Cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia, estas gremiales recibían $800 por bus y $400 por microbús; y en la primera negociación el subsidio se redujo a $500 y $250, respectivamente. Ahora estamos de cerca de llegar a las cantidades de partida, ya que recibirán $750 por bus y $375 por microbús. ¿Y qué reciben a cambio los usuarios del transporte público con esta negociación? Por de pronto, promesas por parte de los empresarios y la constitución de una agenda para seguir las negociaciones con el Gobierno en la que se tratarán el combate a la competencia ilegal, la tarjeta prepago, la renovación de la flota y la fijación de una nueva banda de precios. En otras palabras, continuará el mal servicio de transporte público para la población a cambio de aumentar las ganancias de los empresarios de este sector.

En otros países, en la base de los subsidios hay una estrategia de desarrollo económico para la industria que se desea impulsar; una estrategia que a mediano plazo vuelve innecesarios los subsidios o los modifica. Por ejemplo, en un país europeo se subsidia la instalación de generadores fotovoltaicos en las viviendas para que inyecten energía a la red de distribución de energía. Con esto, las familias disminuyen su consumo de energía por fuentes convencionales y, además, reducen su pago mensual por consumo de electricidad. Más aún, la necesidad de instalación de generadores fotovoltaicos desarrolla toda una cadena de industrias que se dedican, por ejemplo, a fabricar los componentes, instalar y dar mantenimiento a los sistemas, y exportar las innovaciones tecnológicas producidas en el proceso. Todo esto dinamiza la economía en diversos sectores, ya que se genera una cadena de negocios que permite obtener más recursos por la vía de la recaudación de impuestos.

En nuestro país, nada de lo anterior sucede. El subsidio al transporte debería de manejarse —siguiendo el ejemplo del país europeo— como un bono dedicado en exclusiva para la mejora del servicio que se brinda a los usuarios. Es decir, el dinero siempre se le otorgaría a los empresarios, pero únicamente para el reemplazo de sus unidades o para mantenerlas en óptimas condiciones. De esta forma, se dinamizaría a empresas dedicados al mantenimiento y reparación de buses; surgirían otras de repuestos; y, quizá, incluso se crearían compañías ensambladoras de buses y microbuses. Esta estrategia aseguraría que el subsidio se dedique a su fin último: garantizar un servicio de calidad a los usuarios. Por ahora, el dinero de los subsidios va a las cuentas personales de los empresarios, quienes lo gastan sin ninguna orientación de desarrollo económico para el país.

Si el Gobierno decide en octubre subsidiar únicamente a los consumidores abajo de 100 Kwh —como ha sido la norma—, es inminente el aumento para el resto y, en una situación económica complicada como la actual, esta medida tendría un impacto político y económico adverso. Por otra parte, hasta ahora no se conoce el documento de política energética que ha estado trabajando el Consejo Nacional de Energía, pero se espera que este organismo haya revisado el mercado eléctrico y su impacto en las tarifas de la energía, que es al final de cuentas lo que mantiene complicado al Gobierno en este sector. También, y no menos importante, se espera que en la política energética se hayan incluido incentivos al ahorro y a la eficiencia energética de viviendas y empresas.

Por nuestra condición de país importador de petróleo, no nos queda otra alternativa que aumentar la generación hidroeléctrica, la geotérmica y la proveniente de fuentes alternativas de energía (por ejemplo, la solar y eólica), y entrar en un programa serio de ahorro y eficiencia energéticos. Por ejemplo, una buena estrategia al respecto sería subsidiar el reemplazo de las bombillas ineficientes en los hogares. El hecho de que no se haya privatizado la generación de energía de CEL —como era el plan de Arena y sus empresarios cercanos— posibilita que la situación de los subsidios no sea tan complicada en el sector energético, ya que gran parte de ellos se cubren con los ingresos de la CEL. O al menos el Gobierno dispone de recursos de la CEL para hacer inversiones en este sector clave para la economía.

En esencia, el Gobierno tiene problemas financieros para afrontar los subsidios porque sus ingresos provienen de pocas fuentes: la recolección de impuestos que pagan la población y las empresas, lo que recibe el país en concepto de remesas y lo préstamos con bancos internacionales (BID, Banco Mundial y otros). Dado que las principales empresas estatales fueron privatizadas por Arena —con lo que el Estado dejó de percibir importantes ingresos—, el actual Gobierno tiene complicadas sus finanzas. Ante ello, la solución más inmediata es recurrir a un nuevo pacto fiscal.

