Todas estas medidas se anunciaron y realizaron siempre con la falacia de que las empresas extranjeras estaban a la vuelta de la esquina, esperando para invertir en el país. Para completar la historia hay que agregar la construcción del puerto de La Unión a través de un préstamo (un proyecto que desde su inicio fue un fracaso); la construcción de infraestructura para la red de Megatecs cuando existían grandes necesidades en otros sectores de la educación del país; y la congelación de los salarios bajo la excusa de que al aumentarlos las empresas quebrarían o la inversión extranjera se alejaría. Como es de conocimiento general, en Centroamérica, El Salvador ha sido el país con menor inversión extranjera directa en los últimos años.

Arena agotó todas sus medidas, o más bien aplicó a cabalidad las recetas y programas que le sugirieron los organismos internacionales, ya que nunca tuvieron creación propia. Conforme transcurrió el tiempo, endeudaron al país. Al final, pese a darle “un sentido humano” a sus políticas, terminaron derrotados en las elecciones de marzo de 2009. Las consecuencias desastrosas en la economía ya son conocidas. Y luego de la derrota, Arena se derrumbó en menos de seis meses.

Ahora, Arena sigue sin saber cómo hacer oposición política y mantiene el discurso de que el país no tiene rumbo, que solo ellos tienen la capacidad para gobernar y que el comunismo nos acecha arropado en el socialismo del siglo XXI. Pero, en esencia, ¿qué propone Arena para recuperar la economía del país que sea diferente a lo que hizo en 20 años? Ante tanta insistencia, quizás ellos mismos se creen que el país transitaba por el rumbo correcto. Si este fuera el caso, la gran amenaza no sería el socialismo del siglo XXI, sino el retorno de los que ya fracasaron en el manejo de la economía.

Ciertamente, al actual Gobierno le está costando arrancar y tiene dificultades para obtener fondos para ejecutar sus propuestas; pero ha logrado dar confianza a la población, rompió el discurso apocalíptico de la derecha de que el país sería un caos al ganar el FMLN y logró una tímida reforma fiscal, muy adversada por la gran empresa. En nueve meses, el Gobierno tiene todavía el beneficio de la duda por lo no que ha hecho y debe cumplir.

A pesar de la crisis financiera del país, agudizada por la internacional; a pesar de arrancar con una economía en recesión, una elevada y creciente demanda social, y una buena parte de los recursos dedicados a atender los desastres del año anterior (sequía y tormenta Ida), el Gobierno logró completar un plan estratégico quinquenal. Ahora falta su ejecución y evaluación, para lo cual tiene un poco más de cuatro años. El período de aprendizaje para los nuevos funcionarios ya terminó; es tiempo de resultados a favor de las mayorías necesitadas del país. Es hora, pues, de pasar de los discursos a la realidad.

Si los diferentes poderes del Estado y las diversas instituciones del Ejecutivo no hacen bien su trabajo o lo hacen a medias pensando en que un “corrector” (en este caso, el Presidente) les arreglará sus problemas, lo mejor es que no cobren por sus cargos o que renuncien. Con sus ligerezas, terminarán consumiendo el tiempo del Presidente y lo desgastarán a tal punto que llegará al final de su mandato sin haber cumplido el rol para el que fue elegido y muy alejado de sus metas y proyectos.

El país tiene escasos recursos económicos; no puede darse el lujo de estar sometido a este tipo de desgastes. El caso del nuevo plan se seguridad es un problema similar. La consulta del plan con los diferentes sectores debería haber sido encabezada por el Ministro de Seguridad y su equipo, y no por el Presidente. El hecho de que Mauricio Funes se involucrara tiene al menos dos lecturas. La primera: el Presidente, aprovechando su buena imagen, quiere transmitir a la población la sensación de que su Gobierno está preocupado por el tema de seguridad, y lidera el proceso de consulta para lograr consensos y apoyos al plan. La otra: con esta forma de proceder, el Presidente está dejando en segundo plano al resto de ejecutivos encargados de este tema.

Algunos optimistas entienden estos eventos como “metidas de pata” que luego el Presidente corrige en un ejercicio democrático nuevo, que no se había visto en otras administraciones. Para otros, es una clara evidencia de la falta de comunicación a diferentes niveles del Estado y una irresponsabilidad de los funcionarios por no hacer bien su trabajo. Sea de una manera u otra, la población sigue sufriendo los problemas del desempleo, la inseguridad, la violencia social y la emigración, entre otros.

El Estado tiene que funcionar como un sistema en el que existen roles bien definidos y flujos de información de entrada y salida controlados. En este sistema de gobierno, todos se esfuerzan para optimizar sus procesos de tal forma que las acciones sean congruentes con el desarrollo del país o, al menos, con el plan de gobierno propuesto. Hasta ahora, lo que se observa es un ir y venir de propuestas que, además de inefectivas, consumen recursos que no se pueden desperdiciar. Ya es hora de afinar el sistema para mostrar resultados en beneficio de la población. Dejar que el Presidente tenga la última palabra en todo puede ser un peligro para la frágil democracia de este país.

Deslizamiento en calle al puerto de la Libertad, 8 de Nov 2009

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional”.

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.

Lustra botas en el parque central de la ciudad de Santa Ana

La semana pasada, las fundaciones Fusades y Fundemas, de pensamiento de derecha, trajeron al politólogo Francis Fukuyama a impartir una conferencia, en la cual expresó dos frases que fueron recogidas por la prensa escrita nacional y que es bueno repetirlas. La primera se refiere a la inequidad en el ingreso: “La región, aunque ha avanzado en las reformas económicas, no ha logrado distribuir la riqueza y mantiene una estratificación social, económica y racial heredada de la colonia y que ha beneficiado a las élites oligárquicas”; la segunda, al tema fiscal: “El problema de Latinoamérica es la incapacidad de poner impuestos a las élites”.

En realidad, Fukuyama no dijo algo nuevo; la UCA y otras instituciones del país han repetido esto desde hace décadas. Lo importante de sus declaraciones es que ponen en el centro de la discusión nacional el tema de la inequidad y en cierta medida legitiman la necesidad de profundizar la reforma fiscal iniciada este año por el Gobierno.

