Lo que parecía un invierno normal cambió radicalmente en octubre con la tormenta E-12, que si bien impactó directamente en Guatemala, permaneció sobre nuestro territorio del 11 al 19 de este mes, ocasionando 32 fallecidos, más de 50 mil evacuados, puentes colapsados, deslizamientos de tierra, ríos desbordados, inundaciones en el 85% (2,000 km²) de la costa del océano pacífico y un millón de personas afectadas. Para bien del país, la respuesta a la emergencia ha sido satisfactoria, por lo que las pérdidas humanas —no así el sufrimiento de los damnificados de siempre— fueron bajas. Se estima que cerca de 20 mil viviendas fueron anegadas por las inundaciones, lo que implica que igual número de familias tendrá dificultades para volver a la “normalidad”.

Una forma útil de mesurar la tormenta E-12 es acudir a los datos registrados en la estación meteorológica de la UCA. Al 19 de octubre, en la estación se registraba una lluvia acumulada mensual de 522 mm, una lluvia anual acumulada de 1,859 mm y 452 mm de la lluvia ocasionada por la tormenta E-12. Las características de este fenómeno meteorológico son similares a las de la tormenta Agatha, que en mayo de 2010, en 16 horas, registró una lluvia de 216.85 mm. Es importante recordar que en mayo y junio de 2010 el país fue impactado por las tormentas Agatha y Alex, respectivamente, que sumaron un acumulado de lluvias de 752 mm. En la figura se muestra el registro de lluvias del presente mes y las lluvias específicas registradas en los días 11, 12, 15 y 16 de octubre, que fueron los más severos durante la tormenta E-12.

La historia de desastres en el país es abundante. Antes del desastre ocasionado por el huracán Ida en noviembre de 2009 (principalmente en el valle del Jiboa, donde fallecieron 200 personas), el país fue impactado por una sequía que dejó pérdidas estimadas en casi 30 millones de dólares y activó la ayuda del Programa Mundial de Alimentos. Luego, en enero de 2010, entró un frente frío que ocasionó daños menores. En marzo y abril de ese año, se desató una epidemia de dengue clásico y hemorrágico que dejó más de 1,700 casos. A ese historial se sumó la tormenta E-12, cuyos daños económicos estarán arriba de los 500 millones de dólares. Es de recalcar que los desastres de origen hidrometeorológico y los debidos a la contaminación ambiental han sido los más graves en la última década. Por ejemplo, la epidemia de dengue de 2003 dejó un saldo de 315 fallecidos y más de 50,000 personas afectadas.

Las implicaciones económicas de los desastres en el país han sido analizadas con anterioridad por el PNUD. Así, ya en el año 2000 (y sin contabilizar los daños ocasionados por los terremotos de 2001), se estimaba que El Salvador tenía un promedio de $139 millones de pérdidas anuales por grandes desastres, lo que hace suponer que a la fecha esta cifra rondará los $200 millones. También para el año 2000 se estimaba que el índice de déficit por desastre (IDD) es de aproximadamente 3; es decir, de darse el mayor desastre en el país, este excedería en tres veces la capacidad económica del Gobierno para hacerle frente. Y por capacidad económica se entiende lo que el Gobierno podría conseguir en financiamiento a la hora de un desastre, a través de pagos de seguros, reservas de fondos disponibles para atender desastres, créditos externos e internos, entre otros. Sin duda, por el estado actual de las finanzas públicas del país, dados los limitados ingresos tributarios y el nivel de endeudamiento, el IDD es mucho mayor que el calculado en 2000.

Pese a las dificultades económicas y un nivel de endeudamiento que supera el 50% del PIB, el Gobierno logró en 2010 negociar un crédito de contingencia de $50 millones con el Banco Mundial para atender los desastres. Según informó el presidente Mauricio Funes recientemente, la mitad ($25 millones) de este dinero ya está disponible para iniciar la reconstrucción. A esto hay que agregar el limitado fondo de $4 millones (conocido como FOPROMID) que para atender desastres se establece anualmente en el Presupuesto del país. Dada la magnitud del desastre, se quedan muy cortos los recursos nacionales disponibles para hacerle frente. Por ello el Gobierno ha decretado estado de calamidad: le permitirá solicitar ayuda internacional.