Para llegar a dicho pacto, el Gobierno tendrá que negociar con algunos grupos empresariales hostiles, cuyos líderes han declarado que el país no tiene rumbo, que no hay confianza, que hay que mantenerse vigilantes, que el país es casa en llamas, que no ven la fábrica de empleos, entre otras. Grupos empresariales que no trabajan en función del país, sino en base a sus propios intereses y agendas políticas. Grupos que viven de recoger, por la vía del consumo, los más de 3 mil millones provenientes de las remesas y de la inversión pública que realiza el Gobierno. Grupos que hacen muy pocos esfuerzos por reinvertir sus ganancias para el desarrollo del país y que a la vez presionan por despojar al Gobierno de los pocos activos que le generan ingresos (puertos y aeropuertos, por ejemplo) y pujan por el incremento de la inversión pública. Este comportamiento de buena parte del sector empresarial no es nuevo —aunque sí sus justificaciones—: durante décadas, El Salvador ha tenido menos inversión privada y extranjera directa que el resto de países de Centroamérica, así como uno de los crecimientos económicos más bajos de la región.

Dado que el sector empresarial difícilmente cambiará de actitud en los próximos años, el Gobierno debe ser más creativo y abrirse a la posibilidad de captar ingresos más allá del pacto fiscal. Esto implica, por ejemplo, fortalecer al Estado a través de la creación, a corto y mediano plazo, de empresas públicas o mixtas en áreas claves de la economía. Una de ellas podría iniciarse a través de la participación directa del gobierno central en Alba Petróleos, hasta ahora una iniciativa de un conglomerado de municipalidades del FMLN. Otras empresas podrían crearse en el sector agrícola, un sector de mucho riesgo y en el que pocos empresarios están dispuestos a invertir. En lugar de subsidiar paquetes agrícolas a campesinos dispersos, debería promoverse la creación de cooperativas agrícolas campesinas en conjunto con el Estado. Esto no sólo daría robustez y estabilidad al sector agrícola, sino que haría que en el país se avanzara hacia la seguridad alimentaria de la población y la conformación de una clase empresarial más solidaria.

Finalmente, en lo que respecta a los subsidios al gas propano y al transporte, el panorama es brumoso. En el caso del primero, aún no es claro si el mecanismo de subsidio cambiará este año. En todo caso, se espera que la focalización ahorre al país 70 millones de dólares anuales. Según publicaciones periodísticas, el subsidio se aplicaría a través de la facturación eléctrica de hogares con consumo menor a 100 Kwh. En el caso de las familias que no están conectados a la red eléctrica (unas 50 mil), sería el Fisdl el encargado de aplicar la medida.

En el caso del subsidio al transporte, a un año de haberse establecido el monto de 500 dólares por unidad al mes, no hay propuestas novedosas sobre la cuestión por parte del Viceministerio. Esto hace suponer que en diciembre se prorrogará este subsidio de manera automática por un período de meses aún indeterminado. Es decir, el problema del transporte público seguirá extendiéndose y profundizándose. Quizás sea hora ya de considerar como solución la constitución de empresas mixtas (Estado + capital privado) que brinden el servicio con la calidad, eficiencia y seguridad que reclaman los salvadoreños.

Sobre el comportamiento político es difícil opinar porque se desconoce las entrañas de cada partido político y, además,  se analiza muchas veces sobre lo que los medios de comunicación masivos trasladan a la  sociedad y, al ser estos últimos actores interesados sobre el quehacer político, la información que nos llega es sesgada hacia la derecha.  A pesar de estos inconvenientes, es evidente que el presidente Funes ha mantenido con la asamblea legislativa un juego de ping-pong –en los temas de leyes y decretos- en donde se percibe una falta de comunicación del presidente con el partido que lo llevó al poder (el Fmln), vacío que los partidos de derecha aprovechan a lo grande.