Las manifestaciones de la inequidad en El Salvador han producido emigración y pérdida de capital humano, violencia, desintegración familiar, delincuencia, inseguridad nacional, etc. Somos un país en crisis socioeconómica y política permanente; muy diferente al país próspero descrito hace más de un año por un economista, quien decía que, de seguirse con el sistema de libertades y sus logros macroeconómicos, en diez años El Salvador estaría al nivel de desarrollo que tenía España en aquel momento.

Con esta conferencia Fusades lanzó su departamento de estudios políticos. Y en el evento tuvo sentado al Coena en primera línea, quizás con la intención de cumplir con el dicho popular: “Que lo diga Pedro para que lo entienda Juan”. Efectivamente, Arena necesita airearse el pensamiento; sus viejos lastres no lo dejan avanzar. La renovación del partido pasa por cambiar su ideología anticomunista; cambiar o actualizar su propuesta de modelo económico; cambiar su estrategia electoral basada en el miedo; desmontar el aparato de desinformación mantenido con la ayuda de ex guerrilleros —muy buenos para crear historietas—. Arena puede empezar su cambio por cosas fáciles aunque dolorosas, como renunciar a su himno. Con solo eso estaría dando muestras de renovación.

La continuidad de Arena como partido depende indirectamente del comportamiento del Fmln. Mientras este último más insista en el socialismo del siglo XXI o en la incorporación al ALBA, más se fortalecerá Arena. En este sentido, lo más adecuado es que el Fmln se deje conducir por Funes, quien se identifica más con la persona común y corriente, y puede aportar la practicidad política que le falta a algunos miembros del Fmln, que siguen atrapados en sueños de revolución, de lucha antiimperialista, y en un socialismo que no han podido definir con claridad.

Ya la población está cansada de ideologías foráneas, y Funes, a su manera, le está devolviendo un poco de credibilidad a la “clase política”; credibilidad que el Frente debería capitalizar antes que caer en la trampa de la derecha de romper la relación Funes-Fmln. Así las cosas, los esfuerzos del FMLN deberían enfocarse en crear un modelo de desarrollo propio, que se concentre en pocas cosas pero que muestre resultados a corto plazo.

Dos ejemplos de conducción política podrían ayudar en ese sentido; el primero de ellos debido a Lula y el segundo, a Obama. El presidente Lula dijo en una entrevista a CNN que su período presidencial solo tenía cuatro años y que estos eran muy pocos como para perderlos en discusiones ideológicas de geopolítica cuando millones de brasileños viven aún en la pobreza. Por su parte, el presidente Obama dijo que uno de sus objetivos era impedir que las personas que trabajan a tiempo completo vivan en la pobreza.

Aquí hay dos ideas importantes: no caer en la trampa de los debates ideológicos etéreos y tratar de resolver el problema del empleo de manera urgente. Suficientes problemas tiene la población en su vida diaria como para seguir apostándole a una polarización ideológica que es conveniente para la derecha.

Los principales acuerdos del G-20 se describen con detalle en un artículo del periódico The New York Times publicado el 26 de septiembre: “Leaders of G-20 Vow to Reshape Global Economy”; y en la transcripción de la conferencia de prensa del Presidente de los Estados Unidos, “Obama´s News Conference at the G-20”.

En resumen, los principales puntos de acuerdo fueron los siguientes. (1) La discusión y análisis de la economía global, que se habían mantenido dentro del grupo reducido de países industrializados conocido como G-7, se abren ahora al G-20. (2) Reducir el inmenso desbalance entre países orientados por las exportaciones (China, Japón y Alemania) y países orientados al consumo, como EE. UU. (3) Cada país del G-20 estuvo de acuerdo en someter a revisión entre iguales (“peer review”) sus políticas económicas y a ser monitoreados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). (4) EE.UU. se comprometió a incrementar y acelerar sus ahorros, a reducir su déficit comercial y a trabajar en su enorme déficit fiscal; al mismo tiempo se espera que China, Japón y Alemania reduzcan sus exportaciones mediante el incremento de sus consumos e inversiones internas. (5) Subir los niveles de capital en los bancos e instituciones financieras para reducir el riesgo y mantener reservas para amortiguar pérdidas esperadas o inestabilidades provocadas por el mercado de créditos. Este punto generó desacuerdos: Japón argumentó que sus bancos son más conservadores que los de EE. UU.; y Francia y Alemania (que son los que trabajan sus bancos con menores reservas de capital) no quieren utilizar más efectivo como reserva dado que podrían usar ese dinero en desarrollar sus economías.

(6) Aunque todos los miembros del G-20 están de acuerdo en que el reparto de bonos o dividendos a los ejecutivos de los bancos tuvo que ver con el origen de la crisis, no aceptaron la propuesta de Francia de poner topes al reparto en función de las ganancias; EE.UU y Gran Bretaña estimaron que era muy complicado. El acuerdo logrado va más en el sentido de crear incentivos para que se eviten abusos. (7) Todos los países del G-20 se comprometieron a idear políticas que permitan, para finales de 2010, cerrar las instituciones financieras con problemas o que se considere que van a quebrar (“too big to fail”). (8) A China y a los países asiáticos se les asignará mayor voto y peso en el FMI y en el Banco Mundial. (9) En relación a los países en desarrollo, los miembros del G-20 se comprometieron a reducir sus barreras a las exportaciones de productos agrícolas para finales de 2010. Sin embargo, esto se pone en duda, ya que la administración del presidente Obama no muestra interés en establecer nuevos tratados de libre comercio (como sucedía en la época de Bush) y se prevé que implementará más medidas proteccionistas.

Aunque la receta producida por el G-20 es larga, conviene discutir algunos de los acuerdos y comentarlos en relación al contexto salvadoreño. En primer lugar, analizadas en su conjunto, las medidas se dirigen a sacar a flote la economía de EE. UU., el país con el consumo más elevado del planeta (por ejemplo, Europa toda consume sólo un poco más de lo que lo hace Estados Unidos). Segundo, queda en evidencia que una economía basada en servicios (como la estadounidense), reducida en su productividad y orientada al consumo es insostenible. Tercero, los países en desarrollo siguen sin esperanza; siguen siendo entendidos como exportadores agrícolas sin ninguna influencia en la economía global. Y, finalmente, el mensaje enviado por el G-20 es que las ganancias de los banqueros no se tocan.

