1. Introducción

La exitosa campaña electoral del presidente Obama del año 2008, basada en el uso de las tecnologías interactivas web 2.0 del internet, ha generado expectativas favorables acerca de que las sociedades –a nivel global- podrían moverse hacia la consolidación de una democracia continua que se contraponga a la democracia representativa –de tipo liberal- conducida por élites políticas y, en la cual los mass media tienen la exclusividad de no solo mediar entre estas élites y los gobernados sino que además son ellos –en la mayoría de las veces- los que establecen la agenda política y encuadran las noticias de acuerdo a sus propios intereses o el de las élites.

La democracia siempre ha sido una aspiración de las sociedades y en el proceso de alcanzarla ha surgido lo que llamo “democracias con apellido” –es decir, que abordan la democracia desde distintas dimensiones- que surgen ante la dificultad de las sociedades de acercarse a una democracia plena. Es así como desde la dimensión de la comunicación política entendida como la propone Vallés (2010, pág. 300) que consiste de “un intercambio de mensajes de todo tipo que acompaña necesariamente a la toma de decisiones vinculantes sobre conflictos de interés colectivo”, la campaña electoral de Obama abre la discusión sobre la posibilidad de alcanzar una democracia continua basada en la ciberdemocracia. Stefano Rodota citado por Dader (2003, págs. 311-312) acuñó el concepto de democracia continua como aquella “que implica la superación de un sistema de comunicación vertical [de la élite gobernante a los gobernados] y una interacción política intermitente entre ciudadanos y élites políticas” que va más allá del diálogo normal que ocurre durante las campañas electorales. En esta democracia continua según Dader “los periodistas y medios de comunicación ya no serían los únicos capaces de filtrar la información sobre los asuntos públicos y de fijar las condiciones del diálogo en el espacio público” sino que se amplía la comunicación política a escenarios de actuación colectivos en donde, la ciberdemocracia posibilita “que las nuevas prácticas de comunicación global e interactiva sean algo más que una experiencia ocasional o una opción minoritaria”.

Desde la dimensión política, Schumpeter citado en (Diamond, 2003) propone una democracia electoral –criticada por ser minimalista-  como un sistema “para llegar a decisiones políticas, en la que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo”. Posteriormente este autor amplió su definición al reconocer la necesidad de agregar unos niveles mínimos de libertad en la democracia tales como los referidos a las libertades de expresión, prensa, organización y reunión. En esta democracia electoral la expresión de la opinión pública –que resulta de la cultura política y de la intervención de los mass media- se concreta en la voluntad electoral que es la que en última instancia termina por legitimar el poder político de las élites. Por su parte, Diamond (2003) se refiere a la democracia liberal –desde un punto de vista maximalista- la cual además de los elementos de la democracia electoral incluye componentes adicionales (Diamond, 2003, págs. 34-36) tales como: (a) la subordinación de los militares a los civiles electos, (b) la protección de las minorías: culturales, étnicas, religiosas y otros grupos, (c) que los ciudadanos son políticamente iguales ante la ley, entre otros.  Estos dos conceptos de democracia -electoral y liberal- se basan principalmente en los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y tienen como fundamento la expresión de Aristóteles de que “la base de un estado democrático es la libertad”.

El análisis que se presenta en este ensayo pone su énfasis en la democracia desde la dimensión de la comunicación política y como caso particular de estudio se considera a la campaña electoral de Obama del año 2008. Como se recordará, Obama usando las herramientas del internet fue capaz de organizar a sus simpatizantes (no necesariamente afiliados al partido demócrata), hacer propaganda y marketing político, defenderse de los ataques de los republicanos a través de blogs y logró comunicarse de manera continua con sus simpatizantes usando sitios de redes sociales, listas de correos electrónicos y YouTube de tal forma que pudo ajustar sus acciones políticas –durante la campaña electoral- para alcanzar la presidencia de los Estados Unidos.

La historia política de las elecciones en los Estados Unidos muestra cómo diferentes presidentes usaron diferentes canales de comunicación –de acuerdo a la tecnología existente en sus épocas- para sus campañas políticas y para gobernar. Es así como Thomas Jefferson utilizó los periódicos para ganar la presidencia, F.D.R. utilizó la radio para gobernar, J.F.K. utilizó la TV para gobernar y, Obama comprendió que podría usar el Internet para bajar los costos requeridos para construir su marca política, crear el sentido de conexión y colaboración con los ciudadanos y prescindir de los métodos centralizados de control y dirección de las campañas políticas tradicionales a través de  una estrategia sencilla, en la cual son los ciudadanos son los que se auto organizan para hacer el trabajo político (Miller, 2008). La campaña de Obama no inventó algo nuevo sino más bien agrupó las aplicaciones web 2.0 de las redes sociales para trabajar bajo la bandera de un “movimiento social” de carácter virtual que le permitió recoger dinero para su campaña, fortalecer las organizaciones locales, luchar contra la propaganda sucia de sus adversarios y, finalmente obtener los votos que lo llevarían a la presidencia. En esencia Obama logró establecer un diálogo con los ciudadanos –durante la campaña electoral- a través de su sitio My.BarackObama.com conocido simplemente como MyBO.

A raíz del ejercicio de la ciberdemocracia por parte de Obama surge como problema de debate en este ensayo el cuestionamiento siguiente: ¿Si las sociedades están en camino de lograr avances en la democracia –ya sea liberal o continua- o de si simplemente lo que estamos presenciando es un declive en el poder de los mass media (TV por cable o broadcast, radio, periódicos, revistas, etc.)?. La tesis principal de este ensayo es de que la ciberdemocracia de Obama más que un avance real en la democracia es un punto de quiebre en el rol de los mass media en la política y que estamos en presencia de un crisis o agotamiento en algunos de los medios tradicionales principalmente los escritos. Como ejemplos de este declive mediático está el hecho de que el periódico Christian Science Monitor de más de cien años dejara de publicar su versión impresa diaria o el hecho de que la revista Times –clave en la agenda-setting norteamericana y del mundo- se salvara de ir a la quiebra a través de un préstamo de emergencia otorgado por el multimillonario Mexicano Carlos Slim (Friedman, 2009, pág. 343).

El debate del ensayo se organiza en secciones que comprende: la marca obama, el manejo de la opinión pública, la ciberdemocracia de Obama como marketing político tradicional y, finalmente el declive de los mass media y el efecto de los cambios tecnológicos.

2. Debate: Avances en democracia o crisis de poder en los mass media.

  La marca Obama.

Como mencioné antes Obama no inventó algo nuevo en su campaña, simplemente utilizó los nuevos medios –audio y video streaming, blogs, sitios de redes sociales, distribución de contenidos políticos generados por diferentes voluntarios, YouTube, etc.- para convertir las necesidades del mercado electoral estadounidense en un programa político ajustado por las retroalimentaciones de los ciudadanos, que luego se personalizó en la “marca Obama” y, que finalmente, con ayuda de la publicidad se tradujo en los votos requeridos para llegar a la presidencia; es decir, un claro marketing político con la diferencia de que la estrategia publicitaria dio prioridad a las aplicaciones del web 2.0 de internet sin descuidar, por supuesto, la publicidad en los mass media tradicionales como la TV. El éxito de la campaña fue de tal magnitud que según el New York Times (Stelter, 2008) los contenidos subidos a YouTube por su “movimiento” fueron vistos por 14.5 millones de horas que si se hubieran contratado en TV le hubiera costado alrededor de $47 millones de dólares. La publicidad gratis en YouTube permitió que los contenidos (sus links) fueran enviados de amigo a amigo en todas las redes. Un caso ejemplar, de las aplicaciones web 2.0 lo constituye el hecho de que el discurso de Obama de 37 minutos sobre el racismo –motivado por el ataque feroz del reverendo Jeremiah Wright contra Obama- fuera visto por más de 6.7 millones de personas en YouTube (Miller, 2008).