Con el decreto de eliminación de la cuota fija a la telefonía aprobada por la asamblea legislativa, el presidente Funes tuvo una gran oportunidad para negociar con las empresas telefónicas una reducción significativa pero, en lugar de hacerlo, trasladó de nuevo la pelota a la asamblea legislativa y de esta manera se logró una pequeña reducción de un poco más de dos dólares. Al final de cuentas tanto desgaste político entre el presidente y el Fmln para obtener prácticamente nada en beneficio de  las familias del país. En este caso, Funes estuvo en una posición de mucha ventaja (ya se había eliminado la cuota fija) para negociar pero no la aprovechó y se desgastó.

En el caso del RNPN recibió la pelota de parte de la Asamblea en la que se otorgaba poder al Fmln, al menos en proponer al Presidente quiénes podrían dirigir esta institución clave para el sistema electoral y, Funes remata de nuevo la pelota, de tal forma que ahora tiene en sus manos una nueva propuesta de la asamblea que beneficia más a la derecha que a la izquierda. Nuevamente un desgaste político con el Fmln en el que pierden los dos.

Está pasando algo curioso en el acontecer político, para que Arena se desgranara no hubo necesidad de que el frente moviera un dedo y, ahora, que la relación Funes-Fmln se deteriora a pasos grandes no ha sido necesario que  Arena ponga un granito de su arena. Se podrían mencionar más ejemplos que muestran que la comunicación y la estrategia política del Fmln y el Gobierno están fallando.

También es evidente – luego de casi un año de iniciado este Gobierno- que a muchos de sus ministros les falta capacidad de ejecución. Decidir sobre el subsidio al transporte le tocó a este Gobierno al tomar posesión y como no sabían qué hacer, simplemente pospusieron el problema por 18 meses. Únicamente lograron reducir el subsidio por bus de 800 a 500 dólares mensuales y el establecimiento de cajas únicas que se esperaba redujeran el número de accidentes de tránsito (al disminuir la competencia desleal); sin embargo, esto último no ha sucedido y el caos en el transporte sigue. Los empresarios de buses han empezado a presionar desde ya, debido a que saben que en diciembre de 2010 vence el subsidio algo que  obviamente no quieren perder sino aumentar. De seguro, el Gobierno a estas alturas no tiene idea de lo que va hacer en diciembre y los transportistas lograrán obtener nuevamente el subsidio. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo del mal servicio de transporte y, los que consumen combustible para desarrollar sus actividades económicas, seguirán pagando la buena vida que lleva este sector ineficiente, que aprovecha el caos y el chantaje para seguir obteniendo privilegios.

También solo se conocen anuncios sobre el subsidio al gas licuado y, en el caso del subisidio a la energía para el sector residencial, de manera sorpresiva y contra toda lógica, se amplió a los consumidores de 300 Kwh, quienes dejaron de pagar el incremento del 18% por seis meses, pero en octubre se volverán a enfrentar con el problema ahora magnificado dos veces (el incremento del 18% no aplicado y el nuevo que se decida en octubre). A esto hay que agregar que las empresas distribuidoras están pidiendo hacer los ajustes a las tarifas trimestralmente y no cada seis meses como hasta ahora. Todo esto sucede debido a las políticas erróneas de Arena al privatizar la distribución de energía y al debilitar al Gobierno en el tema energético, pero ahora es responsabilidad de este Gobierno de izquierda enfrentarlo de manera inteligente.

Para rematar, el ministro de agricultura renuncia por no saber manejar el subisidio de los paquetes agrícolas –entre otras cosas gruesas que menciona en su carta de renuncia- entonces ¿Qué pasa con este Gobierno?. El mal manejo de los subsidios solo indica falta de capacidad en la formulación y ejecución de políticas públicas que unido a la pésima comunicación entre Gobierno y Fmln solo aumentan las demandas sociales y, por ende, perjudican la gobernabilidad del país. ¿Es eso lo que quieren? Pues sigan midiendo fuerzas de manera tonta.

En el tema del transporte, el Gobierno logró una leve reducción en el pago a los dueños de buses (de 800 dólares por unidad se redujo a 500), mantendrá congelada por 18 meses la tarifa para los usuarios del transporte público y pospuso la búsqueda de una solución más racional e integral. En esencia, está ganando tiempo, pero al final tendrá que enfrentar la realidad.