En términos generales, el Ejecutivo ha realizado un trabajo acertado y ha cumplido con los compromisos internacionales adquiridos hace cinco años en el Marco de Acción de Hyogo, principalmente en lo que respecta a mejorar los sistemas de alerta temprana y la preparación y respuesta ante emergencias. Sin embargo, tiene problemas para abordar los factores subyacentes al riesgo: la planificación adecuada del desarrollo urbano y rural, la reducción de la vulnerabilidad de la población y la recuperación de ecosistemas en deterioro. En la gestión de riesgos de desastre, el Gobierno no solo actúa de manera lenta, sino sin visión de largo plazo. Muestra de ello es el atraso en la promulgación de leyes importantes tales como la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que entró en funcionamiento hasta 2005, y la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que si bien fue aprobada en julio de 2011, entrará en vigencia hasta el 30 de julio de 2012.

Uno de los retos fundamentales del país es qué hacer en los próximos años en el tema de gestión de riesgos de desastre. Para ello, el Gobierno dispone de al menos tres vías de acción: cumplir con las recomendaciones del Marco de Acción de Hyogo; cumplir las recomendaciones del Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo a desastre 2011, de Naciones Unidas (conocido como GAR); y darle vida a la recién aprobada (junio de 2010) Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres . Esta establece en detalle los siguientes ejes de trabajo: para el desarrollo económico sostenible, reducción del riesgo de desastres de la inversión; desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad; ambiente y cambio climático; gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza; y gestión de los desastres y recuperación. De igual forma, el GAR establece tres elementos claves: asumir la responsabilidad del riesgo; integrar la gestión del riesgo de desastre en los instrumentos y mecanismos de desarrollo existentes; y construir capacidades relativas a la gobernanza del riesgo. Sobre esto último, el GAR le sugiere a los Gobiernos que eleven a rango de ministerios a las instituciones a cargo de la gestión de riesgos de desastre, de tal forma que se asegure la coherencia y sostenibilidad de las políticas públicas en este tema a largo plazo. Al respecto, el Gobierno salvadoreño dio un pequeño avance en esta dirección con la creación de la Secretaría de Vulnerabilidad.

Como se puede apreciar, el qué hacer ya está bastante definido. Ahora es momento de definir cómo proceder, y esto requiere de un sistema político que —desde el compromiso con el bien común— llegue ágilmente a acuerdos fiscales que permitan aumentar el gasto social, y así hacer más resiliente a la población frente a los desastres.

Publicado el 6 de julio de 2010 en la UCA:

La estación lluviosa del país ha iniciado de manera inusual y causando dos desastres en los meses de mayo y junio: el primero debido a la tormenta Agatha (originada en el Pacífico) y el segundo, a una tormenta asociada al huracán Alex (originado en el Atlántico). En la estación meteorológica de la UCA se registran a la fecha 853.7 mm, de los cuales 751.66 mm corresponden a los meses mencionados. Estos datos permiten estimar que durante el año se superará el promedio anual de lluvias de 1,800 mm, ya que en poco más de setenta días ha llovido el 47.43% de lo esperado en todo el año, y faltan las lluvias de los meses de julio y septiembre, que históricamente han sido las más intensas en una estación lluviosa normal.

Desde el año anterior, el clima ha estado dando sorpresas. La tormenta asociada al huracán Ida se originó en el océano Pacífico y produjo un evento extremo de lluvias concentrado en el volcán de San Vicente (450 mm en tres días de lluvia, de los cuales 355 mm ocurrieron en 5 horas) que causó 199 fallecidos, 76 desaparecidos y pérdidas materiales estimadas en 314.8 millones de dólares. Normalmente, al inicio de la estación lluviosa se originan tormentas y huracanes del Pacífico, los cuales casi siempre ocurren en la costa de México; sin embargo, este año la tormenta Agatha ingresó directamente en Guatemala, afectando indirectamente a El Salvador. La temporada de huracanes del Atlántico inicia en septiembre y termina en noviembre, pero este año apareció Alex en junio, que originó una tormenta desde el Pacífico que provocó el segundo desastre hidrometeorológico en el país en lo que va del año. Este último fenómeno es similar al ocasionado por Ida en 2009.