Veamos ahora el contexto salvadoreño. El Salvador, en los últimos 20 años, ha seguido el modelo neoliberal dedicado a los servicios, a fomentar el consumo de manera desproporcionada, y cuya lógica es que China se dedica a producir y EE. UU., a vender. Este modelo fracasó por varias razones. Al renunciar Estados Unidos a la producción, era de esperarse que el desempleo se incrementara en algún momento. Y si el enfoque estaba en vender y consumir sin considerar el ahorro, las ganancias terminaban en pocas manos. Al haber escases de dinero, se abrió un mercado irracional de créditos (para mantener el ciclo vender-consumir) que fue aprovechado por estafadores financieros que finalmente quebraron la economía norteamericana y arrastraron al mundo a la crisis actual.

Los beneficiados de este consumo excesivo fueron los principales países exportadores hacia Estados Unidos, y que han sido los primeros en salir de la recesión (China y Alemania). Es obvio, entonces, que las medidas acordadas por el G-20 para romper el desbalance entre países exportadores y consumistas buscarán que Japón, Alemania y China desarrollen sus consumos internos y que las inversiones las realicen en sus propios países, mientras Estados Unidos reactiva su producción, incrementa sus ahorros y estabiliza su mercado financiero. ¿Cumplirán China y Alemania esta propuesta? Lo más seguro es que no.

La economía de El Salvador, al adoptar este modelo que privilegia la venta-consumo sin producción (obviamente, con las diferencias en escala), descuidó la producción en general y la agrícola en particular, que era la que producía la mayor cantidad de empleos en el país (lo que explica el incremento de la migración de salvadoreños en los últimos años). Además, nuestra economía se concentró en fomentar el consumo teniendo como base los más de 3 mil millones de dólares anuales provenientes de las remesas. Luego, se tomó la estrategia de convertir al país en un centro de logística, para así continuar en la lógica de vender-consumir y esperar que otros inviertan para generar empleo. Aunque las estafas financieras han sido pocas en número, la banca salvadoreña terminó en manos de bancos internacionales, los cuales, tras el anuncio de la crisis, aumentaron de manera irresponsable sus tasas de interés, lo que terminó de ahogar la economía familiar de los salvadoreños. Si las familias no tienen ahorros sino deudas, es difícil que inviertan en crear pequeñas empresas o se dediquen a la producción de algún producto.

Por otra parte, si no se tiene capacidad productiva, no hay capacidad exportadora. En nuestro caso, para desarrollar la segunda se recurrió al subsidio a las exportaciones, el cual no es sostenible y sólo ha beneficiado a un grupo pequeño de empresas. Al estar configurada la economía del país así, el sector empresarial está mayoritariamente orientado a comprar y vender, sin interés en invertir para producir. Esto explica que buena parte del gran capital salvadoreño se expanda a través de inversiones en hoteles y centros comerciales en Centroamérica. Algo que si bien incrementa las ganancias de la gran empresa, no le trae ningún beneficio al salvadoreño común.

¿Qué falló, entonces, en el modelo económico de los EE. UU. y de El Salvador? La respuesta es simple. Puestos a decidir quién generaba y obtenía más riqueza, los neoliberales apostaron por los vendedores antes que por los productores; y, por lo tanto, adoptaron la regla simple vender-consumir, dejando que otros asumieran el riesgo de producir. Las consecuencias de este modelo son la crisis financiera y la recesión económica. Ojalá los economistas y los tanques de pensamiento hayan aprendido la lección y ahora generen ideas que le den racionalidad al modelo o le den vuelta.

El país, desde hace décadas, camina al revés. Esto se evidencia cuando se revisan anualmente los indicadores de desarrollo humano; en estos días, también las cifras de muertos diarios debidos a la delincuencia, el número de niños recién nacidos abandonados anualmente y los muertos por HIN1 y el dengue confirman esta tesis.

A los temas de la delincuencia y la economía, problemas que agobian a toda la población, no se les encuentra solución en el país. En esencia, son problemas multicausa y multiefectos, es decir, de naturaleza compleja. El principal obstáculo para resolverlos ha sido que los Gobiernos no los han estudiado como requieren. En ciencias e ingeniería, a los problemas de naturaleza compleja se les trata con algoritmos de prueba y error, algoritmos estocásticos, algoritmos genéticos, por mencionar algunos. Aquí, en el país, se trabaja de espalda a las ciencias; algo que debe empezar a cambiar lo antes posible.

La forma en que los Gobiernos han abordado el problema de la delincuencia se ilustra mejor con el ejemplo de la fiesta de piñata. Siempre se ha querido pegarle a la piñata —a la solución de los problemas— con los ojos vendados, mareados, engañados por gritos de “arriba” y “abajo”, con el palo inadecuado y con la cuerda de la piñata movida al antojo de fuerzas ocultas. De esta forma, pasarán todos los invitados a la fiesta (llámense presidentes de la República de cualquier estilo y partido político) queriendo reventar la piñata sin éxito. De seguro, se comerán los dulces y el pastel, pero la piñata seguirá intacta o medio desfigurada. Ante la desesperación e impotencia que siente la población por la forma en la que se maneja la fiesta en nuestro país, se recurre a la manera más simple de consuelo: los problemas no se resuelven por “falta de voluntad política”. Disculpen, pero ya cansa escuchar esta frase.