En el subsidio a la energía eléctrica —que por ahora sólo aplica a los usuarios que consumen debajo de 99 Kwh—, la intención del Gobierno es ampliar el subsidio a los que consumen debajo de 200 KWh, como le han sugerido las empresas distribuidoras. Ya en otras ocasiones se ha explicado por qué esta última medida es inadecuada; al final, los subsidios no son sostenibles y responden a intereses políticos de tipo populista que terminan beneficiando a las empresas distribuidoras (que aseguran su flujo de ingresos en épocas de crisis) y a familias que no lo necesitan; en contraste, otras familias que efectivamente lo necesitan no lo reciben.

Esto último lo evidenció un estudio de Fusades, en el que se encontró que, en el caso de los consumidores debajo de 99 KWh, el error de inclusión es del 50%; y el error de exclusión, del 30%. ¿Qué significa esto? Existe un 50% de familias que si bien consumen debajo de 99 KWh y gozan del subsidio (pagan la mitad de su consumo), tienen la capacidad de pagar la tarifa plena (una familia de recién casados, profesionales y con buenos empleos podría ser un buen ejemplo). El error de exclusión indica que hay un 30% de familias que no gozan del subsidio porque consumen arriba de 99 KWh o porque, simplemente, no tienen energía; familias pobres que no tienen capacidad de pago. Por ejemplo, una señora que se dedique a lavar y planchar ropa ajena fácilmente consume arriba de 99 KWh. En este caso, este grupo familiar realiza un trabajo de subsistencia (planchar ropa) y paga la tarifa plena.

Al no existir una política energética en un entorno de libre mercado, como es el caso del país, la estrategia de ahorro y eficiencia energética está ausente. Además, el subsidio perpetúa los niveles de consumo de energía en lugar de bajarlos, porque al final de cuentas hay alguien que paga la mitad: en nuestro caso, el Gobierno a través de los impuestos de todos.

Antes de aumentar el subsidio, el Gobierno debe analizar el sistema de tarifas. Al privatizar la distribución, generación y transmisión de energía, poco a poco se fueron consolidando monopolios, algo que se previó desde el inicio: tenemos un mercado de energía pequeño, en un país de tamaño pequeño, con centros de demanda de energía bien identificados.

Para evitar los monopolios y seguir vendiendo la idea de que tenemos un mercado en este sector, los Gobiernos anteriores crearon la figura de las empresas comercializadoras de energía, que representan una grada más en la tarifa (un intermediario), un actor que cobra su ganancia por su presencia en el mercado. Además, en la empresa en donde se realiza la compra y venta de energía (la unidad de transacciones), los miembros de la junta directiva son las mismas empresas que venden y compran energía. ¿Existirá transparencia en este mercado? Es difícil saberlo; la duda queda.

El punto aquí es que el mercado eléctrico debe revisarse porque tiene impacto directo en la tarifa eléctrica. También es extraño que en las fechas de vacaciones agostinas y navideñas el consumo aumente sin que exista alguna razón evidente. ¿Será que el arbolito navideño es capaz de elevar tanto el consumo?

El ahorro y eficiencia energética no le interesan al que vende energía; su negocio está en que el consumo crezca. Sin embargo, una política energética debe considerar el certificado de eficiencia energética a nivel de hogares y en las empresas, un incentivo al ahorro. En esta lógica, si los hogares y las empresas bajaran sus niveles de consumo de energía a un nivel preestablecido en la política y consiguieran sus certificados de eficiencia, pagarían un precio menor por el KWh que consumen. Esto no solo implicaría una ventaja económica para el hogar o empresa que alcanzara la meta, sino que habría energía disponible para otros, se bajaría la factura petrolera del país, se reduciría la contaminación y se pospondría la inversión requerida para la construcción de plantas generadoras de energía. En una política energética, la mejor inversión no es la que se realiza, sino la que se pospone o deja de realizarse.

En resumen, antes de ampliar el subsidio (la medida más fácil), es necesario establecer una política energética que considere al menos dos aspectos: el primero, la revisión del mercado eléctrico y su impacto en las tarifas de la energía; y, el segundo, crear incentivos al ahorro y a la eficiencia energética a través del mecanismo de los certificados de eficiencia para hogares y empresas. El subsidio se debe dejar para el final. Sin embargo, parece que el Gobierno, por el afán de demostrar que está haciendo algo, caerá en el error de ampliar el subsidio.