El manejo de la opinión pública.

Obama sabía que la opinión pública –que al final de cuentas se traduce en voluntad electoral- dependía de la cultura política y de los medios que utilizan los ciudadanos para informarse sobre política. Identificar dichos medios fue clave para el manejo de la opinión pública para Obama. Una encuesta a 2,062 adultos realizada de julio a octubre de 2007 por Harris Poll Survey citada por A. Haynes (2009, pág. 53) mostró que alrededor de 178 millones se conectaban a la red un promedio de 11 horas semanales. El 73% de este público accedía noticias generales y el  55% se conectaba para obtener noticias políticas,  información acerca de los candidatos o simplemente para seguir el desarrollo de la campaña política. Además, el perfil de estos consumidores políticos era parejo entre hombres y mujeres y, en su mayoría eran jóvenes y bien educados.

Aún cuando la televisión dominaba el escenario político –al momento de la encuesta y el desarrollo de la campaña- el número de ciudadanos que usaba internet como fuente principal de noticias políticas crecía de manera sostenida y un tercio de ellos –según la encuesta- sugería que la información que obtenían on line era un factor determinante para la decisión de su voto. Con esta información era claro que Obama se inclinaría por incidir políticamente a través de aplicaciones web 2.0 –sin descuidar obviamente los mass media- y para ello incorporó como miembro de su equipo de campaña al joven Chris Hughes, de  24 años  de edad, que había sido uno de los fundadores de Facebook (Miller, 2008).

Cierro esta parte con una pregunta que realizó Ian Rowe, experto en elecciones en MTV, a un grupo de jóvenes a quienes preguntó que detallaran tres marcas con las que asociaban a los principales candidatos a la presidencia: para Obama, los jóvenes seleccionaron Apple, Nike y Coca Cola y para McCain escogieron Exxon Mobil, Tommy Hilfiger y Bengay (un medicamento para la artritis). Al final de la elección, Obama ganó con el 34% de los votos de la juventud, considerado el margen más grande en cualquier cohorte de edad para una elección presidencial (Friedman, 2009, pág. 345).

La ciberdemocracia de Obama como Marketing político tradicional.

Como se podrá apreciar la ciberdemocracia de Obama es algo más dentro del marketing político tradicional y la idea utópica de la democracia continua basada en el diálogo permanente entre élites y ciudadanos –si bien se ejerció durante la campaña electoral-, se mantuvo durante la transición a la presidencia y terminó con el tiempo. Hughes le sugirió a Obama que creara el sitio MyWhiteHouse.gov para mantener el diálogo con los ciudadanos; sin embargo, Obama optó por iniciar un sitio diferente llamado Change.gov que funcionó durante su transición a la presidencia (Miller, 2008). De esto se desprende que más que hablar de avances en la democracia es mejor considerar el “fenómeno Obama” como un avance en la innovación del marketing político tradicional.

El declive de los mass media y el efecto de los cambios tecnológicos.

Ahora bien lo que sí implicó la ciberdemocracia de Obama fue un punto de quiebre que acentuó el declive de poder de los mass media para establecer el agenda-setting y el framing de las noticias políticas de los Estados Unidos. El internet -con el cambio tecnológico que implica- rompió el oligopolio de la información de los mass media (principalmente de los escritos), de tal forma que el New York Times y el Washington Post se quedaron lentos y desenfocados en los temas político-electorales para satisfacer la demanda de millones de lectores que se cambiaron a sitios más populares, como politico.com y huffingtonpost.com para informarse sobre temas políticos. A esto hay que agregar las crisis en los mass media surgida por la suspensión de la impresión diaria del Christian Science Monitor y el préstamo millonario de Carlos Slim a la revista Times para que siguiera funcionando mientras la revista ajustaba su modelo negocios (Friedman, 2009, pág. 343). También la campaña electoral de Obama implicó un cambio tecnológico debido a que se movió al uso de tecnologías de comunicación asíncronas como son las palabras impresas, la radio y la televisión, a la comunicación multimedia síncrona -sobre el internet- que dio paso a que el monólogo -que caracteriza a los mass media tradicionales- se trasladara a un diálogo entre los cibernautas y Obama.

Obama sin lugar a dudas aprovechó el cambio tecnológico para su marketing político y, su énfasis en los nuevos medios (ciberespacio) fue una estrategia política que, en cierta manera, buscaba tomar un poco de distancia de los mass media tradicionales que en esa época habían impactado y escandalizado a los norteamericanos por su complicidad con la guerra en Iraq. En otro sentido, los nuevos medios le permitían a Obama hacer realidad su sueño de organizar a las comunidades, algo que ya antes lo había manifestado en una frase citada por Max Friedman (2009, pág. 344) en la que expresó que “la única manera que tienen las comunidades para construir poder a largo plazo es organizando a la gente y el dinero alrededor de una visión común”, algo que efectivamente realizó durante su campaña electoral. También no hay que olvidar que los mass media mantuvieron como framing durante la campaña de Obama el argumento de que los Estados Unidos era una sociedad post racial y post racista, aun cuando la mayoría de norteamericanos eran conscientes de que este argumento no se ajustaba a la realidad del país. Este desencaje es un indicador más de que los mass media estaban dejando de establecer la agenda política y de encuadrar las noticias a su antojo al menos durante el periodo de la campaña electoral de Obama.

3. Conclusión

Sin duda los mass media a lo largo de los años han tenido la exclusividad de no solo mediar entre las élites políticas y los gobernados; sino que además, en gran medida, establecen la agenda política y encuadran las noticias de acuerdo a sus propios intereses o el de las élites. Con el surgimiento de nuevos medios de comunicación -basados en tecnologías web 2.0 de internet- se abre el debate político sobre si este cambio tecnológico logrará avances en la democracia de las sociedades o si simplemente se profundizará la crisis o declive de poder de los mass media –observado en los casos del Christian Science Monitor y de la revista Times- en su rol casi exclusivo de la agenda-setting y framing de noticias en sus sociedades. Para ello, en este ensayo se analizó la campaña presidencial de Obama del año 2008, la cual constituye un buen ejemplo de ciberdemocracia y permite concluir que la campaña electoral de Obama si bien constituye una innovación en términos de marketing político no implica avances significativos en democracia sino que más bien agudizó el declive de poder de los mass media de la sociedad norteamericana.