A partir de los datos de la estación meteorológica de la UCA (ver tabla), se observa que los eventos extremos de corta duración son los que más daños están ocasionando al país. Este tipo de eventos no solo son difíciles de predecir, sino que requieren de tiempos rápidos de respuesta del sistema de protección civil, algo que solo es posible lograrlo con mucha coordinación y preparación ante desastres en toda la jerarquía del sistema. En este sentido, ha sido acertada la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de adquirir radares meteorológicos que permitan monitorear y predecir eventos extremos; algo que ayudará a caracterizar de mejor manera la amenaza. Sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo pasa por la reducción de la vulnerabilidad física y socioeconómica, de forma que aumente la resiliencia de la población y del país. Esto es difícil de lograr a corto y mediano plazo, porque obviamente implica cambiar el modelo de desarrollo económico.

Al realizar un análisis del comportamiento del país ante eventos extremos (como el ocurrido en la Málaga y las tormentas Ida y Alex), se ve claramente que la fragilidad ambiental es alta debido a que no ha existido una planificación territorial basada en el manejo de cuencas hidrográficas. Y ello pese a que está establecido en la Ley de Medio Ambiente, artículo 14: “Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: […] (b)Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales, y en especial la vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad base para la planeación del territorio”. Tal como queda en evidencia con cada tormenta que ocurre en el país, en las cuencas los niveles de infiltración de agua son mínimos debido a la alta deforestación y a los cambios en el uso del suelo, de tal forma que en poco tiempo la red de drenaje natural y artificial (en el caso de las ciudades) recoge enormes cantidades de agua que hacen colapsar puentes, muros y viviendas. Además, dado que gran parte de la población vive en las riberas de ríos y quebradas, en pocas horas se necesita evacuar y albergar a miles de personas.

Recientemente, el Banco Mundial, la Cepal y otros organismos nacionales e internacionales, a solicitud del Gobierno salvadoreño, presentaron el estudio “El Salvador: Damage, Loss, and Needs assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the los pressure system associated with tropical storm Ida”. En éste se propone al país la creación de un marco estratégico para el manejo del riesgo compuesto de 5 pilares: identificación y manejo del riesgo; mitigación; fortalecimiento de la preparación ante emergencias; fortalecimiento institucional; y financiamiento. Implementar este marco le costaría al país 34.4 millones de dólares entre 2009 y 2018. Por otra parte, sólo para la recuperación, reconstrucción y reducción de riesgos debido a Ida el país requiere de 343.97 millones de dólares. En el documento se establece que la máxima pérdida probable en el país debido a eventos catastróficos para un período de retorno de 50 años es de 1.771 billones de dólares, y se estima que desde 1972 el país ha sufrido un aproximado de 6,500 muertes por desastres y pérdidas económicas que superan los 16 billones de dólares. De estas cifras, los desastres de naturaleza climática han producido el 62% de las muertes y entre el 87% y 95% de los impactos económicos reportados.

Así las cosas, la gestión de riesgos de desastres debe convertirse en una política pública del país; de lo contrario, El Salvador será inviable en el corto plazo. En los foros internacionales sobre riesgos, y a raíz de los terremotos en Haití y Chile, se ha cuestionado la definición de desarrollo sostenible adoptada por los países en la Declaración de Río de 1992, que lo entiende como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Ahora se propone que un país será sostenible, además, en la medida en que pueda enfrentar los eventos máximos o catastróficos.Esta reformulación un tanto pesimista está cobrando fuerza dado los efectos impredecibles del cambio climático en los próximos años. Enorme tarea, pues, la que tiene el país en este tema; tarea que requiere de grandes cantidades de recursos económicos que no tenemos disponibles.