En este tema, dos de las distribuidoras del país, AES El Salvador (empresa a la que pertenecen CAESS, EEO, CLESA y DEUSEM) y Cenérgica, operadora de la generadora térmica Nejapa Power, han propuesto al Gobierno subir el techo del subsidio a los 200 KWh. Esto, según sus cálculos, tendría un costo de $57.5 millones cada semestre y beneficiaría a más gente (al 81% de los usuarios actuales). Para un Gobierno populista, que esperamos no sea el actual, la medida suena bien al oído; sin embargo, no solo es inviable económicamente, sino que muy oscura.

Es obvio que en época de crisis económica, como la que tenemos actualmente, la población tenderá a consumir menos energía o a desconectarse de la red del sistema de distribución si la economía empeora. En ambas situaciones, las distribuidoras perderían. La propuesta de AES y Cenérgica es garantizar sus ingresos y ganancias con el subsidio de tal forma que para la población pueda ser viable mantenerse conectada a la red y seguir sus patrones normales de consumo energético. Con este tipo de propuestas, el beneficio sigue siendo para las empresas.

Lo mejor sería cambiar el actual sistema de tarifas a la energía; y si se quiere mantener el subsidio a los consumidores de 99 KWh, que ello se realice a través de un subsidio mixto (realizado dentro de las empresas), de tal forma que el KWh sea más caro para los consumidores arriba de 200 KWh (por mencionar un dato; esto requiere de más estudio) y que con el excedente se subsidie a los que consumen abajo de 99 KWh. Con esta última medida no solo se incentivaría el ahorro de energía en los grandes consumidores residenciales, sino que el subsidio se volvería más solidario. Esto permitiría al Gobierno liberarse del problema de financiación y dedicar los fondos del subsidio actual al fomento de programas de ahorro de energía, a la electrificación rural o a incentivar la creación de empresas dedicadas a energía renovable.

El segundo tipo de subsidio, el dedicado al transporte público, es más complicado (el problema del sector no se pudo resolver en 20 años) y vence este 31 de julio. El Gobierno de Saca, como una medida política para mantenerse en el poder, reinstaló un subsidio que se había eliminado en el Gobierno del presidente Flores. El actual subsidio se paga con lo que mayoritariamente la clase media consume de combustible (10 centavos de dólar por cada galón consumido) para trasladarse a sus empleos o para hacer funcionar sus pequeñas empresas. De manera similar al caso de las empresas distribuidoras, las gremiales de transportistas (CASIT, COSET, AEAS, ASTRAQ y AETMISAL) salen ahora con la propuesta de prorrogar por un año más el esquema vigente de subsidio. En éste, los propietarios de unidades de transporte público reciben 400 dólares mensuales por cada microbús y 800 dólares por cada bus que poseen. ¡Todos quisiéramos que se nos garantizaran esos ingresos mensuales por todo un año!

Según informaciones de los mismos transportistas, hay propietarios que tienen más de 100 buses. El lector de estas líneas puede hacer la multiplicación para hacerse una idea de lo que para esos propietarios implica el subsidio actual de 800 dólares mensuales por bus. Mientras esto ocurre, la clase media —que no está organizada— sigue soportando el “engorde” de las arcas de los empresarios del transporte, que de paso ofrecen un servicio pésimo a la población. Antes de que la Asamblea Legislativa apruebe esta nueva iniciativa (mantener el subsidio por un año más), es mejor hacer un alto de 3 meses sin pago de subsidios, y durante ese tiempo encontrar la mejor manera de abordar este problema y no dejarse presionar por las gremiales.

Un amigo que visita el país de manera regular es de la opinión que es mejor subsidiar el transporte público con el consumo de la telefonía celular, debido a que está mejor distribuida en todos los estratos de la población. A este amigo le parecía ilógico que se subsidiara a gente que viaja en los buses y que hace uso de teléfonos celulares de lujo. Es claro que hay personas que abordan los buses solo con el dinero justo para ir y venir de sus trabajos. Para ellos es vital el subsidio, como lo debería de ser para los maestros, estudiantes y trabajadores del sector de la salud, por la importante labor que realizan para el bien del país.

