 20 años, ha seguido el modelo neoliberal dedicado a los servicios, a fomentar el consumo de manera desproporcionada, y cuya lógica es que China se dedica a producir y EE. UU., a vender. Este modelo fracasó por varias razones. Al renunciar Estados Unidos a la producción, era de esperarse que el desempleo se incrementara en algún momento. Y si el enfoque estaba en vender y consumir sin considerar el ahorro, las ganancias terminaban en pocas manos. Al haber escases de dinero, se abrió un mercado irracional de créditos (para mantener el ciclo vender-consumir) que fue aprovechado por estafadores financieros que finalmente quebraron la economía norteamericana y arrastraron al mundo a la crisis actual.

Los beneficiados de este consumo excesivo fueron los principales países exportadores hacia Estados Unidos, y que han sido los primeros en salir de la recesión (China y Alemania). Es obvio, entonces, que las medidas acordadas por el G-20 para romper el desbalance entre países exportadores y consumistas buscarán que Japón, Alemania y China desarrollen sus consumos internos y que las inversiones las realicen en sus propios países, mientras Estados Unidos reactiva su producción, incrementa sus ahorros y estabiliza su mercado financiero. ¿Cumplirán China y Alemania esta propuesta? Lo más seguro es que no.

La economía de El Salvador, al adoptar este modelo que privilegia la venta-consumo sin producción (obviamente, con las diferencias en escala), descuidó la producción en general y la agrícola en particular, que era la que producía la mayor cantidad de empleos en el país (lo que explica el incremento de la migración de salvadoreños en los últimos años). Además, nuestra economía se concentró en fomentar el consumo teniendo como base los más de 3 mil millones de dólares anuales provenientes de las remesas. Luego, se tomó la estrategia de convertir al país en un centro de logística, para así continuar en la lógica de vender-consumir y esperar que otros inviertan para generar empleo. Aunque las estafas financieras han sido pocas en número, la banca salvadoreña terminó en manos de bancos internacionales, los cuales, tras el anuncio de la crisis, aumentaron de manera irresponsable sus tasas de interés, lo que terminó de ahogar la economía familiar de los salvadoreños. Si las familias no tienen ahorros sino deudas, es difícil que inviertan en crear pequeñas empresas o se dediquen a la producción de algún producto.

Por otra parte, si no se tiene capacidad productiva, no hay capacidad exportadora. En nuestro caso, para desarrollar la segunda se recurrió al subsidio a las exportaciones, el cual no es sostenible y sólo ha beneficiado a un grupo pequeño de empresas. Al estar configurada la economía del país así, el sector empresarial está mayoritariamente orientado a comprar y vender, sin interés en invertir para producir. Esto explica que buena parte del gran capital salvadoreño se expanda a través de inversiones en hoteles y centros comerciales en Centroamérica. Algo que si bien incrementa las ganancias de la gran empresa, no le trae ningún beneficio al salvadoreño común.

¿Qué falló, entonces, en el modelo económico de los EE. UU. y de El Salvador? La respuesta es simple. Puestos a decidir quién generaba y obtenía más riqueza, los neoliberales apostaron por los vendedores antes que por los productores; y, por lo tanto, adoptaron la regla simple vender-consumir, dejando que otros asumieran el riesgo de producir. Las consecuencias de este modelo son la crisis financiera y la recesión económica. Ojalá los economistas y los tanques de pensamiento hayan aprendido la lección y ahora generen ideas que le den racionalidad al modelo o le den vuelta.

Haciendo un estudio de ordenamiento territorial en Nejapa nos llamó la atención, que en una gran cantidad de parcelas del casco urbano de este pueblo, se encontraban viviendo más de 12 personas. Lo primero que pensamos era que se trataba de parcelas usadas como mesones; sin embargo, no era así. Lo que sucedía era que varias familias vivían en la misma casa: los padres, abuelos, los hijos con sus mujeres, los nietos y los familiares cercanos. En otras palabras, existía un alto nivel de hacinamiento en el casco urbano de este pueblo. A esto habría que agregar, que muchas familias vivían en estado de precariedad en un lugar conocido como “calle vieja”, que no era más que una quebrada con asentamientos humanos informales. Que las familias vivan hacinadas, en “champas” a las orillas de ríos y quebrados o en lotificaciones ilegales es algo que se asume como normal en este país.