Los problemas se resuelven cambiando las reglas de la fiesta de la piñata. Esto implica conocer, identificar y dar respuestas a las siguientes preguntas. (1) ¿Cuáles son la fuerzas ocultas que halan la cuerda?, es decir, ¿dónde están las causas del problema: en el narcotráfico, en el sistema capitalista, en la corrupción del sistema de justicia…? (2) ¿Se está usando el palo adecuado?, ¿los instrumentos, herramientas y políticas son los adecuados para resolver el problema? (3) ¿Será mejor quitarle la venda al niño y no marearlo antes de que le pegue a la piñata? Esto implica un buen liderazgo, un funcionario que vea lo que los otros no y que pueda leer e interpretar los datos correctamente. Hasta el momento, no hay claridad si la “meritocracia” dará los resultados esperados. (4) ¿Será necesario conocer bien la piñata? Aquí es necesario un buen diagnóstico del problema y tener cuidado de que su dimensionamiento sea el adecuado. Y (5) ¿quiénes son los adecuados para gritar “arriba” y “abajo”? El conjunto de asesores es clave, y saber escuchar a todos los sectores implicados (afectados o beneficiarios) en el problema es de prioridad. En la fiesta, los que gritan “arriba” y “abajo” casi siempre mienten; el funcionario debe tener capacidad para discernir entre lo falso y lo verdadero. Como es evidente para el lector, hasta aquí no ha sido necesario meterle números ni algoritmos a la solución, simplemente se han usado el sentido común y el principio básico de la ciencia: la observación.

Se analiza ahora un ejemplo en donde se utilizan dos aspectos que indica la ciencia: proceder de lo simple a lo complejo y utilizar la prueba-y-error para conocer el fenómeno en estudio. El problema es el de los delitos y asesinatos con armas de fuego (la piñata); parece claro que los que halan la cuerda son los empresarios que se dedican a la venta de armas, las empresas de seguridad que se lucran de la inseguridad ciudadana y los delincuentes de todos los tipos, por mencionar algunos. Un buen diagnóstico podría indicar una lista más larga de fuerzas ocultas. Hasta ahora, el palo que se ha usado como solución es el de la represión (Mano Dura y luego la Súper Mano Dura); incluso algunos quisieran revivir a la Guardia Nacional.

Esto indica poca visión. Y el resultado de esta mala estrategia es que las víctimas de la violencia se han incrementado y que las cárceles están llenas de delincuentes. Ahora salen con el gran hallazgo de que desde la cárcel se siguen ordenando extorsiones y asesinatos. La solución planteada hasta la fecha es bloquear las señales de celulares en las prisiones, construir más de estas, endurecer las leyes y sacar el Ejército a las calles. Los que gritan “arriba” y “abajo” siguen insistiendo en que prohibir la portación de armas favorece al delincuente (aquí destaca El Diario de Hoy) y que es necesario endurecer la represión. La prevención no está en su lenguaje, ya que ven la enfermedad y no la causa. Si un ejemplo ayuda a entender lo de la prevención, este es el de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Lo ideal no es que estos crezcan, sino que la sociedad no tenga necesidad de ellos para afrontar el problema del alcoholismo. Esto último requiere enfocarnos en la prevención y no en la curación.

Para prevenir los delitos y asesinatos por armas de fuego se debería usar la prueba-y-error con las siguientes medidas. (1) Prohibir la portación de armas de inmediato (si se quiere, para un plazo de seis meses) y ver los resultados después del primer semestre. Si los datos mejoran, se sigue con la medida; si no, se cambia (de eso trata el método de prueba-y-error). La verificación de esta medida debe ser permanente (y no como la prueba de alcohol en la sangre, que se realiza solo en vacaciones y luego los borrachos siguen causando accidentes fatales); se debe realizar en todos los lugares y debe ser aplicable a todos los ciudadanos por igual. (2) Limitar el consumo de bebidas alcohólicas por persona en todos los establecimientos: es claro que alcohol y armas son complementos perfectos para ejercer violencia. (3) Limitar la venta de armas por precio (subirle impuestos), por poder destructivo y por edad. (4) Controlar el uso de las armas en manos de los agentes de seguridad privados y públicos, incluyendo los de uso de la Fuerza Armada. (5) Empezar a sustituir la seguridad privada de colonias y establecimientos comerciales por la seguridad pública. (6) Acompañar todas estas medidas con una campaña publicitaria adecuada. (7) Destruir inmediatamente armas capturadas a la delincuencia común y organizada. Y (8) ajustar las leyes que sean necesarias para aplicar estas medidas en el corto plazo.

Luego se aplica la regla de Descartes de ir de lo simple a lo complejo. En esta fase se prioriza; el Gobierno debe actuar sobre lo que tiene control directo y tomar el liderazgo en impulsar decisiones que tienen que ver con los otros poderes del Estado.

Lo expuesto hasta aquí es simplemente sentido común; los expertos deberían afinar las ideas. En ciencias e ingeniería, ninguna solución se descarta desde el inicio; por el contrario, aunque las ideas parezcan tontas, se trata de mejorarlas y de volverlas factibles. A veces, después de un camino recorrido, se retoman ideas viejas que en un inicio fueron descartadas porque el estado de la tecnología limitaba su implementación.

En el tema del transporte, el Gobierno logró una leve reducción en el pago a los dueños de buses (de 800 dólares por unidad se redujo a 500), mantendrá congelada por 18 meses la tarifa para los usuarios del transporte público y pospuso la búsqueda de una solución más racional e integral. En esencia, está ganando tiempo, pero al final tendrá que enfrentar la realidad.

En el subsidio a la energía eléctrica —que por ahora sólo aplica a los usuarios que consumen debajo de 99 Kwh—, la intención del Gobierno es ampliar el subsidio a los que consumen debajo de 200 KWh, como le han sugerido las empresas distribuidoras. Ya en otras ocasiones se ha explicado por qué esta última medida es inadecuada; al final, los subsidios no son sostenibles y responden a intereses políticos de tipo populista que terminan beneficiando a las empresas distribuidoras (que aseguran su flujo de ingresos en épocas de crisis) y a familias que no lo necesitan; en contraste, otras familias que efectivamente lo necesitan no lo reciben.

