Esta relación se estrecha y fortalece en al menos dos momentos. Por un lado, a través de las elecciones internas partidarias, cuando los partidos seleccionan a sus candidatos a cargos públicos para la competencia electoral. Y por otro, durante las elecciones —ya sea de diputados, municipales o presidenciales—, donde ambas caras (bases y cúpula) se movilizan para mantener y/o aumentar su poder político. En las elecciones internas partidarias, y ante la ausencia de una ley de partidos políticos, la organización central o cúpula tiene el control total, ya que son sus miembros quienes definen, fijan y cambian los estatutos. En las elecciones para cargos de elección popular, la cúpula pierde un poco el control y se somete a la Constitución de la República, al código electoral y a lo que los ciudadanos decidan con el voto, en una especie de plebiscito en el que los electores ratifican o no a los candidatos definidos previamente por la cúpula.

Solo en los eventos electorales el partido recurre al pueblo para que lo apoye con votos para impulsar un “programa de gobierno” que supuestamente beneficia a los electores y a cuyos intereses dice el partido representar. Todos sabemos que una vez los candidatos son elegidos, el programa político se desvanece y prevalecen los intereses partidarios para sobrevivir como organización.

Cuando el partido llega a la administración pública (otra de las caras), surge la tentación de perpetuarse en el poder. Además, se debilita el nexo de la cúpula y los miembros del partido en el Gobierno con las bases (estos ya no les son tan útiles a los primeros). Se complica también la relación entre la cúpula y los miembros del partido en la administración pública (aunque ello no salga a la luz en los medios de comunicación) por la difícil tarea de repartir el poder adquirido por el partido entre sus élites.

La organización central (la cúpula), para someter a los miembros del partido en la administración pública (que ya tienen su propia cuota de poder y disponen de recursos), recurre al menos a dos instrumentos. El primero, los estatutos partidarios, por medio de los cuales la cúpula decide si a un miembro del partido se le postula como candidato a elección o reelección. El segundo, y en el caso particular de los diputados, las listas cerradas y bloqueadas, que le aseguran a la cúpula mantener control total sobre el comportamiento de los diputados en su actuación política. De esta forma, los partidos consolidan lo que llaman “la disciplina del partido”, que no es más que la obediencia obligada y casi ciega de los diputados a lo que la cúpula desea y decide. Es así como las caras del partido se relacionan entre sí.

En el caso particular del FMLN, de cara a perpetuarse en el poder (su presencia en el Gobierno es mayoritaria y quiere aumentarla en las elecciones de 2012), lo que menos le interesa es trasladarle poder al pueblo en detrimento del suyo, y de ahí su férrea oposición al rol que ha desempeñado la Sala de lo Constitucional en materia electoral. Desafortunadamente, por dejar clara esa oposición, ha caído en errores continuos: desde amenazas a la Sala a movilizaciones de sus bases (ahora que les conviene) para que lo apoyen con campos pagados y manifestaciones públicas; peor aún, ha recurrido a desacreditar como derechista a cualquier organización de la sociedad que no esté de su lado.

Ese comportamiento prepotente del FMLN es muy parecido al que en su momento tuvieron el PCN y Arena: cualquier opositor o crítico de sus acciones y decisiones era de izquierda y, para colmo de males, comunista. Sin duda, el FMLN ha sido un alumno aplicado del PCN: este se inclinaba siempre por candidatos militares (Arena prefería a empresarios); el Frente se siente cómodo cuando excomandantes guerrilleros son sus candidatos. El PCN influyó grandemente en la elaboración del código electoral actual; el FMLN ahora defiende ese cuerpo legal para que no cambie.

Lo que los ciudadanos piensan de este enredo simplemente no le interesa a los partidos, mucho menos a un FMLN que se siente ganador y que olvida que “del plato a la boca se cae la sopa”. Debería de recordar el FMLN que cuando un partido tiene mayoría en el Gobierno y pierde la siguiente elección presidencial, sus caras partidarias (los grupos que lo componen) se desfiguran rápidamente. Ello le sucedió en su época al PCN y al PDC, y recientemente a Arena. El FMLN no será la excepción.

Cuando firmó los Acuerdos de Paz en 1992, el FMLN aceptó explícitamente incorporarse al régimen político vigente y con ello le dio legitimidad a la democracia en la que vivimos. Algunos de sus afiliados o militantes entendieron rápidamente a qué tipo de democracia se incorporaban, es decir, aquella en donde el “juego de la democracia” (como le llaman las élites) consiste, por ejemplo, en aprobar tratados de libre comercio y leyes de gran trascendencia (como la de integración monetaria) de madrugada, sin discusión y recurriendo a negociaciones poco transparentes. Poco a poco, por desencanto o por no entrar en sintonía con este juego, algunos afiliados terminaron abandonando la partida; otros hacen hasta lo imposible por alcanzar más poder y mantenerse jugando.

Me refiero al FMLN porque es el partido que ingresó al sistema político en aquellos años. Los otros (PDC, PCN y Arena) tienen una larga historia de arreglos bajo la alfombra. Ahora, con el decreto 743, buscan que los ciudadanos no se enteren de lo que ahí esconden. Pero siempre algo sale a la luz pública. Como ejemplo, vale traer a cuenta la razón por la cual el presidente del Coena le pidió a los diputados de su partido que votaran por el decreto: “Teníamos información de que la Sala de lo Constitucional declararía inconstitucional la ley de amnistía”. Ante esto, la pregunta obvia: ¿cómo alguien que no ha sido elegido para un cargo de representación puede decidir y ordenar qué deben hacer los diputados de su partido? A la base de la frustración que ha generado el decreto 743 en la población está el hecho de que las élites políticas (los diputados) siguen sus propios intereses y no los de aquellos a los que dicen representar (sus electores).