Deslizamiento en calle al puerto de la Libertad, 8 de Nov 2009

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que “los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional”.

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.

La estación lluviosa de este año inició y finalizó con dos eventos trágicos: 31 personas fallecieron en la Colonia Málaga debido a inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Acelhuate y, al cierre de la estación, 2 niños que vivían en el tramo de la carretera al puerto de la Libertad perdieron sus vidas debido a problemas de deslizamientos de tierra que destruyeron sus viviendas. Entre estos dos eventos (de junio a octubre), las lluvias ocasionaron diversos problemas: cárcavas en muchas urbanizaciones, inundaciones en Garita Palmera, el bajo Lempa, Chilanguera, El Borbollón, la Laguna de El Espino y otros lugares del país, deslizamientos de tierra principalmente en carreteras, pérdidas de infraestructura como puentes y viviendas colapsadas, pérdidas de cosechas principalmente en granos básicos y en el parque cafetero, para mencionar algunos ejemplos.

A pesar de todos los daños ocasionados, muy poco se reflexiona en el país sobre las causas de estas tragedias y lo más probable es que el próximo año se volverán a repetir quizá con mayor severidad. Por todos es conocido que la vulnerabilidad ambiental, social y económica va en aumento y que los efectos del cambio climático global están cada vez  más presentes en nuestra región. ¿Cómo reducir los desastres? Y ¿Qué modelo de desarrollo debemos adoptar como país? Son dos preguntas esenciales que se abordan en este artículo. Una de las dificultades de la comunidad científica para analizar el impacto de los fenómenos naturales (terremotos, ciclones tropicales, inundaciones, etc) y de origen antrópico (principalmente debidos a la contaminación) ha sido la de ponerse de acuerdo con definiciones básicas como las de Amenaza, Riesgo, Vulnerabilidad y Desastres. Las Naciones Unidas a través de la UNDROP (“Office of the United Nations Disaster Relief Co-Ordinator”) y la UNESCO proponen las siguientes definiciones para el idioma inglés:

• Amenaza Natural (H), significa la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino dentro de un período de tiempo y área  dada. La Amenaza es función de la frecuencia con que ocurre el evento y de su severidad o magnitud.
• Vulnerabilidad (V), significa el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en riesgo que resulta de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud dada.
• Elementos en riesgo (E), lo constituyen la población, propiedades (viviendas), actividades económicas, servicios públicos (suministro de agua potable, electricidad, combustibles y otros) que se encuentran en riesgo en un área dada.
• Riesgo total (R), significa el número esperado de pérdidas de vida, personas heridas, daños a la propiedad e interrupción de la actividad económica debido a un fenómeno natural en particular. Por su parte el “Centre for Research on the Epidemiology of Disasters” (CRED) define un desastre como “una situación o evento que sobrepasa la capacidad local, que necesita de asistencia externa nacional o internacional, es un evento que no se puede predecir, que se presenta de manera súbita y que causa gran daño, destrucción y sufrimiento humano”.

Todas estas variables se relacionan por el modelo  R = (E x H) x V que se explica de la siguiente manera: Si el riesgo (R) lo medimos como el número de personas fallecidas, E es la población que vive en un área expuesta a la amenaza (H) y V es la vulnerabilidad que depende del contexto social, político y económico de la población expuesta, entonces R = (E x H) x V = (Exposición Física) x Vulnerabilidad. De esta última ecuación se deduce que para reducir el riesgo, dado que es un producto de términos, podemos actuar en dos direcciones: 1) reducir la exposición física conocida como Prevención y, 2) reducir la Vulnerabilidad conocida como Mitigación. De aquí surgen las llamadas obras de prevención y mitigación de desastres.

Las Amenazas (H) debidas a fenómenos naturales (terremotos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones, tormentas, etc.) no las podemos reducir, por lo que la prevención se enfoca en conocer lo mejor posible estos fenómenos y en reducir la población expuesta a la amenaza, de ahí la importancia de la capacitación a la población en estos temas y la preparación ante desastres. La reducción de vulnerabilidad o mitigación usualmente atiende la vulnerabilidad física y consiste de medidas como la construcción de viviendas sismorresistentes, muros de contención para evitar deslizamientos, obras de mitigación para evitar inundaciones (control de torrentes, gabiones, disipadores de energía, acequias de infiltración, reforestación), etc.