Esto último lo evidenció un estudio de Fusades, en el que se encontró que, en el caso de los consumidores debajo de 99 KWh, el error de inclusión es del 50%; y el error de exclusión, del 30%. ¿Qué significa esto? Existe un 50% de familias que si bien consumen debajo de 99 KWh y gozan del subsidio (pagan la mitad de su consumo), tienen la capacidad de pagar la tarifa plena (una familia de recién casados, profesionales y con buenos empleos podría ser un buen ejemplo). El error de exclusión indica que hay un 30% de familias que no gozan del subsidio porque consumen arriba de 99 KWh o porque, simplemente, no tienen energía; familias pobres que no tienen capacidad de pago. Por ejemplo, una señora que se dedique a lavar y planchar ropa ajena fácilmente consume arriba de 99 KWh. En este caso, este grupo familiar realiza un trabajo de subsistencia (planchar ropa) y paga la tarifa plena.

Al no existir una política energética en un entorno de libre mercado, como es el caso del país, la estrategia de ahorro y eficiencia energética está ausente. Además, el subsidio perpetúa los niveles de consumo de energía en lugar de bajarlos, porque al final de cuentas hay alguien que paga la mitad: en nuestro caso, el Gobierno a través de los impuestos de todos.

Antes de aumentar el subsidio, el Gobierno debe analizar el sistema de tarifas. Al privatizar la distribución, generación y transmisión de energía, poco a poco se fueron consolidando monopolios, algo que se previó desde el inicio: tenemos un mercado de energía pequeño, en un país de tamaño pequeño, con centros de demanda de energía bien identificados.

Para evitar los monopolios y seguir vendiendo la idea de que tenemos un mercado en este sector, los Gobiernos anteriores crearon la figura de las empresas comercializadoras de energía, que representan una grada más en la tarifa (un intermediario), un actor que cobra su ganancia por su presencia en el mercado. Además, en la empresa en donde se realiza la compra y venta de energía (la unidad de transacciones), los miembros de la junta directiva son las mismas empresas que venden y compran energía. ¿Existirá transparencia en este mercado? Es difícil saberlo; la duda queda.

El punto aquí es que el mercado eléctrico debe revisarse porque tiene impacto directo en la tarifa eléctrica. También es extraño que en las fechas de vacaciones agostinas y navideñas el consumo aumente sin que exista alguna razón evidente. ¿Será que el arbolito navideño es capaz de elevar tanto el consumo?

El ahorro y eficiencia energética no le interesan al que vende energía; su negocio está en que el consumo crezca. Sin embargo, una política energética debe considerar el certificado de eficiencia energética a nivel de hogares y en las empresas, un incentivo al ahorro. En esta lógica, si los hogares y las empresas bajaran sus niveles de consumo de energía a un nivel preestablecido en la política y consiguieran sus certificados de eficiencia, pagarían un precio menor por el KWh que consumen. Esto no solo implicaría una ventaja económica para el hogar o empresa que alcanzara la meta, sino que habría energía disponible para otros, se bajaría la factura petrolera del país, se reduciría la contaminación y se pospondría la inversión requerida para la construcción de plantas generadoras de energía. En una política energética, la mejor inversión no es la que se realiza, sino la que se pospone o deja de realizarse.

En resumen, antes de ampliar el subsidio (la medida más fácil), es necesario establecer una política energética que considere al menos dos aspectos: el primero, la revisión del mercado eléctrico y su impacto en las tarifas de la energía; y, el segundo, crear incentivos al ahorro y a la eficiencia energética a través del mecanismo de los certificados de eficiencia para hogares y empresas. El subsidio se debe dejar para el final. Sin embargo, parece que el Gobierno, por el afán de demostrar que está haciendo algo, caerá en el error de ampliar el subsidio.

Algo que no nos debe extrañar es que el Banco Mundial, que financió el programa EDUCO desde 1991 a 1995 (a través de préstamos millonarios), nos eche flores por los logros obtenidos. Sería ilógico que un programa nacido dentro del Banco recibiera críticas negativas por parte de ellos mismos.

Al observar todos los países en los que el Banco ha introducido el programa, es obvio el interés económico de presentarlo como exitoso. Para no ir muy lejos, este programa existe en Guatemala con el nombre de PRONADE y en Honduras, como PROHECO. Pero, realmente, ¿ha sido tan beneficioso y exitoso EDUCO para el país? Para responder a ello, a continuación algunos hallazgos encontrados luego de consultar informes nacionales y del Banco Mundial sobre el programa.

¿De dónde surge EDUCO? Tiene su base conceptual en lo que se conoce como “gestión centrada en la escuela” (SBM: School-Based Management, en inglés). En esencia, ésta consiste en la descentralización de la autoridad del gobierno central al nivel de la escuela. Malen, Ogawa y Kranz (1990) la definen así: “Puede verse conceptualmente como una alteración normal de las estructuras de gobierno, como una forma de descentralización que identifica a la escuela como la unidad principal para el mejoramiento (de la educación) y confía en la redistribución de la autoridad como el medio clave para decidir-hacer, (y) a través del cual el mejoramiento (de la educación) podría ser estimulado y sostenido”.

La publicación del Banco “Decentralized Decision-Making in Schools:The Theory and Evidence on School-Based Management”, de 2009, establece que los programas de gestión centrada en la escuela transfieren autoridad a través de una o varias de las siguientes actividades: “Asignación de financiamiento, manejo del personal (contratación y despido de profesores y otro personal de la escuela), pedagogía (desarrollo de curricula escolar), mantenimiento e infraestructura (entrega de libros de texto y otros materiales educativos), y monitoreo y evaluación (del desempeño del profesor y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes)”.

Luego de estas definiciones veamos los resultados de EDUCO desde diferentes fuentes: el Gobierno (en este caso, la administración anterior) y los reportes del Banco Mundial. (Por limitaciones de tiempo, no pudo consultarse los estudios realizados en el país sobre este programa).

EDUCO visto desde el Gobierno anterior. Según Di Gropello, especialista en educación del Banco Mundial, “las escuelas del programa EDUCO se establecen solo en zonas rurales (en comunidades con al menos 28 estudiantes) y brindan educación preescolar y básica (grados del 1º al 9º). El MINED contrata asociaciones comunales para la educación (ACE) y les transfiere fondos, materiales didácticos y les ayuda a organizar, legalizar y capacitar a las ACE para que brinden servicios educativos a una comunidad. Las ACE seleccionan, contratan y supervisan maestros, construyen y dan mantenimiento a las escuelas y canalizan el apoyo de la comunidad a la escuela. Los supervisores de distrito o técnicos de enlace del MINED proporcionan el apoyo técnico y administrativo a las ACE, entregan asistencia técnica a los maestros, divulgan información sobre EDUCO y el MINED ayuda en la creación de las escuelas”.