Por otra parte, la insistencia de los partidos en mantener las listas cerradas y bloqueadas se defiende con la excusa de que el cambio debilitará la “institucionalidad” de los mismos. Institucionalidad que en la práctica no es más que la obediencia ciega del conjunto de diputados de un partido a las decisiones políticas de sus amos. Las listas cerradas y bloqueadas son las que permiten a las dirigencias partidarias mantener la disciplina: si los diputados desobedecen, simplemente los retiran de los primeros puestos de la lista en la siguiente elección.

Por eso es que las élites no quieren cambiar el sistema electoral y prefieren inmovilizar a la Sala de lo Constitucional. En el fondo, el problema es de democracia representativa. Gaetano Mosca lo explica de manera clara: “La idea de la representación popular como transferencia libre y espontánea de la soberanía de los electores (la colectividad) a un cierto número de personas elegidas (una minoría) se basa sobre la premisa absurda de que la minoría puede estar atada a la voluntad colectiva por lazos inquebrantables. En realidad, en cuanto termina la elección también termina el poder de la masa de electores sobre el delegado”. Los sentimientos de frustración que han aflorado en estos días solo amainarán cuando el país transite hacia una democracia más participativa.

La poca credibilidad de los ciudadanos en los partidos políticos (solo el 39.1 % confía en ellos, según datos del estudio Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010) indica un agotamiento del sistema de partidos. El activismo político de la ciudadanía en repudio al decreto 743 podría seguir en aumento si las élites siguen enfrascadas en no trasladar un poco de poder a la gente. Hasta ahora, a los partidos les ha favorecido que los movimientos sociales del país no trabajan de manera cohesionada y que la participación ciudadana en protestas públicas sea francamente minoritaria (apenas un 4.3%). En este rubro, solo Guyana y Jamaica están por debajo de El Salvador; Argentina tiene el nivel más alto de participación en protestas públicas (el 15.4%). Ojalá que en los próximos años los movimientos sociales se coaliguen para ejercer mayor influencia sobre el sistema político; de lo contrario, las élites seguirán reinando a su antojo. El hecho de que Arena se retracte de haber aprobado el decreto es una señal de lo que puede lograr el movimiento social, aunque por hoy trabaje de manera descoordinada.

Finalmente, para entender el comportamiento de las élites puede ayudarnos una frase de Maquiavelo en El príncipe: “En general, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, y, si es propio a todos ver, tocar solo está al alcance de un corto número de privilegiados”. Aplicando este texto a la actual coyuntura política, el decreto 743 —por lo que vemos— es un duro golpe a la democracia, pero solo Funes y los partidos políticos (sin exclusión alguna) tienen acceso a —podrán “tocar”— lo que han negociado bajo la alfombra. Ya es hora de que el movimiento social tome conciencia y pase de espectador a actor; es decir, que en lugar de solo “ver” se anime a “tocar”.

El sistema electoral ha sido sacudido en menos de un año por sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La primera tiene que ver con las formas de las candidaturas y con el procedimiento de votación. Y la más reciente se refiere a la inconstitucionalidad del decreto 586, que dejó sin efecto la cancelación del PCN y PDC como partidos políticos al no alcanzar estos el mínimo de 3% de los votos válidos en las elecciones de 2004. Obviamente, estas sentencias tienen impacto en la configuración del sistema de partidos del país; y como toda acción genera una reacción, es comprensible que los partidos políticos —sin excepción— se resistan a perder sus privilegios y las cuotas de poder que han acumulado.

Reforma electoral, en manos del FMLN

Los Acuerdos de Paz permitieron que el país transitara hacia una democracia electoral, en la que la oposición política, liderada por el FMLN, por primera vez y después de muchas décadas de lucha social, política y militar, tuvo opción real de llegar al Gobierno a través de la competencia en las urnas. Esta incipiente democracia electoral se concretó con la alternancia en el poder, ocurrida en marzo de 2009, cuando el candidato del FMLN ganó las elecciones presidenciales.

En sus 20 años de gobierno, Arena no mostró interés en profundizar la democracia —ni siquiera en lo más básico, que compete al sistema electoral—; más bien profundizó el discurso anticomunista, martilló en la idea de que solo los empresarios tienen capacidad de gobernar y usó el miedo como estrategia electoral y política. Todo esto para mantenerse en el poder y proteger un “sistema de libertades” lleno de irregularidades: los casos de corrupción en los hospitales y en la carretera Diego de Holguín componen una pequeña muestra de ello.

Con la llegada del FMLN al Gobierno, y además como primera fuerza política en la Asamblea Legislativa, se esperaba que se emprendiera el proceso de reforma electoral, principalmente en lo referido a las relaciones entre el elector y los candidatos a diputados, y la relación de estos últimos con sus partidos. Sin embargo, esto no ha sido parte esencial de la agenda política del FMLN, a pesar de que ha sido una demanda recurrente de amplios sectores de la población, los mismo que le permitieron —con sus votos—llegar al poder.

El estudio Cultura de la democracia en El Salvador, 2010 indica que el 39.1% de los salvadoreños tiene confianza en los partidos políticos y que solo el 32.3% se siente representado por ellos. Estos datos deberían de preocuparle al FMLN, ya que ahora son parte interesada en darle estabilidad al sistema político.