Ante esta realidad, el actual gobierno con sentido humano y los anteriores  han pasado de lado ante el problema. En el caso de la construcción de viviendas de interés social han dejado el problema a lo que fundaciones, organizaciones religiosas, la cooperación internacional y otros grupos altruistas puedan realizar. Para el sector financiero (los bancos) y gran parte de los empresarios de la construcción el negocio ha estado en otros sectores, que según parece se les han empezado a agotar . Este sector de la población que ha podido adquirir una vivienda al crédito ha sufrido el primer golpe a su economía familiar.  Más del 60% de sus ingresos van para pagar su cuota mensual por la vivienda. Después de este golpe económico, se condena por 15, 20 o 30 años a estas familias a vivir para pagar la cuota en detrimento de poder satisfacer a plenitud otras necesidades como salud, educación, vestido, transporte, etc. El despojo al salario de estas familias es tal que les imposibilita contribuir a dinamizar la economía y, la esperanza de  emprender un negocio propio es casi imposible dado el nivel de endeudamiento al que son sometidas. Incluso tener hijos y ¿Cuántos tener? son decisiones difíciles de tomar. No es extraño entonces que muchas familias jóvenes abandonen el país o piensen hacerlo en el futuro.

Esta situación se complica aun más debido a que las nuevas viviendas construidas se entregan a medias; es decir, las familias, para hacer que sus viviendas sean funcionales, tienen que seguir invirtiendo en ellas lo que incrementa su déficit financiero y les limita para hacer cualquier otra inversión. A esto hay que agregar que la mayoría de servicios públicos están privatizados (salud, energía, agua, telefonía, educación, seguridad, etc) lo que termina de arruinar  la economía familiar.

El primer golpe es tan grave que hace difícil que la economía del país se reactive ya que, este sector privilegiado, de mayor educación y, por supuesto, con mayor capacidad para desarrollarse en el sector formal de la economía simplemente no tiene viabilidad económica. A esta situación económica hay que agregarle otras cosas que también deben enfrentar como son el IVA, la renta, las comisiones bancarias, los seguros, los impuestos al combustible, el incremento de intereses en los bancos, entre otros.

El sector financiero y muchas empresas de la construcción han actuado muy bien en el “país de libertades”. Establecen los precios que se les antoja a las viviendas (extremadamente elevados), lo que produce que dichos empresarios obtengan jugosas ganancias al realizar la compra-venta en un plumazo, los bancos se encargan de recuperar hasta dos, tres o cuatro veces el costo de la vivienda en el transcurso de los años y, a la familia, la condenan a vivir con la “soga al cuello” por el resto de sus vidas y, en estos tiempos sin tener garantía, de que el ahorro de su pensión les sea devuelto en su vejez. No entiendo el “país más justo” que nos ofrecen cuando, con la propuesta del programa  de vivienda “Vida Nueva”, piensan usar los ahorros de pensiones para financiar la construcción de viviendas de interés social, aunque esto último ya lo empezaron a matizar diciendo que los fondos de pensiones son una de las opciones de financiamiento que están considerando. Los que siempre han criticado a la banca nacional ahora la pretenden usar para manejar el poco dinero que le queda al estado Que el estado, manejado por empresarios de éxito, recurra a préstamos para pagar los subsidios hace evidente que están en quiebra y, que el cuento de que los empresarios son los más capacitados para manejar el país es solo eso, un cuento.

Si tanto les interesa el país y la generación de empleos, ¿Por qué los grupos famosos de empresas de construcción no arriesgan su propio dinero en la construcción de viviendas de interés social?.  Al final de cuentas “Vida nueva” se convertirá en “Vida jodida” para muchas familias y en “Vida de lujos” para un grupo pequeño.