El programa EDUCO ha sido financiado completamente por el Gobierno desde 1996 y tiene 18 años de vida. En 2005, tuvo un presupuesto asignado de 77.2 millones de dólares, que representaron alrededor del 15% del presupuesto del MINED. Para ese año, EDUCO tuvo 2,122 asociaciones comunales para la educación, 8,020 maestros, 12,551 secciones (aulas de clase) y atendió a 323,194 estudiantes.

Al analizar al programa en términos de porcentaje de la matrícula rural pública, se encuentra que su mayor impacto está en la matrícula preescolar (50%) y en los grados 1º-3º (41%); los porcentajes disminuyen en los grados superiores. Por otra parte, EDUCO abre oportunidades de educación para los niños más pobres; permite una gran agilidad en la creación de servicios de educación; disminuye el ausentismo de los maestros y, por lo tanto, incrementa el tiempo de aprendizaje de los niños; y sirve como un mecanismo para promover la participación de la comunidad en favor de lograr una mayor calidad educativa. Además, en las pruebas nacionales de matemática y lenguaje (en los grados 3º, 6º y 9º), las escuelas EDUCO presentaron mejores notas que las escuelas rurales públicas, también llamadas escuelas rurales tradicionales (ERT).

EDUCO visto desde los informes del Banco Mundial. Se revisaron dos informes. El primero, del año 1997 (con datos de 1996), titulado “El Salvador’s EDUCO Program A First Report On Parents’ Participation in School-Based Management”; y el segundo, del año 2009, “Decentralized Decision-Making in Schools: The Theory and Evidence on School-Based Management”, que presenta una sección dedicada a EDUCO.

Los resultados del primer informe son lo siguientes:

• Los padres de las ACE, en escuelas EDUCO, participan más en las actividades del centro escolar y sienten que tienen mayor influencia en los procesos de decisión-hacer y una relación más directa con los maestros.
• Las condiciones físicas de las escuelas EDUCO son peores que las escuelas rurales tradicionales (ERT), y el estatus socioeconómico de los hogares de los estudiantes de EDUCO, junto con el nivel académico de los padres de estos niños, es menor que el de los estudiantes en aquellas. Las ERT tienen mejor acceso a letrinas, electricidad y agua que las escuelas EDUCO; éstas tienen más textos y materiales didácticos que las ERT.
• El estudio demostró que no existe diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes en ambos tipos de escuelas.
• Los objetivos del programa EDUCO se cumplen en atender comunidades muy pobres y en promover la participación de los padres en el manejo de la escuela.
• El nivel académico de los maestros EDUCO es mayor que los de las ERT.
• La composición del grupo familiar en ambos sistemas, EDUCO y ERT, es igual (66% ambos padres, 34% un padre o ninguno).
• El grado escolar de los padres en ambos sistemas es bajo; la mayoría tiene menos del tercer grado.
• No existe diferencia en la dedicación de los padres a la educación de sus hijos en ambos sistemas.
• Los niveles de ausentismo y repetición de grado (16% y 7 %, respectivamente) son similares en EDUCO y las ERT; la deserción escolar es mayor en EDUCO (12%) que en las ERT (8%). Las causas del abandono de la escuela son enfermedades y la necesidad de trabajar de los niños.
• Los resultados académicos en matemática y lenguaje en el tercer grado son ligeramente mayores en las ERT que en EDUCO.

El segundo informe menciona los siguientes resultados:

• Existe un crecimiento apreciable en la matrícula de niños en EDUCO: se pasó de 8,500 en 1991 a 320,000 en 2001. Este último dato representa el 50% de la matrícula total en el área rural.
• No existe diferencia estadística apreciable en los rendimientos académicos de los estudiantes cuando se compara EDUCO con las ERT.
• Los niños que asisten a EDUCO tienen un 64% de probabilidad de continuar en la escuela en los próximos dos años.
• Los estudiantes de EDUCO tienen menos probabilidad de perder clase debido a la ausencia de los maestros.
• Los maestros de EDUCO pasan más tiempo en reuniones con padres de familia y más tiempo dedicados a enseñar.
• Los padres de familia de las asociaciones comunales para la educación en escuelas EDUCO visitan la escuela al menos una vez cada semana; es decir, el número de visitas a la escuela EDUCO es 3 ó 4 veces mayor que las visitas de padres de familia a las ERT.
• EDUCO tiene mejores condiciones en los salones de clase (medido en el tamaño de los grupos y en la disponibilidad de bibliotecas en el aula) que las ERT.

Al analizar estos resultados es claro que el mayor impacto del programa EDUCO ha sido el incremento de la cobertura escolar en la zona rural y lograr un rol más activo de los padres de familia y la comunidad en el manejo de la escuela. Estos resultados no se reflejan de manera significativa en el logro de aprendizaje de los estudiantes ni en la mejora del ausentismo, deserción escolar y repetición de grados cuando se compara con las ERT. Los avances en calidad de educación y mejora del aprendizaje de los estudiantes no son evidentes y contundentes al comparar EDUCO con las ERT. Ninguno de los estudios consultados aborda lo que los maestros piensan del programa EDUCO. Es aquí donde se abre una línea de investigación importante, ya que se ha evaluado el programa desde arriba y no desde abajo. Al ver los resultados del aprendizaje de los estudiantes en la modalidad EDUCO, no hay evidencia de que la autoridad de las asociaciones comunales para la educación en quitar y poner profesores sea un factor de mejora de calidad, como se asume en la base conceptual de la gestión centrada en la escuela. Algo que salta a la vista en todos los estudios consultados es que es necesario mejorar la infraestuctura física de las escuelas (más aulas para evitar diferentes grados en el mismo salón de clase), las letrinas, el acceso a agua potable y a la electricidad, y la asignación de libros de texto, material didáctico y bibliotecas, tanto a escuelas EDUCO como a las escuelas rurales tradicionales.