La sentencia 61-2009 (del 29 de julio de 2011) de la Sala de lo Constitucional puso en manos del FMLN y del resto de partidos la gran oportunidad de avanzar en dos temas: las formas de las candidaturas y el procedimiento de votación. Sin embargo, el FMLN y GANA produjeron un decreto legislativo en el que modificaban el procedimiento de votación, pero manteniendo en última instancia el control partidario sobre la elección de los diputados. Con toda razón, el presidente Funes vetó el decreto, lo que lanzó al FMLN a formular argumentos sin sentido, como que el Presidente y sus asesores no entendieron el decreto. Al parecer, el FMLN no comprende que la gente quiere transparencia y que su voto sea directo al candidato de su preferencia, no para la lista poco conocida de los partidos políticos.

El FMLN tiene tiempo para reflexionar y proponer un nuevo decreto que haga avanzar el sistema electoral y fortalezca al sistema de partidos. En el caso particular de las boletas y el procedimiento de votación, su propuesta debería apuntar hacia un tipo de lista cerrada y no bloqueada, en la que el elector vote por el candidato de su preferencia y, además, tenga la libertad de alterar el orden de la lista propuesta por el partido. En este tipo de lista, hay tres opciones: el voto preferencial, el voto múltiple limitado y el voto múltiple.

En el caso del voto preferencial, el elector vota por el diputado de su preferencia, lo que se entiende también como voto único por el partido. En este caso, el orden de la lista de candidatos se altera por la preferencia del elector y esto influye en la distribución de escaños. En el segundo procedimiento, el del voto múltiple limitado, el elector puede votar por un número estipulado de diputados de la lista (se sugiere tres, ya que corresponde al tamaño mínimo de las circunscripciones del país). Y finalmente, en el caso del voto múltiple, el elector puede votar por todos los candidatos de la lista que quiera y que considera son los que deben representarlo en el partido político de su preferencia.

La preocupación del FMLN de que no se vote por bandera puede resolverse fácilmente diseñando la papeleta de votación de modo que aparezca la bandera del partido a la par de la foto y el nombre del candidato a diputado. Además, la lista cerrada y no bloqueada la decide siempre la élite del partido, lo que lo obliga a buscar sus mejores apuestas. En este sentido, en ningún momento la sentencia de la Sala de lo Constitucional atenta contra el sistema de partidos; simplemente abre la posibilidad de una mejor rendición de cuentas por parte de los partidos a sus electores. El FMLN, por ser la primera fuerza política del país, tiene entonces en sus manos la posibilidad de avanzar en la democracia y de devolverle un poco de poder al electorado.

PCN y PDC, cancelados

Una vez se publique la sentencia sobre la inconstitucionalidad del decreto 586 en el Diario Oficial, al Tribunal Supremo Electoral no le quedará más que proceder a la cancelación del PDC y el PCN. Al respecto, es importante aclarar que en todos los sistemas electorales del mundo existen barreras legales tanto para la inscripción como para la cancelación de los partidos (EL Salvador no es la excepción). En algunos países de más tradición democrática que el nuestro, incluso se imponen barreras al número de votos que debe obtener un partido político para que participe en el reparto de escaños del Congreso o Asamblea. En otros países, como Uruguay, los partidos pueden estar inscritos en el sistema electoral, pero si no participan en las elecciones internas partidarias —que se realizan simultáneamente en todos los partidos—, quedan fuera de las siguientes elecciones.

¿Cuál es el problema entonces con la cancelación del PDC y el PCN? Además, “si al PCN nadie lo detiene” —como decía el eslogan de una de sus campañas electorales—, no le costará cumplir con los requisitos para su reinscripción. El PCN y el PDC surgieron y se consolidaron como partidos políticos a través de fracturas de la sociedad o cleavages —de hace 50 años— que quizá ya no existen en la actualidad. El bajo nivel de apoyo electoral de estos partidos es un indicador de que han perdido poco a poco sus anclajes sociales y que, por más discursos políticos novedosos que pretendan formular, sus ciclos de vida han concluido. Esto no debería de causar tanto alboroto en nuestra sociedad, ya que así es la vida política partidaria: los partidos desaparecen cuando las élites partidarias se desvinculan de sus bases.

De ello dan fe los antecedentes históricos del país. En las elecciones de 1972 participaron los partidos FUDI, PPS, PCN (en aquel entonces, ya con 10 años en el poder) y la UNO (una coalición de los partidos PDC, MNR y UDN). 22 años después, para las elecciones de 1994, el sistema de partidos estaba fragmentado y compuesto por PDC, PCN, Arena, FMLN, MAC, MU, MSN, Líder y Punto. Para 2004, el sistema de partidos se había reducido a Arena, FMLN, PDC, PCN y CDU. Luego de los resultados electorales de ese año, el CDU fue cancelado, pero no así el PCN y el PDC, que se salvaron de la cancelación por el decreto recientemente declarado inconstitucional.

Como puede observarse, la transformación política partidaria del país se mueve a un bipartidismo polarizado, con el FMLN como partido hegemónico de izquierda y partidos de derecha (GANA, Arena, PDC y PCN) que tenderán a formar coaliciones en el futuro para poder llegar nuevamente al poder. Es decir, el país tenderá a una lucha partidaria (o competencia electoral) similar a la del año 1972, solo que ahora con coaliciones de partidos de derecha. Así las cosas, solo nos queda esperar que los partidos políticos asuman con madurez las sentencias de la CSJ y que se avance al menos en la democracia electoral.