El marketing político de Obama supo utilizar los nuevos medios para convertir las intenciones de votos de los norteamericanos en votos efectivos que le permitieron llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Obama supo leer correctamente los datos de casa encuestadoras de prestigio como Harris Poll Survey que indicaban que alrededor de 178 millones –en su mayoría jóvenes y bien educados- se conectaban a la red un promedio de 11 horas semanales y que el 55% se conectaba para obtener noticias políticas, información acerca de los candidatos o simplemente para seguir el desarrollo de la campaña política. De ahí que Obama concentrara sus esfuerzos de marketing político en el uso de tecnologías web 2.0 sobre internet que le permitieron organizar a sus simpatizantes, hacer propaganda política, defenderse de los ataques de los republicanos a través de blogs y, logró comunicarse de manera continua (durante la campaña) con sus simpatizantes usando sitios de redes sociales, listas de correos electrónicos y YouTube.

También Obama fue hábil en tomar distancia de los mass media tradicionales –sin descuidar a la TV- debido al desgaste que estos habían tenido en la opinión pública norteamericana por su complicidad y parcialidad en la guerra de Iraq y por el desencaje de los mass media de cubrir la campaña electoral del 2008 bajo el encuadre noticioso de presentar a los Estados Unidos como un país post racial y post racista, algo que los ciudadanos no compartían. Como se menciona en la introducción de este ensayo la democracia en su dimensión política -ya sea electoral o liberal- es mucho más amplia que el ejercicio coyuntural de comunicación entre ciudadanos y Obama que se estableció durante la campaña electoral. Más aún la ciberdemocracia de Obama está lejos de ser una democracia continua como la define Stefano Rodota dentro de la teoría de la comunicación política. Por eso en este ensayo se señala que la ciberdemocracia de Obama no constituye avances reales en la democracia política sino más bien un excelente ejemplo de innovación en el marketing político.

El cambio tecnológico impulsado por Obama –al usar las aplicaciones web 2.0- para su campaña electoral si puso en evidencia el declive en el poder de los mass media para el establecimiento de la agenda y el encuadramiento de las noticias políticas. El hecho de que los electores optaran por consultar blogs de política como politico.com y huffingtonpost.com en lugar de periódicos de prestigio como el New York Times implica un declive en el poder de los mass media para establecer la agenda política.  Es de esperar entonces que en los próximos años los medios tradicionales tratarán de integrar las aplicaciones web 2.0 dentro de su operación normal, de hecho muchos periódicos en la actualidad reclutan bloggeros especializados en distintos temas, incluyendo el político, para darle interactividad a sus medios de tal forma que se propicie un diálogo con la ciudadanía que incida en la toma de decisiones de las élites políticas. Es claro que este cambio tecnológico tendrá repercusiones en el modelo de negocios de los mass media que les permita rentabilidad y sostenibilidad en el futuro y, por supuesto, tratarán de no perder la exclusividad en el establecimiento de la agenda política y el encuadre noticioso como les sucedió en la campaña presidencial de Obama del año 2008.

Bibliografía

Dader, J. (2003). Ciberdemocracia y comunicación política virtual: el futuro de la ciudadanía electrónica tras la era de la televisión. En S. (. Berrocal, Comunicación política en televisión y nuevos medios (págs. 309-342). Barcelona, España: Ariel.

Diamond, L. (2003). Defining and Developing Democracy. En R. D. Dahl, I. Shapiro, & J. A. Cheibub, The Democracy Sourcebook (págs. 29-40). Cambridge, Massachusetts: The MIT press.

Friedman, M. P. (2009). Simulacrobama: The mediated Election of 2008. Journal of American Studies , 2 (43), 341-356.

Haynes, A. A., & Pitts, B. (Enero de 2009). Making an Impression: New Media in the 2008 Presidential Nomination Campaigns. Political Sciences , 53-58.

Miller, C. C. (7 de Noviembre de 2008). How Obama’s Internet Campaign Changed Politics. The New York Times .

Stelter, B. (7 de Julio de 2008). The Facebooker Who Friended Obama. The New York Times .

Vallés, J. M. (2010). Ciencia Política (Octava edición ed.). Barcelona, España: Ariel.

Esta relación se estrecha y fortalece en al menos dos momentos. Por un lado, a través de las elecciones internas partidarias, cuando los partidos seleccionan a sus candidatos a cargos públicos para la competencia electoral. Y por otro, durante las elecciones —ya sea de diputados, municipales o presidenciales—, donde ambas caras (bases y cúpula) se movilizan para mantener y/o aumentar su poder político. En las elecciones internas partidarias, y ante la ausencia de una ley de partidos políticos, la organización central o cúpula tiene el control total, ya que son sus miembros quienes definen, fijan y cambian los estatutos. En las elecciones para cargos de elección popular, la cúpula pierde un poco el control y se somete a la Constitución de la República, al código electoral y a lo que los ciudadanos decidan con el voto, en una especie de plebiscito en el que los electores ratifican o no a los candidatos definidos previamente por la cúpula.

Solo en los eventos electorales el partido recurre al pueblo para que lo apoye con votos para impulsar un “programa de gobierno” que supuestamente beneficia a los electores y a cuyos intereses dice el partido representar. Todos sabemos que una vez los candidatos son elegidos, el programa político se desvanece y prevalecen los intereses partidarios para sobrevivir como organización.

Cuando el partido llega a la administración pública (otra de las caras), surge la tentación de perpetuarse en el poder. Además, se debilita el nexo de la cúpula y los miembros del partido en el Gobierno con las bases (estos ya no les son tan útiles a los primeros). Se complica también la relación entre la cúpula y los miembros del partido en la administración pública (aunque ello no salga a la luz en los medios de comunicación) por la difícil tarea de repartir el poder adquirido por el partido entre sus élites.

La organización central (la cúpula), para someter a los miembros del partido en la administración pública (que ya tienen su propia cuota de poder y disponen de recursos), recurre al menos a dos instrumentos. El primero, los estatutos partidarios, por medio de los cuales la cúpula decide si a un miembro del partido se le postula como candidato a elección o reelección. El segundo, y en el caso particular de los diputados, las listas cerradas y bloqueadas, que le aseguran a la cúpula mantener control total sobre el comportamiento de los diputados en su actuación política. De esta forma, los partidos consolidan lo que llaman “la disciplina del partido”, que no es más que la obediencia obligada y casi ciega de los diputados a lo que la cúpula desea y decide. Es así como las caras del partido se relacionan entre sí.

En el caso particular del FMLN, de cara a perpetuarse en el poder (su presencia en el Gobierno es mayoritaria y quiere aumentarla en las elecciones de 2012), lo que menos le interesa es trasladarle poder al pueblo en detrimento del suyo, y de ahí su férrea oposición al rol que ha desempeñado la Sala de lo Constitucional en materia electoral. Desafortunadamente, por dejar clara esa oposición, ha caído en errores continuos: desde amenazas a la Sala a movilizaciones de sus bases (ahora que les conviene) para que lo apoyen con campos pagados y manifestaciones públicas; peor aún, ha recurrido a desacreditar como derechista a cualquier organización de la sociedad que no esté de su lado.

Ese comportamiento prepotente del FMLN es muy parecido al que en su momento tuvieron el PCN y Arena: cualquier opositor o crítico de sus acciones y decisiones era de izquierda y, para colmo de males, comunista. Sin duda, el FMLN ha sido un alumno aplicado del PCN: este se inclinaba siempre por candidatos militares (Arena prefería a empresarios); el Frente se siente cómodo cuando excomandantes guerrilleros son sus candidatos. El PCN influyó grandemente en la elaboración del código electoral actual; el FMLN ahora defiende ese cuerpo legal para que no cambie.