Como conclusión final, cabe suponer que la suspensión del traslado de fondos a las asociaciones comunales para la educación para la gestión de las escuelas no tendrá impacto negativo en el desempeño académico de profesores y estudiantes. Más bien, EDUCO debe pensarse como un eslabón en el proceso de construir ERT de calidad; es decir, usar EDUCO como punto de inicio para ampliar la cobertura educativa y lograr apoyo comunitario a la gestión escolar. Y luego, al final del proceso, establecer escuelas rurales tradicionales consolidadas y de mejor calidad.

Sin duda, grandes desafíos para un nuevo Gobierno que carece de experiencia en el manejo de la administración pública, pero que ha conformado un gabinete adecuado. Todos estos temas requieren de un trato riguroso; aquí me voy a referir a tres estos problemas.

El subsidio al transporte público.

Los subsidios fueron manejados por los funcionarios de Arena con fines políticos y sin importar si existía dinero para darles sostenibilidad; siempre recurrieron a préstamos o a crear figuras financieras (fideicomisos) para salir con sus caprichos. El subsidio al transporte público es un claro ejemplo de esta mala política y un buen ejemplo para ilustrar que la privatización de los servicios públicos no es siempre la mejor opción, como han querido demostrar los neoliberales.

Al final, el FMLN logró reducir el monto del subsidio, mantener estable el pago de los usuarios de este transporte por 18 meses adicionales e incorporar a los transportistas en un sistema de caja única que ayudará a evitar la competencia desleal. Ahora, el Gobierno tiene 18 meses para preparar una solución definitiva al problema.

¿Era necesario prorrogar el subsidio? Pienso que no. Según los datos de la gremiales de este sector, en promedio, un bus consume 700 galones de diesel al mes, es decir, 23.33 galones al día; con esta cantidad de combustible, la unidad puede realizar al menos 5 viajes diarios en su ruta. Si suponemos —siendo conservadores— que en cada viaje el bus traslada a 100 pasajeros que pagan 20 centavos de dólar, el empresario obtiene un ingreso diario de 100 dólares diarios o 3,000 dólares al mes por cada bus que posee. Así, si gasta 1,820 dólares en combustible (a $2.60 el galón de diesel), paga 400 dólares al motorista y al cobrador, y dedica 200 dólares mensuales al mantenimiento del bus, le queda una ganancia de 580 dólares al mes por unidad. Ahora, si a ese cálculo le agregamos los 500 dólares del subsidio, el empresario obtiene una ganancia mensual de al menos 1,080 dólares por bus. Parece poco, pero cuando pensamos en empresarios que tienen más de 10 unidades, las cosas mejoran en términos financieros.

Ante el caos del sistema de transporte, surgen ideas atractivas pero probablemente inviables, como lo es la propuesta del metrobús del alcalde de San Salvador. El establecimiento de las rutas para el recorrido del metrobús requiere la ampliación de las calles; se calcula que no menos del 50% del ancho de las calles debe destinarse a las rutas. Esto implica que la circulación de vehículos normales se restringe, lo que ocasionaría grandes congestionamientos en la ciudad y, por ende, mayor consumo de combustible y mayor contaminación del aire.

También el sistema de metrobús es caro (especialmente, el pasaje), ya que el costo de mantener la flota de vehículos es alto y cada metrobús sólo puede transportar hasta 160 pasajeros, un número que podría llenarse únicamente en las horas pico. La experiencia de otros países indica que la inversión del reacomodo de las rutas les toca a los gobiernos (locales o nacionales) y que, finalmente, el manejo del sistema de transporte termina en manos de empresas transnacionales.

Además, el caos vehicular de San Salvador volvería lento al sistema de metrobús; lento por los cuellos de botella originados por accidentes de tránsito, manifestaciones, etc. La idea requiere de más estudio. Si el subsidio se hubiera eliminado, el Gobierno tendría la disponibilidad de fondos para analizar mejor esta idea. Por el momento, el sistema de transporte seguirá igual o peor, con un costo de más de 4 millones de dólares mensuales pagados con el impuesto de los 10 centavos de dólar por galón de combustible.

El puerto de La Unión.

Esta es una de las megaobras que mejor hubiese sido no realizarlas: ahora salta la liebre con la necesidad de tener que dragar anualmente el canal de acceso al puerto para que los buques tipo post-panamax puedan ingresar. El dragado representa un costo anual de entre 12 y 20 millones de dólares, según informaciones de La Prensa Gráfica.

Usualmente, los puertos compiten por sus precios para el manejo de carga. ¿Cómo podrá competir este puerto si a su costo normal de operación hay que agregarle el costo del dragado? La apuesta de esta obra era atraer los buques tipo post-panamax que pudieran manejar un número mayor de TEU. De hecho, la ampliación del canal de Panamá —ya en marcha—, a un costo de más de 6,000 millones de dólares, es precisamente por esta misma razón. A esto hay que agregar más dificultades: el flujo de comercio mundial ha disminuido; el buen funcionamiento del puerto de La Unión depende del canal bioceánico en Honduras, ahora detenido por el BID por la crisis del golpe; la carretera longitudinal del norte enfrenta problemas en su construcción; etc.

En esencia, el puerto tiene más interés y beneficios para Honduras que para nosotros, ya que Puerto Cortés incrementará su hinterland y su carga de manejo. Esto implica que cualquier estudio nuevo que se realice sobre el puerto de La Unión debe considerar los beneficios compartidos que se obtendrían con Puerto Cortés.

Solo para recordar la gravedad de esta inversión, realizada con préstamos a un banco japonés y al BCIE: al inicio, la obra costaría 130 millones dólares; finalmente costó 183 millones, y todavía hay que invertir en la grúas. Ahora hay que empezar a pagar los préstamos y los costos del dragado. Este es otro ejemplo de cómo los Gobiernos de Arena crearon falsas expectativas de desarrollo a costa de préstamos que terminarán pagando nuestros bisnietos.

La construcción de la presa El Chaparral.