Hasta antes de la sentencia de la Sala, el mecanismo de elección era a través de listas cerradas y bloqueadas, por el cual el elector marcaba la bandera del partido sin conocer la lista y el orden de los diputados por los que estaba decidiendo. Con el mecanismo de listas abiertas y desbloqueadas (el caso ideal), los electores podrían seleccionar a los diputados directamente —incluso de diferentes partidos—. Actualmente, los partidos están por proponer listas abiertas y bloqueadas, es decir, solo se podrá elegir diputados dentro de una lista cerrada propuesta por un partido político. Con este mecanismo y con algunos acuerdos —aún desconocidos— entre los partidos, se privilegiará el orden de los candidatos en las listas, regresando así al mecanismo de elección utilizado en elecciones pasadas.

Por otra parte, Funes decidió sancionar la propuesta de las candidaturas no partidarias formulada por Arena y el FMLN; una propuesta que prácticamente imposibilita nuevas formas de participación política. Esto ya lo había anunciado el Presidente en agosto de 2010, cuando mencionó que con la sentencia de la Corte se abría la posibilidad de que el narcotráfico penetrara el sistema político, como que ello no hubiese estado siempre presente al no existir una ley de partidos que haga transparente la financiación de los mismos.

En el caso del sistema económico, Funes no ha intentado hacer cambios en el modelo económico neoliberal del país; se ha conformado con un tímido ajuste fiscal, algunas focalizaciones a los subsidios, la eliminación del drawback a las exportaciones y el anuncio de potenciar asociaciones empresariales público-privadas, entre otros. Por su parte, el FMLN sigue hablando de que es necesario crear un modelo alternativo —cierta especie de “socialismo”— que no elimina a la empresa privada, que se ajusta a la Constitución de la República y que el “pueblo” definirá en algún momento (según calendario griego, quizá).

En resumen, lo que propone el Secretario General del FMLN, en una entrevista reciente a un medio impreso, es una mezcla de todo, totalmente ambigua y dirigida a todo público, muy al estilo de los partidos tradicionales que buscan los votos de los electores para seguir en sus cargos, y por ende, en el poder. A juzgar por las declaraciones de su Secretario General, el Frente no tiene idea clara sobre un modelo económico alternativo para el país.

Así las cosas, el presidente Funes no intentará cambiar al sistema político. Lo más seguro es que la propuesta que preparan los partidos para la elección de los diputados sea aprobada sin observaciones por el mandatario. Si esto se da, las posibilidades de transformaciones y avances en la democracia se cierran para este período presidencial, con lo que se acaba la esperanza y muere el cambio.

Sin embargo, con la reforma de los estatutos y con la presencia mayoritaria de sus líderes en las instituciones públicas, el FMLN comienza a degradar su democracia interna y a consolidar su propia “oligarquía”. En concreto, la reforma estatuaria que permite a sus alcaldes competir por la reelección cuando veces lo deseen (con solo el aval de la dirección nacional del partido) abre las puertas a la perpetuación en el poder de una élite o “coalición dominante” —como la llamaría Panebianco— que tendrá impactos negativos en la democracia interna que el FMLN venía construyendo. Desde ahora se disminuyen los incentivos selectivos a los afiliados o bases del partido, como son la obtención de cargos y las posibilidades de competir y de hacer carrera en el instituto político.

A mediano plazo, este proceso de consolidación de la élite generará conflictos en el FMLN, pues la máxima expresión de la democracia al interior del partido se da dentro de la esfera de poder de sus afiliados o bases. Las bases creen que seleccionan a sus candidatos a puestos de elección y que aprueban los planes y programas de la institución; sin embargo, estas funciones gradualmente se trasladarán a la élite (como se vislumbra con los cambios de los estatutos) y, por ende, la organización partidaria como un todo se debilitará. El reciente decreto que aprobaron el FMLN y Arena en relación a establecer requisitos exagerados para la inscripción de candidatos a diputado sin partido es un claro ejemplo de que temen perder sus privilegios.

De igual manera, la proclamada unidad del FMLN —basada en el cambio de coordinación general por la de secretario general— no es más que la imposición de una coalición dominante del partido sobre las otras. Todo indica que una élite empezará a controlar las funciones principales del Frente, de tal forma que la centralización en las decisiones y el aumento en la rigidez ideológica reemplazarán el debate político interno, el alcance y grado de participación de los líderes en las discusiones con las bases, y aflorará la inconsistencia de las políticas asumidas por los líderes con sus bases. El deseo de perpetuación en el poder llevará al FMLN a comunicarse más con los electores que con sus bases —al menos en los períodos electorales—, lo que terminará generando prácticas antidemocráticas a su interior, tal como le sucedió a Arena en sus años en el poder.

Sin duda, el debate político en los próximos años se centrará en el tipo de democracia representativa que existe en el país. Por las señales que envían Arena y el FMLN, con sus reacciones negativas a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre los cambios necesarios en el sistema electoral, es claro que el sistema de partidos ha decidido cerrar los espacios a la participación política ciudadana. Este fenómeno, junto al desprestigio que muestran en las encuestas la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, legitima el surgimiento de movimientos sociales y grupos de presión que hagan evolucionar nuestra incipiente democracia hacia formas más participativas.