A pocos días de la inauguración del puerto de la Unión, el gobierno salvadoreño, no sabe qué hacer con el mismo. Se nos dice que podemos convertirnos en una plataforma logística internacional, cuando realmente somos el país con menos cultura marítima en Centroamérica. La vicepresidencia presenta la concesión del puerto como la mejor solución debido a que, como sucede con el subsidio de la energía, el estado no  tiene dinero para seguir invirtiendo en el puerto. Para la construcción de esta obra el país ha invertido alrededor de 132 millones de dólares prestados al banco japonés JBIC (Japan Bank for International Cooperation) y al BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). A la base de este problema está la falta de acuerdos básicos de nación por parte de nuestra sociedad en dos temas claves: el desarrollo del país como centro logístico internacional y los subsidios. Aquí se analiza el primero de ellos. Los datos y estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (CONCATRAM) muestran que El Salvador tiene una limitada tradición y experiencia en manejo de puertos. Para esto veamos algunos datos del año 2004 en la siguiente tabla:

Los datos indican que nuestro país maneja alrededor del 6.15% de la carga de la región, el 2.04% de los TEUs (unidad de medida para la capacidad de un contenedor de 20 pies) y el 4.08% de los buques. Las proyecciones en manejo de TEUs para el nuevo puerto de La Unión son para el primer año de funcionamiento de 121,000 TEUs, al quinto año 184,900 TEUs y al décimo año 275,100 TEUs. Al analizar el desempeño del país y de la región en manejo de carga y considerando que las rutas marítimas globales se desarrollan más en el litoral del Caribe que en el litoral del Pacífico, las proyecciones del puerto son bastante optimistas. En todo caso, si las proyecciones fueran correctas, para el 2018 el Puerto de La Unión estaría manejando el 37% de los TEUs que Guatemala manejó en el 2004.

En la publicación de CEPAL (2004), “Puertos y transporte marítimo en América Latina y el Caribe: un análisis de su desempeño reciente” (Ricardo Sánchez) se analiza el movimiento portuario por zonas del mundo tomando en consideración la información de 343 puertos. Los datos muestran que para el 2003 la región de Centroamérica manejó 3.38 millones de TEUs que representan el 1.2% del total de TEUs del mundo, América del Sur manejó el 3.1% y el Caribe el 1.9%. Lo que sucede a nivel global es que la mayor parte del volumen de comercio se realiza principalmente en Norte América, Europa y Asia y es en estas regiones en donde se desarrollan la mayoría de las rutas de transporte marítimo. Según este mismo documento, 20 puertos del mundo movilizan casi el 50% del tráfico de contenedores mundial y solo dos países de Asia (China y Singapur) manejan el 20%.

Presento estos datos, porque los medios de comunicación masivos del país nos asustan cuando muestran al puerto de La Unión como la tabla de salvación de la Economía del país, cuando no es así. Tampoco hay evidencia de que el flujo comercial hacia nuestra región aumente dramáticamente en los próximos años como para que el país sea un centro importante de la logística internacional. En todo caso, no hay que olvidar que Panamá (el centro logístico más importante de la región) también se encuentra ampliando el canal con una inversión de varios miles de millones de dólares y que difícilmente, con esta pequeña obra (el puerto de La Unión) vamos a cambiar drásticamente el rumbo de la economía nacional y regional.

En la publicación, “Ciudades puerto en la economía globalizada: la arquitectura organizacional de los flujos portuarios”, CEPAL, José Granda, 2005, establece que la globalización exige la realización de cambios en la relación entre el territorio y la producción de un país o una región. Este cambio se manifiesta en al menos los siguientes aspectos: (1) La fragmentación de la producción a nivel mundial (aquí surgen los nuevos paradigmas “fabricado en el mundo” o “entrega de productos puerta a puerta”, en lugar del paradigma antiguo “entrega de productos puerto a puerto”); (2) La expansión del desarrollo de empresas dedicadas a los servicios a la producción, y (3) el desarrollo de las ciudades puerto (por ejemplo, La Unión y Acajutla) que compiten por constituirse en nodos de las redes logísticas globalizadas del comercio mundial.