Atender la vulnerabilidad física no es suficiente y los otros factores de vulnerabilidad hay que abordarlos desde el modelo de desarrollo que sigamos como país. Algunos de estos factores de vulnerabilidad adicionales son: falta de acceso a recursos (agua, alimentos, energía, trabajo, etc), desintegración de estructuras sociales, degradación del ambiente e incapacidad para protegerlo, falta de estructuras fuertes tanto nacionales como locales, falta de información y conocimiento, falta de conciencia de la población, limitado acceso a poder político y representación, entre otros. Es decir, la apuesta como país debería de enfocarse hacia la reducción de la vulnerabilidad y esto pasa por adoptar un modelo de desarrollo sostenible como lo proponen la ONU.

El registro de los desastres ocurridos en el país es un buen instrumento para el análisis y toma de decisiones y nos debería orientar sobre qué priorizar. Al menos dos fuentes de información me parecen de mucho interés para compartir con los lectores. La primera es la publicación reciente del MARN/SNET y el PNUD “Recopilación Histórica de los desastres en El Salvador 1900-2005”. La segunda, es la base de datos de desastres a nivel global desarrollada por CRED con apoyo de la Université Catholique de Louvain – Brussels – Belgium. Este centro con apoyo de USAID/OFDA (“Office of Foreign Disaster Assistance”) mantiene la base de datos mundial de desastres EM-DATA (“Emergency Event Database”). Esta base, para el año 2007, tenía 17,151 desastres registrados del mundo desde 1900 a 2007.  La base de datos puede ser consultada en el sitio http://www.emdat.be/ . Para el caso de El Salvador, en la sección de perfil de país aparecen los 10 desastres más importantes del país ordenados por muertos:

Al revisar la historia de desastres del país, los que más daños han causado en número de muertos, daños a la infraestructura y pérdidas económicas son los debidos a la actividad sísmica (terremotos). En el documento “Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development” (PNUD, 2004) se creó un modelo de regresión múltiple logarítmico usando la base de datos de CRED y utilizando 26 factores de vulnerabilidad. El modelo matemático resultante para terremotos determina que el factor de vulnerabilidad que más incide en el número de muertos es el crecimiento urbano que para el país se estima en un 0.07% anual (promedio en un periodo de tres años).

Según este modelo, para El Salvador el número promedio de terremotos por año es de 0.1, el número promedio de muertos al año para este tipo de eventos es de 53.33 y la exposición física promedio al año es de 1,272,919 habitantes. Los desastres por terremotos son a sí mismo los de mayor impacto económico, principalmente por la pérdida de infraestructura (viviendas). Según el  Ministerio de Obras Publicas, durante los terremotos del 2001,  163,866 viviendas (11.68% del numero total de viviendas) colapsaron, y alrededor de 107,787 (7.68%) quedaron seriamente dañadas. En el país la UCA, UES, FUNDASAL y el VMVDU con el apoyo de JICA y el CENAPRED de México ejecutan, desde hace 5 años, el proyecto “Mejoramiento de la Tecnología para la Construcción y Difusión de la Vivienda Popular Sismo-resistente”. Los resultados obtenidos a la fecha se pueden consultar en el sitio www.taishin.org.

Es claro que la tarea por realizar en la reducción a desastres del país es grande, pero no imposible. Los esfuerzos deben ir en dos direcciones: (1) la investigación en ciencias de la tierra (principalmente en amenazas geológicas) y, (2) adoptar un modelo de desarrollo sostenible que trabaje en todos los factores de vulnerabilidad no solo en la vulnerabilidad física. Solamente de esta manera podremos bajar el estimado del PNUD de 103.52 muertos al año en nuestro país debido a terremotos, ciclones tropicales e inundaciones.