Algo es claro: estos grupos de presión o gremiales empresariales rara vez expresan de manera explícita sus intereses. Por ello, es útil examinar su sistema de creencias a partir de lo que hablan y opinan sus ejecutivos o de lo que publican las gremiales. Veamos dos ejemplos. Para el caso de la política fiscal, un ejecutivo de la ANEP expresaba en la prensa escrita que la solución de los problemas del país pasa por una reforma fiscal integral —reconocerlo es ya un avance—, para la cual es necesario “hablar de eficiencia, de bajar el gasto corriente del Estado, de no seguir creciendo en la burocracia […], de ampliar la base tributaria, de ver cómo se llevan más ingresos al Estado… pero un pacto fiscal no puede ser solo aumentar tributos a un sector de la población” (esto último en alusión a la gremial empresarial que representa).

Por otra parte, en la página web de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se lee, en relación a la propuesta del presidente Funes de aumentar salarios en la administración pública, lo siguiente: “Esta medida incrementará a los salvadoreños el costo de mantener, con sus impuestos, una burocracia más pesada y menos eficiente. Adicionalmente, es importante reflexionar que el incremento de salarios a los empleados públicos y el aumento de la burocracia estatal jamás se han traducido en mejores servicios de educación, salud y seguridad para los salvadoreños, y que en todo caso, habría que demandar del gobierno garantías de mejoras sustanciales en los servicios que provee a la población”.

Los dos textos anteriores nos muestran parte del núcleo duro del sistema de creencias de estas gremiales empresariales sobre la burocracia, a la cual consideran como deficiente, pesada (por su tamaño) e incapaz de mejorar los servicios públicos (en educación, salud y seguridad) aunque se mejoren los salarios. La ciencia política indica que los actores políticos (las gremiales empresariales son uno de ellos) siempre tratarán de trasladar su sistema de creencias a los objetivos y acciones de las políticas públicas en las que intervienen, y para ello utilizarán todos los recursos que estén a su alcance. Difícilmente estos actores negociarán el núcleo fuerte de sus creencias, aun cuando los datos empíricos les demuestren que están equivocados. Más bien filtrarán la información de tal forma que solo aceptarán aquella que refuerza sus creencias. Reconociendo esta realidad política, conviene presentar información sobre el estado de la burocracia del país y su rol en la implementación de las políticas sociales.

La publicación del BID “La política de las políticas” dice que el tamaño de la burocracia del sector público en El Salvador es de las más pequeñas de Latinoamérica (un poco más del 2% de la población); un dato que contradice las creencias de las gremiales. Además, revela que nuestro índice de desarrollo del servicio civil (que incluye eficiencia, mérito y capacidad de la burocracia) es de 0.11 en una escala de 0 a 1: el segundo valor más bajo de los países de la región. Este pobre desarrollo del servicio civil del país ha sido el resultado de las administraciones pasadas, principalmente de los 20 años en que el partido Arena estuvo al frente del Ejecutivo. En la publicación también se construye un índice de calidad de las políticas públicas, en el cual, curiosamente, El Salvador tiene una clasificación alta junto a países como Costa Rica, Uruguay, México, Colombia y Brasil. Entre las variables que más inciden (están más correlacionadas) con este índice de calidad se encuentran la independencia del poder judicial, el índice de capacidad del Congreso y, en tercer lugar en orden de incidencia, el desarrollo del servicio civil (o burocracia). Esto nos permite concluir que en lugar de reducir la burocracia y de asumir que es ineficiente —como promulga el canon mental de las gremiales empresariales—, un Gobierno responsable debe apostarle a mejorar su servicio civil, ya que al final de cuentas es una pieza clave para la implementación exitosa de las políticas públicas.

Los estudios del servicio civil del país muestran que se ha experimentado avances en la organización del trabajo (descripción de puestos y definición de perfiles). Sin embargo, una de las principales dificultades es que no se han establecido escalas y políticas salariales claras que permitan un mejor desarrollo de la burocracia. De hecho, la compresión vertical de salarios (razón entre el promedio de la escala salarial más alta sobre la más baja) fue de 19.45 (3,194.02/164.23, en dólares), mientras que en Chile fue de 18.78 (4,666.18/248.25) para el año 2008. El presidente Funes, al tomar la decisión sobre el incremento salarial para los empleados públicos, da un primer paso para poner orden en el desarrollo del servicio civil. Es claro que una asignación mayor de recursos financieros no se traduce directamente en una burocracia eficiente, pero sí establece condiciones más favorables para que se logre.

En cuanto al impacto de la burocracia sobre las políticas sociales, conviene revisar algunos hallazgos de Hugh Heclo, presentes en su libro Modern social politics in Britain and Sweeden. Heclo estudió las políticas sociales (de desempleo, pensiones, jubilación y salarios, entre otras) de Gran Bretaña y Suecia para un periodo de 200 años. Una de sus conclusiones fue que los partidos políticos, los grupos de presión y las elecciones tuvieron un efecto casi despreciable en la mejora de las políticas sociales de estos países cuando se les compara con la influencia ejercida por la administración pública o el servicio civil. Heclo lo expresa así: “Aun cuando los partidos y los grupos de interés jugaron ocasionalmente un rol importante, fueron los servicios civiles los que proporcionaron los análisis y revisiones más constantes sobre la mayoría de acciones del gobierno. Los partidos y los grupos de interés típicamente requieren de estímulos dramáticos, como puede ser el incremento súbito de desempleados, para despertar su interés, a diferencia de la atención brindada por la administración que permaneció fuerte durante esta fluctuación del desempleo”.