Lo que los ciudadanos piensan de este enredo simplemente no le interesa a los partidos, mucho menos a un FMLN que se siente ganador y que olvida que “del plato a la boca se cae la sopa”. Debería de recordar el FMLN que cuando un partido tiene mayoría en el Gobierno y pierde la siguiente elección presidencial, sus caras partidarias (los grupos que lo componen) se desfiguran rápidamente. Ello le sucedió en su época al PCN y al PDC, y recientemente a Arena. El FMLN no será la excepción.

Cuando firmó los Acuerdos de Paz en 1992, el FMLN aceptó explícitamente incorporarse al régimen político vigente y con ello le dio legitimidad a la democracia en la que vivimos. Algunos de sus afiliados o militantes entendieron rápidamente a qué tipo de democracia se incorporaban, es decir, aquella en donde el “juego de la democracia” (como le llaman las élites) consiste, por ejemplo, en aprobar tratados de libre comercio y leyes de gran trascendencia (como la de integración monetaria) de madrugada, sin discusión y recurriendo a negociaciones poco transparentes. Poco a poco, por desencanto o por no entrar en sintonía con este juego, algunos afiliados terminaron abandonando la partida; otros hacen hasta lo imposible por alcanzar más poder y mantenerse jugando.

Me refiero al FMLN porque es el partido que ingresó al sistema político en aquellos años. Los otros (PDC, PCN y Arena) tienen una larga historia de arreglos bajo la alfombra. Ahora, con el decreto 743, buscan que los ciudadanos no se enteren de lo que ahí esconden. Pero siempre algo sale a la luz pública. Como ejemplo, vale traer a cuenta la razón por la cual el presidente del Coena le pidió a los diputados de su partido que votaran por el decreto: “Teníamos información de que la Sala de lo Constitucional declararía inconstitucional la ley de amnistía”. Ante esto, la pregunta obvia: ¿cómo alguien que no ha sido elegido para un cargo de representación puede decidir y ordenar qué deben hacer los diputados de su partido? A la base de la frustración que ha generado el decreto 743 en la población está el hecho de que las élites políticas (los diputados) siguen sus propios intereses y no los de aquellos a los que dicen representar (sus electores).

Por otra parte, la insistencia de los partidos en mantener las listas cerradas y bloqueadas se defiende con la excusa de que el cambio debilitará la “institucionalidad” de los mismos. Institucionalidad que en la práctica no es más que la obediencia ciega del conjunto de diputados de un partido a las decisiones políticas de sus amos. Las listas cerradas y bloqueadas son las que permiten a las dirigencias partidarias mantener la disciplina: si los diputados desobedecen, simplemente los retiran de los primeros puestos de la lista en la siguiente elección.

Por eso es que las élites no quieren cambiar el sistema electoral y prefieren inmovilizar a la Sala de lo Constitucional. En el fondo, el problema es de democracia representativa. Gaetano Mosca lo explica de manera clara: “La idea de la representación popular como transferencia libre y espontánea de la soberanía de los electores (la colectividad) a un cierto número de personas elegidas (una minoría) se basa sobre la premisa absurda de que la minoría puede estar atada a la voluntad colectiva por lazos inquebrantables. En realidad, en cuanto termina la elección también termina el poder de la masa de electores sobre el delegado”. Los sentimientos de frustración que han aflorado en estos días solo amainarán cuando el país transite hacia una democracia más participativa.

La poca credibilidad de los ciudadanos en los partidos políticos (solo el 39.1 % confía en ellos, según datos del estudio Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010) indica un agotamiento del sistema de partidos. El activismo político de la ciudadanía en repudio al decreto 743 podría seguir en aumento si las élites siguen enfrascadas en no trasladar un poco de poder a la gente. Hasta ahora, a los partidos les ha favorecido que los movimientos sociales del país no trabajan de manera cohesionada y que la participación ciudadana en protestas públicas sea francamente minoritaria (apenas un 4.3%). En este rubro, solo Guyana y Jamaica están por debajo de El Salvador; Argentina tiene el nivel más alto de participación en protestas públicas (el 15.4%). Ojalá que en los próximos años los movimientos sociales se coaliguen para ejercer mayor influencia sobre el sistema político; de lo contrario, las élites seguirán reinando a su antojo. El hecho de que Arena se retracte de haber aprobado el decreto es una señal de lo que puede lograr el movimiento social, aunque por hoy trabaje de manera descoordinada.

Finalmente, para entender el comportamiento de las élites puede ayudarnos una frase de Maquiavelo en El príncipe: “En general, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, y, si es propio a todos ver, tocar solo está al alcance de un corto número de privilegiados”. Aplicando este texto a la actual coyuntura política, el decreto 743 —por lo que vemos— es un duro golpe a la democracia, pero solo Funes y los partidos políticos (sin exclusión alguna) tienen acceso a —podrán “tocar”— lo que han negociado bajo la alfombra. Ya es hora de que el movimiento social tome conciencia y pase de espectador a actor; es decir, que en lugar de solo “ver” se anime a “tocar”.

El sistema electoral ha sido sacudido en menos de un año por sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La primera tiene que ver con las formas de las candidaturas y con el procedimiento de votación. Y la más reciente se refiere a la inconstitucionalidad del decreto 586, que dejó sin efecto la cancelación del PCN y PDC como partidos políticos al no alcanzar estos el mínimo de 3% de los votos válidos en las elecciones de 2004. Obviamente, estas sentencias tienen impacto en la configuración del sistema de partidos del país; y como toda acción genera una reacción, es comprensible que los partidos políticos —sin excepción— se resistan a perder sus privilegios y las cuotas de poder que han acumulado.

Reforma electoral, en manos del FMLN

Los Acuerdos de Paz permitieron que el país transitara hacia una democracia electoral, en la que la oposición política, liderada por el FMLN, por primera vez y después de muchas décadas de lucha social, política y militar, tuvo opción real de llegar al Gobierno a través de la competencia en las urnas. Esta incipiente democracia electoral se concretó con la alternancia en el poder, ocurrida en marzo de 2009, cuando el candidato del FMLN ganó las elecciones presidenciales.

En sus 20 años de gobierno, Arena no mostró interés en profundizar la democracia —ni siquiera en lo más básico, que compete al sistema electoral—; más bien profundizó el discurso anticomunista, martilló en la idea de que solo los empresarios tienen capacidad de gobernar y usó el miedo como estrategia electoral y política. Todo esto para mantenerse en el poder y proteger un “sistema de libertades” lleno de irregularidades: los casos de corrupción en los hospitales y en la carretera Diego de Holguín componen una pequeña muestra de ello.

Con la llegada del FMLN al Gobierno, y además como primera fuerza política en la Asamblea Legislativa, se esperaba que se emprendiera el proceso de reforma electoral, principalmente en lo referido a las relaciones entre el elector y los candidatos a diputados, y la relación de estos últimos con sus partidos. Sin embargo, esto no ha sido parte esencial de la agenda política del FMLN, a pesar de que ha sido una demanda recurrente de amplios sectores de la población, los mismo que le permitieron —con sus votos—llegar al poder.

El estudio Cultura de la democracia en El Salvador, 2010 indica que el 39.1% de los salvadoreños tiene confianza en los partidos políticos y que solo el 32.3% se siente representado por ellos. Estos datos deberían de preocuparle al FMLN, ya que ahora son parte interesada en darle estabilidad al sistema político.