Cuando existe una política energética y se trabaja en un entorno energético planificado (no dirigido por el mercado), la mejor estrategia es posponer las inversiones requeridas para la construcción de presas hidroeléctricas, es decir, se hacen esfuerzos en el ahorro y en la eficiencia energética. Este no es el caso del país en la actualidad.

Desde el punto de vista energético, no hay discusión: la presa debe construirse, sino tendremos al menos dos problemas en los próximos años: primero, el país no podrá hacer frente al crecimiento actual de la demanda de energía (estimada en un 6% anual), lo que implicará racionamiento de energía y recurrir a la instalación de plantas térmicas para suplir la demanda; y, segundo, y más complicado aún, continuará la dependencia ya alta del petróleo, cuyo precio seguirá en aumento hasta que la economía global se recupere.

Desde el punto de vista de los impactos sociales y ambientales, hay que arreglar lo que se puede a estas alturas del proyecto. Esto implica pagar mejores precios por las tierras a inundar (aun cuando ya se adquirió el 80% de éstas), crear un fondo para el manejo de la cuenca del río Lempa y, si fuese posible, convertir en accionistas de la presa a las familias de las tierras inundadas por un período de años a concertar.

Es aquí oportuno mencionar que el país requiere de una planificación territorial y que la Ley del Medio Ambiente establece a la cuenca hidrográfica como la unidad básica de dicha planificación. La cuenca del Lempa abarca la mitad del territorio nacional y es donde se concentra la mayor cantidad de presas hidroeléctricas del país, lo que implica que su manejo adecuado debe ser prioridad uno. También la cuenca del río de Sonsonate o Sensunapán, aunque no la mencionan los ambientalistas, debe ser prioridad uno, ya que en ella se encuentran 5 pequeñas centrales hidroeléctricas en operación, 1 en construcción y 3 en proyecto de construirse.

Como mencioné al inicio, cada uno de estos temas requiere de un estudio más amplio. Aquí se presentan algunos elementos que pueden ayudar a ampliar la discusión de estos de gran impacto en la vida del país.

En este tema, dos de las distribuidoras del país, AES El Salvador (empresa a la que pertenecen CAESS, EEO, CLESA y DEUSEM) y Cenérgica, operadora de la generadora térmica Nejapa Power, han propuesto al Gobierno subir el techo del subsidio a los 200 KWh. Esto, según sus cálculos, tendría un costo de $57.5 millones cada semestre y beneficiaría a más gente (al 81% de los usuarios actuales). Para un Gobierno populista, que esperamos no sea el actual, la medida suena bien al oído; sin embargo, no solo es inviable económicamente, sino que muy oscura.

Es obvio que en época de crisis económica, como la que tenemos actualmente, la población tenderá a consumir menos energía o a desconectarse de la red del sistema de distribución si la economía empeora. En ambas situaciones, las distribuidoras perderían. La propuesta de AES y Cenérgica es garantizar sus ingresos y ganancias con el subsidio de tal forma que para la población pueda ser viable mantenerse conectada a la red y seguir sus patrones normales de consumo energético. Con este tipo de propuestas, el beneficio sigue siendo para las empresas.

Lo mejor sería cambiar el actual sistema de tarifas a la energía; y si se quiere mantener el subsidio a los consumidores de 99 KWh, que ello se realice a través de un subsidio mixto (realizado dentro de las empresas), de tal forma que el KWh sea más caro para los consumidores arriba de 200 KWh (por mencionar un dato; esto requiere de más estudio) y que con el excedente se subsidie a los que consumen abajo de 99 KWh. Con esta última medida no solo se incentivaría el ahorro de energía en los grandes consumidores residenciales, sino que el subsidio se volvería más solidario. Esto permitiría al Gobierno liberarse del problema de financiación y dedicar los fondos del subsidio actual al fomento de programas de ahorro de energía, a la electrificación rural o a incentivar la creación de empresas dedicadas a energía renovable.

El segundo tipo de subsidio, el dedicado al transporte público, es más complicado (el problema del sector no se pudo resolver en 20 años) y vence este 31 de julio. El Gobierno de Saca, como una medida política para mantenerse en el poder, reinstaló un subsidio que se había eliminado en el Gobierno del presidente Flores. El actual subsidio se paga con lo que mayoritariamente la clase media consume de combustible (10 centavos de dólar por cada galón consumido) para trasladarse a sus empleos o para hacer funcionar sus pequeñas empresas. De manera similar al caso de las empresas distribuidoras, las gremiales de transportistas (CASIT, COSET, AEAS, ASTRAQ y AETMISAL) salen ahora con la propuesta de prorrogar por un año más el esquema vigente de subsidio. En éste, los propietarios de unidades de transporte público reciben 400 dólares mensuales por cada microbús y 800 dólares por cada bus que poseen. ¡Todos quisiéramos que se nos garantizaran esos ingresos mensuales por todo un año!

Según informaciones de los mismos transportistas, hay propietarios que tienen más de 100 buses. El lector de estas líneas puede hacer la multiplicación para hacerse una idea de lo que para esos propietarios implica el subsidio actual de 800 dólares mensuales por bus. Mientras esto ocurre, la clase media —que no está organizada— sigue soportando el “engorde” de las arcas de los empresarios del transporte, que de paso ofrecen un servicio pésimo a la población. Antes de que la Asamblea Legislativa apruebe esta nueva iniciativa (mantener el subsidio por un año más), es mejor hacer un alto de 3 meses sin pago de subsidios, y durante ese tiempo encontrar la mejor manera de abordar este problema y no dejarse presionar por las gremiales.

Un amigo que visita el país de manera regular es de la opinión que es mejor subsidiar el transporte público con el consumo de la telefonía celular, debido a que está mejor distribuida en todos los estratos de la población. A este amigo le parecía ilógico que se subsidiara a gente que viaja en los buses y que hace uso de teléfonos celulares de lujo. Es claro que hay personas que abordan los buses solo con el dinero justo para ir y venir de sus trabajos. Para ellos es vital el subsidio, como lo debería de ser para los maestros, estudiantes y trabajadores del sector de la salud, por la importante labor que realizan para el bien del país.

Mientras todo esto sucede, la clase media sigue sin voz en estos temas, aguantando la pila de impuestos que descansa sobre sus hombros.