Ahora bien, si el plan quinquenal de desarrollo del presidente Funes enfatiza la implementación de políticas sociales, es totalmente legítimo y lógico que se mejoren los salarios de los empleados públicos y se disminuya la diferencia entre los más altos y los más bajos (compresión vertical de los salarios). No hay que olvidar, además, que algunas instituciones del Estado no han tenido aumentos salariales en más de ocho años y que, por tanto, es desproporcionado exigirles eficiencia cuando sus ingresos no les alcanzan para tener una vida digna. Les parezca o no a las gremiales empresariales, la burocracia pública —porque también hay burocracia privada— es fundamental para el éxito de las políticas sociales. No atender su situación —en este caso, salarial— implica posponer un problema que podría agudizarse en los próximos años, como ha sucedido con muchas demandas sociales que no fueron atendidas oportunamente por los Gobiernos anteriores y que ahora aparecen de manera recurrente en el país.

Arena cada día se acerca al fracaso y no da señales para salir de su crisis. No logró aprovechar el proceso interno de desintegración para renovarse políticamente y darle paso a una derecha moderna, joven  y progresista sino que por el contrario sigue anclada en el pasado ideológico que la llevó a la derrota electoral del año anterior. La  condecoración a Micheletti, realizada en el mes de junio, como “visitante distinguido”  –por parte de Norman Quijano y su concejo municipal- solo indica que su lucha anticomunista continua, ahora bajo el lenguaje de la amenaza del llamado socialismo del siglo XXI.

Igual pasa con el sector privado – ANEP, cámara de comercio y otros- que siguen apelando al sistema de libertades que no lo terminan de definir con claridad. También, en días recientes empiezan a exigir estabilidad política, en un apoyo claro y directo al ex presidente Calderón Sol y a los dirigentes de Arena que últimamente se sienten acosados. Ya también los medios de comunicación masivos han estado incidiendo en la opinión pública sobre el peligro en que se encuentra la libertad de expresión del país. Y todo esto se maneja en los medios, como que El Salvador fuera una copia de lo que nos cuentan que sucede en la RB de Venezuela. Al final de todo este enredo, ya no queda claro, ¿Quiénes son los responsables de la supuesta inestabilidad? Arena y sus amigos o el Gobierno.

Uno de los problemas de Arena, las gremiales del sector privado y los medios es su desvinculación con la clase trabajadora que está ausente en sus discursos. Se han aferrado a defender sus intereses particulares y ven amenazas de manera desproporcionada, lo que refleja que siguen atrapados en su ideología, no asimilan la derrota electoral y no le dan espacio a otros pensamientos -como el de la responsabilidad social empresarial- que  propusieron hace varios años algunos empresarios de estas mismas gremiales.

Haber adoptado  este enfoque de gestión empresarial les hubiera permitido mostrar sensibilidad con las necesidades de la clase trabajadora. Esto les hubiera dado mayor legitimidad en su lucha por las libertades que ahora se asocian más con sus libertades particulares para hacer negocios y no con las del colectivo nacional. Los primeros seis meses de este gobierno pasaron indicando que no veían señales claras, luego que les preocupaba la inseguridad y la violencia social y ahora el acoso político, pero sería interesante conocer ¿Cuáles son sus propuestas reales para el desarrollo económico del país?, ¿Cuáles son las propuestas de este sector privado para mejorar las condiciones económicas de sus empleados? El rol político de las gremiales empresariales ha sido claro, pero sus propuestas sociales y económicas para el desarrollo del país no se conocen aun. Ojala en sus propuestas pusieran énfasis en la clase trabajadora – que al final de cuentas es la que les produce la riqueza- para que sus clamores por la libertad tengan sentido.

A la fecha Arena y sus amigos siguen mostrando falta de solidaridad con los más necesitados. Se pronuncian por el “acoso” a la industria farmacéutica pero son insensibles al sufrimiento de la población que no puede acceder a medicamentos por ser estos excesivamente caros. Así las cosas, Arena se apresura a ser reemplazada por otros partidos políticos y las gremiales empresariales pierden legitimidad.

Sobre el comportamiento político es difícil opinar porque se desconoce las entrañas de cada partido político y, además,  se analiza muchas veces sobre lo que los medios de comunicación masivos trasladan a la  sociedad y, al ser estos últimos actores interesados sobre el quehacer político, la información que nos llega es sesgada hacia la derecha.  A pesar de estos inconvenientes, es evidente que el presidente Funes ha mantenido con la asamblea legislativa un juego de ping-pong –en los temas de leyes y decretos- en donde se percibe una falta de comunicación del presidente con el partido que lo llevó al poder (el Fmln), vacío que los partidos de derecha aprovechan a lo grande.

Con el decreto de eliminación de la cuota fija a la telefonía aprobada por la asamblea legislativa, el presidente Funes tuvo una gran oportunidad para negociar con las empresas telefónicas una reducción significativa pero, en lugar de hacerlo, trasladó de nuevo la pelota a la asamblea legislativa y de esta manera se logró una pequeña reducción de un poco más de dos dólares. Al final de cuentas tanto desgaste político entre el presidente y el Fmln para obtener prácticamente nada en beneficio de  las familias del país. En este caso, Funes estuvo en una posición de mucha ventaja (ya se había eliminado la cuota fija) para negociar pero no la aprovechó y se desgastó.

En el caso del RNPN recibió la pelota de parte de la Asamblea en la que se otorgaba poder al Fmln, al menos en proponer al Presidente quiénes podrían dirigir esta institución clave para el sistema electoral y, Funes remata de nuevo la pelota, de tal forma que ahora tiene en sus manos una nueva propuesta de la asamblea que beneficia más a la derecha que a la izquierda. Nuevamente un desgaste político con el Fmln en el que pierden los dos.