La sentencia 61-2009 (del 29 de julio de 2011) de la Sala de lo Constitucional puso en manos del FMLN y del resto de partidos la gran oportunidad de avanzar en dos temas: las formas de las candidaturas y el procedimiento de votación. Sin embargo, el FMLN y GANA produjeron un decreto legislativo en el que modificaban el procedimiento de votación, pero manteniendo en última instancia el control partidario sobre la elección de los diputados. Con toda razón, el presidente Funes vetó el decreto, lo que lanzó al FMLN a formular argumentos sin sentido, como que el Presidente y sus asesores no entendieron el decreto. Al parecer, el FMLN no comprende que la gente quiere transparencia y que su voto sea directo al candidato de su preferencia, no para la lista poco conocida de los partidos políticos.

El FMLN tiene tiempo para reflexionar y proponer un nuevo decreto que haga avanzar el sistema electoral y fortalezca al sistema de partidos. En el caso particular de las boletas y el procedimiento de votación, su propuesta debería apuntar hacia un tipo de lista cerrada y no bloqueada, en la que el elector vote por el candidato de su preferencia y, además, tenga la libertad de alterar el orden de la lista propuesta por el partido. En este tipo de lista, hay tres opciones: el voto preferencial, el voto múltiple limitado y el voto múltiple.

En el caso del voto preferencial, el elector vota por el diputado de su preferencia, lo que se entiende también como voto único por el partido. En este caso, el orden de la lista de candidatos se altera por la preferencia del elector y esto influye en la distribución de escaños. En el segundo procedimiento, el del voto múltiple limitado, el elector puede votar por un número estipulado de diputados de la lista (se sugiere tres, ya que corresponde al tamaño mínimo de las circunscripciones del país). Y finalmente, en el caso del voto múltiple, el elector puede votar por todos los candidatos de la lista que quiera y que considera son los que deben representarlo en el partido político de su preferencia.

La preocupación del FMLN de que no se vote por bandera puede resolverse fácilmente diseñando la papeleta de votación de modo que aparezca la bandera del partido a la par de la foto y el nombre del candidato a diputado. Además, la lista cerrada y no bloqueada la decide siempre la élite del partido, lo que lo obliga a buscar sus mejores apuestas. En este sentido, en ningún momento la sentencia de la Sala de lo Constitucional atenta contra el sistema de partidos; simplemente abre la posibilidad de una mejor rendición de cuentas por parte de los partidos a sus electores. El FMLN, por ser la primera fuerza política del país, tiene entonces en sus manos la posibilidad de avanzar en la democracia y de devolverle un poco de poder al electorado.

PCN y PDC, cancelados

Una vez se publique la sentencia sobre la inconstitucionalidad del decreto 586 en el Diario Oficial, al Tribunal Supremo Electoral no le quedará más que proceder a la cancelación del PDC y el PCN. Al respecto, es importante aclarar que en todos los sistemas electorales del mundo existen barreras legales tanto para la inscripción como para la cancelación de los partidos (EL Salvador no es la excepción). En algunos países de más tradición democrática que el nuestro, incluso se imponen barreras al número de votos que debe obtener un partido político para que participe en el reparto de escaños del Congreso o Asamblea. En otros países, como Uruguay, los partidos pueden estar inscritos en el sistema electoral, pero si no participan en las elecciones internas partidarias —que se realizan simultáneamente en todos los partidos—, quedan fuera de las siguientes elecciones.

¿Cuál es el problema entonces con la cancelación del PDC y el PCN? Además, “si al PCN nadie lo detiene” —como decía el eslogan de una de sus campañas electorales—, no le costará cumplir con los requisitos para su reinscripción. El PCN y el PDC surgieron y se consolidaron como partidos políticos a través de fracturas de la sociedad o cleavages —de hace 50 años— que quizá ya no existen en la actualidad. El bajo nivel de apoyo electoral de estos partidos es un indicador de que han perdido poco a poco sus anclajes sociales y que, por más discursos políticos novedosos que pretendan formular, sus ciclos de vida han concluido. Esto no debería de causar tanto alboroto en nuestra sociedad, ya que así es la vida política partidaria: los partidos desaparecen cuando las élites partidarias se desvinculan de sus bases.

De ello dan fe los antecedentes históricos del país. En las elecciones de 1972 participaron los partidos FUDI, PPS, PCN (en aquel entonces, ya con 10 años en el poder) y la UNO (una coalición de los partidos PDC, MNR y UDN). 22 años después, para las elecciones de 1994, el sistema de partidos estaba fragmentado y compuesto por PDC, PCN, Arena, FMLN, MAC, MU, MSN, Líder y Punto. Para 2004, el sistema de partidos se había reducido a Arena, FMLN, PDC, PCN y CDU. Luego de los resultados electorales de ese año, el CDU fue cancelado, pero no así el PCN y el PDC, que se salvaron de la cancelación por el decreto recientemente declarado inconstitucional.

Como puede observarse, la transformación política partidaria del país se mueve a un bipartidismo polarizado, con el FMLN como partido hegemónico de izquierda y partidos de derecha (GANA, Arena, PDC y PCN) que tenderán a formar coaliciones en el futuro para poder llegar nuevamente al poder. Es decir, el país tenderá a una lucha partidaria (o competencia electoral) similar a la del año 1972, solo que ahora con coaliciones de partidos de derecha. Así las cosas, solo nos queda esperar que los partidos políticos asuman con madurez las sentencias de la CSJ y que se avance al menos en la democracia electoral.

“A las gremiales les ha faltado carácter. Deberían haber actuado más fuerte. Las gremiales están para defender sus intereses. Deben golpear más. Han estado muy quietas”. Así se expresó recientemente —en un medio de comunicación impreso— un ex presidente del país y ahora presidente honorario de Arena, en relación a lo que él espera de la relación de las gremiales empresariales (ANEP y la CCIES) con el Gobierno. Para un país que vive en una permanente conflictividad y violencia social, estas declaraciones son totalmente inadecuadas, más parecen de la época de la Guerra Fría. Lo sensato es que un ex presidente se pronuncie a favor de crear una cultura de paz y de confianza social, pero es claro que al personaje que nos ocupa le interesan más los réditos políticos que pueda lograr para Arena que la cohesión social del país. Lo más grave de esta declaración es que no solo apela a la confrontación para resolver conflictos, sino que hace uso de estas gremiales empresariales como si fueran patrimonio de Arena.

Para nadie es un secreto que Arena no ha logrado convertirse en un verdadero partido de oposición. Por lo tanto, ese vacío —y la frustración que lo acompaña— lo quiere paliar el ex presidente metiendo a las gremiales en la lucha política. Algo que a las gremiales no les cuesta, ya que desde la llegada de Funes a la presidencia no han parado de repetir que no sienten confianza y que todo va mal en el país. De manera consciente o inconsciente, con estas declaraciones y actitudes, el ex presidente y las gremiales destruyen el poco capital social que existe en el país.