Mientras todo esto sucede, la clase media sigue sin voz en estos temas, aguantando la pila de impuestos que descansa sobre sus hombros.

Para el caso de la energía eléctrica, este día La Prensa Gráfica publica lo siguiente: “En riesgo subsidio a la energía para 825,000 hogares”, y agrega que “el Gobierno debe $25 millones a las distribuidoras. Si no se les paga, aplicarán la tarifa plena a partir de la factura de junio”. En esta nota periodística se refieren a las familias que consumen debajo de 99 KWh, el último grupo de usuarios  con subsidio vigente. En marzo, el Gobierno dejó de subsidiar a una parte de los consumidores, cuyas tarifas se habían mantenido congeladas por un año de manera irresponsable y con fines electorales. Esta mala decisión hizo que el Gobierno recurriera a fondos de la CEL para pagar el subsidio generalizado, lo que llevó casi al colapso financiero a esta autónoma y a más endeudamiento del país para pagar a las distribuidoras el no incremento de las tarifas.

Como se observa en la tabla, 816,093 familias (63.45%) reciben aún el subsidio, lo que representa alrededor de 55 millones de dólares al año que salen del Ministerio de Hacienda. Según el estudio de Fusades “Análisis y rediseño de los subsidios en El Salvador”, el subsidio para las familias que consumen debajo de 99 KWh tiene un error de exclusión del 30% y un error de inclusión del 51%. Es decir, el primer error (de exclusión) significa que 30% de familias pobres que consumen arriba de 99 KWh no están siendo cubiertas por el subsidio; y el segundo (el de inclusión), que la mitad de los que reciben el subsidio actualmente deberían de estar fuera del mismo. En otras palabras, existen 416,206 familias que gozan del subsidio y tienen capacidad financiera para pagar la tarifa plena; y existe un aproximado de 244,827 familias que deberían ser beneficiadas, pero que en este momento están fuera del subsidio.

Ante esta situación, lo más lógico es eliminar el subsidio a ese primer sector residencial e invertir los 55 millones anuales en llevar energía a las familias que no tienen acceso a energía eléctrica, principalmente en el área rural. Al observar los niveles de consumo de la tabla y asumiendo un valor de $0.14 por KWh, las familias por debajo de 49 KWh (352,844 familias) pagan alrededor de 4 dólares con el subsidio, y sin éste pagarían 8 dólares como máximo; mientras que en el siguiente nivel de consumo, de 50 a menos de 99 KWh (463,249 familias), los valores máximos de pago con subsidio y sin subsidio andarían respectivamente en 7.5 dólares y 15 dólares, respectivamente.

Según el estudio “Caracterización del mercado de energía rural”, elaborado por el consultor H. Rodríguez para el Ministerio de Economía, en el área rural se cuentan alrededor de 172,699 familias sin energía eléctrica. De ellas, 28,317 se encuentran a menos de 300 metros de la red eléctrica y 144,382 se encuentran a más de 300 metros de la red. Si de verdad se quiere ayudar a los más pobres, es mejor invertir los 55 millones de dólares anuales en llevar energía a estas familias. Según cálculos de Ismael Sánchez, en su publicación “Energy report” para El Salvador del año 2005, el costo de extender la red eléctrica oscila entre 14 mil y 18 mil dólares por kilómetro. Esta es una inversión factible de realizar con el gasto actual del subsidio, pero que usualmente las empresas distribuidoras no están dispuestas a cubrir.

Toda decisión tiene sus implicaciones a favor y en contra. En las condiciones actuales del subsidio al sector residencial, es mejor eliminarlo y focalizar el dinero destinado para este fin (55 millones) a llevar energía a los que no la tienen, principalmente en el área rural. Si los votos pesan más que las familias pobres, el nuevo Gobierno seguirá con el esquema actual de subsidios, el cual, además de injusto, no es sostenible con las condiciones financieras actuales. Ahora, si las familias pobres tienen prioridad, se debe invertir el dinero del subsidio en extender la red eléctrica para llevarles energía. La ventaja en la coyuntura actual es que los votos ya no tienen la importancia que tenían antes de las elecciones.