Está pasando algo curioso en el acontecer político, para que Arena se desgranara no hubo necesidad de que el frente moviera un dedo y, ahora, que la relación Funes-Fmln se deteriora a pasos grandes no ha sido necesario que  Arena ponga un granito de su arena. Se podrían mencionar más ejemplos que muestran que la comunicación y la estrategia política del Fmln y el Gobierno están fallando.

También es evidente – luego de casi un año de iniciado este Gobierno- que a muchos de sus ministros les falta capacidad de ejecución. Decidir sobre el subsidio al transporte le tocó a este Gobierno al tomar posesión y como no sabían qué hacer, simplemente pospusieron el problema por 18 meses. Únicamente lograron reducir el subsidio por bus de 800 a 500 dólares mensuales y el establecimiento de cajas únicas que se esperaba redujeran el número de accidentes de tránsito (al disminuir la competencia desleal); sin embargo, esto último no ha sucedido y el caos en el transporte sigue. Los empresarios de buses han empezado a presionar desde ya, debido a que saben que en diciembre de 2010 vence el subsidio algo que  obviamente no quieren perder sino aumentar. De seguro, el Gobierno a estas alturas no tiene idea de lo que va hacer en diciembre y los transportistas lograrán obtener nuevamente el subsidio. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo del mal servicio de transporte y, los que consumen combustible para desarrollar sus actividades económicas, seguirán pagando la buena vida que lleva este sector ineficiente, que aprovecha el caos y el chantaje para seguir obteniendo privilegios.

También solo se conocen anuncios sobre el subsidio al gas licuado y, en el caso del subisidio a la energía para el sector residencial, de manera sorpresiva y contra toda lógica, se amplió a los consumidores de 300 Kwh, quienes dejaron de pagar el incremento del 18% por seis meses, pero en octubre se volverán a enfrentar con el problema ahora magnificado dos veces (el incremento del 18% no aplicado y el nuevo que se decida en octubre). A esto hay que agregar que las empresas distribuidoras están pidiendo hacer los ajustes a las tarifas trimestralmente y no cada seis meses como hasta ahora. Todo esto sucede debido a las políticas erróneas de Arena al privatizar la distribución de energía y al debilitar al Gobierno en el tema energético, pero ahora es responsabilidad de este Gobierno de izquierda enfrentarlo de manera inteligente.

Para rematar, el ministro de agricultura renuncia por no saber manejar el subisidio de los paquetes agrícolas –entre otras cosas gruesas que menciona en su carta de renuncia- entonces ¿Qué pasa con este Gobierno?. El mal manejo de los subsidios solo indica falta de capacidad en la formulación y ejecución de políticas públicas que unido a la pésima comunicación entre Gobierno y Fmln solo aumentan las demandas sociales y, por ende, perjudican la gobernabilidad del país. ¿Es eso lo que quieren? Pues sigan midiendo fuerzas de manera tonta.

La reforma del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), presentada por la Asamblea Legislativa y luego observada por el presidente Funes por no estar de acuerdo con tener que elegir al presidente de la institución de un terna presentada por el FMLN, ha generado una discusión nacional en la que el desacuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea se exalta como anormal, cuando en democracias más desarrolladas es de lo más común.

De igual manera, en la opinión pública se maneja como un gran conflicto el hecho de que el FMLN no haya aprobado, por dispensa de trámite, dos préstamos destinados para la construcción del nuevo Hospital de Maternidad y para la finalización del segundo tramo del bulevar Diego de Holguín. En este último caso, el FMLN pide que se investigue y se rinda cuenta de qué se hizo con el dinero destinado para esta obra en la administración Saca, aduciendo que hay fuertes indicios de corrupción.

En ambos hechos, aunque se esté personalmente a favor o en contra de sus posiciones políticas, la actuación del FMLN ha sido la correcta. El partido simplemente ha recurrido a su carta de principios y objetivos, y ha ejercido su función de control político dentro de la Asamblea Legislativa.

Según M. Maor (ver su libro Political Parties and Party Systems),los partidos políticos tienen dos tipos de objetivos. El primer tipo es el ideológico y tiene que ver con la cosmovisión del partido, también conocida como Weltanschauung, que define sus características más importantes, las que más influyen en moldear su estructura y modo de actuar. Esta ideología, para el caso del FMLN, se define en su carta de principios y objetivos.

También dentro de los objetivos ideológicos de los partidos están aquellos que los llevan a emprender acciones para mantener su estatus quo; cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas existentes para conseguir sus metas; o conquistar el poder político. En esto último se enmarca el interés legítimo del FMLN por ocupar la presidencia del RNPN. Ahora, ¿eso es bueno o malo para la democracia? La respuesta debe provenir de un análisis de lo que le conviene al país en general y de lo que el FMLN, con todo su derecho, pretende realizar al dirigir esta institución. Es claro que no se puede asumir de antemano que el FMLN haría un mal trabajo en la dirección del Registro, al estilo de las administraciones de Arena, pero la incertidumbre siempre existe. Más bien el peligro de este “conflicto” entre el Ejecutivo y la Asamblea es que el RNPN caiga en manos de partidos de derecha oportunistas.

El segundo tipo de objetivos de los partidos políticos, de acuerdo a M. Maor (1997), engloba a aquellos que todos los partidos comparten —son comunes a todos— y que se conocen como de “mínima definición”. Son estos objetivos los que llevan a los partidos a buscar puestos, votos y políticas públicas que vayan de acuerdo a sus intereses. Si el interés del FMLN en el RNPN va por alcanzar un objetivo de mínima definición en la línea de asegurar puestos para sus cuadros políticos, aunque es legítimo, caería en las costumbres de los partidos de la derecha, que tanto daño han hecho al país en el pasado.