Siguiendo a Josep Vallés, el capital social es una “cultura de confianza social —social trust— en la que los sujetos se sienten dispuestos a tratos e intercambios de buena fe para resolver situaciones conflictivas”. Y Vallés añade algo clave: “Cuanto más capital social o más confianza recíproca ha acumulado una sociedad, mejor preparada estaría para obtener un buen rendimiento de las instituciones democráticas”. Si atendemos a lo anterior, es más que atinada la recomendación del BID de desmontar nuestra polarización política (la más alta en toda Latinoamérica) para avanzar en el desarrollo social. En otras palabras, el BID señala la necesidad de crear capital social, cuya ausencia o merma explicaría, por ejemplo, la extrema dificultad de llegar a un pacto fiscal que nos es vital y urgente.

Mauricio Funes siempre ha tratado de generar confianza sobre la conducción y marcha del país, y no abonar más incertidumbre a la que ya existe en el entorno. En este proceso de construir capital social, como lo define Vallés, a Funes se le ocurrió crear un consejo consultivo, conformado por los ex presidentes del país y los líderes de los diferentes partidos políticos, para discutir temas de importancia nacional. La idea fue bien recibida por los primeros, pero no por los segundos, quienes han planteado condiciones para participar, como la de ser solo ellos quienes discutan con el presidente Funes, ya que, a su juicio, los líderes de los partidos políticos contaminarían el ambiente. Con esto, nuevamente se van por la línea de destruir el incipiente capital social del país y dejan en evidencia la arrogancia que siempre les ha caracterizado.

Como lo indica Gaetano Mosca, “un individuo no puede comandar una masa sin que exista una minoría que lo sostenga”. En el caso del mandatario, esta minoría no es más que la clase dirigente. A Funes le queda un poco más de tres años en la presidencia y es obvio y comprensible que busque consolidar su gestión con apoyos políticos amplios. El consejo consultivo que propone es una buena iniciativa para completar su gestión y darle gobernabilidad al país. Queda por verse si logrará sortear los caprichos y el oportunismo que caracteriza a nuestra clase política, y que ahora se hacen evidentes con las condiciones de los ex presidentes de derecha para integrar el consejo consultivo.

Sin embargo, con la reforma de los estatutos y con la presencia mayoritaria de sus líderes en las instituciones públicas, el FMLN comienza a degradar su democracia interna y a consolidar su propia “oligarquía”. En concreto, la reforma estatuaria que permite a sus alcaldes competir por la reelección cuando veces lo deseen (con solo el aval de la dirección nacional del partido) abre las puertas a la perpetuación en el poder de una élite o “coalición dominante” —como la llamaría Panebianco— que tendrá impactos negativos en la democracia interna que el FMLN venía construyendo. Desde ahora se disminuyen los incentivos selectivos a los afiliados o bases del partido, como son la obtención de cargos y las posibilidades de competir y de hacer carrera en el instituto político.

A mediano plazo, este proceso de consolidación de la élite generará conflictos en el FMLN, pues la máxima expresión de la democracia al interior del partido se da dentro de la esfera de poder de sus afiliados o bases. Las bases creen que seleccionan a sus candidatos a puestos de elección y que aprueban los planes y programas de la institución; sin embargo, estas funciones gradualmente se trasladarán a la élite (como se vislumbra con los cambios de los estatutos) y, por ende, la organización partidaria como un todo se debilitará. El reciente decreto que aprobaron el FMLN y Arena en relación a establecer requisitos exagerados para la inscripción de candidatos a diputado sin partido es un claro ejemplo de que temen perder sus privilegios.

De igual manera, la proclamada unidad del FMLN —basada en el cambio de coordinación general por la de secretario general— no es más que la imposición de una coalición dominante del partido sobre las otras. Todo indica que una élite empezará a controlar las funciones principales del Frente, de tal forma que la centralización en las decisiones y el aumento en la rigidez ideológica reemplazarán el debate político interno, el alcance y grado de participación de los líderes en las discusiones con las bases, y aflorará la inconsistencia de las políticas asumidas por los líderes con sus bases. El deseo de perpetuación en el poder llevará al FMLN a comunicarse más con los electores que con sus bases —al menos en los períodos electorales—, lo que terminará generando prácticas antidemocráticas a su interior, tal como le sucedió a Arena en sus años en el poder.

Sin duda, el debate político en los próximos años se centrará en el tipo de democracia representativa que existe en el país. Por las señales que envían Arena y el FMLN, con sus reacciones negativas a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre los cambios necesarios en el sistema electoral, es claro que el sistema de partidos ha decidido cerrar los espacios a la participación política ciudadana. Este fenómeno, junto al desprestigio que muestran en las encuestas la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, legitima el surgimiento de movimientos sociales y grupos de presión que hagan evolucionar nuestra incipiente democracia hacia formas más participativas.

Si el Gobierno decide en octubre subsidiar únicamente a los consumidores abajo de 100 Kwh —como ha sido la norma—, es inminente el aumento para el resto y, en una situación económica complicada como la actual, esta medida tendría un impacto político y económico adverso. Por otra parte, hasta ahora no se conoce el documento de política energética que ha estado trabajando el Consejo Nacional de Energía, pero se espera que este organismo haya revisado el mercado eléctrico y su impacto en las tarifas de la energía, que es al final de cuentas lo que mantiene complicado al Gobierno en este sector. También, y no menos importante, se espera que en la política energética se hayan incluido incentivos al ahorro y a la eficiencia energética de viviendas y empresas.

Por nuestra condición de país importador de petróleo, no nos queda otra alternativa que aumentar la generación hidroeléctrica, la geotérmica y la proveniente de fuentes alternativas de energía (por ejemplo, la solar y eólica), y entrar en un programa serio de ahorro y eficiencia energéticos. Por ejemplo, una buena estrategia al respecto sería subsidiar el reemplazo de las bombillas ineficientes en los hogares. El hecho de que no se haya privatizado la generación de energía de CEL —como era el plan de Arena y sus empresarios cercanos— posibilita que la situación de los subsidios no sea tan complicada en el sector energético, ya que gran parte de ellos se cubren con los ingresos de la CEL. O al menos el Gobierno dispone de recursos de la CEL para hacer inversiones en este sector clave para la economía.

En esencia, el Gobierno tiene problemas financieros para afrontar los subsidios porque sus ingresos provienen de pocas fuentes: la recolección de impuestos que pagan la población y las empresas, lo que recibe el país en concepto de remesas y lo préstamos con bancos internacionales (BID, Banco Mundial y otros). Dado que las principales empresas estatales fueron privatizadas por Arena —con lo que el Estado dejó de percibir importantes ingresos—, el actual Gobierno tiene complicadas sus finanzas. Ante ello, la solución más inmediata es recurrir a un nuevo pacto fiscal.

Para llegar a dicho pacto, el Gobierno tendrá que negociar con algunos grupos empresariales hostiles, cuyos líderes han declarado que el país no tiene rumbo, que no hay confianza, que hay que mantenerse vigilantes, que el país es casa en llamas, que no ven la fábrica de empleos, entre otras. Grupos empresariales que no trabajan en función del país, sino en base a sus propios intereses y agendas políticas. Grupos que viven de recoger, por la vía del consumo, los más de 3 mil millones provenientes de las remesas y de la inversión pública que realiza el Gobierno. Grupos que hacen muy pocos esfuerzos por reinvertir sus ganancias para el desarrollo del país y que a la vez presionan por despojar al Gobierno de los pocos activos que le generan ingresos (puertos y aeropuertos, por ejemplo) y pujan por el incremento de la inversión pública. Este comportamiento de buena parte del sector empresarial no es nuevo —aunque sí sus justificaciones—: durante décadas, El Salvador ha tenido menos inversión privada y extranjera directa que el resto de países de Centroamérica, así como uno de los crecimientos económicos más bajos de la región.