Todo esto suena bien y la idea de concesionar el puerto va en la idea de convertirnos en uno nodo importante de la jerarquía de las redes marítimas internacionales; sin embargo, el mismo Friedmann, citado en el documento de la CEPAL,  advierte que “El poder económico de una ciudad global (en nuestro caso La Unión) está en directa relación  con la productividad de la región en la cual se articula” y, “cuanto más productivo es su espacio de articulación, mayor será su poder económico”. En palabras sencillas, la producción del país es la clave para articularnos como un centro de logística importante. Primero es la producción y luego el puerto pero no al revés.

En este sentido, la idea del candidato a la vicepresidencia es más realista y prudente “concesionar servicios portuarios” y no estar soñando con datos que entusiasman pero que se pueden caer fácilmente. Cito aquí lo que se escribe en La Prensa Gráfica del día 8 de noviembre sobre las expectativas del puerto en caso de que se dé una concesión casi total: “se estima una movilización de contenedores TEUs de 1.4 millones para el 2033”, “se prevén 36,500 nuevos empleos contratados por empresas intensivas en el uso de la mano de obra, como es el caso de la ensambladora de vehículos ARNECOM” y “El cálculo de los beneficios que crearían las empresas que agregan valor a la carga es de 4,500 empleos”, etc. ¿Qué tan factibles son de alcanzar estas proyecciones? Yo tengo mis dudas. En los casos de la dolarización y la firma del TLC con Los Estados Unidos, también en los medios se publicaban cifras de empleos y beneficios económicos que nunca ocurrieron. Sin el ánimo de ser pesimista les presento algunas dificultades que afectan el entorno de desarrollo de este proyecto y que deben ser parte de una discusión más amplia:

1. La falta de unión aduanera en Centroamérica, y por ende la débil integración de los países de la región. Esto limita establecer el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Europa, la zona de mayor volumen comercial en el mundo, y por lo tanto, puede interferir con los planes de movimientos de carga en el puerto de la Unión establecidos para los próximos años. Esto pondría en riesgo la inversión realizada, a la fecha, en la construcción del puerto de la Unión.
2. La falta de personal calificado y formado en temas de logística, servicios marítimos portuarios y otros. Debido a que los servicios navieros y marítimos portuarios son casi estándares, las empresas transnacionales simplemente moverían personas de otros países a realizar estas labores. De hecho ya sucede en el canal de Panamá con personal de Polonia y Checoslovaquia especializado en estos temas y que ofrecen su mano de obra de manera barata.
3. Ampliar el Hinterland (se refiere al territorio que se comunica con un puerto) portuario en La Unión implica la construcción del canal bioceánico en Honduras, pero este corredor vial podría no ser prioridad del país vecino lo que tendría efectos negativos en la operación del puerto a nivel global.
4. Con el ritmo de crecimiento actual del país abajo del 4%  se hace difícil el desarrollo del transporte terrestre y el mantenimiento adecuado de un corredor bioceánico.
5. Los fenómenos naturales como huracanes y sismos en la región representan una seria amenaza al movimiento de carga en modo terrestre, de hecho ya sucedió durante el huracán Mitch.
6. Las condiciones de inseguridad y la inestabilidad social y económica del país pueden interferir en el proceso de atracción de inversiones lo que tendría impactos negativos en la generación de empleo.

Quizás el mejor instrumento legal que acompaña la construcción del puerto de La Unión es la Ley de Servicios Internacionales (LSI) aprobada en el país. Esta ley  desarrolla e impulsa la dinámica empresarial con el incentivo para  la creación de parques y centros de servicios que realicen las siguientes actividades: Distribución internacional; Operaciones internacionales de logística; Centro Internacional de llamadas (“call centres”); Tecnologías de Información; Investigación y Desarrollo; Reparación y Mantenimiento de Embarcaciones Marítimas; Reparación y Mantenimiento de Aeronaves; Procesos Empresariales; Servicios Médicos-Hospitalarios; Servicios Financieros Internacionales, entre otros.

Es claro que en este tema el país debe actuar rápido; sin embargo, puede esperar algunos meses. La prudencia y paciencia deberían ser los ingredientes principales de la discusión debido a que la privatización portuaria no debe tomarse a la ligera.