El caso de los préstamos tiene que ver con dos aspectos. El primero, con el rol del FMLN dentro de la Asamblea Legislativa. Al respecto, es oportuno traer a cuenta las palabras de Burke, dichas en el siglo XVIII: “El parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno debe defender como intérprete y abogado, sino una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, donde la guía tiene que ser el objetivo global, no los intereses locales, el bien común que resulta de la razón general del todo”. Es esta línea, lacorrupción es un problema que es del interés de la nación, y qué bueno que el FMLN lo saque a luz pública, aunque sea de manera tímida. Sin embargo, lo hace justo en el momento en que existen evidencias de que al actual Ejecutivo, encabezado por Funes, no le interesa ver debajo de la alfombra de la corrupción de los Gobiernos anteriores.

El segundo aspecto se refiere a la función de control político, que es obligación de cualquier partido responsable con representación en la Asamblea Legislativa. En este caso, el FMLN está en todo su derecho de exigir al Gobierno que rinda cuentas de qué se hizo con el dinero de préstamos anteriores destinados para las obras inconclusas del hospital y la carretera, ambas del interés general de la población. Así las cosas, el conflicto Ejecutivo-Asamblea es un buen ejemplo de independencia de poderes, las cual debería potenciarse en lugar de usarse para sembrar diferencias que no ayudan a la democracia del país.

Lustra botas en el parque central de la ciudad de Santa Ana

La semana pasada, las fundaciones Fusades y Fundemas, de pensamiento de derecha, trajeron al politólogo Francis Fukuyama a impartir una conferencia, en la cual expresó dos frases que fueron recogidas por la prensa escrita nacional y que es bueno repetirlas. La primera se refiere a la inequidad en el ingreso: “La región, aunque ha avanzado en las reformas económicas, no ha logrado distribuir la riqueza y mantiene una estratificación social, económica y racial heredada de la colonia y que ha beneficiado a las élites oligárquicas”; la segunda, al tema fiscal: “El problema de Latinoamérica es la incapacidad de poner impuestos a las élites”.

En realidad, Fukuyama no dijo algo nuevo; la UCA y otras instituciones del país han repetido esto desde hace décadas. Lo importante de sus declaraciones es que ponen en el centro de la discusión nacional el tema de la inequidad y en cierta medida legitiman la necesidad de profundizar la reforma fiscal iniciada este año por el Gobierno.

Las manifestaciones de la inequidad en El Salvador han producido emigración y pérdida de capital humano, violencia, desintegración familiar, delincuencia, inseguridad nacional, etc. Somos un país en crisis socioeconómica y política permanente; muy diferente al país próspero descrito hace más de un año por un economista, quien decía que, de seguirse con el sistema de libertades y sus logros macroeconómicos, en diez años El Salvador estaría al nivel de desarrollo que tenía España en aquel momento.

Con esta conferencia Fusades lanzó su departamento de estudios políticos. Y en el evento tuvo sentado al Coena en primera línea, quizás con la intención de cumplir con el dicho popular: “Que lo diga Pedro para que lo entienda Juan”. Efectivamente, Arena necesita airearse el pensamiento; sus viejos lastres no lo dejan avanzar. La renovación del partido pasa por cambiar su ideología anticomunista; cambiar o actualizar su propuesta de modelo económico; cambiar su estrategia electoral basada en el miedo; desmontar el aparato de desinformación mantenido con la ayuda de ex guerrilleros —muy buenos para crear historietas—. Arena puede empezar su cambio por cosas fáciles aunque dolorosas, como renunciar a su himno. Con solo eso estaría dando muestras de renovación.

La continuidad de Arena como partido depende indirectamente del comportamiento del Fmln. Mientras este último más insista en el socialismo del siglo XXI o en la incorporación al ALBA, más se fortalecerá Arena. En este sentido, lo más adecuado es que el Fmln se deje conducir por Funes, quien se identifica más con la persona común y corriente, y puede aportar la practicidad política que le falta a algunos miembros del Fmln, que siguen atrapados en sueños de revolución, de lucha antiimperialista, y en un socialismo que no han podido definir con claridad.

Ya la población está cansada de ideologías foráneas, y Funes, a su manera, le está devolviendo un poco de credibilidad a la “clase política”; credibilidad que el Frente debería capitalizar antes que caer en la trampa de la derecha de romper la relación Funes-Fmln. Así las cosas, los esfuerzos del FMLN deberían enfocarse en crear un modelo de desarrollo propio, que se concentre en pocas cosas pero que muestre resultados a corto plazo.

Dos ejemplos de conducción política podrían ayudar en ese sentido; el primero de ellos debido a Lula y el segundo, a Obama. El presidente Lula dijo en una entrevista a CNN que su período presidencial solo tenía cuatro años y que estos eran muy pocos como para perderlos en discusiones ideológicas de geopolítica cuando millones de brasileños viven aún en la pobreza. Por su parte, el presidente Obama dijo que uno de sus objetivos era impedir que las personas que trabajan a tiempo completo vivan en la pobreza.

Aquí hay dos ideas importantes: no caer en la trampa de los debates ideológicos etéreos y tratar de resolver el problema del empleo de manera urgente. Suficientes problemas tiene la población en su vida diaria como para seguir apostándole a una polarización ideológica que es conveniente para la derecha.