Dado que el sector empresarial difícilmente cambiará de actitud en los próximos años, el Gobierno debe ser más creativo y abrirse a la posibilidad de captar ingresos más allá del pacto fiscal. Esto implica, por ejemplo, fortalecer al Estado a través de la creación, a corto y mediano plazo, de empresas públicas o mixtas en áreas claves de la economía. Una de ellas podría iniciarse a través de la participación directa del gobierno central en Alba Petróleos, hasta ahora una iniciativa de un conglomerado de municipalidades del FMLN. Otras empresas podrían crearse en el sector agrícola, un sector de mucho riesgo y en el que pocos empresarios están dispuestos a invertir. En lugar de subsidiar paquetes agrícolas a campesinos dispersos, debería promoverse la creación de cooperativas agrícolas campesinas en conjunto con el Estado. Esto no sólo daría robustez y estabilidad al sector agrícola, sino que haría que en el país se avanzara hacia la seguridad alimentaria de la población y la conformación de una clase empresarial más solidaria.

Finalmente, en lo que respecta a los subsidios al gas propano y al transporte, el panorama es brumoso. En el caso del primero, aún no es claro si el mecanismo de subsidio cambiará este año. En todo caso, se espera que la focalización ahorre al país 70 millones de dólares anuales. Según publicaciones periodísticas, el subsidio se aplicaría a través de la facturación eléctrica de hogares con consumo menor a 100 Kwh. En el caso de las familias que no están conectados a la red eléctrica (unas 50 mil), sería el Fisdl el encargado de aplicar la medida.

En el caso del subsidio al transporte, a un año de haberse establecido el monto de 500 dólares por unidad al mes, no hay propuestas novedosas sobre la cuestión por parte del Viceministerio. Esto hace suponer que en diciembre se prorrogará este subsidio de manera automática por un período de meses aún indeterminado. Es decir, el problema del transporte público seguirá extendiéndose y profundizándose. Quizás sea hora ya de considerar como solución la constitución de empresas mixtas (Estado + capital privado) que brinden el servicio con la calidad, eficiencia y seguridad que reclaman los salvadoreños.

En el primer indicador se consideran dos temas de importancia: la corrupción y la transparencia. La medición de ambos se realiza a través de diecinueve preguntas (agrupadas en tres resultados), dos de las cuales se muestran a continuación como ejemplo de lo que mide Freedom House: “¿Cuál era el último puntaje de este país en el índice de percepción de la corrupción según Transparencia Internacional?” y “¿El proceso de elaboración del Presupuesto está sujeto a una revisión legislativa significativa y al escrutinio público?”.

En el tema de la corrupción, Transparencia Internacional ubica a El Salvador en una pésima posición para el año 2009: en un ranking de 180 países, nuestro país ocupa el puesto 84, con un valor de 3.4 en una escala de 0 a 10 (donde el 0 se asigna a un país percibido como altamente corrupto y 10, a un país con bajos niveles de corrupción). Un vistazo rápido a estos datos es suficiente para concluir que los niveles de corrupción en el país son altos y que su erradicación debería ser alta prioridad.

En lo que respecta al Presupuesto, el quid de la cuestión es la rendición de cuentas, una dimensión muy propia de cualquier democracia, pero que en el país ha sido empañada, entre otros, con el manejo de la llamada “partida secreta”. Una sentencia reciente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eliminó esta mala práctica de realizar transferencias de fondos del Presupuesto —de los ministerios hacia la Presidencia de la República— sin el aval del poder legislativo. Sin duda, una sentencia que recoge una demanda recurrente de la sociedad, pero que el presidente Funes no respaldó aduciendo que estaría sometido al chantaje de los partidos políticos cada vez que necesite reasignar fondos para atender demandas sociales no presupuestadas. Según el Ministro de Hacienda, en lo que va del año se han realizado 160 transferencias entre carteras —sin aval legislativo—, que suman 92 millones de dólares. Una cantidad excesiva que indica, cuando menos, una deficiente ejecución presupuestaria por parte del Gobierno.

La sentencia de la Sala y su aplicación podrían ayudar al Gobierno a mejorar en los indicadores internacionales que miden Freedom House y Transparencia Internacional. Pero es ingenuo pensar que con esta sentencia la corrupción desaparecerá. El combate del flagelo requiere de otros ajustes, como la modificación de la ley LACAP —ya en estudio por parte de la Asamblea Legislativa—, la despolitización de la Corte de Cuentas y, quizá lo más urgente, el fin de la cultura que lleva a algunos funcionarios a utilizar el dinero de los salvadoreños como propio. Algo que el italiano Norberto Bobbio llama la “privatización de lo público”: “el que dispone de recursos públicos, tanto si es un diputado, un administrador local o un funcionario estatal, los utiliza como recursos privados a favor de tal o cual ciudadano, el cual, a su vez, ofrece su propio voto o su propia preferencia a cambio de cualquier favor, o bien de cualquier ventaja económica o de cualquier otro beneficio, que el hombre político o el administrador o el funcionario sustraen al uso público”.

Para el caso del segundo indicador, “el Estado de derecho”, Freedom House realiza entre varias preguntas la siguiente: “¿El Ejecutivo, Legislativo y otras autoridades gubernamentales aceptan las decisiones judiciales, y estas decisiones se hacen cumplir con eficacia?”. Aquí no queda más que esperar a que las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional sean acatadas a la mayor brevedad posible. Al Legislativo le compete dar cumplimiento a la sentencia sobre las candidaturas independientes y el sistema de votación para elegir diputados; y al Ejecutivo, la referida a la partida secreta. Sin duda, es esta una gran prueba para el incipiente Estado de derecho del país y para el compromiso de combatir en serio la corrupción.

La reacción de La Prensa Gráfica (LPG) en contra de una jueza por investigar y condenar —proceso todavía en apelación— la publicación del rostro y la identidad del joven acusado de matar a un alumno del Inframen ha sido desproporcionada. LPG ha dedicado tres semanas y decenas de sus páginas a justificar que actuó correctamente y a descartar cualquier posibilidad de haberse extralimitado en su actuación. A esto hay que agregar la movilización de condenas en contra de la actuación de la jueza por parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y otros organismos nacionales; así como la denuncia interpuesta por LPG ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que luego condenó al sistema de justicia salvadoreño por este caso. LPG ha recurrido a todo lo que puede para castigar a la jueza por atentar contra la libre expresión.

El periodista que tomó la secuencia de fotos del asesinato parece que no tuvo tiempo de evaluar lo que sucedía y justificó su actuación diciendo que cumplía con su labor de periodista, algo que suena aceptable. Sin embargo, el cuerpo de editores de LPG sí tuvo el tiempo suficiente para analizar qué y cómo comunicar lo sucedido, y optó por el sensacionalismo, sin importarle los efectos emocionales que esta noticia podría tener en la población ni las repercusiones legales que podría tener su publicación. Ya en la cobertura de otros delitos, como los de prostitución y robo, LPG había respetado la ley juvenil cubriendo los rostros de los implicados y, en algunos casos, usando incluso nombres ficticios en sus narraciones periodísticas, pero en esta ocasión hizo uso de su libertad de expresión.

Con la actuación de la jueza podrían ocurrir dos cosas: si se equivocó en el proceso judicial, el Estado de derecho debe actuar para corregir el error; y si está en lo correcto, entonces el Estado de derecho también debe actuar para que LPG enmiende el daño ocasionado, que en este caso implicará una multa insignificante. Pero en lugar de trasladar la discusión a conceptos de censura periodística, LPG debería haber dejado que la institucionalidad y el marco legal del país funcionaran. Su reacción ha sido de tal magnitud que de ahora en adelante quizás muy pocos jueces se atreverán a señalar fallas en las actuaciones de los medios, y mucho menos un ciudadano común y corriente. ¿Es bueno esto para la democracia del país? Definitivamente, no. Se entiende y comprende que la labor periodística es delicada y que requiere de mucha ética para mantener el balance correcto, lo que es inadmisible es que los medios de comunicación se atribuyan el derecho de tener siempre la verdad y la razón.

El proceder histórico de la prensa escrita del país no ha sido ejemplar, y eso lo sabe toda la sociedad. Por ejemplo, en los últimos eventos electorales han sacado lo peor de sus entrañas para sembrar miedo y para defender el “sistema de libertades”. Es ahora el momento de que recuperen su credibilidad, pero actuando de manera profesional y no de forma autoritaria (apelando a castigos públicos que empañan a la libertad de expresión todavía incipiente en este país).

No hay que olvidar que los medios canalizan y expresan intereses de la población (demandas sociales) para que estos sean atendidos por el sistema político. En este sentido, con la cobertura noticiosa del asesinato juvenil, LPG cumplió de cierto modo su misión de lograr que el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia social sea atendido por el Gobierno de manera urgente. De seguro, en el futuro ya vendrán premios periodísticos que legitimen la actuación de La Prensa Gráfica. Pero no hay que perder de vista que los medios también persiguen sus propios intereses, y es evidente que la libertad de expresión les preocupa quizá mucho más que la ola de asesinatos que abate al país. Un flagelo este que el Gobierno y todos los ciudadanos deben atender adecuadamente.

En definitiva, lo que realmente preocupa es que se pase de la defensa de la libertad de expresión a la manipulación, entendida esta como “intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares” (RAE). Ojalá no se esté regresando a ese proceder que tanto daño ha hecho al país en su historia reciente.

Desde el 4 de marzo, un grupo de jóvenes mantiene cerrada la Universidad de El Salvador exigiendo que se amplíe el cupo para estudiantes de nuevo ingreso. Este problema de admisión ha sido recurrente, pero este año se ha desbordado a tal grado que, según la prensa escrita, el Rector pondría denuncias a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa porque la Policía y la Fiscalía no han actuado como se esperaba; además, de forma paralela, propondrá al Consejo Superior Universitario una reforma al reglamento disciplinario, para que personas que participen en acciones ilegales sean expulsados de inmediato del campus de la Universidad. La situación es complicada ya que este problema (la admisión) no tiene solución inmediata, y, como se explica en seguida, la cuestión más grave ni siquiera se discute en la agenda nacional.

Según el compendio mundial de la Unesco titulado Comparación de las estadísticas en el mundo, el número de estudiantes que optaron por educación terciaria (arriba del bachillerato) se quintuplicó en el planeta durante el período 1970-2007, pasando de 28.6 a 152.5 millones. Esto se realizó a una tasa anual de crecimiento de la matrícula de 4.6%, lo que significa que el número de estudiantes en este nivel educativo se duplica cada 15 años. En Latinoamérica y el Caribe, la tasa anual de crecimiento es del 6.8%, y en El Salvador es del 3.37%. Es decir, la tasa anual de crecimiento del país está por debajo de la mundial y a la mitad de la tasas de crecimiento de los países de Latinoamérica. Se estima que El Salvador duplicará su población estudiantil universitaria en 22 años cuando otros lo harán en 10.

De aquí surgen dos preguntas: ¿este bajo desempeño en la matrícula se debe a que no se tienen estudiantes para el nivel terciario? y ¿será que el sistema de educación superior ya colapsó? Para atender a la primera pregunta, se presentan los datos globales de la educación superior del país obtenidos de la publicación del Conacyt del año 2009, Estadísticas sobre actividades científicas y tecnológicas, El Salvador 2008.

Como se observa en la tabla, los estudiantes que se admite a las universidades cada año rondan los 25,000. Sin embargo, se sabe que cada año se gradúan más de 60,000 nuevos bachilleres. Entonces, la tasa de crecimiento anual de matrícula es baja no porque no existan estudiantes potenciales, sino porque la gran mayoría no aplica a estudios superiores por diversas razones que no se han estudiado. Este es un problema mayor que el que tiene la UES en este momento: ¿qué hacen los más de 35,000 jóvenes que año con año se gradúan de bachilleres y que no ingresan a la universidad?

Este último problema se ha agudizado debido a que el bachillerato ahora es de dos años, los bachilleratos con especialidades están desapareciendo y el sistema educativo no prepara a los jóvenes para que puedan sumarse con éxito a la fuerza laboral del país. Esto se complica cuando la tasa de desempleo es alta y los trabajos formales y decentes son escasos. Así las cosas, es urgente reformar los estudios de secundaria de tal forma que los jóvenes que logran estudiar el bachillerato adquieran algunas habilidades que les permitan ganarse la vida. Y, por supuesto, es necesario elevar la calidad de la educación que se les imparte, de tal forma que los bachilleres que decidan continuar sus estudios tengan los conocimientos suficientes para ser admitidos a la Universidad y tengan una buena orientación vocacional. Estas metas se alcanzan en años; por ello, debe actuarse desde ya.

En relación a la segunda pregunta, es claro que el sistema de educación superior ha colapsado y tiene una escasa capacidad para absorber nuevos estudiantes. El informe del Conacyt, con base en datos del Ministerio de Educación, establece que “en el período (1997-2008) los estudiantes del sector privado han crecido en un 5.94% (de 87,099 a 92,270 estudiantes) mientras que el sector público creció en 62.66% (de 28,492 a 46,345 estudiantes). De tal forma que, en el período, el sector público [la Universidad de El Salvador] pasó de atender el 24.65% al 33.43% de los estudiantes totales”. Esto se muestra en la figura.

La ciudadanía y los jóvenes que se han tomado la Universidad deben estar conscientes de que la UES ya no tiene capacidad para absorber la demanda actual y futura de estudiantes. Esto implica que la solución a la problemática actual debe pasar a otra instancia. El Estado será irresponsable si deja sola a la Universidad  en este problema. No es mediante desalojo y golpes que se resolverá este problema. Ahora más que nunca debe prevalecer el diálogo a fin de no aumentar la violencia social que ya existe en el país.

Una idea para resolver la situación es ampliar la cobertura a través de la educación a distancia. En esto, el país debe pensar en alianzas con, por ejemplo, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica o la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España para atender esta demanda mientras la UES desarrolla sus propias capacidades en este tema.

El tiempo pasó sin que el país lograra entrar en el paradigma educativo de 30 estudiantes por aula. Ahora debe acelerar el proceso para hacer suyo, lo antes posible, el paradigma de la educación “24/7”, es decir, clases en línea las 24 horas del día y los siete días de la semana.